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Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Para La Vigilancia Administrativa Radicación: 013-141730-06

Disciplinado: Por Determinar Cargo, entidad: Funcionarios de la Gobernación de la Guajira Quejoso: De oficio Fecha queja: 17 de marzo de 2005

Fecha hechos: Noviembre de 2003

Estado: Archivo

Bogotá DC, 25 de septiembre de 2006 Procede el despacho en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 25 numeral 1 literal c) del Decreto 262 de febrero 22 de 2000, concordante con el artículo 19 inciso tercero de la Resolución No. 0017 de marzo 4 del mismo año, del señor Procurador General de la Nación, a decidir conforme a derecho, el mérito de la presente indagación preliminar.

HECHOS: La actuación disciplinaria se origina en escrito presentado por LUZ ESPERANZA FORERO DE SILVA, Procuradora Quinta Judicial Administrativa, en el que solicita actuación disciplinaria, por la presunta conducta omisiva de funcionarios del Departamento de la Guajira, al no concurrir a las audiencias de conciliación prejudicial citadas dentro del radicado número. 94-2003, propuesta por el Instituto Nacional de Cancerología al Departamento de la Guajira.

Mediante auto de fecha 29 de abril de 2005, la Procuraduría Regional de la Guajira ordena la apertura de indagación preliminar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

PRUEBAS RECAUDADAS EN LA INDAGACIÓN PRELIMINAR

Dentro del término legal se anexaron al expediente las siguientes pruebas: 1.- Oficio número OJD 0162 de fecha 29 de agosto de 2005, sucrito por José Francisco Cruz Zabaleta, Jefe Oficina Jurídica del Departamento de la Guajira, en donde explica las actuaciones y verificaciones que debe hacer el departamento para concurrir a las diligencias de Audiencia de Conciliación. (fl. 46). 2.- Acta de la Reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento de la Guajira, de fecha 25 de noviembre de 2004 en donde se determinó: “En lo relacionado con el pago de servicios médicos prestados por el INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA DE BOGOTÁ, a los usuarios del Departamento de la Guajira, se dispuso aprobar la modificación y reducción del valor previamente acordado en conciliación anterior, puesto que recientemente se analizó, demostró por la Oficina Jurídica Departamental que ya el Departamento de la Guajira, ha efectuado pagos parciales de la obligación pendiente de pago y por tanto el presente Comité aprueba reconocer como deuda solo la suma de $46.093.484 y no por $110.000.000, como se había reconocido en el Acta 021-2003.” “Dicha labor de defensa de los intereses del Departamento de la Guajira, se adelantó en oficina de la Procuraduría Judicial Administrativa de Bogotá, donde se demostró que la obligación de pago se había reducido por los pagos previamente efectuados por esta Administración Departamental,” (fl.48) . 3.- Oficio número SSLG OJ No. 2183 de fecha 21 de septiembre de 2005, dirigido a

ELOY ENRIQUE SAURITH ROJAS, por CÉSAR BALLESTEROS GARCÍA, Secretario de Salud Departamental, (fl. 54). 4.- Cuentas de los años 1999 a 2005 discriminando caso por caso, facturas de los servicios prestados por el INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA al Departamento de la Guajira (fl. 56 a 613) CONSIDERACIONES La Delegada entra a evaluar las pruebas allegadas en la indagación, a efecto de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y la responsabilidad disciplinaria de los investigados. En efecto, en la queja se afirma que el Departamento de la Guajira, no se presentó a las audiencias de conciliación propuestas por el Instituto Nacional de Cancerología, en la ciudad de Bogotá, por ende, la delegada encuentra que ante el Procurador Delegado en lo Judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fecha 15 de octubre de 2003, el Instituto Nacional de Cancerología, presentó solicitud de conciliación prejudicial con citación y audiencia del Departamento de la Guajira, Dirección Operativa de Salud, con el fin de llegar a un acuerdo para el pago de la suma de $42.373.437,oo m/cte, por concepto de servicios prestados por el Instituto Nacional de Cancerología ESE, a los pacientes remitidos por la Dirección Operativa de Salud de la Guajira. La Procuraduría Quinta Judicial Administrativa, señaló el 18 de noviembre de 2003, a las 2 PM, como primera fecha para la audiencia de conciliación prejudicial.

Los representantes del Departamento de la Guajira, no asistieron a la audiencia, pero remitieron con fecha 19 de noviembre de 2003, una comunicación en donde afirman que la citación fue recibida en el Despacho del Gobernador el día 18 de noviembre a las 3:40 de la tarde, excusándose de asistir, puesto que era físicamente imposible, en razón a que la comunicación se recibió con posterioridad, solicitan copia de la solicitud de conciliación para someterla al Comité de Conciliación y Defensa Judicial y además revisarla desde el punto de vista jurídico y financiero (fl. 12) De otra parte, solo hasta el 1 de junio de 2004, comparece en calidad de apoderada del departamento la doctora MARY LUZ ALMAZO DE BRUGÉS, quien solicita aplazamiento de la diligencia, aunque no quedó consignado en el acta el motivo del aplazamiento, según el Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento el motivo era la diferencia de cifras entre lo cobrado y lo adeudado (fl. 25) Ante las fallidas citaciones la apoderada del Instituto Nacional de Cancerológica, en diligencia de fecha 1 de marzo de 2005, solicita se compulsen copias con el fin de que se investigue disciplinariamente al Gobernador, Secretario de Salud y miembros del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento de la Guajira. Ahora bien, la solicitud de conciliación fue radicada en la ciudad de Bogotá DC, pero afirma el Jefe de la Oficina Jurídica del Departamento de la Guajira, que la 2 Procuraduría Judicial No. 42 radicada en la ciudad de Riohacha era el ente que por

jurisdicción debía conocer de tal tramite, al respecto consultadas las normas que rigen la materia encontramos, que: El artículo 23 de la Ley 640 de 2001, nos dice: “Conciliación extrajudicial en materia de lo contencioso administrativo. Las conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo sólo podrán ser adelantadas ante los Agentes del Ministerio Público asignados a esta jurisdicción.” El artículo 24 ibídem, señala: “Aprobación judicial de conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso Administrativo. Las actas que contengan conciliaciones extrajudiciales en materia de lo contencioso administrativo se remitirán a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al de su celebración, al Juez o Corporación que fuere competente para conocer de la acción judicial respectiva, a efecto de que imparta su aprobación o improbación. El auto aprobatorio no será consultable”. De otra parte, conforme a los lineamientos que sobre competencia por razón del territorio, determina el Código Contencioso Administrativo, el artículo 134D, nos señala: “La competencia por razón del territorio se fijará con sujeción a las siguiente reglas: Por regla general, la competencia territorial se determinará por el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o por el domicilio del particular demando“. En efecto, la Procuraduría General de la Nación, conforme al artículo 41 del Decreto Ley 262 de 2000, distribuyo sus competencias para el conocimiento de las conciliaciones en los procuradores judiciales, pero además delegó y distribuyo funciones en las Procuradurías Regionales, Distritales y Provinciales, y determinó su

ámbito de competencia territorial y sede conforme la Resolución número 18 de 2000, artículo 3 numeral 19, para el caso en estudio se determina que existe la Procuraduría Regional de la Guajira. Por ende para la Delegada, no cabe duda que la competencia territorial la tenía el procurador judicial de la ciudad de Riohacha, Guajira, para conocer de la conciliación propuesta por el Instituto Nacional de Cancerológica. También observamos que en la primera citación o sea la audiencia que debió realizarse el día 18 de noviembre de 2003, la comunicación no llegó con suficiente antelación al Departamento de la Guajira, es así como se expresa en oficio de fecha 19 de noviembre de 2003, que obra a folio 12 del expediente, que el citatorio se recibió el 18 de noviembre a las 3:40 de la tarde. Pero también es importante recalcar que las autoridades del departamento de la Guajira no conocían la solicitud de conciliación, por lo tanto en la comunicación de excusa solicitan copia de tal documento para el trámite legal respectivo, como lo era aprobación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial y disponibilidad presupuestal correspondiente (fl. 12). 3 Conforme a las normas que rigen la materia de conciliación prejudicial de carácter administrativo, es importante recalcar que este mecanismo de solución de conflictos, debe ser estudiado y aprobado previamente por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la respectiva entidad, conforme al artículo 75 de la Ley 446 de 1998, y al Decreto 1214 de 2000, este último, al respecto señala en el artículo 2: “El Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de

estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. Igualmente, decidirá en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medido alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes.” En efecto, para el caso en estudio el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento de la Guajira, se reunió el 25 de noviembre de 2004, y determinó: “En lo relacionado con el pago de servicios médicos prestados por el Instituto Nacional de Cancerología de Bogotá, a los usuarios del Departamento de la Guajira, se dispuso aprobar la modificación y reducción del valor previamente acordado en conciliación anterior, puesto que recientemente se analizó, demostró y constató por la Oficina Jurídica Departamental que ya el Departamento de la Guajira, ha efectuado pagos parciales de la obligación pendiente de pago y por tanto el presente Comité aprueba reconocer como deuda sola la suma de $46.093.484 y no por $110.000.000, como se había reconocido en el Acta 021 de 2003.” Pertinente concluir, que las diferencias numéricas entre la solicitud de conciliación por la suma de $42.373.473, con respecto a la aprobada por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento de la Guajira, $46.093,484, nos llevan a determinar que la cuantía a conciliar no estaba plenamente determinada. Ahora bien, de acuerdo a las normas que rigen la materia, toda conciliación debe no

solo tener aprobación de Comité de Conciliación y Defensa Judicial respectivo, sino la disponibilidad presupuestal requerida, según lo afirmado por el Secretario de Salud del Departamento de la Guajira, a folio 55, no existían tales recursos: “ En cuanto el pago oportuno no solo de los créditos del Instituto Nacional de Cancerología sino también de otros prestadores, esta circunstancia obedece a razones de dificultades en la disponibilidad de los recursos; pues las partidas que se asignan para estos efectos se consumen en forma inmediata por la demanda de servicios de atención a la población pobre y vulnerable…. Al respecto, debemos recordar que el artículo 48, faltas gravísimas, numeral 22, de la Ley 734 de 2002, señala: “Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones pertinentes.” Ahora bien, conforme al Decreto 2511 de 1998, artículo 14, se sanciona la inasistencia injustificada o la negativa igualmente injustificada a discutir las propuestas formuladas, en las conciliaciones. En consecuencia no existe falta disciplinaria, porque el Procurador ante el cual se presentó la solicitud de conciliación carecía de competencia para conocer del asunto en razón al factor territorial y de otra parte, se denota falta de claridad en la cuantía 4 pretendida, y además faltaba la disponibilidad presupuestal, por lo que de acuerdo con el artículo 73 en concordancia con el artículo 164 de la Ley 734 de 2002, procede el archivo de las presentes diligencias. En mérito de lo expuesto, el Procurador Primero Delegado para la Vigilancia

Administrativa, RESUELVE: PRIMERO: Declarar que la conducta aquí investigada en averiguación de responsables, no puede proseguirse, por cuanto el hecho atribuido no existió de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, ordénese el archivo definitivo de las presentes diligencias.

SEGUNDO: La presente decisión no se comunicara al quejoso por tratarse de queja presentada por servidor público.

CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Primero Delegado Vigilancia Administrativa CAAM P-lsgc

R-earch Exp: 013-141730-06 mbm

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