PGN - FALLA EN EL SERVICIO - Es clara la relación entre el daño y la lesión

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla en el servicio derivado de la falta de seguridad al no requisar a los particulares en las audiencias FALLA EN EL SERVICIO-Es clara la relación entre el daño y la lesión Al existir una clara relación entre el daño, la lesión y la falla del servicio consistente en la inexistencia de medidas de seguridad, por lo que se tiene por cierto los elementos constitutivos de responsabilidad por parte de la demandada. Se trató de la falla del servicio originada en la omisión por parte de la administración en la prestación de un servicio ó en el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, y la no protección o la vigilancia de la autoridad encargada de hacerla (Rama Judicial) fue la causante del daño que sufrió la demandante toda vez que en la diligencia de conciliación en la jurisdicción de paz imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó, por lo que es legítimo imputar responsabilidad a la entidad accionada. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por inexistencia de mediadas de seguridad en la audiencia pública en la que resultó lesionada la demandante De acuerdo con los medios de prueba encuentra esta Delegada del Ministerio Público que se acreditaron los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial de la NaciónRama Judicial. La Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 11, consagra la forma como está constituida la Rama Judicial del Poder Público, consagrando en ella, la Jurisdicción de Paz.

Es evidente que los jueces de paz pertenecen a la Rama Judicial y sus decisiones deben observar los principios procesales que surjan de los demás jueces de la República, así mismo, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento. Las obligaciones de seguridad están sujetas al Estado de conformidad con los artículos 1º y 2º de la Constitución Política, esta último en su inciso final dice “las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” Entonces, es claro que las actuaciones de los jueces de paz hacen parte de la Rama Judicial, lo que implica que las fallas del servicio que se generen al interior de ésta serán imputables directamente, así pues la inexistencia de mediadas de seguridad en la audiencia pública en la que resultó lesionada la demandante se le hace responsable a la Rama Judicial por la falla en el servicio, decir, brillaba por su ausencia un cuerpo de seguridad que permitiera la requisa de los particulares en las audiencias, sistema de detestación de armas o cualquier otro medio mínimo de seguridad que permitiera prevenir esta clase de hechos. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS-Causados a los demandantes son

imputables a la Rama Judicial con ocasión de las lesiones sufridas Por lo anterior, acierta la Sala del Tribunal Administrativo del Quindío al concluir que los perjuicios causados a los demandantes son imputables a la Rama Judicial, con ocasión de las lesiones sufridas por la demandante en las instalaciones del Juzgado de Paz, en donde se encontraba en una audiencia de conciliación. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por la falta de seguridad y vigilancia que se debió tener en la audiencia de conciliación en el Juzgado de Paz/CONCILIACIÓN-Es viable un acuerdo conciliatorio entre las partes En concepto de esta Delegada del Ministerio Público, están probados los elementos necesarios para configurar la responsabilidad administrativa de la NaciónRama Judicial al estar demostrado la falla en el servicio por la falta de seguridad y vigilancia que se debió tener el día de la audiencia de conciliación celebrada en el Juzgado de Paz de municipio de Calarcá-Quindío. Además se encuentra plenamente probada las lesiones personales (por arma blanca) que sufrió la demandante el día de los hechos, por lo que se hace necesario para la conciliación. Así las cosas, en concepto de esta Delegada del Ministerio Público no encuentra argumentos legales que evadan la responsabilidad de la Rama Judicial y por ende es VIABLE un acuerdo conciliatorio entre las partes, solicitando se reconozcan los perjuicios, ateniéndose a los desarrollos jurisprudenciales mencionados. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo CONCEPTO DE CONCILIACIÓN No. 019 / 2013

Bogotá, D.C 23 de abril de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Doctor Hernán Andrade Rincón EXPEDIENTE: 630012331000201000282-01 (45913) Acción de Reparación Directa

ACTOR: Gloria Patricia Zapata y otros DEMANDADO: Rama Judicial y otro Sentido del concepto: la conciliación resulta VIABLE respecto de los perjuicios morales, materiales y por alteración grave a las condiciones de existencia. / No se demostró ningún eximente de responsabilidad por parte de la Rama Judicial, como la fuerza mayor, el hecho de un tercero o culpa exclusiva de la víctima. / Es deber de la Rama Judicial contar con la protección policial debida en lugar donde se ventilan diferencias entre las personas.

El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo

I. ANTECEDENTES 1.1.La demanda – hechos GLORIA PATRICIA ZAPATA y otros, a través de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, instauró demanda contra la Nación – Rama Judicial y contra el municipio de Calarcá – Quindío, la cual fundamentó en los siguientes hechos: En el despacho del Señor Juez de Paz del municipio de Calarcá se fijó fecha para llevar a cabo audiencia de conciliación entre el Señor Nelson Rodríguez Aránzazu

y la Señora Gloria Patricia Zapata. Al ingresar al despacho del Juez de Paz, no existió algún tipo de requisa o esquema de seguridad, en el transcurso de la audiencia el Señor Rodríguez, enfadado por las manifestaciones que hizo la señora Zapata, desenfundó dos armas blancas de su pantalón e intentó decapitar a la Señora Gloria Patricia, quien en aras de proteger su vida levantó un brazo que resultó cercenado. Ninguna autoridad policial o de vigilancia acudió en auxilio de la agredida. Las lesiones graves ocasionadas a la señora Gloria Patricia Zapata, derivadas del incumplimiento de la obligación de seguridad y de la falla en el servicio de vigilancia por parte de los entes demandados, le causaron graves perjuicios a los autores. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo 1.2. Contestación de la demanda 1.2.1. El municipio de Calarcá contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones, manifestando que del material probatorio aportado por la demandante no existe nexo causal entre los hechos aducidos en la demanda y las lesiones sufridas por la señora Gloria Patricia Zapata.

Propuso como excepciones:  Ausencia de responsabilidad en la administración por inexistencia del nexo causal.  Culpa exclusiva de un tercero. 1.2.2. La Nación Rama Judicial – Dirección Nacional de Administración Judicial no contestó la demanda 1.3. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo del Quindío, en Sentencia del 30 de agosto de 2012cial, Dirección Nacional de Administración declaró: “La prosperidad de la excepción de falta de legitimación material en la causa por parte del municipio de Calarcá” y declaró a la Nación - Rama Judicial, administrativamente responsable de las lesiones sufridas por Gloria Patricia Zapata.

No pretende generar una obligación de seguridad amplia en cabeza de la Rama Judicial en todas y cada una de sus sedes, pero sí considera que le es exigible el tomar unas medidas genéricas mínimas que permitan seguridad a quienes acuden a la administración de justicia. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo Manifestó que están acreditadas las circunstancias que trae la jurisprudencia del Consejo de Estado como causantes de la omisión en la protección de vida a personas, pues para el demandado era absolutamente previsible la ocurrencia de gresca o agresiones en un lugar donde se ventilan diferencias entre las personas. El Estado, en cabeza de la Rama Judicial, asume la posición de garante respecto de la vida e integridad de quienes acuden al servicio público de administración de justicia. Resulta evidente que la ausencia absoluta de medidas de seguridad aún mínimas que se evidenció al interior del Juzgado de Paz, donde sucedieron los hechos, supone una falla en el servicio de la Rama Judicial, pues el Estado debe proporcionar que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos no se considere riesgoso, que tanto su actividad, su desplazamiento y, por supuesto, el acceso a la administración de justicia no se desarrollen en un estado de riesgo permanente, como sucedió en el caso de marras. Argumentos de la apelación. La apoderada de la Nación – Rama Judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia adversa a sus intereses. El legislador, al crear la Jurisdicción de Paz, concedió unas competencias claras a los particulares, para que en su condición de jueces de paz, puedan conocer sobre asuntos pequeños que afectan a la convivencia de la comunidad y que de una manera pacífica se pueden solucionar. Por eso es requisito fundamental que medie acuerdo entre las partes para poder acudir a esta jurisdicción.

No puede pretender el apoderado judicial de la afectada, que por el hecho irracional del agresor, la culpa sea endilgada al Estado, pues existe una falta de legitimidad por pasiva, habida cuenta que los hechos no ocurrieron por acción, 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo omisión o negligencia por parte del Estado, sino, por el contrario, fueron producidos por un particular que no tiene relación contractual alguna con éste.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos.

Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Es administrativa y extracontractualmente responsable el EstadoRama Judicial por las lesiones personales sufridas por la señora Gloria Patricia Zapata dentro de un estrado judicialJuez de Paz donde se evidencio ausencia absoluta de medidas de seguridad? 2.1.2. ¿Es viable la conciliación en los términos planteadas en la sentencia del Tribunal? 2.2. Marco teórico. Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado Examinado el caso objeto del recurso de alzada, se tiene con certeza por parte de

esta Delegada del Ministerio Público, que el régimen a aplicar es el de responsabilidad objetiva por falla probada del servicio. 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo Frente al tema encontramos entre otras los siguientes extractos jurisprudenciales: Para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá

lugar a la indemnización...” 2.2.2. La responsabilidad patrimonial del Estado El artículo 90 de la Carta Política prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta disposición, la responsabilidad patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles. 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado bajo dos títulos básicos: (i) De responsabilidad subjetiva por falla del servicio, y (ii) De responsabilidad subjetiva por daño especial o riesgo excepcional. En estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño, bien de manera exclusiva, o concurrente con la de la víctima o de un tercero. Ahora bien, el artículo 2o de la Constitución Política de 1991 señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado1. En uno y otro caso, la omisión de las autoridades competentes, consistente en no brindar la protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las personas, hace responsable a la Administración de los daños que se ocasionen a éstas. Lo cierto es que la Administración cuenta con un mínimo de conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra determinada persona2, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta 1 Ver al respecto entre otras cosas: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de julio 19 de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez; octubre 30 de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos; 14 de febrero de 2002, Exp. 13253 y marzo 10 de 2005, Exp. 14395, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. 2Bien porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o, porque dicha situación era en tal grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades tendientes a conjurar o resistir el peligro que sobre ella se cernía. 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo activa de la Administración, que de omitirse permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro. En esta perspectiva ha de señalarse que una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha acatado o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa, el deber de protección que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es preciso revisar si dicha falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño. En otras palabras, es necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos: la comprobación del incumplimiento omisivo al contenido obligacional de protección impuesto normativamente a la Administración y, la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño. 2.3.Relación de las pruebas obrantes Documentales:  Certificado expedido por el Doctor Julián Ochoa Arango, Director Ejecutivo Seccional, quien manifestó que en el lugar donde ocurrieron los hechos no contaban con algún tipo de seguridad (folio 26 C. Pruebas).  Dictamen de la junta de calificación de invalidez en el cual se habla sobre la pérdida de capacidad laboral del 44,70%, de la Señora Gloria Patricia Zapata, con ocasión de la herida causada por arma blanca (folio 32 y 33 C.

prueba). 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Rzo Testimoniales:  German Antonio Cardona Muñoz (folio 149 y 150 C. pruebas), este es el Juez de Paz al momento de los hechos, quien aseguró que la convocante señora Gloria Patricia Zapata, afirmó en la audiencia sentir temor por las constantes amenazas contra su vida que recibía del señor Nelson Rodríguez que la venia intimidando y que si no iba a vivir con él la iba a matar, que no aguantaba mas los asedios de este caballero y que por eso ponía en conocimiento del juez especial de paz la situación que vivía.  Diego Patiño Sánchez (folio 151 C. pruebas), quien aseguró haber auxiliado a la señora Zapata tras escuchar sus gritos al interior del local donde se desarrollaba la audiencia. El Señor Patiño llevó al Hospital San Juan de Dios de Armenia a la señora Zapata.  Jhon Jairo Buitrago (folio 152 y 153. C. prueba) quien afirmó que con posterioridad al accidente la víctima ha sufrido cambios de personalidad, además de verse en una precaria situación económica debido a la imposibilidad de conseguir trabajo por la lesión y disfunción que hoy presenta. Versión corroborada por la señora María Victoria Ospina Solano

y Glenn Martelo Torregloza. 2.4. Caso concreto De acuerdo con los medios de prueba encuentra esta Delegada del Ministerio Público que se acreditaron los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial de la NaciónRama Judicial. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo La Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, en su artículo 11, consagra la forma como está constituida la Rama Judicial del Poder Público, consagrando en ella, la Jurisdicción de Paz, La Ley 1285 de 2009 dice que la Rama Judicial del Poder Público está constituida por:

I. los óiganos que integran las distintas Jurisdicciones: De la Jurisdicción Ordinaria. (……) a) de la Jurisdicción de lo Contenciosos Administrativo (…..) b) Jurisdicción Constitucional (…..) c) De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz.

La Ley 497 de 1999, “por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento” (…..). Es evidente que los jueces de paz pertenecen a la Rama Judicial y sus decisiones deben observar los principios procesales que surjan de los demás jueces de la República, así mismo, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento.

Las obligaciones de seguridad están sujetas al Estado de conformidad con los artículos 1º y 2º de la Constitución Política, esta último en su inciso final dice “las autoridades de la Republica están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” El artículo 21 de la Ley 497 de 1999 establece que los Jueces de Paz y de Reconsideración recibirán capacitación permanente; que el Consejo superior de la Judicatura, deberá organizar y ejecutar el programa general de Formación de estos jueces, con la participación del Ministerio del Interior, Universidades, otros Ministerios etc. y en su parágrafo, se impuso la obligación: “El Consejo Superior de la Judicatura deberá implementar un Programa de Seguimiento, Mejoramiento y Control de esta jurisdicción”. Entonces, es claro que las actuaciones de los jueces de paz hacen parte de la Rama Judicial, lo que implica que las fallas del servicio que se generen al interior de ésta serán imputables directamente, así pues la inexistencia de mediadas de seguridad en la audiencia pública en la que resultó lesionada la señora Gloria

Patricia Zapata se le hace responsable a la Rama Judicial por la falla en el servicio, decir, brillaba por su ausencia un cuerpo de seguridad que permitiera la requisa de los particulares en la audiencias, sistema de detestación de armas o cualquier otro medio mínimo de seguridad que permitiera prevenir esta clase de hechos. Al existir una clara relación entre el daño, la lesión y la falla del servicio consistente en la inexistencia de medidas de seguridad, por lo que se tiene por cierto los elementos constitutivos de responsabilidad por parte de la demandada. Se trató de la falla del servicio originada en la omisión por parte de la administración en la prestación de un servicio ó en el incumplimiento de una obligación impuesta por la ley o los reglamentos, y la no protección o la vigilancia 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo de la autoridad encargada de hacerla (Rama Judicial) fue la causante del daño que sufrió la señora Gloria Patricia toda vez que en la diligencia de conciliación en la jurisdicción de paz imponían una especial protección o vigilancia y que tal protección no se prestó, por lo que es legítimo imputar responsabilidad a la entidad accionada. Por lo anterior, acierta la Sala del Tribunal Administrativo del Quindío al concluir que los perjuicios causados a los demandantes son imputables a la NaciónRama

Judicial, con ocasión de las lesiones sufridas por la señora Gloria Patricia Zapata. La Sala de decisión del Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, condenó a la NaciónRama Judicial al pago de perjuicios morales causados a Gloria patricia Zapata (víctima) la suma de cincuenta (50) S.M.M.L.V.  Para Víctor Alfonso Agudelo Zapata (hijo), Patricia Zapata (hija), Leidy Bibiana Restrepo Zapata (hija) y María Susana Zapata Marín (madre) la suma de 30 S.M.M.L.V. para cada uno.  Para María Eugenia Restrepo Zapata, María Isabel Zapata y Diana María Zapata (hermanas) la suma de quince (15) S.M.M.L.V. para cada una.  Condenó a la Nación-Rama Judicial a pagarle a la víctima Gloria Patricia Zapata, como indemnización por alteración grave a las condiciones de existencia el equivalente a cincuenta (50) S.M.M.L.V.  Condenó así mismo a la entidad demandada a pagarle a la víctima Gloria Zapata, como indemnización por perjuicios materiales, lucro cesante, la suma de $ 67.363.402.66. 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No. 45913 (630012331000201000282-01) Rzo  Por lo anterior, acierta la Sala del Tribunal Administrativo del Quindío al

concluir que los perjuicios causados a los accionantes son imputables a la Nación-Rama judicial, con ocasión de las lesiones sufridas por la señora Gloria Patricia Zapata en las instalaciones del Juzgado de Paz, donde se encontraba en una audiencia de conciliación.

III. CONCLUSIÓN En concepto de esta Delegada del Ministerio Público, están probados los elementos necesarios para configurar la responsabilidad administrativa de la NaciónRama Judicial al estar demostrado la falla en el servicio por la falta de seguridad y vigilancia que se debió tener el día de la audiencia de conciliación celebrada en el Juzgado de Paz de municipio de Calarcá-Quindío.

Además se encuentra plenamente probada las lesiones personales (por arma blanca) que sufrió la señora Gloria Patricia Zapata el día de los hechos, por lo que se hace necesario que la conciliación. Así las cosas, en concepto de esta Delegada del Ministerio Público no encuentra argumentos legales que evadan la responsabilidad de la Rama Judicial y por ende es VIABLE un acuerdo conciliatorio entre las partes, solicitando se reconozcan los perjuicios, ateniéndose a los desarrollos jurisprudenciales mencionados. Del H. Magistrado, 15 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Expediente No. 45913

(630012331000201000282-01) Rzo

MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO

Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado 16 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co