PGN - FALLA DEL SERVICIO - No se allegó prueba técnica que demostrara que desbordamiento fuera

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad por falla del servicio por negligencia en realización de obras provocándose inundación ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Responsabilidad patrimonial del INVIAS ocasionándose perjuicios al presentarse inundación RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACÍÓN-En caso de inundaciones según Jurisprudencia del Consejo de Estado LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA-Jurisprudencia del Consejo de Estado FALLA DEL SERVICIO-No se allegó prueba técnica que demostrara que desbordamiento fuera consecuencia de negligencia de trabajos/TESTIMONIOS-No prueban que fallas sean imputables a INVIAS El análisis conjunto de la prueba permite concluir que si se demostró el daño consistente en la inundación de los predios de los demandantes se encuentra probado. Los actores alegan que el daño es consecuencia de falla del servicio, por la negligencia u omisión en la realización de los trabajos u obras civiles nuevas y algunas de carácter correctivo en la ribera del Río Cauca, pero con relación a esto no se allegó prueba técnica que indicara que el desbordamiento del río Cauca fuera consecuencia de trabajos hechos en forma negligente o por omisión de acciones correctivas a cargo de la entidad demandada. Los actores se limitaron a allegar testimonios que finalmente no refieren fallas que imputables al Instituto Nacional de Vías en la construcción del dique del río cauca en la región de la Mojana y que ellas fueran las causantes de los daños a los predios. DICTAMEN PERICIAL-No fue tenido en cuenta como prueba al no reunir parámetros legales Con la demanda se allegaron dictámenes que el Tribunal no tuvo como pruebas en razón a que:

“Los dictámenes periciales no contienen material que los sustenten, fueron aportados con la demanda, es de anotar que el Tribunal Administrativo de Sucre mediante acta No 003 resolvió no tener como pruebas los dictámenes periciales aportados con la demanda por no reunir los parámetros del inciso 2° del artículo 219 del CPA”. Adicionalmente, observa el Ministerio Público que en dichos dictámenes tampoco se indicó la razón del rompimiento del dique, solo se limitaron a valorar la tierras afectadas con la inundación y a la tasación de los perjuicios Se aportaron al proceso sendos contratos de obra suscritos por el Instituto Nacional de Vías – Invías con el fin de lograr la construcción de un dique marginal para la prevención de inundaciones en el sector de la Mojana, con sus respectivos contratos de interventoría. Entre ellos se allego el contrato No. 3412 suscrito por Instituto Nacional de Vías –Invías y CONSORCIO SUPREMO 334, objeto: CONSTRUCCIÓN DE DIQUE MARGINAL DESDE COLORADO HASTA ACHI – K38_000 – K 52 +000., lo que permite probar que Invías cumplió con la contratación de la obra. Igualmente se allegó copia del Convenio Interadministrativo No. 416 de 2010 suscrito entre Instituto Nacional de Vías – Invías y al Municipio de Achi – Bolívar el cual tenía como objeto la Atención de emergencias PROTECCION DE INUNDACIONES EN EL SITIO JOSE PINEDA MUNICIPIO DE

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Expediente No. 51.960 (700012333000201200156 01) ACHI DEPARTAMENTO DE BOLIVAR REGION DE LA MOJANA, obra que tuvo complicaciones por incumplimientos del Municipio de Achí, pero que finalmente fue ejecutada y recibida. CARGA DE LA PRUEBA-Regulación legal DAÑO ANTIJURÍDICO-No se configuró la falla del servicio/FALLA DEL SERVICIO-No se probó el nexo causal imputado al Instituto Nacional de Vías Así las cosas es claro que no se probó la falla en el servicio por parte de la entidad demandada (Instituto Nacional de Vías – Invías) y por tanto el daño padecido por los actores no le resulta imputable… Como quiera que en el presente caso no se probó la falla en el servicio por parte de la entidad demandada (Instituto Nacional de Vías – Invías), las pretensiones de la demanda no tienen vocación de prosperidad. El Ministerio Público considera que la sentencia recurrida debe ser confirmada, pero conforme a la argumentación expuesta en el presente concepto.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.:12056 FAX: 12094 Expediente No. 51.960 (700012333000201200156 01)

PROCURADURIA

PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 093 / 2015

Bogotá D. C., 7 de Mayo de 2015 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION TERCERA – Subsección C

Consejero Ponente Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa Ref: Proceso No 51.960 (700012333000201200156 01) Acción de Reparación Directa

Actor: Fernán Manuel Villegas Zambrano y Otros Demandado: Instituto Nacional de Vías – INVIAS El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. Demanda: El 27 de noviembre de 20121 (fls. 1 al 76 del c. ppal y 972 al 1000 del c.52) FERNAN MANUEL VILLEGAS ZAMBRANO, propietario de los predios Comentario

(antes el desvelo) y El Rosario; ELIANA DOMÍNGUEZ DE LA OSSA, propietaria del predio Santa Elena; FRANCISCO JAVIER GARAVITO DIAZ, propietario del predio Malagana; RAFAEL I. GARAVITO DIAZ, propietario de los predios San Javier y El Cambembe; AQUILES MANUEL y ORLANDO AQUILES MEJIA CARDENAS propietarios de los predios Florencia y la Esperanza; JAIRO MANUEL GARAVITO PEREZ, propietario del predio Los Lirios; FRANCISCO MONTERROZA FIGUEROA, propietario del predio Dios te libre; DOLORES BERDUGO DE CARRIAZO, propietaria del predio Montería; SOCIEDAD CARRIAZO BERDUGO LTDA. propietaria del predio las Dantas; ISAIAS N. CARRIAZO BERDUGO, propietario del predio Limoncito 1; ZOBEIDA M CARRIAZO BERDUGO, propietaria del predio Limoncito 2; SOCIEDAD AGROPECUARIA CARLOTAS

S.A.S. propietaria del predio Limoncito 3; DOMINGO H. CARRIAZO BERDUGO, propietario del predio Limoncito 4; comuneros o coopropietarios ALBERTO DIEGO y MARIA PATRICIA DE LA ESPRIELLA CARRIAZO, propietarios del predio Limoncito 5; MANUEL DEL CRISTO CADRAZCO SALCEDO, propietario de los predios Camar 1, Camar 2 y Camar 3; NAPOLEON JARABA BARRETO, propietario del predio La Envidia, y TULIA ISABEL JARABA CARDENAS, propietaria el predio La India demandaron al INSTITUTO NACIONAL DE VIAS -"INVIAS", para que se le declare administrativa y extracontractualmente responsable por los perjuicios morales, y materiales causados por falla o falta del servicio, por la negligencia u omisión en la realización de los trabajos u obras 1 Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2010, se presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 14 de septiembre de 2012, por lo tanto la demanda fue presentada en término. 2 Reforma de la demanda

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.:12056 FAX: 12094 Expediente No. 51.960 (700012333000201200156 01) civiles nuevas y algunas de carácter correctivo en la rivera del Río Cauca, dando como resultado daños en los predios y demás bienes que allí se encontraban como pastos, corrales, cercas, casas, equipos utilizados para la producción

agrícola y ganadera, etc., daños estos ocasionados como consecuencia de la inundación presentada el día 26 de septiembre del año 2.010. Se aduce que el daño ocasionado por el colapso del dique a orillas del rio cauca conllevó a que comenzara a verter parte de su caudal e inundara, como es lógico, en primer lugar las áreas de los municipios ribereños, y posteriormente siguió expandiéndose a las áreas de los municipios más distantes del Río hasta quedar inundada la totalidad de la región de la Mojana. Se alega que en este hecho hubo negligencia de los demandados por no evitar el colapso del tramo del dique, dado que no se efectuaron los trabajos necesarios de taponamiento del jarillón colapsado, que hubiese podido evitar la inundación de los terrenos de la jurisdicción de San Benito Abad donde están ubicados los predios de los demandantes. 1.2. Contestación de la demanda. (Fls. 39 al 43 del c.ppal) El Instituto Nacional de Vías – Invías solicitó denegar las pretensiones de la demanda, en razón a que la entidad no es la encargada y responsable de atender las inundaciones y sus consecuencias que ocurran en los diferentes puntos geográficos del territorio nacional por hechos de la naturaleza, entre otros. El Instituto Nacional de Vías no tiene a su cargo la responsabilidad de la formulación y adopción de las políticas gubernamentales, planes generales, programas y proyectos del sector administrativo que dirige, encaminadas a la solución de los hechos que fundamentan cada una de las pretensiones objeto de la presente acción, pues esa

responsabilidad corresponde a otros organismos del orden nacional, como los ministerios y departamentos administrativos, y del orden territorial, como los departamentos y municipios. Igualmente expone que no se encuentran probados en la demanda los perjuicios que reclama el actor y propone como excepciones: la falta de relación de causalidad entre la falla en el servicio y el daño causado, fuerza mayor y hecho de un tercero. Llama en garantía al Ministerio de Minas y Energía pero el Tribunal, mediante auto del 7 de junio de 2013, no accedió al llamamiento. (fls. 1064 al 1067 del c.6). 1.3. La sentencia de primera instancia: (fls. 1472 al 1487 del c. del Consejo de Estado). El Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre3 denegó las pretensiones de la demanda en razón a que la parte demandante no logro demostrar la existencia del daño antijurídico, el nexo causal y la acción y omisión de la autoridad pública, pues de las pruebas obrantes en el expediente se infiere el actuar diligente, eficiente y oportuno en la ejecución de los contratos, y el cumplimiento de las directrices de documento CONPES y de los estudios realizados por la Universidad Nacional de Colombia. El Tribunal Condenó en costas a los demandantes. 1.4. La apelación: (fls. 1494 al 1512 del c. del C.E) La parte demandante solicitó que se revoque la sentencia recurrida y se acceda a todas la pretensiones planteadas en la demanda y su reforma; alega, indica que en el proceso existen las pruebas suficientes 3 Sentencia del 19 de Junio de 2014

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.:12056 FAX: 12094 Expediente No. 51.960 (700012333000201200156 01) para declarar la responsabilidad del Invías, teniendo en cuenta que la obra DIQUE MARGINAL objeto del contrato 3412, en gran parte de su recorrido, terminó construida sin ningún soporte técnico adecuado y en pésimas condiciones.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema jurídico La controversia jurídica se contrae a establecer I) Si se encuentra probada la legitimación en la causa para demandar II) si en presente caso existe prueba del daño III) si debe ser declarado el Instituto Nacional de Vías - INVIAS administrativamente responsable por los perjuicios que reclaman los demandantes por falla del servicio por omisión de la administración que provocó la inundación presentada el día 26 de septiembre del año 2.010.

La SECCION TERCERA - SUBSECCIÓN A, en sentencia de 12 de septiembre de

2012. Radicación número: 15001-23-31-000-1995-05018-01(21245), precisó en punto a la responsabilidad en caso de inundaciones lo siguiente: “La Sala, de tiempo atrás ha dicho que la falla del servicio ha sido en el derecho colombiano, y continua siendo, el título jurídico de imputación por excelencia para desencadenar la obligación indemnizatoria del Estado; en efecto, si al Juez Administrativo le compete una labor de control de la acción administrativa del Estado y si la falla del servicio se configura, en últimas por el

incumplimiento o el cumplimiento defectuoso de un deber a su cargo, no hay duda de que se trata del mecanismo más idóneo para desencadenar la responsabilidad patrimonial de naturaleza extracontractual4. (...) Se le exige al Estado la utilización adecuada de todos los medios de que está provisto, en orden a cumplir el cometido constitucional en el caso concreto; si el daño se produce por su incuria en el empleo de tales medios, surgirá su obligación resarcitoria; por el contrario, si el daño ocurre pese a su diligencia, no podrá quedar comprometida su responsabilidad. (...) Respecto de la falla del servicio por omisión de la Administración en el cumplimiento de una obligación a su cargo, la Sala ha expuesto: “En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios5; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño6. Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de

haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión7. 4 (pie de página de la cita) Sentencias del 13 de julio de 1993, expediente No. 8163 y del 10 de marzo del 2011, expediente 17.738, entre muchas otras. 5 (pie de página de la cita) Sentencia del 23 de mayo de 1994, exp: 7616. 6 (pie de página de la cita) Sentencia de 26 de septiembre de 2002, exp: 14.122.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.:12056 FAX: 12094 Expediente No. 51.960 (700012333000201200156 01) No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas8, en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”9. Aunque, se destaca que esta misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían10”11. (...) Como se observa, la referida Subsección B, a través de dos sentencias y con fundamento prácticamente en las mismas pruebas que obran en el presente proceso, tuvo la oportunidad de

referirse, in extenso a la responsabilidad que podía endilgársele a la entidad demandada en razón a los daños ocasionados por las inundaciones originadas por el desbordamiento de la Laguna de Fúquene en el mes de mayo de 1993, para concluir que no era posible imputarle a la CAR, los referidos daños, comoquiera que a pesar de las actuaciones y obras realizadas por dicha entidad para el cumplimiento de las obligaciones que le correspondían, dada la grave temporada invernal que se presentó en ese año, sumada a las condiciones de los terrenos aledaños que tornaban muy lento el desagüe de la laguna y a la orden de cerrar las compuertas de Tolón proferida por un juez de tutela, situación que dificultó aún más las labores de drenaje, fue imposible para la entidad demandada controlar las inundaciones generadas por estas causas. 7 (pie de página de la cita) “...conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño”. Sentencia de 21 de febrero de 2002, exp:12.789.

8 (pie de página de la cita) Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, exp. 11.585. 9 (pie de página de la cita) Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, exp. 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que "nadie es obligado a lo imposible". Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1.977 en donde dijo: "Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio". (Exp. N° 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre

1.977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que "la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones", ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub - lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de Derecho”. 10 (pie de página de la cita) En sentencia de 14 de mayo de 1998, exp. 12.175, dijo la Sala: “...si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado Colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de

la realidad social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos”, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia presupuestal”. 11 (pie de página de la cita) Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 27 de abril de 2011. Exp: 20368. MP: Ruth Stella Correa Palacio.

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.:12056 FAX: 12094 Expediente No. 51.960 (700012333000201200156 01) Lo anterior sumado a la consideración de que no se logró determinar que la causa directa y eficiente de las inundaciones hubiere sido la falta de limpieza y mantenimiento de las malezas y los sedimentos detectados en los lechos de los cauces y lagos, labores que, vale la pena

reiterarlo, si bien le correspondían a la CAR, lo cierto es que su cumplimiento, como se expuso en las dos sentencias citadas, desbordaba su capacidad técnica y económica. En consecuencia, dado que los daños alegados en el libelo introductorio el proceso citado en la referencia no son imputables a la entidad demandada, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia.” (Resalto y subrayo). 2.1.1. LEGITIMACION EN LA CAUSA POR ACTIVA En cuanto a la legitimación en la causa para demandar ha indicado el Consejo de Estado lo siguiente12: “(…) el ordenamiento jurídico procesal, la legitimación en la causa es entendida como la calidad que tiene una persona para formular u oponerse a las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto de la relación jurídica sustancial, de modo que, cuando la controversia se centra en la reclamación por un daño causado a un bien inmueble, como ocurre en este caso, el legitimado para ejercer la acción es quien demuestre tener la calidad de propietario, poseedor o tenedor de dicho bien, según la condición con la cual se presente al proceso y, en el sub lite, es claro que los actores comparecieron a esta causa alegando la calidad de propietarios de los predios en mención, condición que aquí no se demostró; en consecuencia, subyace una falta de interés de los actores y, por ende, las pretensiones no pueden tener vocación de prosperidad. Sobre el tema de la falta de legitimación en la causa, resulta apropiado traer a colación lo que la Sala ha manifestado al respecto: “La legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran

como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Cuando ella falte bien en el demandante o bien en el demandado, la sentencia no puede ser inhibitoria sino desestimatoria de las pretensiones aducidas, pues querrá decir que quien las adujo o la persona contra las que se adujeron no eran las titulares del derecho o de la obligación correlativa alegada”.13 El Ministerio Público observa que con los correspondientes certificados de tradición se acreditó: - Fernán Manuel Villegas Zambrano es propietario del predio “COMENTARIO y EL ROSARIO”: folios de matrícula inmobiliaria No.347-19606 y 3479222 (fls. 113 y 114 c.1). - Eliana Domínguez de la Ossa es propietaria del predio Santa Helena: matricula inmobiliaria 347-20852 (fl. 126 del c.1). - Francisco Javier Garavito Díaz es propietario del predio Malagana: Matricula 12 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo Sentencia del 11 de abril de 2012 Radicación número: 85001-23-31000-1999-00340-01(23036). 13 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de octubre de 1990, expediente No. 6054

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.:12056 FAX: 12094 Expediente No. 51.960 (700012333000201200156 01)

Inmobiliaria 347-6427 (fl. 127 del c.1). - Rafael I. Garavito Díaz es propietario de los predios SAN JAVIER y CAMBEMBE, matriculas inmobiliarias Nos. 347-1066 y 347-10069. (fls. 130 y 131 del c.1). - Aquiles Manuel y Orlando Aquiles Mejía Cárdenas son propietarios de los predios “FLORENCIA y LA ESPERANZA”, matriculas inmobiliarias 347-11154 (fl. 143 y 144 del c.1). - Jairo Garavito Pérez es propietario del predio “Los Lirios”, matricula inmobiliaria 34710379 (fl. 157 del c.1). - Francisco Monterroza Figueroa es propietario del predios Dios te libre, matricula inmobiliaria No. 347-17840 (fl. 163 del c.1). - Dolores Berdugo de Carriazo es propietaria del predio Montería, Matricula Inmobiliaria No. 347-3134 (fl. 189 del c.1). - Sociedad Carriazo Berdugo Ltda. es propietaria del predio Las Dantas, Matricula Inmobiliaria 347-7056 (fl. 203 del c.2). - Isaías Nicolás Carriazo Berdugo es propietario del predio limoncito 1, ubicado en el Municipio de San Benito Abad, Matricula Inmobiliaria 347-22025 (fl. 207 c.2). - Zabeiba M Carriazo Berdugo es propietaria del predio limoncito 2, matrícula inmobiliaria No. 347-22026 (fl. 208 del c. 2). - Sociedad Agropecuaria Carlota S.A.S es propietaria del predio Limoncito 3, matricula

inmobiliaria No. 347 22027 (fl. 209 del c.2). - Domingo Hernán Carriazo Berdugo es propietario del predio Limoncito 4, matricula inmobiliaria No. 347 22028 (fl. 210 del c.2). - Alberto Diego y María Patricia de la Espriella Carriazo son propietarios del predio Limoncito 5, matricula inmobiliaria No. 347 22029 (fl. 211 del c.2). - Manuel del Cristo Cadrazco Salcedo es propietario de los predios Camar 1, 2 y 3, matrículas inmobiliarias No.347-23788, 347-23568 y 347-21935 (fl. 220 al 223, 229 y 230 y 234 del c.2). - Napoleón Jaraba Barreto es propietario del predio La Envidia, matricula inmobiliaria No. 347-165 (fl. 238 y 239 del c.2). - Tulia Isabel Jaraba Cárdenas es propietaria del predio La India, matricula inmobiliaria No. 3474211 (fls. 247 al 244 del c.2) Teniendo en cuenta ello se acreditó la calidad de propietarios que alegaron los demandantes de los terrenos que sufrieron los daños cuya indemnización es objeto de

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Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.:12056 FAX: 12094 Expediente No. 51.960 (700012333000201200156 01) demanda.

2.1.2 DEL HECHO DAÑOSO Y LA CAUSA DEL DAÑO

El hecho dañoso es la inundación ocurrida en septiembre de 2010, que afectó las propiedades de los actores. Al respecto se encuentran las siguientes pruebas: (i) Oficio No 0033 del 19 de febrero de 2014, suscrito por el Coordinador del Consejo Departamental del gestión del Riesgo de desastres CDGRD – Sucre dirigido al Secretario del Tribunal Administrativo de Sucre (fls. 1329 y 1330 del c.7) en el que se indica lo siguiente: “Con relación a su segunda solicitud relacionada a la situación de la inundación presentada en el año 2010 en la zona de la mojana e informe o consolidado de las afectaciones en todo el Departamento y específicamente en la región de la mojana y si se llevó a cabo algún tipo de censo de damnificados, me permito informarle que el Municipio de majagual reportó la cifra Siete Mil Doscientas Cinco (7.205) familias para un total Veintisiete Mil Trescientos Nueve (27.309) personas, pero revisada la base de datos del Registro Único de damnificados adelantado por el DANE en el Departamento de Sucre y de acuerdo a su solicitud, si las personas que usted relaciona en dicho requerimiento se encuentran en algún tipo de censo, me permito informarle que los señores ELIANA DOMINGUEZ DE LA OSSA, FRANCISCO JAVIER GARAVITO DIAZ,

RAFAEL GARAVITO DIAZ, AQUILES MANUEL MEJIA CARDENAS, ORLANDO AQUILES MEJIA

CARDENAS, JAIRO MANUEL GARAVITO PEREZ, RUTH DEL CARMEN ALVAREZ SALGADO,

SAS. DOMINGO CARRIOAZO BERDUGO, MANUEL DEL CRISTO CADRAZCO SALCEDO,

NAPOLEON JARABA BARRETO, ALBERTO DIEGO DE LA ESPRIELLA Y MARIA PATRICIA DE LA ESPRIELLA CARRIAZO, no se encuentran registrados como afectados o damnificados. (Resalto y subrayo). (ii) Fotocopia del Periódico el MERIDIANO del 26 de junio de 2010 en donde se refiere la inundación de un sector de la Mojana. (fl. 255 del c.2). (iii) Fotocopia del Periódico el MERIDIANO del 24 de junio de 2010 que titula “Mojaneros, asustados con furia del Río Cauca” (fl. 256 y 257 del c.2). (iv) Fotocopia del Periódico el MERIDIANO del 17 de marzo de 2011 donde se dice: “Cierre de chorros aún no empieza” (fl. 259 del c.2). (v) Oficios del 20 de febrero de 2008 dirigidos a la Presidencia de la República, Ministerio de Transporte, Ministerio de agricultura, Gobernación de Sucre y Alcaldía de Guaranda – Sucre, suscrito por agricultores, ganaderos y dueños de fundos en la región en el cual advierten de “posibles nuevas catástrofes invernales por penetración y desbordamiento del rio Cauca por los ya reconocidos punto de alerta y algunos nuevos que las autoridades Municipales se han encargado de hacer público ante las instancias nacionales, ello en las riveras que colindan con los Municipios de Majagual, Guaranda en Sucre; Achi (Bolívar); San Jacinto del cauca y una porción del Departamento de Córdoba”. (fls. 37 al 46 del c.2).

PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 9

Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 PBX: 5878750 Ext.:12056 FAX: 12094 Expediente No. 51.960 (700012333000201200156 01) (vi) Documento CONPES del 17 de abril de 2006 en donde se plantea apoyar aquellos Municipios afectados por la ola invernal de 2005 y la iniciación de obras de carácter multipropósito como el proyecto “Construcción de Dique con compuertas, Estructura de Control Hidráulico y Terraplon Vía San Marcos – Majagual –Achí”. S definen estrategias de mediano y largo plazo para toda la Ecoregión de la Mojana. (fls