PGN - FALLA DEL SERVICIO - Por omisión en el cumplimiento de sus deberes

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTAFalla en el servicio RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO-Marco teórico Encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, determinando que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Así mismo el Consejo de Estado, en pronunciamientos recientes ha explicado que… RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Jurisprudencia del Consejo de Estado En principio la jurisprudencia del H. Consejo de Estado consideró que el régimen bajo el cual debía hacerse el análisis de la responsabilidad del Estado era el objetivo, régimen que se acogió con el argumento de que las entidades penitenciarias y carcelarias del país asumían frente a los reclusos una obligación de resultado, en virtud de la cual debían reintegrarlo a la sociedad en iguales o mejores condiciones físicas y mentales de las que se encontraba al ser privado de la libertad. Sin embargo, al evidenciar la Corporación que lo que se presenta en estos casos es el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso o tardío de los deberes de custodia y vigilancia inherente al servicio carcelario, concluyó que el régimen de responsabilidad que debe aplicarse es el de la falla en la prestación del servicio. CONSEJO DE ESTADO-Expone sobre la protección de los derechos de los reclusos FALLA DEL SERVICIO-Por omisión en el cumplimiento de sus deberes CONSEJO DE ESTADO-Señala unos presupuestos para que proceda la

responsabilidad estatal PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Por el delito de homicidio agravado FALLA DEL SERVICIO-Atribuible al Instituto Nacional Penitenciario y carcelario por no autorizar la asistencia del recluso a que le practicaran el tratamiento requerido Del análisis efectuado al plenario, se concluye que, de acuerdo con las pruebas referidas en renglones precedentes, existió una falla en el servicio atribuible al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, representada en el hecho de no haber autorizado la asistencia del recluso … a que se le practicara el tratamiento requerido para la enfermedad que padecía, el cual lo había ordenado la Junta Oncológica del desaparecido Hospital Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01 Universitario Ramón González Valencia, sumado a esto, se tiene que el paciente venia desmejorando en su estado de salud lo que evidencia que el recluso no fue remito de manera oportuna a un centro hospitalarios para que se le prestaran los servicios médicos que permitieran una mejoría en su condición de salud, lo que a la postre denoto en su deceso el día 29 de enero de 2005. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ha debido velar por un trato digno al recluso, lo que implicaba una oportuna y adecuada prestación del servicio médico asistencial, ya que al estar el señor … privado de la

libertad, no podía acudir a un centro médico o a un especialista, por sus propios medios. Realizando un análisis de lo solicitado por el apoderado de la parte actora en el recurso de alzada, en el sentido de que se debe declarar la responsabilidad solidaria de las demás entidades accionadas, encuentra esta Delegada del Ministerio Público que en el caso bajo estudio la falla en la prestación del servicio estuvo en cabeza del INPEC, entidad que de manera negligente no autorizó el traslado del interno a un centro asistencial para que recibiera los servicios médicos oportunos teniendo en cuenta su estado de salud, así como también negó la comparecencia del recluso a realizarse el tratamiento médico ordenado para su enfermedad. Por lo anterior, observa esta Delegada al igual que ya lo hizo A quo, que no existe nexo de causalidad entre las actividades desplegadas por otras entidades demandadas con el daño sufrido por el señor Barrera Cordero y su familia. RAMA JUDICIAL-No reposa prueba de la parte actora sobre solicitud de suspensión de la privación de la libertad por su estado grave de salud Frente a la responsabilidad de la Rama Judicial, se tiene que dentro del material probatorio arrimado al expediente, no reposa prueba con la que la parte activa lograre demostrar que realizó las solicitudes del caso, tendientes a que se suspendiera la privación de la libertad al señor… por su grave estado de salud o se le cambiara la modalidad de medida aseguramiento en establecimiento carcelario por hospitalario o domiciliaria. Cabe resaltar que la población carcelaria en el país es amplia y que si no media una solicitud, se torna complicado identificar las condiciones de salud de cada uno de los internos. Por lo anterior considera esta delegada que no resulta procedente

endilgarle responsabilidad la Rama Judicial. INDEMNIZACIÓN POR LUCRO CESANTE-La parte actora no demostró su actividad laboral que desarrollaba el occiso Esta delegada del Ministerio Público, considera que no hay lugar a indemnización por lucro cesante, toda vez que la parte actora no demostró la actividad laboral (agrícola) que supuestamente desarrollaba el señor Barrera Cordero antes de ser privado de la libertad, que por el contrario el Director del Instituto Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario Bucaramanga, certificó que el fallecido no tenía ninguna actividad laboral. INDEMNIZACION DE PERJUICIOS MATERIALES-En la modalidad de daño emergente 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12º PBX. 5878750 Ext. 12761 CAR

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01 Respecto a los perjuicios materiales, se tiene que por daño emergente se solicitó a favor de los demandantes lo correspondiente a los gastos en los que incurrieron con ocasión del sepelio del señor …, sin embargo no se allegó ninguna prueba que acreditara tales erogaciones, y cuando fueron aportadas el H. Consejo de Estado en auto del 12 de junio de 2017, manifestó que el periodo probatorio ya se encontraba vencido, motivo por el cual no procede lo solicitado por el apelante con relación al reconocimiento por este concepto. FALLA EN EL SERVICIO-Incurrió el Instituto Penitenciario y carcelario (INPEC),

por omisión en el cumplimiento de sus funciones De lo anterior expuesto, esta Delegada del Ministerio Público concluye que el Instituto Penitenciario y carcelario (INPEC) organismos encargado de velar por la población carcelaria en Colombia, incurrió en omisión en el cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales por no haber tomado las medidas necesarias para proveer al occiso, de los servicios médicos requeridos para el tratamiento de la enfermedad que padecía. Con lo anterior estructuró la falla en el servicio por omisión porque a pesar de que de que la Junta Medica Oncológica había ordenado un tratamiento para el hoy finado, el INPEC jamás autorizó la salida del interno a recibir dicho procedimiento. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN-Naturaleza de su función De otro lado, es de recordar que la naturaleza de la función de la Procuraduría General de la Nación, por mandato constitucional es la de velar por el interés público, la defensa del patrimonio y la preservación de los Derechos Humanos, en el presente caso se observó que se acreditaron los presupuestos de la falla en el servicio a título de imputación del régimen objetivo, por tanto ésta Delegada solicita respetuosamente se CONFIRME la sentencia apelada. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12º PBX. 5878750 Ext. 12761 CAR

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01

CONCEPTO No. 120 / 2017

Bogotá, D.C., 24 de julio de 2017.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctora MARTA NUBIA VELÁZQUEZ RICO.

E. S. D.

EXPEDIENTE: 680012331000200600929 01 (50674)

ACCIÓN: Reparación Directa

ACTOR: Juan De Jesús barrera Ladinez.

DEMANDADAS: Rama - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

(INPEC) y otros.

Sentido del concepto: solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida. Se configuró el daño antijurídico / Se acreditaron los elementos de la falla del servicio de la entidad demandada bajo el régimen de responsabilidad objetiva debido a la especial relación jurídica de sujeción a la cual somete el Estado a la persona que por su cuenta y decisión priva de su libertad / El Estado asume por completo la seguridad de los internos.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, además de la protección del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12º PBX. 5878750 Ext. 12761 CAR

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Expediente No. 50674

680012331000200600929 01

I. ANTECEDENTES

1.1.Demanda. El señor Juan De Jesús barrera Ladinez y otros, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, entablaron demanda, contra la Nación – Ministerio de Justicia; Rama Judicial; Consejo Superior de la Judicatura; Fiscalía General de la Nación; Hospital Universitario Ramón González Valencia-Liquidado; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); Departamento de Santander y Ministerio de la Protección Social, para que se les declare administrativamente responsables por los daños y perjuicios ocasionados a los demandante, a consecuencia de la condena, el maltrato sufrido desde el momento mismo de su captura, reclusión en cárcel común a pesar del grave estado físico que presentaba como consecuencia de la enfermedad terminal que padecía, y la posterior muerte del recluso, Jesús barrera Cordero (Q.E.P.D.), acontecida el día 28 de enero de 2004 en la ciudad de Bucaramanga. 1.2. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, en sentencia adiada el 07 de mayo 2013, resolvió acceder las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:  Consideró la Sala que, no cabe duda que se presentó una conducta negligente omisiva y constitutiva por parte del Instituto de mediana seguridad carcelario de Bucaramanga, al no remitir al interno Jesús Barreto a su tratamiento de quimioterapia, el cual había sido ordenado por parte de la Junta Oncológica del

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01 extinto Hospital, tal como se consignó en la historia clínica, dentro del material probatorio no obra prueba de las ordenes de remisión del interino para tal fin. Aunado a lo anterior el interno presentaba 15 días de evolución de su enfermedad al 28 de enero de 2004, lo que quiere decir que este no fue remitido oportunamente al centro hospitalario con el de tener la oportunidad de recuperarse en su salud, produciendo así su fallecimiento el día 29 de enero siguiente como consecuencia del cáncer terminal de páncreas – metastasico, síndrome anémico secundario y dolor abdominal, siendo esta situación objeto de que allí se encuentran recluidas, como también el deber de brindarles un servicio médico oportuno.  En conclusión, la sala evidenció que el daño producido por el INPEC, tiene su origen directo en la negligencia y tardanza en la remisión que requería el señor Jesús barrera Cordero al centro hospitalario con el fin de que se trataran sus padecimientos y poderle brindar el chance u oportunidad de restablecer su salud satisfactoriamente.  Frente a la actuación de las otras entidades demandadas dijo la Sala que, aunque se encontraba legitimadas de hecho por pasivas, es también claro que carecían totalmente de legitimación material, por cuanto el hecho dañoso que se

alega tuvo su origen en una actuación del INPEC, como fue la tardanza en la remisión del interno al centro hospitalario para que recibiera la atención medica correspondiente, lo que da lugar a denegar las pretensiones de la demanda respecto de estas entidades. Continuó la Sala haciendo referencia a lo señalado por el demandante en sus alegatos de conclusión en el que manifiesta que la Rama judicial es responsable al no haberle otorgado el beneficio de la suspensión de la privación de la libertad, 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12º PBX. 5878750 Ext. 12761 CAR

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01 ante la enfermedad grave que padecía el interno, pero el A quo no observa dentro el material probatorio que la parte accionante haya realizado solicitud alguna al Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas que vigilaba la condena del señor Barrera, para que se otorgara tal beneficio, por tal razón no se puede probar su responsabilidad. Asimismo, se indica en la demanda que la familia del occiso acudió a la Defensoría del Pueblo para que interviniera en la concesión de la casa por cárcel a su familiar, hecho que según la Sala tampoco fue probado en el proceso.  Finalmente la Sala hizo referencia a que, en el presente caso no se probaron los daños materiales en tanto que no obran pruebas de los gastos o erogaciones que incurrieron los demandantes con ocasión de la muerte del señor

Jesús Barrera Cordero, como tampoco del lucro cesante, en tanto que el occiso no laboraba según informa el Director del Instituto Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Bucaramanga y en consecuencia se denegarán las pretensiones respecto del reconocimiento del daño emergente y el lucro cesante. 1.3. Argumentos de la apelación 1.3.1. El apoderado de la parte actora presentó recurso de apelación en contra del fallo proferido el 07 de mayo del 2013, solicitando sea este modificado, manifestando en síntesis lo siguiente:  Solicitó se dé aplicación al principio de la reparación integral, consagrado como de obligatoria observancia por el artículo 16 de la Ley 446 de julio 7 de 1998, declarando la responsabilidad estatal, tal como se solicitó en la demanda, por la totalidad de los daños y perjuicios de todo orden causados a los demandantes, entre ellos el dolor moral que les significó a los padres y hermanas de la víctima el que se le haya violado tan flagrantemente su derecho a morir con 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12º PBX. 5878750 Ext. 12761 CAR

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01 dignidad.  Manifestó que con independencia de la grosera violación de este derecho, que se declare que el INPEC es administrativamente responsable de la muerte del señor Jesús Barrera Cordero, pues a pesar de hallarse enfermo de cáncer era

posible su sobrevivencia si hubiese recibido el tratamiento de quimioterapia que con carácter curativo le había sido ordenado por el personal científico del hospital, mismo del cual el INPEC, inexplicablemente, lo privó al no conducirlo al centro asistencial para que lo recibiera. Si estadísticamente está aceptado que un porcentaje, así no sea muy alto, de pacientes enfermos de cáncer de páncreas sobrevive luego de ser tratados científicamente, no hay razón válida alguna para suponer que Jesús Barrera Cordero no estuviera en ese grupo supérstite. Así las cosas por haber privado al señor Jesús Barrera Cordero de la oportunidad que tenía para restablecer su salud, el INPEC debe responder, igualmente, ante sus seres queridos por ese otro rubro indemnizatorio.  Pidió, sean condenadas solidariamente las demás entidades demandadas, pues el señor Jesús Barrera Cordero también se encontraba a disposición de ellas. Que, en cuanto a los daños extrapatrimoniales reconocidos, se eleve el monto otorgado en la sentencia de primera instancia al máximo que, para el momento del fallo de segunda instancia, esté reconociendo la jurisprudencia.  Finalmente solicitó, que teniendo en cuenta la actividad agrícola que desarrollaba el señor Jesús Barrera Cordero antes de ser aprehendido, y la avanzada edad de sus padres, lo mismo que la pobreza de esta pareja de campesinos que lo tenían como su único hijo varón, se condene a la parte demandada a indemnizarlos por lucro cesante, tomando como base el salario 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01 mínimo legal. Igualmente pidió que se condene a la parte demandada a reparar el daño emergente, por el valor del sepelio del señor Jesús Barrera Cordero.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. 2.1.1. Problemas planteados por el apoderado de la parte actora:  ¿Debe declararse la responsable solidariamente a las entidades demandadas por la muerte del señor Jesús Barrera Cordero, como consecuencia de la enfermedad terminal que padecía estando recluido en el Instituto Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario de Bucaramanga?  ¿Debe declararse la responsabilidad administrativa de la Rama Judicial, al no concedérsele la suspensión de la privación de la libertad el señor Barrera Cordero, debido al grave estado de salud que padecía el recluso? 2.1.2. Problemas jurídicos planeados por el Ministerio Público:  ¿En el caso sub examine, conforme al material probatorio obrante en el expediente es posible declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación – Ministerio de Justicia; Rama Judicial; Consejo

Superior de la Judicatura; Fiscalía General de la Nación; Hospital Universitario Ramón González Valencia-Liquidado; Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); Departamento de Santander y

Ministerio de la Protección Social, por los daños y perjuicios ocasionados a los demandante, a consecuencia de la condena, el maltrato sufrido desde el momento mismo de su captura, reclusión en cárcel común a pesar del 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12º PBX. 5878750 Ext. 12761 CAR

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01 grave estado físico que presentaba como consecuencia de la enfermedad terminal que padecía, y la posterior muerte del recluso, Jesús barrera Cordero (Q.E.P.D.), acontecida el día 28 de enero de 2004 en la ciudad de Bucaramanga?  ¿La parte actora aporto pruebas para demostrar la actividad comercial del señor Jesús Barrera Cordero, al igual que el daño emergente, por, los gastos en que incurrió en el sepelio del finado? 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. Encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política, cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado, determinando que el Estado será responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, los cuales deben ser causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Así mismo el Consejo de Estado, en pronunciamientos recientes ha explicado que “los elementos que sirven de fundamento a la responsabilidad son esencialmente el daño antijurídico y su imputación a la administración entendiendo por tal, el componente que permite atribuir jurídicamente un daño a un sujeto determinado”1. 2.2.2. Responsabilidad del Estado por lesiones personales y/o muerte de internos en establecimientos penitenciarios y carcelarios. 1 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 10 de septiembre de 2014. Expediente: 29939. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12º PBX. 5878750 Ext. 12761 CAR

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01 En principio la jurisprudencia del H. Consejo de Estado consideró que el régimen bajo el cual debía hacerse el análisis de la responsabilidad del Estado era el objetivo, régimen que se acogió con el argumento de que las entidades penitenciarias y carcelarias del país asumían frente a los reclusos una obligación de resultado, en virtud de la cual debían reintegrarlo a la sociedad en iguales o mejores condiciones físicas y mentales de las que se encontraba al ser privado de la libertad. Sin embargo, al evidenciar la Corporación que lo que se presenta en estos casos es el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso o tardío de los

deberes de custodia y vigilancia inherente al servicio carcelario, concluyó que el régimen de responsabilidad que debe aplicarse es el de la falla en la prestación del servicio. En Sentencia del 23 de abril de 2008. M.P, Doctora Ruth Stella Correa Palacios, Indicó: “El Estado asume la obligación de brindarles la protección que requieran, para lo cual deben cumplir, a la vez, con las obligaciones de custodia y vigilancia, que permiten garantizar la seguridad de los internos. Cuando el Estado falta a esos deberes, incumple también el deber de seguridad de los retenidos y, por ello, es responsable a título de falla del servicio de los daños que aquellos puedan sufrir, como sucede en los eventos en que concurran acciones u omisiones de las autoridades carcelarias que permitan a un tercero, que también se encuentre dentro de la misma institución en calidad de recluso, inferir daños a sus compañeros”. Sobre la protección de los derechos de los reclusos, el H. Consejo de Estado ha dicho que, “aunque los derechos de las personas privadas de la libertad se encuentran restringidos, eso no obsta para que se los trate con falta a su Dignidad; de tal modo que el Estado deberá cumplir una doble función: ejecutar la condena impuesta, junto con las funciones propias de la pena, y proteger la humanidad de los condenados, de tal forma que pueda devolverlos a la sociedad en las mismas condiciones en que los recibió al momento de perder la libertad”.2 2 Sentencia No 76001-23-31-000-1994-1010-01(13760) de Seccion 3ª, 27 de Noviembre de 2002 CONSEJO DE ESTADO

11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12º PBX. 5878750 Ext. 12761 CAR

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01 Los argumentos del Consejo se resumen así: “(…) Desde el punto de vista jurídico del deber de la Autoridad Carcelaria la tarea protectora tiene como objeto mantener al recluido en las mismas condiciones psicofísicas que presentaba al momento de la privación de la libertad. El deber de esa protección se amplía en el artículo 44 literal c de la Ley 1260 de 1992, a la custodia y vigilancia constante de los internos. Como se ve del contenido obligacional de esas normas es doble: De un lado los siguientes deberes: la custodia entendida como el deber de cuidado, la asistencia y conservación de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios y carcelarios. De otro lado, la vigilancia, que conlleva el deber de atención exacta en las conductas de las personas a su cargo, es decir, que las personas recluidas en los centros penitenciarios, no realicen conductas atentatorias contra sus propios compañeros, y la comunidad en general. La conducta desplegada por el agente criminal, quebranta el deber de vigilancia impuesta al Estado, por cuanto el daño producido, fue efecto de una persona que se encontraba sometida a la vigilancia especial que se ha aludido. Por consiguiente se infiere: que el INPEC no cumplió con sus deberes de custodia de los presos y de vigilancia

del centro carcelario (conducta irregular por omisión), que infringe el ordenamiento jurídico legal visto, y el constitucional (art. 2º sobre el deber de proteger la vida). (…)” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: María Elena Giraldo Gómez. Proceso No. 12814. Sentencia del 23 de marzo de 2000. 2.2.3. Falla del Servicio de la Administración por omisión en el cumplimiento de sus deberes. Para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se dan los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano. c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01 En algunos casos, dichos daños no pasa de ser una expectativa, o es un daño que el administrado pudo evitar interponiendo los recursos pertinentes o simplemente se encontraba en el deber jurídico de afrontar, al respecto el H. Consejo de Estado ha expresado: ¿La anomalía produce siempre daño antijurídico?. No toda falla en la prestación del servicio de Administración de Justicia genera, necesaria u obligatoriamente, daño antijurídico que deba ser reparado o resarcido. Hay casos en los cuales el comportamiento inadecuado de la Administración de Justicia no se materializa en un efecto real lesivo y por tanto esa falencia real, simplemente se constituye, con relación al efecto que podría producir, en “potencial o expectante lesiva”. Por consiguientes, no basta con que se configure uno de los elementos de responsabilidad patrimonial del Estado, en este caso el de “falla del servicio en la Administración de Justicia”; es indispensable que se establezcan los demás: el daño antijurídico y el nexo causal entre aquel y la falencia. Ese daño se entiende como el menoscabo cierto, particular, anormal padecido por la victima en derechos protegidos jurídicamente, y que excede los inconvenientes inherentes a la prestación del servicio”.(sen. De 30 de noviembre de 2000) Consejera ponente María Elena Giraldo Gómez.

2.3. Las pruebas obrantes en el proceso. El Ministerio Público resalta, las siguientes piezas del material probatorio encontrado dentro del expediente del presente proceso:  Reposa del folios 272 a 346 del cuaderno No 1, en copias simples, historia clínica remitida por la Secretaria de Salud de Santander correspondiente al señor Jesús Barrera, de la cual se puede percibir el tratamiento aplicado por medicina general y urgencias por parte del personal médico del Hospital Ramón Gómez Valencia en liquidación, con ocasión a la enfermedad padecida por el recluso la cual fue diagnosticada por los galenos como carcinoma periampular.  Asimismo a folios 378 a 354 del cuaderno No 1, en copias simples, obra historia clínica del Hospital Universitario de Santander, en la que se detalla los procedimientos y la atención recibida por el señor Barrera Cordero al ser ingresado por urgencias el día 28 de enero de 2004. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado - Proc. 4a. Del. Consejo de Estado Carrera. 5 No. 15-80 Piso 12º PBX. 5878750 Ext. 12761 CAR

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Expediente No. 50674 680012331000200600929 01  A folios 348 a 354 del cuaderno No 1, en copias simples, se halló el protocolo de necropsia No 2044P-00082, emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal, de cual extraemos lo siguiente: (…) “Como hallazgo positivo a la necropsia se encuentra: Obstrucción intestinal, múltiples

adherencias en cavidad abdominal, carcionatosis, broncoaspiracion fecaloide en vías aéreas altas, peritonitis. Relacionando los hallazgos de necropsia, Epicrisis del HURGV Y Acta de levantamiento concluyó:

MANERA DE LA MUERTE: NATURAL.

CAUSA DE LA MUERTE: OBSTRUCCION INTESTINAL SECUNDARIA A MULTIPLES

ADHERENCIAS, CANCER PERIAMPULAR, BRIDAS, NECROSIS INSTESTINAL Y

PERITONITIS GENERALIZADA.

MECANISMO DE MUERTE. SHOCK SEPTICO.

RELACION DE EVIDENCIAS Y DESTINO EVIDENCIAS BIOLOGICAS Se tomó muestra de sangre para Hemoclasidficacion, con resultado: Grupo Sanguíneo: “O”, Factor Rh POSITIVO (GBF-197-04). Se gurda mancha de sangre por dos años en el Laboratorio de Biológica.

EVIDENCIAS FISICAS

Ningunas (…)  Visible a folio 443 del cuaderno No 1, en original, se visualiza el certificado del Instituto penitenciario de Mediana Seguridad Carcelario Bucaramanga, suscrito por su director el doctor Alejando (sic) E. Taborda Sepulveda, en el que se certifica que el señor Jesús Barrera Cordero, i