PGN - FALLA DEL SERVICIO - No está probada la muerte del patrullero de la policía nacional en s

ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA-Por muerte de patrullero de la Policía Nacional, con arma de dotación oficial DAÑO ANTIJURÍDICO-Definición RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Por daños sufridos por miembros de la fuerza pública Las actividades desplegadas por los servidores de la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus funciones constitucionales se caracterizan por tener un alto nivel de riesgo para su integridad personal. Por eso, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo ha considerado que cuando una persona ingresa de manera voluntaria a prestar sus servicios a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad o cualquier organismo similar, en donde deba realizar actividades riesgosas para su vida e integridad personal, acepta la posibilidad de que tales riesgos se concreten; y es por esa razón que el Legislador estableció para dichos servidores un régimen prestacional especial. Por lo anterior, como los miembros de la Fuerza Pública que ingresan de manera voluntaria a prestar sus servicios a instituciones como el Ejército y la Policía Nacional asumen los riesgos propios de la actividad que ordinariamente desempeñan, cuando tales riesgos se concretan, en principio, la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal sufrida por los profesionales en ejercicio de sus funciones no resulta imputable al Estado. No obstante, dicha Corporación ha explicado que en los eventos en los cuales se demuestre que los daños sufridos por un miembro de las mencionadas instituciones fueron ocasionados como consecuencia de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al que hubiere sido expuesto, de mayor

entidad al que se hubieren visto sometidos sus demás compañeros en desarrollo de la misión encomendada, es atribuible al Estado la responsabilidad por tales daños. Así Las cosas, el Estado únicamente debe responder administrativamente por la muerte de un agente de la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones y por razones del servicio cuando se demuestre que la misma se dio como consecuencia de uno de los dos eventos mencionados en el párrafo anterior. FALLA DEL SERVICIO-No está probada la muerte del patrullero de la Policía Nacional en servicio activo En conclusión, como no se encuentra probada en el caso concreto la ocurrencia de una falla del servicio, y tampoco se demostró que el Patrullero de la Policía, hubiera sido expuesto a un riesgo excepcional, de mayor entidad del que soportaron sus compañeros en el operativo realizado el día 29 de julio de 1999, además de encontrarse configurada la culpa de la víctima, el Estado no debe responder administrativamente por la muerte del mencionado servidor. Bogotá D.C., 17 de agosto de 2011 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952)

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IUS-2011-293522 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 11-166

Acción de Reparación Directa Radicado: 180012331000200100173 01 (40952)

Actor: Isabel Cristina Farfán Gutiérrez y Otros

Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía

Nacional Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandada, mediante el cual solicita se revoque la sentencia de primera instancia y se denieguen las súplicas de la demanda, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

ANTECEDENTES

1-. Demanda Los señores ORLANDO DE JESÚS ZAPATA ROMERO, CARMENZA CANO DE ZAPATA y ANA YULIANI ZAPATA CANO, en calidad de padres y hermana de la víctima, por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa radicada bajo el número 180013331002-200100153-00, solicitaron al Tribunal Administrativo del Caquetá declarar administrativamente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL, de la muerte del señor GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO, ocurrida el día 29 de julio de 1999 con un arma de dotación oficial, y Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 2 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952) 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-293522 en consecuencia, condenar a la demandada a indemnizar a los demandantes

por los perjuicios morales y materiales ocasionados con dicho deceso. Fundamentaron la demanda, entre otros, en los siguientes hechos: El señor GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO, quien se desempeñaba como Agente de la Policía Nacional en el grado de Patrullero adscrito al Departamento de Policía de Caquetá, el día 29 de julio de 1999, a las 9:00 a.m., se encontraba como oficial de vigilancia en el Municipio de Florencia, cuando de la central de radio se informó sobre un sujeto que se encontraba disparando dentro de una casa de habitación. El patrullero ZAPATA CANO inmediatamente se dirigió hacia el lugar de los hechos ubicado en la carrera 16 No. 2-22 de Florencia, donde también hicieron presencia las patrullas de la SIJIN Alfa 19 y Alfa 20. Los agentes rodearon la zona y por información de un vecino establecieron que un individuo había disparado contra una menor que se encontraba al interior de la residencia. El patrullero ZAPATA CANO, con las precauciones dignas de un buen agente, ingresó al inmueble, se aproximó al sujeto que había disparado y logró despojarlo del arma de fuego, momento en el cual el agente de la SIJIN DIEGO RAMÍREZ GIRALDO, desconociendo por completo las medidas de seguridad propias del operativo, se aproximó al homicida FARID ZAMBRANO para aprehenderlo, pero éste reaccionó de manera violenta, arrebatándole su arma de dotación oficial, disparando en repetidas oportunidades contra GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO, quien ya se había retirado unos metros llevando consigo el arma del criminal.

El patrullero ZAPATA CANO fue llevado gravemente herido al hospital María Inmaculada de Florencia donde falleció minutos después. De igual forma, la señora ISABEL CRISTINA FARFÁN GUTIÉRREZ, en nombre propio y representación de su hijo GUSTAVO ADOLFO FARFÁN GUTIÉRREZ, por medio de apoderado judicial, demandó a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, en ejercicio de la acción Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 3 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952) 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-293522 consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, para que se declarara a la demandada administrativamente responsable de los perjuicios materiales y morales causados con la muerte del señor GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO, producida por arma de fuego de dotación oficial, en hechos ocurridos el 29 de julio de 1999, como consecuencia de un operativo policial irregular llevado a cabo por miembros de la SIJIN del Departamento de Policía de Caquetá, demanda radicada bajo el número 180013331002-2001-00173-00. Solicitó, como consecuencia de lo anterior, condenar a la demandada a reconocer y pagar a favor de los demandantes dichos perjuicios. Sustentó sus pretensiones en los siguientes hechos: La demandante, al momento de los hechos, estaba esperando un hijo del

señor GUSTAVO ADOPFO ZAPATA CANO, con quien convivía e iba a contraer matrimonio católico el día 18 de agosto de 1999. El 29 de julio de 1999, en la carrera 16 No. 2-22 de Florencia, miembros de la SIJIN procedieron a retener al señor FARID ZAMBRANO, quien acababa de dar muerte a la menor YEIMY LORENA PIMENTEL. El señor GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO forcejeó con el señor FARID ZAMBRANO para quitarle el arma de fuego que este tenía, pero de forma imprudente y con falta de profesionalismo, el compañero DIEGO FERNANDO RAMÍREZ GIRALDO disparó su arma de dotación oficial hiriendo a ZAPATA CANO en el tórax, médula espinal y cadera, heridas que posteriormente le causaron la muerte. - Mediante auto del 24 de septiembre de 2009, el Tribunal Administrativo del Caquetá decretó la acumulación de los procesos mencionados (C. 1. Fls. 198 y 199). 2-. Contestación de la demanda Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 4 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952)

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IUS-2011-293522 La NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, contestó la demanda, oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, y en

relación con los supuestos fácticos se atuvo a lo que resultara probado en el proceso. Argumentó que en la muerte del señor ZAPATA CANO intervino una persona ajena a la institución, presentándose el hecho de un tercero que la exonera de responsabilidad, por lo que no se puede, sin fundamento, decir que dicha muerte fue causada por el Agente DIEGO FERNANDO RAMÍREZ GIRALDO, indicando que en el Comando del Departamento de Policía de Caquetá, no se encontró mérito alguno para adelantar investigación disciplinaria formal en su contra. Además, indicó que en el caso concreto se presentó la culpa de la víctima como un eximente más de responsabilidad, expresando que el señor GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO procedió imprudentemente al omitir las instrucciones dadas por el señor Agente RAMÍREZ GIRALDO, quien se encontraba de jefe de la patrulla, ingresando abruptamente a la residencia, poniendo en riesgo la integridad física de sus compañeros y de la persona que estaba siendo amenazada; y que omitió realizar el procedimiento adecuado en el momento de desarmar al individuo al soltarle las manos, cuando debió asegurar el arma y someter al sujeto ya que lo había desarmado (C.1. Fls. 32 a 39 y C. 2. Fls. 54 a 63). 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo del Caquetá declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICIA NACIONAL por los perjuicios morales y materiales causados a los

señores ORLANDO DE JESÚS ZAPATA ROMERO y CARMENZA CANO DE

ZAPATA, en calidad de padres de la víctima, ANA YULIANI ZAPATA CANO, hermana, ISABEL CRISTINA FARFÁN GUTIÉRREZ, damnificada, y a GUSTAVO ADOLFO FARFÁN GUTIÉRREZ, hoy GUSTAVO ADOLFO ZAPATA FARFÁN, hijo de la víctima, y en consecuencia, la condenó a pagar, por concepto de perjuicios morales, para el padre y la madre de la víctima, el Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 5 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952) 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-293522 equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, y cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para la hermana de la víctima; por concepto de daño a la vida de relación, el valor correspondiente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para el hijo póstumo de la víctima; y por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de doscientos cincuenta y tres millones trescientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta y cinco pesos con setenta y tres centavos ($253’369.655,73) a favor de ISABEL CRISTINA FARFÁN GUTIÉRREZ, y la suma de ciento noventa y nueve millones quinientos noventa y cuatro mil doscientos veintiún pesos con once centavos ($199’594.221,11) a favor del menor de edad GUSTAVO ADOLFO FARFÁN

GUTIÉRREZ.

Para la adopción de las anteriores determinaciones, el Tribunal expuso las siguientes consideraciones: “Con fundamento en las pruebas precitadas, encuentra la Sala demostrado que la muerte de GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO se produjo el día 29 de julio de 1999 cuando se desempeñaba como agente de la Policía Nacional, adscrito a la dependencia de la SIJIN – DECAQ perteneciente al Departamento de Policía, Caquetá y como consecuencia de la intervención de un tercero quien arrebató el arma de dotación oficial del también agente de la Policía el señor Diego Fernando Ramírez Giraldo, tercero que accionó dicho elemento en contra de la humanidad de Zapata Cano, cobrando la vida de éste. (…) Daño que además lleva inmerso su carácter injusto, cuyo titular en las condiciones propias del presente asunto no tenía la obligación legal o jurídica de soportarlo; así mismo, dicho daño se caracteriza por ser efectivo, económicamente evaluable y susceptible de individualización personal o grupal. (…) … la Sala considera que si bien los disparos causantes del daño fueron hechos por un tercero, ello se dio por la falta de cautela y sagacidad de uno de los policiales de la patrulla en desarrollo del operativo; descuido que permitió que aquél se apoderara del arma de dotación oficial de éste produciendo el conocido resultado, de donde deviene la falla probada del servicio que aquí se observa. (…) Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 6 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

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IUS-2011-293522 En el caso concreto, encuentra la Sala que conforme a lo obrado dentro del plenario no se puede establecer que la conducta de la víctima fuera imprudente y omisiva de todo procedimiento policial, pues contrario sensu a lo manifestado por la accionada, el actuar del extinto patrullero ZAPATA CANO se ajustó a lo establecido por la Constitución Política, la ley y los reglamentos, procediendo acorde con la formación que la institución le proporcionó…” 4-. Recurso La parte demandada presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia, argumentando que no es admisible que por hechos de un tercero se le endilgue responsabilidad por la muerte del Patrullero de la Policía GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO, quien perdió la vida en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, pues estaba en peligro la vida de la señora MÉLIDA CUELLAR, por lo que de no haber actuado, hubieran sido otros los cuestionamientos para los policiales; indicando también que en el procedimiento policial no se presentó falla del servicio por un manejo imprudente de las armas. Expresó que en la muerte del señor ZAPATA CANO ocurrió una causa extraña como es el hecho exclusivo y determinante de un tercero, ya que quien accionó el arma de fuego fue el señor FARID ZAMBRANO, persona ajena a la institución policial; e indicó que no por el hecho de que el deceso

del uniformado se hubiera producido con un arma de dotación oficial le asiste responsabilidad a la demandada. De otro lado, argumentó que no se puede tener por legitimada para actuar por activa a la señora ISABEL CRISTINA FARFAN GUTIÉRREZ como tercera damnificada y prometida en matrimonio, como se establece en el fallo de primera instancia, puesto que no se había establecido ninguna relación con el occiso ni se demostraron los perjuicios morales, lo cuales sólo se presumen respecto a padres, hijos, cónyuge o compañera permanente y hermanos menores, sin que sean reconocidos por relaciones de noviazgo. Por último, en lo relacionado con los perjuicios materiales, dijo que no procede su reconocimiento, teniendo en cuenta que no se genera ningún Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 7 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952) 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-293522 lucro cesante puesto que la Policía Nacional debió haber realizado el reconocimiento prestacional al que tenían derecho los beneficiarios del extinto policial, a lo que guardó silencio la parte actora. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO  ¿Debe el Estado responder administrativamente por la muerte de un miembro de la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones y por razones del servicio?  ¿Se configura la responsabilidad a cargo del Estado en el caso concreto? ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1991 estableció en el artículo 90 de la Constitución

Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le fueran imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 8 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952)

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IUS-2011-293522 Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la

responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio iura novit curia, aplica en cada caso en concreto.

 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DAÑOS SUFRIDOS POR

MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA.

Las actividades desplegadas por los servidores de la Fuerza Pública en el cumplimiento de sus funciones constitucionales se caracterizan por tener un alto nivel de riesgo para su integridad personal. Por eso, el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo ha considerado que cuando una persona ingresa de manera voluntaria a prestar sus servicios a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad o cualquier organismo similar, en donde deba realizar actividades riesgosas para su vida e integridad personal, acepta la posibilidad de que tales riesgos se concreten; y es por esa razón que el Legislador estableció para dichos servidores un régimen prestacional especial1. Por lo anterior, como los miembros de la Fuerza Pública que ingresan de manera voluntaria a prestar sus servicios a instituciones como el Ejército y la Policía Nacional asumen los riesgos propios de la actividad que ordinariamente desempeñan, cuando tales riesgos se concretan, en principio, 1 Sentencia proferida por el Consejo de Estado el 18 de marzo de 2010. Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación No. 25000-23-26-000-1996-02591-01(17753).

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 9 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952) 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-293522 la afectación de los derechos a la vida y a la integridad personal sufrida por los profesionales en ejercicio de sus funciones no resulta imputable al Estado2. No obstante, dicha Corporación ha explicado que en los eventos en los cuales se demuestre que los daños sufridos por un miembro de las mencionadas instituciones fueron ocasionados como consecuencia de una falla en el servicio o de la materialización de un riesgo excepcional al que hubiere sido expuesto, de mayor entidad al que se hubieren visto sometidos sus demás compañeros en desarrollo de la misión encomendada, es atribuible al Estado la responsabilidad por tales daños3. Así Las cosas, el Estado únicamente debe responder administrativamente por la muerte de un agente de la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones y por razones del servicio cuando se demuestre que la misma se dio como consecuencia de uno de los dos eventos mencionados en el párrafo anterior.

 EXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD EN EL CASO CONCRETO.

En relación con el segundo problema jurídico, se encuentra acreditado que el señor GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO murió de forma violenta el día 29 de julio de 1999 en el municipio de Florencia, Caquetá (C. 1. Fl 4 y C. 2. Fl.

4), fecha en la que se desempeñaba como Patrullero de la Policía Nacional en servicio activo, entidad a la que había prestado sus servicios por un tiempo de 3 años, 6 meses y 4 días (C. 4. Fl. 158). Con respecto a las circunstancias de la muerte del señor ZAPATA CANO, obra en el expediente el siguiente material probatorio: - Copia del Protocolo de Necropsia No. 189 del 29 de julio de 1999 correspondiente al occiso GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO, remitida al Tribunal Administrativo del Caquetá por el Director Seccional del Instituto 2 Sentencia proferida por el Consejo de Estado el 17 de marzo de 2010. Magistrado Ponente: Mauricio Fajardo Gómez. Radicación No. 50001-23-26-000-1997-06298-01(17656). 3 Ídem. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 10 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952)

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IUS-2011-293522 Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según el cual el fallecimiento se produjo por shock hipovolemico por rotura de aorta ascendente debido a heridas por proyectil de arma de fuego (C. 3. Fls. 12 a 15). - Copia del Oficio No. 0289 del 29 de julio de 1999 (C. 6. Fls. 25 a 27),

mediante el cual el Agente DIEGO FERNANDO RAMÍREZ GIRALDO, Comandante de Patrulla Alfa 20 deja a disposición del Fiscal Cuarto Seccional de Florencia al capturado JOSÉ FARID ZAMBRANO, informándole que se le incautó un revolver calibre 38 largo, con tres vainillas y tres cartuchos en el interior del tambor, en hechos ocurridos esa misma fecha en la residencia ubicada en la carrera 16 No. 2-1 Barrio 17 de Enero, a la que, luego de que un ciudadano informara a la central de comunicaciones sobre unos disparos al interior de la misma, acudieron las patrullas Alfa 20, Alfa 19 y Alfa 16, conformadas la primera por el Agente RAMÍREZ GIRALDO DIEGO FERNANDO y el PT SANCHEZ SALCEDO JOSE JASNET, y las otras por el PT ZAPATA CANO GUSTAVO y el PT HEREDIA PINZON MILLER JOSUE. Respecto de lo ocurrido, narra dicho Agente que al llegar a la residencia los policiales vieron a la menor YEIMY ALEXANDRA PIMENTEL ZAMBRANO en el piso sin vida, y en la parte de atrás de la vivienda al señor FARID ZAMBRANO apuntándole con un arma de fuego a la señora MELIDA CUELLAR, de 60 años de edad, por lo que inicialmente ingresaron a la residencia el Patrullero ZAPATA, quien se abalanzó sobre el señor ZAMBRANO y lo tomó por la fuerza en colaboración con el Agente RAMÍREZ, acción en la cual logró quitarle el revolver a ZAMBRANO, pero éste continuó

forcejeando con los policiales, y logró despojar de la pistola de dotación oficial al agente RAMÍREZ GIRALDO, luego de lo cual la accionó en tres ocasiones, logrando impactar en dos oportunidades al Patrullero Zapata. De igual forma, señala que en ese momento llegó el DG. ALVARO ARENAS MEDINA para apoyar al Agente RAMÍREZ, quien logró despojar del arma al señor ZAMBRANO; y que el Patrullero ZAPATA CANO fue trasladado al Hospital María Inmaculada, donde falleció a causa de las heridas. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 11 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952) 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-293522 - Copia del Informe Administrativo por Muerte No. 025 de julio 30 de 1999 suscrito por el Comandante del Departamento de Policía de Caquetá, según el cual el fallecimiento del Patrullero ZAPATA CANO GUSTAVO ADOLFO ocurrió en actos del servicio, en el cumplimiento de su deber, al encontrarse atendiendo un caso de policía en compañía de otros miembros de la Policía, mencionando el derecho de sus beneficiarios al reconocimiento de los derechos consagrados en el Decreto 1091 de 1995, Régimen de Asignación y Prestaciones para el personal del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional (C. 6. Fl. 114). Con respecto a las circunstancias de la muerte, dicho informe dice:

“… En ese momento el AG. RAMÍREZ GIRALDO de la Sijin, decidió ingresar, desconociendo por completo las medidas de seguridad, seguido ingresó el PT. ZAPATA CANO, luego otro patrullero de la Sijin y en seguida lo hizo él; manifiesta que el AG RAMÍREZ trató de persuadir al sujeto para que entregara el arma, a lo cual el sujeto no accedió, entonces los otros dos (2) miembros de la Sijín se abalanzaron contra él, para despojarlo del arma, lográndole quitar un revólver LLAMA MARTIAL calibre 38 largo con tres (3) vainillas y tres (3) cartuchos; con el cual le había propinado siete (7) impactos de bala a la menor YEIMI PIMENTEL ZAMBRANO de 14 años de edad, estudiante de bachillerato y residente en el lugar de los hechos, la cual era sobrina del homicida, al quitarle el arma el individuo reaccionó violentamente y trató de arrebatarle de las manos la pistola de dotación al AG. RAMÍREZ GIRALDO, logrando oprimir el disparador, accionando la misma en varias oportunidades, propinándole tres (3) impactos de bala al PT. ZAPATA CANO, quien falleció minutos después en el Hospital María Inmaculada, conduciendo al sujeto a las instalaciones de la Sijín, identificándose como JOSE FARID ZAMBRANO…” - Oficio No. 543 COMAN DECAQ suscrito el 9 de diciembre de 2002 por el Comandante del Departamento de Policía de Caquetá (C. 4. Fls. 23 y 24),

mediante el cual da respuesta a los oficios No. 1664 y 1673 del 25 de noviembre de 2002 del Tribunal Administrativo de Caquetá, informándole que para el día 29 de julio de 1999, el extinto PT. GUSTAVO ADOLFO ZAPATA CANO se desempeñaba como Investigador en el Grupo de Delitos contra la Vida e Integridad Personal de esa Seccional, con disponibilidad para el Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 12 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952) 5aCdeE/IJJ/JVA IUS-2011-293522 servicio durante todo el día, debiendo prestar el apoyo necesario a las patrullas que así lo ameritaran. Con respecto a las funciones que cumplía el señor Agente DIEGO FERNANDO RAMÍREZ GIRALDO, y en cuanto a la orden de trabajo para el día de los hechos señala: “…es así que para dicho día el señor AG. RAMÍREZ GIRALDO DIEGO FERNANDO se encontraba cumpliendo funciones como Patrulla Disponible (Alfa 20) y por ende, debía conocer en primera instancia todos los casos relacionados con la alteración del orden público que se presentaran en el perímetro urbano de la ciudad de Florencia; además teniendo en cuenta la situación de urgencia que se estaba presentando, en donde se encontraba en riesgo la integridad física de terceros y en especial la vida de una menor de edad y su abuela, no daba tiempo para que la jefatura de la SIJIN para esa fecha, expidiera una orden de

Trabajo para poder conocer el caso, máxime cuando se confía en al (sic) instrucción que el comandante de la patrulla da a las personas que atenderían el requerimiento como así lo hizo el señor AG. RAMÍREZ GIRALDO DIEGO FERNANDO.” - Copia del Informe No. 0533 del 2 de agosto de 1999 presentado por el Mayor Jefe de la SIJIN DECAQ al Comandante del Departamento de Policía de Caquetá (C. 6 Fls. 12 y 13), según el cual el día 29 de julio de 1999, a las 08:45 horas, la central reportó que los vecinos de la residencia ubicada en la carrera 16 No. 2-12 Barrio 17 de Enero informaron de unos disparos con arma de fuego, por lo que fueron despachadas las unidades Alfa 20, Alfa 19, y Alfa 16. Dice el informe que ingresaron a la residencia el Patrullero ZAPATA, quien se abalanzó sobre el señor FARID ZAMBRANO para desarmarlo del revólver 38 largo que portaba; y el Agente RAMÍREZ, quien trató de ayudar a someter por la fuerza al homicida, pero éste lo despojó de la pistola, accionándola en tres oportunidades contra el señor ZAPATA, quien fue trasladado hasta el Hospital María Inmaculada para que recibiera atención médica, pero instantes después falleció. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 13 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 180012331000200100173 01 (40952)

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IUS-2011-293522 - Declaración del Agente de la Policía JORGE JASNETH SÁNCHEZ SALCEDO, rendida ente el Tribunal Administrativo de Caquetá, en la cual manifestó: “… los policiales allí presentes entre uniformados y de la SIJIN dispusimos el operativo para entrar sin haber terminado la reunión que estábamos haciendo en el lugar cuando observé que el señor patrullero ZAPATA sin ninguna compañía atravesó por frente de la residencia donde se encontraba la niña muerta y el tipo con el arma, asunto que para título personal me pareció muy peligrosa por que (sic) todavía no habíamos terminado de decidir lo que se iba a hacer…”; y a la pregunta sobre quién coordinaba o daba instrucciones para poder entrar a la casa y capturar al individuo armado, contestó: “En concreto no había nadie al mando, sino que entre todos los que acudimos al lugar en el pequeño mitin que hicimos acordamos la tarea que le correspondía a cada uno en el lugar” (C. 6. Fls. 154 a 156). - Declaración rendida el 15 de octubre de 2003 por el Agente de la Policía MILLER JOSUE HEREDIA PINZON ante el Tribunal Administrativo de Caquetá (C. 6. Fls. 157 a 159), en la que manifestó: “…es así como nos acercamos a la puerta de la vivienda con las medidas de seguridad del caso el señor Agente RAMÍREZ GIRALDO DIEGO, el señor patrullero ZAPATA CANO GUSTAVO ADOLFO y mi persona, yo quedé de la parte izquierda de la

residencia detrás de una reja y al frente mío estaban los otros do