PGN - FALLA EN EL SERVICIO - Es responsabilidad de quien la invoca probar el daño y la relación

PRUEBAS-Insuficiencia de las aportadas/PRUEBAS-Requisitos para valorar las copias simples Los documentos que, en copia simple, se allegaron con la demanda no tienen ningún valor probatorio, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, para que las copias tengan el mismo valor probatorio del original deben estar “autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autentica que se le presente”; de suerte que como las fotocopias simples traídas al proceso adolecen de esta formalidad no son suficientes para demostrar los hechos que con ellas se pretende hacer valer. FALLA EN EL SERVICIO-Es responsabilidad de quien la invoca probar el daño y la relación de causalidad Es necesario acreditar que el daño se debió a una falla imputable a la Administración, por acción u omisión de sus agentes, de manera que, a voces del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, incumbe a la parte actora la demostración de la conducta omisiva que endilga a la demandada y la relación causal entre esa omisión y la muerte de los señores. FALLA EN EL SERVICIO-La solicitud de protección debe ser expresa para poder establecer la responsabilidad del Estado Dado que en el proceso no se demostró que los hermanos xxx hayan noticiado a las autoridades el riesgo en que se encontraban sus vidas, resultaba imposible exigir de éstas un comportamiento dirigido a suministrarles alguna protección especial.

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá, D. C., 4 de agosto de 2010 Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente. Sección Tercera

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

REF. Concepto 10-153. Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional.

Honorable señora Consejera: El proceso de la referencia se encuentra en conocimiento del H. Consejo de Estado por virtud del grado jurisdiccional de consulta que procede respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta por medio de la cual acogió la súplicas de la demanda, trámite en el que, esta agencia del Ministerio Público, en su condición de sujeto procesal, interviene para emitir

concepto de fondo, en los siguientes términos:

1. En ejercicio de la acción de reparación directa, el grupo familiar de los señores José Ignacio, José Francisco y Nidia Reyes Gordillo, conformado por su madre María Ignacia Gordillo Moyano, sus hermanas María Ederled, Miriam, Zulma y Elizabeth Reyes Gordillo; María Obdulia Correa Ríos y sus hijos Ingrid Daniela y Dubán Ferney Reyes Correa

(compañera permanente e hijos de José Ignacio Reyes Gordillo), Sintia Lorena Reyes Cardona y Karol Sulieth Reyes Carvajal (hijas de Francisco Reyes Gordillo) y Álvaro Yheins Díaz Reyes (hijo de Nidia Reyes Gordillo)

presentaron demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y Policía Nacional orientada a que se les declare responsables, administrativa y patrimonialmente, de los perjuicios sufridos como consecuencia de la muerte violenta de sus parientes, ocurrida el 22 de octubre de 2001 en jurisdicción del municipio de San Juan de Arama por los disparos que les propinaron individuos que portaban armas de fuego y prendas privativas de las fuerzas militares. Se afirma en la demanda que la muerte de los mencionados ciudadanos ocurrió por la falta de protección por parte de las entidades demandadas, toda vez que las víctimas no sólo se desempeñaban como contratistas de obra, suministro y asistencia técnica y profesional en municipios de la región del Ariari; sino que también eran militantes activos, desde once años atrás, del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica; lo cual los hacía 2 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. objeto del exterminio sistemático que por la época se hizo contra los militantes de estos grupos políticos.

2. Durante el término de fijación en lista, La Policía Nacional se opuso a la prosperidad de las pretensiones por considerar que los hechos fueron producto del actuar de tercera personas ajenas a esta institución, y que no se demostró que las víctimas hubieran solicitado protección especial por sospechar que sus vidas corrían peligro. (fls. 232 y ss.)

A su vez, el Ejército Nacional también se opuso a las pretensiones de la demanda porque, en su criterio, no se dan los presupuestos legales para establecer responsabilidad de la administración; agrega que de lo dicho en la demanda se concluye que el múltiple homicidio fue producto de la acción directa y exclusiva de grupos guerrilleros que pretendían sembrar el pánico y la destrucción del municipio de San Juan de Arama atacando, de manera indiscriminada, a la población civil.

3. El Tribunal Administrativo del Meta, como ya se anunció, declaró la responsabilidad administrativa del Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional y los condenó al pago de la indemnización de los perjuicios ocasionados a los demandantes por considerar que: “En el presente caso tenemos que, la UNIÓN PATRIÓTICA movimiento político era objeto de múltiples delitos como persecución, desaparición y homicidio desde el año de 1985, lo cual constituye un hecho notorio; que los hermanos REYES GORDILLOS (sic) eran miembros activos de la UNIÓN PATRIÓTICA y su familia ya había sufrido por causa de ese exterminio, la muerte de sus tíos PEDRO MALAGÓN y JOSÉ RAFAEL REYES MALAGÓN, quienes se desempeñaba (sic) como diputados por el partido político UNIÓN PATRIÓTICA y de su prima ELDA MILENA MALAGÓN, quien también militaba en el mismo partido político. (fls. 374 y anverso del exp.) Por las circunstancias particulares de este caso, para Sala (sic) hubo una falla del servicio imputable al Estado por el asesinato de los hermanos REYES GORDILLO, al no habérseles brindado la

3 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. protección que requerían, pues, el sólo hecho de pertenecer al grupo político UNIÓN PATRIÓTICA, movimiento cuyos miembros para el momento de los hechos eran blanco de persecución y exterminio sistemático, y las muertes sus familiares, años atrás, estas circunstancias generaban para el Estado la obligación de brindar seguridad, lo que no hizo y las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección, ya que de haberse cumplido eficazmente hubiera podido interrumpir el proceso causal generador del daño”. (fl. 426)

4. Las entidades condenadas: Policía Nacional y Ejército Nacional, no sustentaron oportunamente el recurso vertical interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en consecuencia sus impugnaciones fueron declaradas desiertas; no obstante, como la condena impuesta en la primera instancia supera el monto establecido para la procedencia del grado jurisdiccional de consulta, el Despacho conductor del proceso ordenó adelantar dicho trámite.

(fl. 450) EL CONCEPTO La Procuraduría Quinta Delegada no comparte la decisión consultada y en consecuencia, respetuosamente, solicita a la H. Sección Falladora su revocatoria para en su lugar denegar las súplicas de la demanda, previas

las siguientes consideraciones: En el proceso se encuentran debidamente demostrados los siguientes hechos relevantes a la litis: Que los señores José Ignacio Reyes Gordillo (fl. 19), José Francisco Reyes Gordillo (fl. 27) y Nidia Reyes Gordillo (fl. 29) fallecieron el 22 de octubre de 2001 en el municipio de Granada (Meta). Que el señor José Ignacio Reyes Gordillo formó parte de la Junta de Acción Comunal del Barrio Guadalajara de Villavicencio desempañado las 4 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. funciones de Vicepresidente (fl. 40) y fue designado como Fiscal de la Junta de acción comunal del Barrio Ay Mi Llanura de la misma localidad en asamblea realizada el 29 de abril de 2001. (fl. 41) Que el señor José Ignacio Reyes Gordillo fue designado como delegado de la Asociación Colombiana de Asistencia Social “ASCODAS”, Seccional Meta, para “transladarse (sic) a la Zona de los Municipios de MESETAS y URIBE en desarrollo de Tareas Tendientes a investigas, (sic) Divulgar y hacerse Vosero (sic) de nuestra voluntad en la Protección de los DERECHOS HUMANOS en estos momentos difíciles por los que atraviesa el departamento y nuestra querida Colombia” (fl. 42) (Documento sin fecha) Que, de conformidad con la certificación expedida por el Personero Municipal de Granada (Meta) el 18 de abril de 2002, los ciudadanos asesinados fueron

“víctima[s] de masacre discriminada, por motivos ideológicos y políticos en el marco del conflicto armado interno” (fl. 44) Que el señor José Ignacio Reyes Gordillo en su condición de constructor contratista (fl. 56) suscribió sendos contratos de obra pública para la realización de obras públicas en el Municipio de Vista Hermosa (fls. 59 y ss. fls. 263 y ss.) y contratos para el mantenimiento del acueducto urbano y construcción, mantenimiento y mejoramiento de escuelas rurales con el municipio de Puerto Lleras. (fl. 259) La Directora Ejecutiva de la Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos certificó que la señora María Obdulia Correa Ríos y su familia “han sido víctima de la persecución genocida contra la Unión Patriótica”; que por la muerte de José Ignacio Reyes Gordillo se adelanta por esa corporación denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y, que en varias oportunidades el mencionado ciudadano “había recibido amenazas de muerte por vía telefónica”. (fl. 115) 5 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. Que los señores José Ignacio Reyes Gordillo, José Francisco Reyes Gordillo y Nidia Reyes Gordillo fueron militantes del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica por espacio de once años, hasta la fecha de su deceso. (fls. 116 a 121 y 346)

Que de conformidad con la certificación expedida por el Comandante del Departamento de Policía del Meta, los señores José Ignacio, José Francisco y Nidia Reyes Gordillo no efectuaron solicitudes de seguridad especial por amenaza. (fl. 343) Previo a abordar el fondo del asunto planteado, es necesario precisar que los documentos que, en copia simple, se allegaron con la demanda no tienen ningún valor probatorio, toda vez que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, para que las copias tengan el mismo valor probatorio del original deben estar “autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autentica que se le presente”1; de suerte que como las fotocopias simples traídas al proceso adolecen de esta formalidad no son suficientes para demostrar los hechos que con ellas se pretende hacer valer2. 1 “Aparte de tratarse de una copia simple de un documento que se reputa público, y que por lo mismo debía aportarse en copia auténtica, para que pudiera tener el mismo valor probatorio de su original, según el artículo 254 del C. de P.C., su fecha 14 de mayo no da certeza de que el hecho ocurrió antes de ni en el día del 12, como tampoco de la ocurrencia de lo expuesto por el supuesto conductor del vehículo, pues quien aparece como Inspector dice haberse presentado al lugar de los hechos el 14 de mayo, cuando el automotor ya había sido desvarado, de modo que cómo puede hacer constar que lo expuesto por el conductor era verídico, si ello ya había pasado; cómo puede dar por cierto que la avería se presentó el día 11 y no, por ejemplo, el 13, si se presentó al

supuesto lugar de los hechos tres (3) días después.” (Sección Primera, Sentencia de 31 de julio de 2008, Expediente 76001233100020000190101. Eduardo Botero Soto & Cia., Ltda., Vs. Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales. Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta) 2 Con la demanda se allegaron, entre otros, los siguientes documentos: (…). El artículo 253 del C.P.C. establece que los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia y a renglón seguido, el artículo 254 señala los eventos en que las copias tendrán valor probatorio. Dice la norma: (…). Como quedó visto, los documentos aportados por la parte actora son copias simples que carecen de valor probatorio conforme a las normas procesales mencionadas y en esa medida no pueden tenerse 6 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. En punto del valor probatorio de las copias simples, el Consejo de Estado de manera reiterada ha señalado que: “La Sala tiene determinado que las copias informales carecen de valor probatorio en los términos del artículo 252 y 254 del Código de procedimiento Civil, dado que las copias simples no son medios de convicción que puedan tener la virtualidad de hacer constar o demostrar los hechos que con las mismas se pretendan hacer valer ante la jurisdicción, en cuanto su estado desprovisto de autenticación impide su valoración probatoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 254 del C. de P. Civil antes

citado.3” (Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 18 de junio de 2008, expediente 70001233100020030061801(AP), Emposucre en Liquidacion Vs. Nacion-Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Otros. Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio) (Subrayas fuera de texto) Pues bien, a partir del recuento probatorio que acaba de efectuarse puede inferirse, como hechos importantes para la solución del litigio, que los señores José Ignacio Reyes Gordillo (fl. 19), José Francisco Reyes Gordillo (fl. 27) y Nidia Reyes Gordillo (fl. 29) fallecieron el 22 de octubre de 2001 en el municipio de Granada (Meta) y que para dicha data militaban en los partidos Comunista Colombiano y Unión Patriótica; homicidio que, según se afirma en la demanda y lo narran los declarantes Miyer Murcia y Ulianov Malagón Hernández (fls. 375 y ss.), ocurrió en la vía que conduce del municipio de Mesetas a San Juan de Arama cuando fueron bajados del vehículo en que se transportaban y ultimados a disparos por desconocidos no identificados. como sustento de los perjuicios que se reclaman. (Sección Sentencia de Primera. Sentencia de 3 de julio de 2008. Expediente 41001233100019980077101, Aldemar Peña Peralta y otra Vs. Alcalde Municipal de Neiva, Consejera Ponente: Dra. Martha Sofia Sanz Tobon 3 “…la exigencia del numeral 2º del artículo 254 es razonable, y no vulnera el artículo 83 de la Constitución, como tampoco el 228. En este caso, la autenticación de la copia para

reconocerle él mismo valor probatorio del original es un precepto que rige para todas las partes en el proceso, y que no tiene otra finalidad que rodear de garantías de certeza la demostración de los hechos, fundamento del reconocimiento de los derechos….” Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-023 de 11 de febrero de 1998, M.P. Jorge Arango Mejía. 7 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. Adicionalmente a la prueba testimonial referenciada, que dicho sea de paso es de aquellas denominadas de odias o ex auditu, en tanto los deponentes no presenciaron en forma directa los hechos a los que se refiere su declaración, la causa de la muerte de los señores José Ignacio Reyes Gordillo, José Francisco Reyes Gordillo y Nidia Reyes Gordillo no está debidamente demostrada pues los registros civiles de defunción allegados con la demanda dan cuenta del óbito pero no informan cuál fue la causa del mismo, de manera que no puede afirmarse, con base en dicha prueba, que en efecto la muerte de los mencionados ciudadanos haya sido producto de homicidio por disparos de arma de fuego, ya que tampoco se trajo al proceso actas de levantamiento de cadáver o protocolos de necropsia, que corroboren la versión dada por los mencionados deponentes. No obstante lo anterior, si en gracia de discusión se aceptara que la muerte de José Ignacio Reyes Gordillo, José Francisco Reyes Gordillo y Nidia Reyes Gordillo fue causada por disparos de arma de fuego que les

propinaron sujetos cuya identidad se desconoce, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que refieren los declarantes, debe establecerse si, como se afirma en la demanda, tal hecho luctuoso resulta imputable a la omisión de las entidades demandadas en el cumplimiento de sus funciones de protección y vigilancia, dado que la militancia de dichos ciudadanos en los partidos Comunista Colombiano y Unión Patriótica los hacía blanco del proceso de exterminio que los grupos paramilitares emprendieron en contra de los miembros de dichos partidos políticos e imponía la obligación de suministrarles un dispositivo de seguridad superior a los restantes miembros de la comunidad. Frente al alcance de la obligación de protección exigible a la Policía Nacional, la Sección Tercera de esa Máxima Corporación, ha sostenido que: “No desconoce la Sala, que la Policía Nacional debe obrar sin solicitud expresa o requerimiento, en muchas ocasiones, 8 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. suministrando así a los ciudadanos en peligro la protección necesaria para cuidar de su vida o de sus bienes, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Código Nacional de Policía4. Sin embargo, el alcance de esta obligación debe ser evaluado en cada caso concreto, teniendo en cuenta las circunstancias que rodean la situación”. (Sentencia de octubre 4 de 2007. Exp.

16982. Lida Fanny Cobo Potes) Pues bien, a juicio de esta Procuraduría Delegada, en casos como el que

ahora es objeto de estudio, es necesario acreditar que el daño se debió a una falla imputable a la Administración, por acción u omisión de sus agentes, de manera que, a voces del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, incumbe a la parte actora la demostración de la conducta omisiva que endilga a la demandada y la relación causal entre esa omisión y la muerte de los señores José Ignacio Reyes Gordillo, José Francisco Reyes Gordillo y Nidia Reyes Gordillo. En efecto, la valoración integral del material probatorio, legal y oportunamente, allegado al plenario si bien demuestra que para la fecha de la muerte de los referidos ciudadanos, eran militantes o compartían las tendencias ideológicas de los partidos Comunista Colombiano y Unión Patriótica no es demostrativa de que fue, precisamente, en razón de su pertenencia a dichos partidos políticos que se produjo la muerte de los señores José Ignacio Reyes Gordillo, José Francisco Reyes Gordillo y Nidia Reyes Gordillo pues no existe en el proceso ninguna prueba que así lo demuestre, ni se tiene certeza de los móviles del asesinato, ni de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió el hecho punible ni, mucho menos, de quiénes fueron sus autores. Pero es que, si bien esa condición de las víctimas -en principiopudo influir para que se convirtieran en objetivo militar de grupos que operan al margen de la ley, es lo cierto que en el plenario no se demostró que dichas personas 4 “Art. 32.- Los funcionarios de policía están obligados a dar sin dilación el apoyo de su

fuerza por propia iniciativa o porque se les pida directamente de palabra o por voces de auxilio, a toda persona que esté urgida de esa asistencia para proteger su vida, o sus bienes, o la inviolabilidad de su domicilio, o su libertad personal, o su tranquilidad”. 9 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. hubieran recibido amenazas de muerte;5 ni que, como consecuencia de tales amenazas, hubieren solicitado protección especial a las autoridades, ni que, mediando dicha solicitud, éstas se hubieren negado a suministrarla6; y, por el contrario, obra en el expediente certificación expedida por el Comandante de la Policía del Departamento del Meta según la cual “no existen antecedentes relacionados con solicitudes de seguridad especial por amenaza, por parte de los señores JOSÉ IGNACIO, JOSÉ FRANCISCO Y NIDIA REYES GORDILLO”. (fl. 343). Entonces, considera el Ministerio Público que, en el asunto sub examine no resultaba exigible de las entidades demandadas el suministro de una protección especial o adicional para la vida e integridad personal de los hermanos Reyes Gordillo, pues como quedó demostrado no efectuaron ninguna solicitud a las autoridades públicas en tal sentido7 y el sólo hecho de compartir las ideologías del PCC-UP no conllevaba, per se, la obligación de que se les suministrara un esquema de seguridad por parte del DAS, a cargo 5 La única referencia a la existencia de amenazas en contra de José Ignacio Reyes

Gordillo aparece en una certificación de la Corporación Reiniciar, expedida dos años después de la ocurrencia de los hechos. (fl. 115) 6 ? “En casos como éste, en los que se discute la responsabilidad del Estado, por la muerte de una persona, es necesario acreditar que ésta se debió a una falla imputable a la Administración, por acción u omisión de sus agentes, como por ejemplo cuando alguien siente amenazada su integridad personal y pide protección a las autoridades públicas, y éstas la omiten sin ninguna justificación. De llegar a materializarse el hecho, esto es, si la persona muere o sufre lesiones como consecuencia de un atentado, surge llana y claramente la responsabilidad del Estado, a título de falla en el servicio, por omisión.” (Sentencia 30 de noviembre de 2006, expediente 20001233100019970335901-16626. Ramón Fernández y otro Vs. Mindefensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez) 7 “Visto lo anterior se concluye que en el presente caso a la Policía Nacional sí le era exigible un especial deber de protección respecto de la vida del señor VICTOR HERNÁNDEZ GRANNOBLES, habida consideración de que las circunstancias que antecedieron al hecho fatal de su muerte evidenciaban el peligro en que se encontraba su vida, que las autoridades de policía tenían conocimiento de tales circunstancias y que éstas fueron advertidas por la cónyuge de la víctima y la Procuraduría Provincial, al punto que expresamente solicitaron al Comando de Policía de Buga proteger su vida.”. Sentencia de 6 de marzo de 2008, expediente 76001233100019960408401-15921. Gloria

González y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Mauricio Fajardo Gómez)” 10 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. de quien se encontraba el componente de protección personal de los dirigentes, miembros y sobrevivientes de dichos partidos políticos, (Decreto 978 de 2000) sino que debía mediar la petición expresa del afectado, toda vez que este “Programa Especial de Protección Integral para los dirigentes, miembros y sobrevivientes de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano”se creó para atender los requerimientos de protección de aquellas personas que, por su vinculación ideológica o partidista con esas agrupaciones políticas, se hallaren amenazadas en su vida, integridad, libertad o seguridad (art. 1). Así, es claro que si los señores José Ignacio Reyes Gordillo, José Francisco Reyes Gordillo y Nidia Reyes Gordillo consideraban que existía un grave riesgo de afectación de sus derechos a la vida e integridad personal, debieron elevar la correspondiente solicitud de protección al organismo competente, a fin de que se adoptaran las medidas de protección necesarias para la prevención y represión del eventual ataque; no obstante, como ya se precisó, al expediente no se trajo prueba alguna de que las víctimas hubieren adelantado trámite alguno tendiente a obtener la protección de las autoridades públicas, por lo tanto, a pesar de que se

acreditó la existencia de un daño, no está demostrado que éste resulte imputable a la demandada, pues no se probó que la muerte de los señores José Ignacio Reyes Gordillo, José Francisco Reyes Gordillo y Nidia Reyes Gordillo se debiera a una falla de la Administración, en tanto ésta no tenía conocimiento del peligro que se cernía sobre la vida de los mentados ciudadanos. En un caso que guarda alguna similitud con el que se estudia, la Sección Tercera de esta Corporación, en reciente jurisprudencia, declaró la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación, Policía Nacional sobre la base de que tanto la víctima como algunos otros servidores de la entidad territorial informaron a las autoridades el grave riesgo que corría la vida del alcalde sin que estas hubieron tomados las medidas pertinentes a fin 11 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. de suministrar protección adecuada y oportuna a la integridad del burgomaestre. En la mencionada decisión se consignó: “En efecto, mediante escrito del 10 de mayo de 1992, la alcaldesa saliente y el alcalde entrante, del municipio de El Castillo, informaron al Presidente de la República, con copia entre otros, a los ministros de Defensa y Gobierno, de un episodio ocurrido dos días antes, en la sede de la alcaldía, cuando llegaron al sitio dos hombres armados que requirieron información sobre los dos funcionarios. De la misma manera, el 31 de mayo siguiente, el

alcalde Ocampo Castaño, solicitó al comandante del Segundo Distrito de Policía de Acacías, dos escoltas para su protección. Esta situación fue narrada por Eixenover Quintero, ex personero municipal del ente territorial, quien además de confirmar todo lo anterior, puso de presente que se había advertido a las autoridades militares y de policía de la presencia de un grupo de paramilitares en la población, frente a lo cual no se tomó medida alguna. Así mismo, Alvaro Vázquez, miembro del movimiento político citado, señaló que se habían formulado denuncias constantes sobre eso hecho e informado de las mismas al ministro de Gobierno de la época. Frente a la situación descrita, la reacción de las autoridades fue nula y tardía. Ciertamente, la Presidencia de la República y la Comandancia del Batallón 21 Vargas del Ejército Nacional, no dan cuenta de haber recibido alguna comunicación sobre el asunto o tener algún registro sobre las amenazas a esos funcionarios, y el comandante del segundo distrito de policía de Acacías, dio traslado de la solicitud de protección del alcalde Ocampo Castaño, al comandante operativo de la policía en el departamento del Meta, 5 días después de la solicitud y 2 después de la masacre. Y solo se registra acción de la fuerza pública al día siguiente de la misma, cuando un pelotón del Batallón 21 Vargas hizo presencia en el lugar de los hechos y el comandante de la subestación de El Castillo informó del único herido en el episodio. En el contexto descrito, es claro que la muerte de William Ocampo Castaño es imputable a la demandada por omisión en el deber de

protección y cuidado que le correspondía respecto de la vida del funcionario. Sin duda, la situación de peligro en la que se hallaba el burgomaestre, denunciada por él mismo, conocida, además, por los múltiples actos de violencia política que se presentaban en la región y contra el movimiento político al que pertenecía, hacía que la administración se encontrara en posición de garante frente a él. (...) No se trata de endilgar una obligación de imposible cumplimiento al Estado, en los términos de la relatividad de la falla del servicio, 12 5aCdeE/WRO/napn Expediente 50001233100020031035701-38441. María Obdulia Correa Ríos y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional – Ejército Nacional. sino que, en el caso concreto, se infiere que la administración pública tenía conocimiento de la situación y no adoptó las medidas necesarias para proteger la vida del ciudadano” (Sentencia de 11 de febrero de 2009, expediente 5000123310001992044780123067. Nelba Rosa Alape Salazar y otros Vs. Ministerio de Defensa, Policía Nacional, Consejero Ponente: Dr. Enrique Gil Botero) En conclusión, dado que en el proceso no se demostró que los hermanos Reyes Gordillo hayan noticiado a las autoridades el riesgo en que se encontraban sus vidas, resultaba imposible exigir de éstas un comportamiento dirigido a suministrarles alguna protección especial, pues, tal y como lo ha señalado la jurisprudencia, “a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas

causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas, en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible.” (Sentencia de 1 de abril de 2009, expediente 50001233100019950474401-16836. Margarita López Yusti y otros Vs. Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, Consejera Ponente: Dra. Ruth Stella Correa Palacio) Los anteriores argumentos son los que conducen a esta Procuraduría Delegada a deprecar de la H. Sala de Decisión la revocatoria de la sentencia consultada, para en su lugar denegar las súplicas de la demanda. De la señora Consejera, respetuosamente,

WILSON RUIZ OREJUELA

Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado 13 5aCdeE/WRO/napn Expediente