PGN - FALLA DEL SERVICIO - Acción u omisión por parte de la administración que permitió que el

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por afectación en bien inmueble por ataque terrorista FALLA DEL SERVICIO-Acción o omisión por parte de la administración que permitió que el ataque terrorista se produjera/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Jurisprudencia del consejo de estado/RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Riesgo excepcional El Consejo de Estado, a través del tiempo ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere al régimen de responsabilidad que se aplica al Estado, en los casos de ataques que son ejecutados por parte de los grupos alzados en armas que luchan contra la estabilidad del Estado. Es así que se da aplicación a la falla del servicio, cuando en la producción del hecho dañino intervino la Administración, mediante una acción o una omisión que permitió que el ataque terrorista se produjera; que se aplicaría el régimen del daño especial cuando en cumplimiento de funciones legítimas por parte de la Administración, es decir en el momento de repeler el ataque guerrillero, se causan perjuicios que rompen el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar los ciudadanos, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente manifestó el H. Consejo de Estado que sería aplicado el régimen de riesgo excepcional para los casos en los que el ataque terrorista fuera dirigido contra los estamentos militares, o contra personajes representativos del Estado, pues en esos casos la existencia de aquellos en lugares cercanos a la población generaba un riesgo excepcional para la misma, razón por la cual debía responder la Administración. Finalmente y en jurisprudencia más reciente el Consejo de Estado da un viraje y manifiesta que en los casos en los cuales los ataques contra las fuerzas militares son

iniciados por los grupos insurgentes, y lo que hace de manera legítima el Estado es repeler los mismos en aras de lograr un beneficio a la comunidad, el régimen que debe aplicarse es el de daño especial, pues finalmente lo que se ha producido es un rompimiento en las cargas públicas y en el principio de igualdad cuando un particular que nada tiene que ver con el conflicto resulta perjudicado EXISTENCIA DEL DAÑO-Debe ser probada por quien la sufre De cara a estos postulados se tiene que a más de demostrar la existencia del daño, este debe ser probado por quien lo sufre, so pena de que no proceda su indemnización, la jurisprudencia, invocando el texto del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ha sido enfática en afirmar que el legislador tiene establecido que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, nadie más indicado para conocer los hechos que la propia víctima directa de los mismos correspondiéndole a él y no a otro la prueba de estos, por tanto no basta entonces que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño, sino que hay que demostrarlo.

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PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2011 Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente – Sección Tercera Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11 – 197

Expediente: 19001233100020032002301 (39824)

Actor: Franquil Erney Burbano Navia

Demandada: Nación – Ministerio de Defensa NacionalPolicía

Nacional.

Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente esta Procuraduría Delegada procede a emitir concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra a conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

Los señores Franquil Erney Burbano Navia, Yeimy Liliana Burbano Ruano, César Burbano Dorado, Eider Fabiola Samboni, Emilgen Burbano Sambony, Oswald Olivar Burbano Navia, Isabel Cristina Chilito Piamba, Miyer Olid Burbano Navia, Lida Yaneth Burbano Muñoz, Eduar Arturo Gómez Burbano,

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IUS 2011-368196 Reparación Directa. 19001233100020032002301 (39824) Marco Aurelio Enríquez Ordóñez, Tulio Romulo Muñoz Quintero, Lubin Gómez Burbano y Carlos Andrés Anacona Hoyos mediante apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa – prevista en el artículo 86 C.C.A. – presentaron demanda contra La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con la pretensión de que se le declare administrativamente responsable, de la totalidad de los perjuicios materiales y morales originados por los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2001, como consecuencia de

un ataque de grupos al margen a la ley a la Policía Nacional ubicados en la población de Bolívar -Cauca. Se afirmó en los hechos de la demanda que el día 16 de Noviembre de 2001, la población de Bolívar – Cauca, fue objeto de una toma guerrillera por una gruesa columna de las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo FARC-EP, ataque que se llevó a cabo durante varias horas sometiéndose a fuego cruzado al personal uniformado del puesto de policía de dicha localidad, con los miembros de la citada columna guerrillera, este combate produjo que los uniformados se atrincheraran en el inmueble de propiedad del señor Franquil Erney Burbano, donde por el cruce de fuego resultó semidestruido el citado inmueble. Parte del inmueble de propiedad del señor Burbano Navia, se encontraba arrendado al señor César Burbano Dorado, por cuyo concepto pagaba la suma de Doscientos Cuarenta mil pesos y donde tenía instalado un taller denominado “ESTANDAR”, dotado de maquinaria y equipos propios para el desarrollo de su actividad de cerrajería y mecánica actividad de la cual derivaba su sustento y el de su familia, así como el de sus trabajadores a saber Eduar Arturo Gómez Burbano, Marco Aurelio Enríquez Ordóñez, Tulio Rómulo Quintero, Lubin Gómez Burbano y Carlos Andrés Anacona Hoyos, quienes tras la destrucción del taller, la maquinaria y equipo, así como del local quedaron sin trabajo, viéndose en consecuencia sin trabajo y sin el sustento para sus familias.

LA CONTESTACIÓN

La NaciónMinisterio de DefensaPolicía Nacional, dio contestación a la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en los siguientes términos: Los atentados terroristas dirigidos indiscriminadamente contra la población resultan siempre imprevisibles para las autoridades públicas, a menos que se produzcan amenazas previas que permitan adoptar oportunamente medidas de protección. No existe omisión del Estado tampoco un riesgo concreto y excepcional que afecte a un grupo específico de ciudadanos, creado por la misma administración en cumplimiento de sus funciones. En casos como el presente le corresponde al actor probar que el ataque subversivo del 16 de noviembre de 2001, estaba dirigido única y

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IUS 2011-368196 Reparación Directa. 19001233100020032002301 (39824) exclusivamente contra la Estación de Policía de Bolívar, caso contrario no tiene cabida la teoría de la falta o falla en el servicio. La Policía Nacional conocedora como es del orden público que afecta el país y del consecuente peligro, en que se encuentran las personas en sus bienes y vidas, ha hecho todo lo posible por mantener la presencia de sus uniformados en gran parte del territorio Caucano, en un claro cumplimiento del mandato constitucional de prestar el servicio de vigilancia, en el caso concreto los policías que defendieron a la población de BolívarCauca del ataque de los guerrilleros de las FARC. Propone como excepciones la culpa de un tercero ajeno a la Nación. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal a quo denegó las pretensiones de la demanda, considerando que:

“Del estudio de las circunstancias en que ocurrieron los hechos, la sola toma guerrillera no es motivo suficiente para endilgar responsabilidad al Estado, por que para reparar el daño causado debe existir en el plenario prueba fehaciente del mismo, circunstancia que no se encuentra acreditada respecto de la Entidad demandada (…) No obra en el expediente prueba de los daños ocasionados, ya que en el auto de decreto de pruebas de fecha 7 de septiembre de 2004, se ordenó la practica de una prueba pericial para determinara los daños y perjuicios causados, prueba que no se llevó a cabo tal como consta en auto de 6 de septiembre de 2005 (Fl 105 del cuaderno principal debido a que el actor no consignó el valor de los honorarios fijados provisionalmente en el término indicado. Sin embargo, encontrándose el proceso para decisión advirtió el despacho la necesidad de practicar el referido dictamen pericial, por lo que ordenó nuevamente dicha actuación. En el informe rendido por la Ingeniera Civil Auxiliar de Justicia se lee textualmente: “(…) 4.2 Determinación clara y precisa de los daños, en detalle cuantificando. R/ El inmueble motivo de la presente reparación Directa fue dañado o destruido casi en su totalidad, imposible de medir a la fecha de la visitaviernes 27 de febrero de 2009, por estar reconstruido. Agrega que no encontró registro alguno de que el Taller “ESTANDAR”, que funcionaba en el inmueble de propiedad del señor FRANQUIL

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19001233100020032002301 (39824) ERNEY BURBANO NAVIA, estuviera matriculado en la Cámara de Comercio del Cauca. De igual forma buscó información sobre la maquinaria y equipo, no encontrando ninguna factura de compra de los elementos mencionados como parte del taller, tampoco encontró copia del contrato de arrendamiento suscrito entre el actor y el señor César Burbano Dorado. Sobre los cinco trabajadores del taller, no se encontró planillas de pago, ni contratos de trabajo, tampoco se encontró información alguna en el Instituto de los Seguros Sociales”. “A folio 65 obra una certificación expedida por el señor Alcalde Municipal de Bolívar – Cauca, el Personero y el Secretario de Planeación, donde informan que de acuerdo a los registros existentes que reposan en la secretaría de Planeación Municipal como consecuencia de las incursiones armadas a ese Municipio en la fechas 21 de julio y 16 de noviembre de 2001, resultaron afectadas edificaciones de servicio público y algunas viviendas, anexando listado en el que no obra la vivienda del señor FRANQUIL ERNEY BURBANO NAVIA. Si el demandante no prueba la existencia del daño y el nexo con el servicio mal podría la Sala derivar responsabilidad al Ente demandado (…)”

LA APELACION.

La parte demandada por intermedio de apoderado judicial, presentó recurso de apelación contra el fallo emitido por el Tribunal Administrativo del Cauca, por la cual no se accedió a las pretensiones de la demanda, al considerar que: “(…) El Comandante del Departamento de Policía Caucamediante oficio

No 545 de 6 de diciembre de 2004, informó que el 16 de noviembre de 2001 se presentó una incursión guerrillera en la población de Bolívar – Cauca, en la que resultó destruida y reducida a escombros las instalaciones policiales, además de otras infraestructuras estatales, como la Alcaldía y demás, (…). Así se encuentra demostrada la ocurrencia del hecho, es decir, la toma guerrillera a Bolívar – Cauca a las instalaciones de instituciones representativas del Estado, como lo fue la Estación de Policía, el resguardo de los miembros de la Fuerza Pública en el inmueble de propiedad de uno de los demandantes y el daño que sufrió debido a estos desafortunados hechos, en tanto que pude aplicarse el régimen de carácter objetivo, por que el factor de imputación es el riesgo grave y

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IUS 2011-368196 Reparación Directa. 19001233100020032002301 (39824) anormal al cual el Estado expone a sus administrados. De tal manera que basta la realización del riesgo creado por la administración para que el daño resulte imputable a ella. En dichos eventos, al actor le bastará probar la existencia del daño y la relación de causalidad entre éste y el hecho de la administración, realizado en desarrollo de una actividad riesgosa. El A quo no tuvo en cuenta el abundante material probatorio que conduce a determinar que efectivamente el inmueble ubicado en la cra 1 con calle 5 del Barrio Cristo Rey, fue destruido en casi su totalidad a consecuencia de la toma guerrillera de la que fue víctima la población de Bolívar – Cauca

para el día 16 de noviembre de 2001, tal y como lo certificaron las primeras autoridades de la municipalidad. El perito cuantifica el daño en caso de destrucción total que arroja una suma de $21.900.000 ahora bien, tal y como lo señálale dictamen, la destrucción fue casi total por ende habría que determinar de conformidad con la valoración que ostenta el H. Magistrado, de instancia que le permiten determinarlo dentro de la órbita de la sana crítica, pero no afirmar que no existió prueba del daño ni menoscabo al patrimonio de los demandantes. El mencionado perito certifica la existencia de un daño de tal entidad que ameritó reconstruirlo casi en su totalidad, y dado el transcurso del tiempo se dificultó la cuantificación del mismo. Así pues, el riesgo extremo al que se vieron sometidos tanto el propietario del inmueble como del establecimiento comercial que funcionaba en él y que tuvo que suspender su actividad comercial y como consecuencia de ello el despido de sus empleados, no pueden permanecer indemnes toda vez que el hecho dañoso se produjo como consecuencia del riesgo extremo a que se vieron sometidos los habitantes de la región teatro de los acontecimientos. En este orden de cosas, se tiene que los elementos que tipifican el título de imputación se cumplen en este caso en tanto que el daño tuvo ocurrencia en el marco del ataque terrorista al Municipio de Bolívar Cauca, en los inmuebles representativos del Estado, y en medio de estos acontecimientos los miembros de la Fuerza Pública se resguardaron en el inmueble de propiedad de uno de los demandantes y en el que funcionaba

el establecimiento de comercio del señor CESAR BURBANO DORADO, por lo que los subversivos detonaron cilindros destruyéndolo en casi en su totalidad, razón por la que solicita la revocatoria del fallo impugnado” EL CONCEPTO Problema jurídico

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IUS 2011-368196 Reparación Directa. 19001233100020032002301 (39824) Determinar si en el caso que nos ocupa los demandantes demostraron el daño sufrido como fundamento para atribuir responsabilidad extracontractual del Estado, por los hechos terroristas ocurridos el 16 de noviembre de 2001, en el Municipio de Bolívar -Cauca. Análisis Jurídico El Consejo de Estado, a través del tiempo ha hecho diversas manifestaciones en lo que se refiere al régimen de responsabilidad que se aplica al Estado, en los casos de ataques que son ejecutados por parte de los grupos alzados en armas que luchan contra la estabilidad del Estado. Es así que se da aplicación a la falla del servicio1, cuando en la producción del hecho dañino intervino la Administración, mediante una acción o una omisión que permitió que el ataque terrorista se produjera; que se aplicaría el régimen del daño especial2 cuando en cumplimiento de funciones legítimas por parte de la Administración, es decir en el momento de repeler el ataque guerrillero, se causan perjuicios que rompen el equilibrio de las cargas públicas que deben soportar los ciudadanos, haciendo más gravosa la situación de unos frente a los otros. Igualmente manifestó el H. Consejo de Estado que sería aplicado el régimen de riesgo excepcional3 para los casos en los que el ataque terrorista fuera dirigido contra

los estamentos militares, o contra personajes representativos del Estado, pues en esos casos la existencia de aquellos en lugares cercanos a la población generaba un riesgo excepcional para la misma, razón por la cual debía responder la Administración. 1 Al respecto de este tema pueden consultarse sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, tales como: Sentencia del 13 de mayo de 1996, expediente 10627; Sentencia del 5 de septiembre de 1996, expediente 10654; Sentencia del 3 de abril de 1997, expediente 12378; Sentencia del 3 de febrero de 2000, expediente 14787; Sentencia del 2 de mayo de 2002, expediente, 13251; Sentencia del 23 de Octubre de 2003. 2 Pueden tenerse como referencia las siguientes sentencias emitidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia del 8 de febrero de 1999, expediente 10731; Sentencia del 29 de abril de 1994, expediente 7136; Sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550. 3 En consideración de la aplicación del tema se relacionan las siguientes sentencias: Sentencia del 19 de abril de 2001, expediente 12179; Sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15571; Sentencia del 28 de junio de 2006, expediente 1995-00196.

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IUS 2011-368196 Reparación Directa. 19001233100020032002301 (39824) Finalmente y en jurisprudencia más reciente el Consejo de Estado da un viraje y manifiesta que en los casos en los cuales los ataques contra las fuerzas

militares son iniciados por los grupos insurgentes, y lo que hace de manera legítima el Estado es repeler los mismos en aras de lograr un beneficio a la comunidad, el régimen que debe aplicarse es el de daño especial, pues finalmente lo que se ha producido es un rompimiento en las cargas públicas y en el principio de igualdad cuando un particular que nada tiene que ver con el conflicto resulta perjudicado, así se plasma en los siguientes fallos; “(…) sobre el daño especial como título de imputación por ataques terroristas, permiten deducir la responsabilidad del Estado a partir del resultado dañoso, superior al que ordinariamente deben soportar y diferente del que asumen los demás pobladores, y proveniente del enfrentamiento armado entre las fuerzas del orden y el grupo subversivo de quien provino el ataque terrorista. Si bien como consecuencia de dicho enfrentamiento se causaron daños a los inmuebles contiguos al sitio de ubicación de la estación de policía, objeto central del atentado, la actuación de la fuerza pública fue legítima, en cuanto se desarrolló en cumplimiento de su obligación constitucional de defender la vida, honra y bienes de los administrados, no acreditándose que excediera al marco de lo que le era debido, y no procede calificar tal actuación como generadora de un riesgo excepcional para aquéllos, pues no cabe predicar tal calificativo de una conducta legítima que aunque implique el uso de las armas, de por sí peligroso, se dirige o encamina precisamente, a conjurar y a repeler el riesgo que para la vida y los bienes de los administrados implican los ataques y atentados provenientes de grupos armados al margen de la ley.

(…) En el caso no podría imputarse la responsabilidad del Estado por falla del servicio, teniendo en cuenta que el ataque fue perpetrado por un grupo guerrillero, sin que haya obedecido a alguna conducta omisiva de la autoridad demandada; y tampoco podría adecuarse bajo el régimen de riesgo excepcional invocado por los demandantes, al no poder afirmarse que la autoridad pública haya creado unas condiciones o una situación particularmente peligrosa o riesgosa, pues queda claro que fueron guerrilleros de las FARC quienes iniciaron el ataque contra la estación de policía del Municipio de La Cruz”4. De igual manera en sentencia de 2 de mayo de 2007 se dijo que; 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de octubre de 2008, expediente: (AG) 00605-02. Consejera Ponente: Myriam Guerrero De Escobar.

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IUS 2011-368196 Reparación Directa. 19001233100020032002301 (39824) “(…) Como se anotó, la justicia material se concreta en los casos de daño especial en el objetivo de reequilibrar la asunción de cargas públicas, en virtud a que el perjuicio sufrido presenta características de excepcional y anormal. En otras palabras es un perjuicio que, desde la perspectiva del principio de igualdad frente a las cargas públicas, resulta considerablemente superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón del ejercicio de los poderes de actuación con que cuenta la administración. Esta anormalidad y especialidad del perjuicio es, precisamente, la que conlleva a un rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas. Sin embargo, no debe entenderse

dicho principio como el anhelo de lograr una equiparación matemática entre los administrados frente a la actividad administrativa; el contenido que el mismo involucra es, evidentemente, el mantenimiento de un relativo balance en esta materia.”5 (…). Recientemente el Consejo de Estado, en sentencia del 7 de julio de 2011, Sección Tercera, subsección C, dijo: “(…) La Sala, en la búsqueda de los contenidos materiales de justicia, de acuerdo con valores y principios consagrados en la Constitución Política que tiene como epicentro de la misma al ser humano, considera que en el caso de actos terroristas en los que el objetivo del ataque es el Estado, debe aplicarse el título de imputación del daño especial para definir así la responsabilidad de la administración pública (…). La teoría del daño especial es conveniente, no solo porque brinda una explicación mucho más clara y objetiva sobre el fundamento de la responsabilidad estatal, sino por su gran basamento iusprincipialista que nutre de contenido constitucional la solución que en estos casos profiere la justicia contencioso administrativa. Sin descartar desde luego, que en algunos eventos de actos terroristas, podrán aplicarse los otros regimenes de responsabilidad -falla del servicio y riesgo excepcional-, si las facticidades que se juzgan así lo reclaman, pues se itera, la teoría del daño especial es subsidiaria, en el entendimiento de que sólo se aplica, si los hechos materia de juzgamiento no encuentran tipicidad, en alguno de aquéllos otros sistemas de responsabilidad administrativa a los que ya se aludió”.6

5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente: 16696.

Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección, sentencia del 7 de julio de 2011C.Enrique Gil Botero

Expediente No (20.835).

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RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL EN EL CASO EN CONCRETO.

Corresponde determinar la existencia del daño y, una vez establecida la realidad del mismo, deducir sobre su naturaleza, esto es, si el mismo puede o no calificarse como antijurídico, puesto que un juicio de carácter negativo sobre tal aspecto, libera de toda responsabilidad al Estado, y por tanto releva al juzgador de realizar la valoración del otro elemento de la responsabilidad Estatal, esto es, la imputación del daño al Estado, bajo cualquiera de los distintos títulos que para el efecto se han elaborado. De cara a estos postulados se tiene que a más de demostrar la existencia del daño, este debe ser probado por quien lo sufre, so pena de que no proceda su indemnización, la jurisprudencia, invocando el texto del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, ha sido enfática en afirmar que el legislador tiene establecido que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, nadie más indicado para conocer los hechos que la propia víctima directa de los mismos correspondiéndole a él y no a otro la prueba de estos, por tanto no basta

entonces que en la demanda se hagan afirmaciones sobre la existencia del daño, sino que hay que demostrarlo. Pues bien, veamos si en el caso que nos ocupa la parte demandante demostró o no el daño, para con ello dar respuesta al problema jurídico planteado. Análisis fáctico y probatorio. Las pruebas allegadas evidencian que ciertamente el día 16 de noviembre de 2001, en la población de Bolívar – Cauca, tuvo lugar una denominada toma guerrillera, la cual como es natural trajo como consecuencia daños en los inmuebles aledaños a la Estación de Policía del Municipio, lo mismo que a otros inmuebles (Fl 44 a 45 c. de pruebas).

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IUS 2011-368196 Reparación Directa. 19001233100020032002301 (39824) Con el fin de establecer los daños ocasionados al inmueble de propiedad del señor FRANQUIL ERNEY BURBANO, se practicó dictamen pericial a través del cual no se pudo establecer los daños a la fecha 27 de febrero de 2009, por estar reconstruido en su totalidad el inmueble objeto del dictamen siendo evidente que la auxiliar de la justicia no estaba en condiciones de afirmar con grado de certeza lo ocurrido con el inmueble, esto es, si fue reconstruido por el daño ocurrido con ocasión de la toma guerrillera o reconstruido por voluntad del propietario, hechos de los cuales no estaba en condiciones de dar cuenta, lo afirmado por la auxiliar de la justicia en su dictamen corresponde a un avalúo del inmueble a la fecha de la visita, de otro lado no hay razón para desvirtuar la

hipótesis de la reconstrucción del mismo por parte de su propietario. La prueba documental (certificación definitiva de viviendas afectadas con la incursión armada en el Municipio de BolívarCauca el 16 de noviembre de 2001), expedida por el Comité local para la Prevención y Atención de Desastres del Municipio de Bolívar, no demuestra que los aquí demandantes hayan sido afectados, con la toma guerrillera (folios 65 a 69 del cuaderno de pruebas). Obra en el plenario fotocopias de la edición del periódico “El liberal”, sección judicial, donde se informa sobre la ocurrencia del ataque guerrillero de que fue víctima el municipio de Bolívar Cauca, sin embargo, se hace necesario reiterar que las noticias difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, en términos probatorios, en principio no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción a dichos documentos, en tanto que a partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados7.( Fl 82 a 84 cuaderno No 1). Igualmente al proceso se allegaron las certificaciones expedidas por la Secretaria de Gobierno del Municipio de Bolívar, la Personería y la Alcaldía 7 Consejo de Estado, Sección Tercera sentencia proferida el 17 de junio de 2004, expediente 15.450 y sentencia del 4 de diciembre de 2007, expediente 15.498.

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IUS 2011-368196 Reparación Directa. 19001233100020032002301 (39824) Municipal, con las que en sentir del apelante se prueba el daño, sin embargo para ésta Delegada dichas constancias no prueban el daño en primer lugar, por que fueron expedidas dieciocho meses después de ocurridos los hechos con lo que su autenticidad se pone en duda y en segundo lugar, por que el contenido de dichas constancias no es un relato de lo ocurrido, sino que representa lo informado por el interesado aquí demandante ante estas autoridades, de lo que se infiere que lo certificado por estas, no es el relato de los hechos ocurridos, sino lo informado por el demandante o según una declaración extraproceso expedida por la notaria única de Bolívar, la cual no se aporta y menos se ratificó en este proceso, por lo que su contenido no representa valor probatorio alguno ya que no tienen la idoneidad, utilidad ni eficacia para demostrar el daño reclamado, de lo que se infiere que éste no queda demostrado con las constancias ( Fls 86 a 88 C. 1). En cuanto al daño ocasionado al establecimiento “Taller Estándar”, que funcionaba en el inmueble, con los hechos ocurridos el 16 de noviembre de 2001, ésta Delegada tampoco considera que este acreditado, por cuanto como lo advierte el perito no se encontró registro alguno de que el taller estándar que presuntamente funcionaba en el inmueble de propiedad del señor Franquil Erney Burbano Navia, estuviera matriculado en la cámara de comercio del Cauca (Fl 81 cuaderno de pruebas ), no se encontró copia del contrato de

arrendamiento del local comercial, tampoco información como facturas de compra de la maquinaria y equipos relacionados en el libelo de la demanda en el numeral 2.8, de lo que se puede inferir la inexistencia del daño reclamado, por cuanto el demandante no logró demostrar la existencia del taller y lo que es menos los daños ocasionados con los hechos sucedidos en la población de Bolívar - Cauca , el 16 de noviembre de 2001, cuando se produjo la toma guerrillera. Respecto al daño sufrido por los trabajadores del taller “Estándar”, quienes fueron despedidos de su empleo por la destrucción del taller donde laboraban con la toma guerrillera, del dictamen pericial no se infiere indicio que haga

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IUS 2011-368196 Reparación Directa. 19001233100020032002301 (39824) presumir su existencia; por cuanto no se encontraron copias o constancias de los contratos de trabajo, ni planillas o formatos de nóminas de pago, como tampoco información alguna sobre pagos al seguro social o parafiscales a las Cajas de Compensación, ni del patrono señor Burbano, ni de sus trabajadores, de lo que se deduce la inexistencia del daño reclamado por los presuntos trabajadores del taller “Estándar”, por lo que no se avizora responsabilidad civil extracontractual del Estado por los perjuicios reclamados. De lo anterior se infiere indiscutiblemente la existencia de un hecho generador de daños ocasionados a algunos residentes propietarios de inmuebles en el casco urbano del municipio de Bolívar – Cauca, cuyo listado aparece

relacionado en los folios 65 a 69 del cuaderno de pruebas, como consecuencia de la incursión armada terrorista llevada a cabo el 16 de noviembre de 2001, por la organización guerrillera autodenominada FARCEP. Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo del segundo elemento de la responsabilidad civil extracontractual del Estado en el caso que nos ocupa, como es el daño, por cuanto como quedó descrito en precedencia los demandantes, no probaron los perjuicios sufridos con la toma guerrillera del 16 de novi