PGN - FALLA DEL SERVICIO - Se debe acreditar la relación de causalidad entre el daño y el hecho

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en el servicio FALLA DEL SERVICIO-Carencia de pruebas/FALLA DEL SERVICIO-Se debe acreditar la relación de causalidad entre el daño y el hecho generador que constituye la falla Inicialmente esta Delegada del Ministerio Público debe advertir que intratándose de la reparación patrimonial por responsabilidad del Estado, por la falla en el servicio, es necesario que se acrediten los supuestos de hecho que estructuran los fundamentos de esa responsabilidad, es decir, se debe acreditar no solamente el daño, sino también el hecho generador del mismo que constituye la falla en la prestación del servicio y la relación de causalidad entre esos dos elementos. En el caso bajo estudio, una vez visto el material probatorio allegado, se puede establecer que la víctima falleció el 21 de mayo de 2008, no obstante no obra prueba que acredite la causa del deceso ni las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, por lo tanto se dificulta establecer si la presunta causa de la muerte puede ser atribuida a la entidad demandada. Recordemos que el artículo 177 del C.P.C., establece que corresponde a las partes probar el supuesto de hecho del derecho que ellas persiguen, por lo que, en desarrollo de tal precepto legal, la parte demandante tiene la carga de acreditar los hechos que le sirven de fundamento a la acción que formulan, circunstancia que en el presente caso no ocurre. A lo anterior se suma el hecho de que se predica en la demanda, que la muerte del señor

ocurrió presuntamente cuando miembros del Gaula realizaban un operativo, no obstante, al expediente no se allegó prueba alguna que demostrara siquiera que el deceso del citado señor aconteció como consecuencia de un impacto de bala, así como tampoco que los hechos descritos en el libelo hubieren ocurrido en un operativo militar, pues los únicos medios de prueba allegados al plenario fueron los registros civiles de los demandantes. En el expediente no aparece prueba alguna que respalde que los demandantes hayan acudido a tales medios para obtener el mencionado informe del Ejército Nacional, con lo cual en opinión de esta Delegada del Ministerio Público, se ratifica que la parte actora no atendió la carga probatoria que le correspondía, en tanto y por cuanto en las presentes diligencias no se acreditó la ocurrencia de un hecho por parte de la administración y menos aún el nexo de causalidad que se predica para la existencia de la falla del servicio que da lugar a la reparación del daño suplicado. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-No se demostró la causa eficiente de la muerte Con fundamento en los breves argumentos expuestos en este concepto, es dable colegir, que los hechos materia de la presente demanda, no son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a las entidades demandadas (Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ) dado que no se demostró que hubiera incurrido en un actuación que pudiera tenerse como la causa eficiente de la muerte del señor, en consecuencia, no se puede atribuir responsabilidad a la entidad demandada por estos hechos, razón por la cual, las pretensiones de la demanda no pueden tener vocación de prosperidad, lo que obliga a

concluir, que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R.

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) CONCEPTO No. 258 / 2012

Bogotá, D.C 4 de septiembre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 730012331000201000423-01(43747)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: Rosalba Uribe López y Otros DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Sentido del concepto: Solicitud de CONFIRMAR la sentencia recurrida. Falla del servicio. / Carencia de pruebas. Las especulaciones no constituyen pruebas.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda – Los hechos

2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) Se narra en la demanda que la señora Rosalba Uribe López esposa del señor Luis Carlos González (Q.E.P.D.), un día después del 21 de mayo del 2008, ultimo día que vio con vida a su esposo, fue enterada que había sido asesinado por parte de un personal del Gaula del Ejército en un presunto operativo por una supuesta extorsión. Se menciona que el señor LUIS CARLOS GONZÁLEZ (Q.E.P.D), el día 21 de mayo de 2008, recibió unas llamadas vía celular de varias personas, comunicaciones que fueron parcialmente escuchadas por su esposa. En una de esas comunicaciones el extinto GONZÁLEZ dialogaba con una persona a quien le llamaba por el nombre Tatiana, a quien el occiso le indicaba entre otras cosas, que (…) él sentía miedo, que el todo era que no hubiera problemas (…) etc. Luego de dichas conversaciones y según relata la esposa del mencionado CARLOS GONZÁLEZ, este le manifestó que iba a encontrarse con unos amigos cerca a donde vivían otros amigos de la familia, para tal efecto le indicó que era cerca al Barrio Los Álamos, en sector del Salado en donde una señora le había pedido el favor que le recogiera un encargo. Se indica en la demanda, que en el lugar de los hechos donde resultó muerto el señor LUIS CARLOS GONZÁLEZ (Q.E.P.D.), se registra un arma de fuego al lado

del cuerpo y en posición que carece de explicación lógica, más aún teniendo en cuenta que la esposa del antes citado, nunca observó antes de que saliera para ese sitio del homicidio, que el portara un arma de fuego, lo que permite concluir que al parecer estamos frente a un hecho de los denominados "falsos positivos". 1.2. Contestación de la Demanda 1.2.1. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) El apoderado de la parte demandada manifiesta que se opone a las pretensiones de la demanda con fundamento en que la narración de los hechos efectuada en la demanda no tiene sustento probatorio alguno, razón por la cual solicita se despachen desfavorablemente las súplicas de la demanda. 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima mediante sentencia del veinte de febrero de dos mil doce (2012) negó las pretensiones de la demanda. Concluyó el Tribunal que en el sub examine, la parte actora no atendió la carga probatoria que le correspondía, en tanto y por cuanto en las diligencias adelantadas no se acreditó la ocurrencia de un hecho por parte de la administración y menos aún

el nexo de causalidad que se predica para la existencia de la falla del servicio que da lugar a la reparación del fallo deprecado. 1.4. Argumentos de la Apelación La apoderada de la parte actora dentro del proceso referido - incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 80 a 84 del cuaderno del Consejo de Estado): Señala el apelante que solicitó al Ejército Nacional, suministrar la información referente al operativo llevado a cabo en el barrio los Álamos y en el cual perdió la vida el señor LUIS CARLOS GONZÁLEZ, pero debido a la omisión del mencionado ente de suministrar dicha información, se presentó la imposibilidad de a llegar a este proceso como prueba. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.41942 (730012331000200800452-01)

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿El Estado en cabeza del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional debe o no responder administrativa y patrimonialmente por los daños y perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de la muerte violenta de que fue objeto el señor LUIS CARLOS GONZÁLEZ, presuntamente por miembros del Gaula del

Ejército Nacional en el momento que se adelantó una operación por una presunta extorsión? 2.2. Marco Teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que

sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. La responsabilidad patrimonial del Estado El artículo 90 de la Carta Política prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta disposición, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles. Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado bajo dos títulos básicos: (i) De responsabilidad subjetiva por falla del servicio, y (ii) De responsabilidad subjetiva por daño especial o riesgo excepcional. En estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) por el Estado sea finalmente la causa del daño, bien de manera exclusiva, o

concurrente con la de la víctima o de un tercero. Ahora bien, el artículo 2o de la Constitución Política de 1991 señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado1. En uno y otro caso, la omisión de las autoridades competentes, consistente en no brindar la protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las personas, hace responsable a la Administración de los daños que se ocasionen a éstas. No obstante lo anterior, la jurisprudencia de nuestro superior funcional, ha hecho claridad acerca de que no es viable atribuirle a la Administración una posible deficiencia en la seguridad, extendiendo el deber de las autoridades a una misión objetiva de resultado: que no se produjera ningún acto que afectara el orden social, deseo si bien loable dentro de cualquier sistema de gobierno, es imposible de lograr, ni siquiera con los mayores esfuerzos, extremas medidas y a costos inimaginables. Lo que sí es procedente, es que si la Administración cuenta con un mínimo de conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra 1 Ver al respecto entre otras cosas : Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de julio 19 de 1997,

Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez; octubre 30 de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos; 14 de febrero de 2002, Exp. 13253 y marzo 10 de 2005, Exp. 14395, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) determinada persona2, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa de la Administración, que de omitirse permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro. En esta perspectiva ha de señalarse que una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha acatado o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa, el deber de protección que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es preciso revisar si dicha falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño. En otras palabras, es necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos: la comprobación del incumplimiento omisivo al contenido obligacional de protección impuesto normativamente a la Administración y, la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño. "Entonces cuando la imputación se refiere, como en este caso, a la actuación

irregular de la Administración por su actuar omisivo, al no utilizar los medios que tenía a su alcance, con conocimiento previo (previsible) para repeler, evitar o atenuar el hecho dañoso del tercero, se hace necesario analizar si para la Administración era previsible que se desencadenara el acto de desbordamiento de fuerzas ajenas al Estado Colombiano." 2.2.3. Culpa Exclusiva de la víctima En el evento en que el hecho determinante de producción del daño fue ocasionado por quien lo sufrió, la administración no está obligada a indemnizar dicho daño, para ello se debe determinar si la víctima ha violado sus propias obligaciones y esta violación por lo tanto es la que genera el daño, es así que deben estar presentes dos requisitos para que se configure esta causal: 2 Bien porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o, porque dicha situación era en tal grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades tendientes a conjurar o resistir el peligro que sobre ella se cernía. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) 1) Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si la culpa del afectado resulta la causa única, exclusiva o determinante del daño, la

exoneración es total... Ahora bien, si la actuación de la víctima deviene causa concurrente en la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil. 2) El hecho de la víctima no debe ser imputable a la administración, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por la administración, de manera tal que no le sea ajeno a ésta, no podrá exonerarse de responsabilidad a la entidad demandada3 En pronunciamientos posteriores el Consejo de Estado se refirió a esta causal como culpa exclusiva de la víctima, como el evento en el cual la víctima es la causa eficiente del daño sufrido4 “No se encuentra demostrada una causa extraña excluyente de la responsabilidad que se demanda, por las razones que se exponen a continuación: i) El hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva del daño, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible a quien lo invoca, en el entendido de que cuando el suceso es previsible o resistible para él, se revela una falla del servicio, como quiera que 3 91 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 28 de febrero de 2002. Expediente: 13011. C.P. Germán Rodríguez Villamizar. 4 CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre

de 2006. Expediente: 16577. C.P. Mauricio Fajardo Gómez: ―Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra distinta la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa. la cual rompe el nexo de causalidad: con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño…‖7(Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado. Sentencia de 25 de julio de 2002 Exp. 13744, Actor: Gloria Esther Noreña B)‖. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) teniendo el deber de precaución y de protección derivado de la creación del riesgo, no previno o resistió el suceso pudiendo hacerlo. Conforme lo ha explicado la doctrina sólo cuando el hecho o acto ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor.‖ Así también lo han señalado los hermanos Mazeaud, cuando precisan que la causa extraña lleva consigo la absolución completa cuando el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima”. De acuerdo con la jurisprudencia citada, para que se configure esta causal de exclusión de responsabilidad se requiere que el hecho haya sido imprevisible e irresistible para quien lo alega, esto es para el Estado. En pronunciamientos más recientes el Consejo de Estado ha dicho que no interesa que la víctima sea un menor o un incapaz, si causó el daño el Estado no debe responder. 2.3. Las Pruebas obrantes Registro civiles de nacimiento perteneciente a:  Harlinton, González Uribe, folio 9.  Wendy Vanessa González Martínez, Mabel Tatiana González Martínez, folio 10 -11.  Maritza González Uribe, folio 15.  Aritza Fernanda Alarcón González, Fabián Andrés Alarcón González, Isabella

Cárdenas González, folio 16 -18.  Aurora González Uribe folio 19.  Katherine Cuitiva González folio 20.  Yudy Milena González Uribe folio 21.  Miguel Ángel Sepulveda González, Cristian Camilo Sepulveda González, folios 22 - 23.  Jhonatan González Uribe folio 24. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01)  Williams vega folio 25.  Luz Estela Echeverry González folio 26.  Rolsaba Uribe López folio 27.  Registro Civil de matrimonio celebrado entre Luis Carlos González y Rosalba Uribe López el 27 de octubre de 2000. Folio 28.  Registro Civil de Defunción perteneciente a Luis Carlos González, en el que consta que falleció el día 21 de mayo de 2008, en el Municipio de Ibagué. Folio 29.  Registro civil de nacimiento perteneciente a Luís Carlos González, Folio 30.  Copia impugnación interpuesta frente al fallo del 27 de marzo de 2009, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagué, que negó la tutela instaurada por la señora Rosalía Uribe López contra el Ejército

Nacional - Grupo Gaula de Ibagué. 2.4. Caso concreto Estudiadas las pruebas allegadas al plenario, en nuestra opinión cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión acertada del Tribunal Administrativo del Tolima. En su orden son: 2.4.1. Inicialmente esta Delegada del Ministerio Público debe advertir que intratándose de la reparación patrimonial por responsabilidad del Estado, por la falla en el servicio, es necesario que se acrediten los supuestos de hecho que estructuran los fundamentos de esa responsabilidad, es decir, se debe acreditar no solamente el daño, sino también el hecho generador del mismo que constituye la falla en la prestación del servicio y la relación de causalidad entre esos dos elementos. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) En el caso bajo estudio, una vez visto el material probatorio allegado, se puede establecer que el señor Luis Carlos González falleció el 21 de mayo de 2008, no obstante no obra prueba que acredite la causa del deceso ni las circunstancia de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los hechos, por lo tanto se dificulta establecer si la presunta causa de la muerte del señor González puede ser atribuida a la entidad demandada. Recordemos que el artículo 177 del C.P.C., establece que

corresponde a las partes probar el supuesto de hecho del derecho que ellas persiguen, por lo que, en desarrollo de tal precepto legal, la parte demandante tiene la carga de acreditar los hechos que le sirven de fundamento a la acción que formulan, circunstancia que en el presente caso no ocurre. 2.4.2. A lo anterior se suma el hecho de que se predica en la demanda, que la muerte del señor Luís Carlos González ocurrió presuntamente cuando miembros del Gaula realizaban un operativo, no obstante, al expediente no se allegó prueba alguna que demostrara siquiera que el deceso del citado señor aconteció como consecuencia de un impacto de bala, así como tampoco que los hechos descritos en el libelo hubieren ocurrido en un operativo militar, pues los únicos medios de prueba allegados al plenario fueron los registros civiles de los demandantes. Ahora bien, como lo expone el apoderado de la accionada en su escrito de apelación, no tiene sentido la narración y no se aporta sustento probatorio a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pues si se parte de lo mencionado sobre los hechos en la demanda, en donde se narra que el día 21 de mayo de 2008 hacia las 13:30 horas, el señor Luis Carlos González recibió llamadas vía celular de varias personas y que varias de esas conversaciones fueron parcialmente escuchadas por la esposa del mencionado señor González. En una de esas conversaciones hablaba con una señora “Tatiana” a quien Luís Carlos González le decía que “él sentía miedo, que el todo era que no hubiera problemas…“ y luego de dichas 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) conversaciones salió a encontrarse con unos amigos en el barrio los Álamos del sector de El Salado “en donde una señora le había pedido que recogiera un encargo”, situación que efectivamente deja entrever que el señor Luis Carlos González sabía que la acción que iba a realizar le representaba peligro y que podía tener consecuencias legales. 2.4.3. El apoderado de los accionantes en el escrito del recurso de apelación expone que estos desplegaron, sin ningún resultado, toda clase de recursos para adquirir de parte del Ejército Nacional – Grupo Gaula, el informe del operativo realizado el día 21 de mayo de 2008, en la barrio los Álamos en el que resultó muerto el señor Luis Carlos González, en circunstancia de tiempo, modo y lugar no especificadas hasta ahora y con ello tener la oportunidad de poder probar las irregularidades que rodearon la muerte del señor González, de ahí que se haya procedido a solicitar la práctica de pruebas de oficio, para dar validez y credibilidad a la teoría planteada por los accionantes. Sin embargo en el expediente no aparece prueba alguna que respalde que los demandantes hayan acudido a tales medio para obtener el mencionado informe del Ejército Nacional, con lo cual en opinión de esta Delegada del Ministerio Público, se ratifica que la parte actora no atendió la carga

probatoria que le correspondía, en tanto y por cuanto en las presentes diligencias no se acreditó la ocurrencia de un hecho por parte de la administración y menos aún el nexo de causalidad que se predica para la existencia de la falla del servicio que da lugar a la reparación del daño suplicado. 2.4.4. Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos en este concepto, es dable colegir, que los hechos materia de la presente demanda, no son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a las entidades demandadas (Ministerio de Defensa – Ejército Nacional ) dado que no se demostró que hubiera incurrido en un actuación que pudiera tenerse como la causa eficiente de la muerte 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.41942 (730012331000200800452-01) del señor Luis Carlos González, en consecuencia, no se puede atribuir responsabilidad a la entidad demandada por estos hechos, razón por la cual, las pretensiones de la demanda no pueden tener vocación de prosperidad, lo que obliga a concluir, que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse.

III. CONCLUSIÓN En concepto de esta Agencia del Ministerio Público la sentencia recurrida por la parte actora del veinte (20) de de febrero de dos mil doce (2012) proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA debe ser

CONFIRMADA.

De la H. Magistrada,

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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