PGN - FALLA DEL SERVICIO - La carga de la prueba la tiene la parte actora

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD OBJETIVA-En casos de privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Se configura cuando el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Cuando se precluye por desvirtuarse la antijuricidad del comportamiento o la culpabilidad del mismo FALLA DEL SERVICIO-Se determina con base en las pruebas obrantes en el proceso/FALLA DEL SERVICIO-La carga de al prueba la tiene la parte actora

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 011/2011

Bogotá D. C., 6 de julio de 2011 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA –SUBSECCIÓN C

Consejera Ponente Doctora OLGA MELIDA VALLE DE DE LA HOZ

E. S. D.

Ref: Proceso 40739 (25000232600020060169901)

Acción Reparación Directa

Actor: Beatriz Elena Mestre Arias y otros Demandado: La Nación – Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación 2 Exp. 40739

El Ministerio Publico, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. PRETENSIONES Luís Roberto Arenas Vélez actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo Jehison Alejandro Arenas Molina, Yohana Alexandra y Yonathan Alberto Arenas Molina, en ejercicio de la acción de reparación directa, demandaron a

la Nación – Fiscalía General de la Nación para que se les declarara administrativamente responsables de los perjuicios causados como consecuencia de la privación injusta de la libertad a la que se vio sometido el señor Luís Roberto Arenas Vélez entre el 18 de septiembre de 2003 y el 15 enero de 20041. 1.2. LA CONTESTACIÓN La Fiscalía General de la Nación (fls. 72 a 83 y 413 a 420 C. 1) contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones y argumentando que su actuación se surtió de conformidad con la Constitución Política y que la investigación penal a la que se vinculó a Luís Roberto Arenas Vélez se ajustó a la normatividad vigente. Sostuvo que aún cuando la Fiscalía decretó la detención preventiva del señor Arenas Vélez y posteriormente la preclusión a favor del sindicado, esta decisión no constituye por sí sola falla del servicio por error judicial y privación injusta de la libertad, ya para el momento procesal en que fue impuesta la medida de aseguramiento existían los indicios para decretarla. Hizo énfasis en que era preciso apreciar que la denuncia formulada por Álvaro Lema Arcila generó el nexo de causalidad que conllevó inicialmente a imponer medida de aseguramiento, en consonancia con los elementos materiales probatorios. Propuso como excepción la “falta de legitimación por pasiva” ya que en la etapa de instrucción la actuación se enmarcó en el cumplimiento de los presupuestos constitucionales y legales y en la etapa del juicio, se configuró una causal excluyente

de responsabilidad. 1.3. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 186 a 201 C. Consejo de Estado) negó la excepción de falta de legitimación propuesta por la Fiscalía General de la Nación y denegó las pretensiones de la demanda argumentando que la parte actora omitió el deber procesal de allegar al proceso copias auténticas de la investigación penal adelantada contra el señor Arenas Vélez y por tal razón se encuentra impedido para resolver de fondo. 1 La acción se intentó dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de las actuaciones que se invocan como causantes del daño, cuando todavía no había operado la caducidad de la acción.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 3 Exp. 40739 1.4. LA IMPUGNACIÓN La parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 203 210 C. del Consejo de Estado). Argumenta que solucionó esa supuesta falta de prueba con la resolución de preclusión calendada 1° de julio de 2004, porque dicha resolución da cuenta de las pruebas que fueron valoradas para imponer medida de aseguramiento contra Arenas Vélez y sostiene que el H. Consejo de Estado ha establecido que el Estado debe responder cuando se configure alguna de las causales previstas en el artículo 414 del C. P. P., sin que sea necesario cuestionar la conducta del funcionario que impuso la respectiva medida de aseguramiento, incluso cuando se absuelve al detenido por in dubio pro reo

y por tal razón el estudio del presente caso debe realizarse bajo un régimen objetivo de responsabilidad.

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Analizado el acervo probatorio y de conformidad con las normas aplicables y el alcance que les ha dado la jurisprudencia, en concepto del Ministerio Público la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada.

Por tratarse de un proceso que llega a esta instancia por intervención de apelante único el estudio debe concretarse en las inconformidades expresadas por el recurrente. 2.1. PROBLEMA JURIDICO El problema jurídico consiste en determinar si la entidad demandada tiene responsabilidad por haber ocasionado daño antijurídico al someter al señor Luís Roberto Arenas Vélez a una privación injusta de la libertad, dando aplicación a un régimen de responsabilidad objetiva. 2.2. PRECEDENTE Sobre el problema jurídico en estudio ya nos hemos ocupado en anteriores oportunidades. En concepto No. 012 del 21 de enero de 2011, se dijo: Como lo ha sostenido esta agencia del Ministerio Público en otras oportunidades2, el título de imputación de responsabilidad a la administración en los casos de privación injusta de la libertad es objetivo, cuando se absuelve por razones que se relacionan con la objetividad misma de la conducta ilícita3. 2.2.1. La jurisprudencia del Consejo de Estado ha delimitado el marco de la responsabilidad objetiva de la administración por casos de privación injusta de la libertad a los eventos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 y

a los casos en que se aplique el in dubio pro reo (strictu sensu). En sentencia de 20 de febrero de 2008, expediente 15980, se expresó: 2 Entre otros conceptos del 2010: 19 de enero (006) Exp 37104, 8 de febrero (024) Exp 36291, 16 de junio (145) Exp 37809 y 21 de julio (178) Exp 38365. 3 Concepto 178 del 21 de julio de 2010 Exp. 38895

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 4 Exp. 40739 “En estos eventos, la Sección Tercera ha explicado en varias ocasiones ocasiones4, al interpretar el artículo 414 del Decreto 2700 de 19915 (C. de P. P.), que la responsabilidad del Estado es de carácter objetivo y que, por lo tanto, no hay lugar a valorar la conducta de la autoridad que ordenó la detención. En otras providencias6, se concluyó además, que la responsabilidad del Estado se configura cuando se demuestra que la absolución del sindicado se debió a que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no estaba tipificada como punible. La posición actual de la Sala, plasmada en providencia del 18 de septiembre de 19977 y reiterada recientemente8, amplió la responsabilidad objetiva en los casos de privación injusta de la libertad, por cuanto ahora el daño se configura no solo ante la ocurrencia de los 3 supuestos previstos en el artículo 414 del C. de P. P., sino también cuando la absolución del

sindicado se produce por la aplicación del principio del “in dubio pro reo” , pues en los casos de duda sobre la responsabilidad penal de un sindicado, que conlleven a su absolución, debe entenderse que la privación de la libertad fue injusta, en aplicación de los principios de buena fe y de presunción de inocencia9 y que, esa situación - que la privación sea injusta - constituye uno de los elementos de la responsabilidad como es el daño, que resulta, por tanto, imputable al Estado.” (resalto y subrayo) 2.2.2. Actualmente, la tendencia mayoritaria de la Sección Tercera ha adoptado como criterio general que se imputa responsabilidad objetiva cuando el daño proviene de la privación de la libertad que se considera injusta siempre que el investigado termina absuelto. Frente a esta interpretación se ha postulado que, con fundamento en una lectura estricta y desde la dogmática penal de la norma, las hipótesis que comprende el artículo 414 del C. P. P. de 1991 corresponden a eventos en los cuales se concluye que no se configura en el caso ni siquiera el elemento de tipicidad. En consecuencia, en los casos en los que se exonere de 4 [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 30 de junio de 1994. Exp: 9734. Actor: Nerio José Martínez Ditta. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández; 12 de diciembre de 1996. Exp: 10.299. Actor: José Ángel Zabala Méndez.;

27 de septiembre de 2001. Exp: 11.601. Actor: Ana Ethel Moncayo. Consejero Ponente: Dr. Alier Hernández Enríquez; 4 de abril de 2002. Exp: 13.606. Actor: Jorge Elkin Mejía Figueroa. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez; 27 de noviembre de 2003. Exp: 14.530; Actor: José María Gerardo Chaves López y otros. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo Gómez. 5 [Pie de página de la cita] Publicado en el Diario Oficial 40.190 el 30 de noviembre de 1991 6 [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández, reiterada en sentencia del 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez. Sentencias que dictó la Sección Tercera el 5 de diciembre de 2007: Exp: 15.431. Actor: Ismael Enrique Peña Galvis. Demandado: Nación, Ministerio de Justicia.

Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.195. Actor: Henry Marín Garzón y otros. Demandado: Nación, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp: 16.591. Actor: Alberto Mesías Chávez y otros.

Demandado: Nación, Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. Exp:

16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra.

7 [Pie de página de la cita] Sentencia que dictó la Sección Tercera el 18 septiembre de 1997. Exp: 11.754. Actor: Jairo Hernán Martínez Nieves. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández. 8 [Pie de página de la cita] Sentencias que dictó la Sección Tercera: 4 de diciembre de 2003. Exp: 13.168. Actor: Audy Hernando Forigua y otros. Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez; 5 de diciembre de 2007. Exp: 16.629. Actor: Melquisedec López Poveda y otra. Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Consejero Ponente: Dr. Ramiro Saavedra Becerra. 9 [Pie de página de la cita] “ARTICULO 445. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente responsable. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse a favor del sindicado”.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 5 Exp. 40739 responsabilidad penal porque opera una causal eximente de antijuricidad o de culpabilidad la disputa sobre la responsabilidad que obliga a indemnizar ha de resolverse con el título de imputación ordinario: La falla en el servicio.

“(…) las causales eximentes de responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad o la culpabilidad, no están contenidas en ninguno de los tres eventos regulados en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, esto es: i) que el hecho no existió, ii) que el sindicado no lo cometió, o iii) que no constituía hecho punible. (…) (…) las tres circunstancias definidas por el legislador hacen referencia al tipo penal, mas no a los restantes elementos de la conducta punible. Y, si bien el último acontecimiento menciona el “hecho punible”, lo cual podría dar a entender que cualquier causal eximente de responsabilidad generaría el derecho a ser indemnizado sin ninguna consideración subjetiva, lo cierto es que la interpretación sistemática, histórica y teleológica de la norma permite concluir que el legislador determinó circunscribir esas tres hipótesis a sucesos en los que el funcionario judicial encuentra que el tipo penal no está configurado, esto es, que la conducta no es típica. En efecto, si el hecho no existió no es posible predicar la materialización de la acción contenida en el tipo; de otra parte, si el sindicado no lo cometió, a él no le es imputable objetivamente razón por la que tampoco se configura la tipicidad respecto del sindicado y, finalmente, si la conducta no constituía hecho punible, es porque no se encontraba así tipificada en el ordenamiento jurídico. En consecuencia, cuando se precluye un proceso penal por el hecho de haber operado una de las causales de exoneración de la responsabilidad penal que desvirtúan la antijuricidad del comportamiento (v.gr. legítima

defensa o el estado de necesidad, etc.) o la culpabilidad del mismo (v.gr. error de prohibición o de tipo, fuerza mayor o caso fortuito, etc.), no resulta admisible enmarcar la absolución en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la segunda parte del artículo 414 del C.P.P. de 1991; a contrario sensu, cuando se absuelve a una persona porque su conducta no fue antijurídica o culpable, lo procedente es reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad, pero con fundamento en la primera parte del precepto en comento, razón por la que será necesario acreditar que la limitación de la libertad ostentó el carácter de injusta, es decir, habrá que imputar el daño en cabeza de la administración pública con fundamento en la prueba de una falla del servicio. (…) (…) cuando la absolución se genera por la verificación de que la conducta sí existió y era típica, pero no antijurídica o culpable, lo cierto es que corresponde al ciudadano en aras de obtener la correspondiente reparación del daño que supuso la privación de la libertad, acreditar que la misma provino de una falla del servicio como por ejemplo de un análisis inadecuado de las pruebas o de los indicios

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 6 Exp. 40739 en que se fundamentó la medida de aseguramiento o de restricción de la libertad.” 10 (resalto y subrayo)

Para determinar cual es el título de imputación aplicable en el caso concreto, es necesario analizar la decisión por medio de la cual la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación a favor del señor Arenas Vélez de los cargos por los cuales fue investigado, pues su fundamentación permitirá determinar bajo que régimen de responsabilidad debe evaluarse la privación de la libertad de que fue objeto el señor Arenas Vélez fue injusta. 2.3. CASO CONCRETO Al proceso se aportaron copias auténticas del proveído que definió la situación jurídica, del proveído que modificó la medida de aseguramiento y del proveído por el cual se precluyó la investigación adelantada contra el señor Luís Roberto Arenas Vélez, por los punibles de fraude procesal y estafa en calidad de cómplice. Copias que se allegan unas por la parte actora y otras por la Fiscalía atendiendo el decreto de pruebas (fls. 138 a 140 C.1), de las cuales destacamos lo siguiente: - Proveído de 15 de septiembre de 2003 (fls. 24 a 47 C. 2) dictado por la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social y Otros – Fiscalía 298 Seccional de Bogotá, donde se definió la situación jurídica del sindicado Arenas Vélez con medida de aseguramiento de detención preventiva sin excarcelación, por los punibles de fraude procesal en concurso homogéneo y heterogéneo con falsedad material en documento público y estafa agravada y falsedad en documento privado. - Proveído de enero 15 de 2004 (fls. 10 a 12 C. 2) mediante el cual la Fiscalía General

de la Nación – Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social y Otros – Fiscalía 298 Seccional de Bogotá, donde se modificó la medida de aseguramiento respecto de Luís Roberto Arenas Vélez, en el sentido de mantener los cargos de fraude procesal y estafa no en calidad de autor sino de cómplice y en consecuencia reconoció el derecho a libertad provisional. - Proveído del 1° de julio de 2004 (fls. 48 a 57 C. 2) mediante el cual la Fiscalía General de la Nación – Unidad de Delitos contra el Orden Económico y Social y Otros – Fiscalía 298 Seccional de Bogotá, precluyó la investigación seguida en contra de LUIS ROBERTO ARENAS VELEZ de la imputación por los punibles de fraude procesal y estafa en calidad de cómplice, sostuvo lo siguiente: “De conformidad con lo previsto en el Art. 397 del C. P. P., dos son las formas únicas de calificar el mérito del sumario, bien a través de resolución de acusación o preclusión de la instrucción. Para que opere la primera posibilidad jurídica, se requiere que además de estar demostrada la ocurrencia del hecho, debe existir prueba alguna de las admitidas por las normas de procedimiento penal o cualquier otro medio de probanza, que en forma alguna indiquen la autoría o participación en el hecho investigado, de quien se ha de acusar. La otra alternativa calificatoria, procede cuando de manera inequívoca aparece demostrada alguna de las causales previstas en el Art. 39 de igual obra 10 Sección Tercera, sentencia de 5 de noviembre de 2009. Exp 17.117. Aclaración de voto del Consejero Enrique Gil Botero

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 7 Exp. 40739 procedimental, o sencillamente cuando no se copan a satisfacción los presupuestos necesarios para acusar. “(…) “Conforme a lo anterior, es absolutamente claro que independientemente de la responsabilidad penal que puede haber o no en el procesado LUIS ROBERTO ARENAS VELEZ, es inobjetable la certeza y el carácter de punible en el hecho denunciado, en donde concurren las siguientes conductas: estafa, falsedad material de particular en documento público y fraude procesal, ya que en ese orden se dieron los medios engañosos, con el fin de obtener provecho ilícito, se falsificaron además documentos públicos y se indujo en error a funcionarios o servidores estatales, con el fin de obtener acto administrativo contrario a la ley. “Así las cosas, compete al despacho ahora entrar a proveer sobre la responsabilidad que pueda haber en el sindicado VELEZ ARENAS (sic), es decir pronunciarse sobre el aspecto subjetivo y grado de responsabilidad. En consecuencia y en virtud al principio de economía procesal y dándose la comunidad probatoria y estrecha conexidad y acogiendo el postulado del Art. 238 del C. P. P., las pruebas deben ser apreciadas en su conjunto. “(…) “Para la instancia ciertamente y aunque resultaron acertadas las posturas que se tuvieron en cuenta para en su momento vincular a ARENAS VELEZ a la investigación, no es menos cierto que en razón a esa relación así fuera de manera irregular, entre VERA PIÑEROS y ARENAS, en la que el primero

actuaba como patrón y el último como dependiente en sus funciones de chofer, nada de extraño había en que verazmente éste actuara como medio o instrumento utilizado para el logro de los propósitos criminales trazados por el primero. Véase que sobre el particular, el mismo VERA PIÑEROS aceptó en su injurada que ARENAS laboraba como conductor particular suyo y que éste cumpliendo lo dispuesto por él, procedió a cobrar los cheques que se refiere fueron pagados por el comprador del inmueble. Y es que en verdad resulta obvio que apareciendo en el plano de la negociación en principio únicamente VERA PIÑEROS, el comprador LEMA ARCILA y su esposa, así como quien aparecía como titular inscrita del bien con domicilio en el exterior y las demás personas que poco a poco fueron haciendo presencia ya frente a los actos notariales de escritura pública, sin que prácticamente nada se dijera de una posición activa desarrollada por ARENAS, resulte que los dineros pagados en razón a ese negocio, hayan ido a parar a cuentas de éste o que los mismos fueran cobrados para sí por el mismo o para hacer parte de su patrimonio personal. Esta situación solo desborda a las claras, el manejo o la utilización que a éste se daba por parte de uno de los principales autores del hecho, específicamente por VERA PIÑEROS, quien prevalido de la posición y mando que ejercía sobre su conductor lo movía a su antojo ordenándole abrir cuentas que en el fondo eran manejadas a su amaño y acomodo; situación ésta que entre otras VERA no la niega, cuando cuenta que en efecto ARENAS sí cobró los cheques

pagados por LEMA, pero que tales dineros serían utilizados para él a su vez

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 FAX: 12094 REOG 8 Exp. 40739 efectuar algunos pagos o pasivos que adeudaba a un tercero, tercero que a su vez no le había recibido los títulos por cuanto no eran cheques emanados de la gerencia del banco. “Así las cosas, estima esta instancia que esa participación un tanto indirecta de ARENAS en el asunto investigado, solo pudo haber obedecido a la dependencia un tanto laboral que existió entre él y VERA PIÑEROS, al punto que si analizamos las diferentes indagatorias rendidas por los demás procesados quienes ya fueron objeto de calificación, puede advertirse que éstas prácticamente nunca se refirieron a su nombre, ni menos a que éste hubiera tenido alguna participación de buena o de mala fe, en lo que fue el desenvolvimiento de esa negociación, situación que ratifica más y más, que ésta solo se resumió en haber cobrado los cheques pagados por concepto de la misma, cumpliendo las ordenes del tan mencionado MARTIN FRANCISCO VERA PIÑEROS. Y es que si retrotraemos a la primera salida procesal del implicado, en la que entonces participó como declarante y bajo la formalidad del juramento, allí él ciertamente dijo que su profesión era la de conductor y con estudios únicamente hasta cuarto año de bachillerato, circunstancia ésta que la hace más vulnerable o susceptible de desconocer las consecuencias o la responsabilidad que conlleva abrir una cuenta

bancaria y el manejo que se le de a ella, a creer como se dice en lenguaje popular, que el cobrar o consignar un cheque en determinada cuenta bancaria y menos cuando se es titular de ella, constituya infracción a norma penal alguna. (resalto y subrayo) La decisión que decreta la preclusión, se fundamenta en la aplicación de un eximente de responsabilidad, pues se consideró que el señor Arenas Vélez obró en condiciones que implicaban “desconocer las consecuencias o la responsabilidad”, pues actuó sin la conciencia de que su obrar “constituya infracción a norma penal alguna” lo cual configura una causal de justificación (numeral 11 del art. 32 de la Ley 599 de 2000), evento que no se enmarca en ninguna la hipótesis de responsabilidad objetiva por detención injusta que contemplaba el derogado artículo 414 del Decreto 2700. En este orden de ideas, es evidente que al señor Arenas Vélez se le absolvió por haber actuado cobijado por una causal de justificación, presupuesto que es diferente de las hipótesis que se han aceptado para predicar una responsabilidad objetiva por detención injusta: (i) El hecho no existió, (ii) El sindicado no lo cometió, (iii) La conducta no constituía hecho punible – atipicidad – y (iv) In dubio pro reo. Como la preclusión se fundamenta en la aplicación de un eximente de responsabilidad, por haber obrado en condiciones que configuran una causal de justificación, el caso sub lite debe estudiarse entonces con fundamento en el titulo de imputación falla del servicio y no como un evento de responsabilidad objetiva.

2.4. DE LA FALLA DEL SERVICIO

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REOG 9 Exp. 40739

Para determinar si se está ante error jurisdiccional es necesario acudir a los medios de prueba del proceso penal por cuanto con base en ellos es que el operador judicial debía emitir su pronunciamiento. Es de destacar que en el plenario no reposan todas las piezas procesales del proceso penal adelantado en contra el señor Arenas Vélez, carga probatoria que le correspondía a la parte actora, solo obran el auto que le definió la situación jurídica, el proveído que modificó la medida de aseguramiento y el proveído por el cual se precluyó la investigación adelantada contra el señor Arenas Vélez y por tanto no es posible establecer si se incurrió en una falla del servicio (i) porque no se tienen los medios probatorios al alcance y (ii) porque no puede emitirse concepto con base en supuestos probatorios. En este orden de ideas, para esta agencia del Ministerio Público no está acreditado el error jurisdiccional y en consecuencia no es viable que se acceda a las pretensiones de la demanda. CONCLUSION En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita que el fallo recurrido sea confirmado en los términos precisados en este concepto, y en tal sentido eleva solicitud a la H. Sala de Decisión. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

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