PGN - FALLA EN EL SERVICIO - No existe nexo causal entre el daño y la actuación de las entidade

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Falla en el servicio por presuntamente permitir zarpar una embarcación con un embriagado a bordo ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Existió culpa de la víctima y de un tercero en el daño padecido Para esta Delegada es claro, tal como lo determinó el a quo, que respecto a las accionadas, no emerge ninguna circunstancia que los ligue por acción o por omisión con el hecho acaecido, lo que permite determinar su no responsabilidad por la muerte del señor, máxime cuando la parte actora no cumplió con la carga de la prueba, tal y como lo expresa el art. 177 del CPC, para demostrar inicialmente responsabilidad de la Policía Nacional, por el hecho de no impedir el zarpe de la embarcación; En lo que hace a la Armada Nacional, simple y llanamente por ser la guardiana de la seguridad en los ríos; del Municipio de Bojaya, por ser la persona que los invitó al agasajo, el Alcalde; y el Municipio de Vigía del Fuerte, por ser el lugar de donde partieron, después de disfrutar de un día de esparcimiento, por una invitación personal, en estado de alicoramiento é infringiendo la restricción existente para navegar en horas nocturnas, concretamente en el rio Atrato, conforme lo dispone la Resolución No. 2105 de 1999 emanada del Ministerio de Transporte en sus artículos 25 a 30 (Reglamento para la navegación de embarcaciones menores). En lo que atañe a la responsabilidad de la víctima, hay que hacer mención, que era una

persona adulta, con capacidad suficiente para valorar el riesgo que estaba asumiendo al pretender un recorrido nocturno de regreso por el río, en estado de alicoramiento y sin un permiso de zarpe expedido por la autoridad competente. No obstante de ser conocedor del riesgo al cual se sometía; inició el regreso por el río Atrato, en horas no hábiles para navegar, y en una embarcación que no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad, sin medir las consecuencias, que a la postre fueron fatales, por lo que no puede ser imputables a las accionadas, ya que éste se produjo como consecuencia directa de la culpa o hecho propio de la víctima, al exponerse imprudentemente al daño, en los términos previstos en el art. 2357 del Código Civil. FALLA EN EL SERVICIO-No existe nexo causal entre el daño y la actuación de las entidades demandadas Como quiera que no se acreditó la falla del servicio alegada en cabeza de las accionados Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Policía nacional, Municipio de Vigía del Fuerte, Municipio de Bojayá y la Corporación Acción por el Quindío – Actuar Famiempresas, se concluye de los hechos narrados y probados en el proceso que éstos obedecieron al hecho exclusivo y determinante de la víctima y de un tercero (El comandante de la embaración), en la medida en que la muerte del señor no obedeció primeramente a las fallas atribuibles a la Policía Nacional, al no cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales para impedir el zarpe de la canoa que fuera contratada por la señora Coordinadora del proyecto (Corporación Acción por el Quindío – Actuar Famiempresas),

para trasladarlos en horas nocturnas por el río Atrato, de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia, al Municipio de Bojayá en el Choco, embarcación que era piloteada por otro señor y ocupada por la víctima y sus compañeros de trabajo, que fueran invitados a un evento social de carácter particular por el señor Alcalde de Bojayá; sino al hecho realizado por un tercero determinado, concretamente el señor motorista de la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo embarcación, quien era la persona conocedora por su actividad y profesión de las restricciones, de los requisitos de seguridad de los ocupantes y para la obtención del permiso para el zarpe, y además de ser la persona que podía abstenerse de iniciar el recorrido, lo que nos lleva a determinar que el daño es imputable a él y al señor, toda vez que tuvo bajo su control el asumir el riesgo padecido, inclusive aceptando en estado de alicoramiento transportarse en horas no hábiles por el río Atrato, sin las condiciones de seguridad mínimas, sin la autorización de la autoridad fluvial para el zarpe, y además adoptando un comportamiento desequilibrado al interior de la embarcación; cuando presentaba juegos que dadas las características de la misma; sobre todo cuando arrojó una silla donde iban sentados al agua, ponía en un peligro mayor a sus ocupantes,

circunstancia comportamental que originara que se cayera al río y la postre su ahogamiento. Se rompe entonces el nexo causal entre la actuación de las entidades demandadas (Ministerio de Defensa – Armada y Policía Nacional, Municipios de Vigía del Fuerte (Antioquia), Bojayá (Choco), Actuar Famiempresas) y el daño antijurídico, concluyéndose que no se puede decir que existió una falla del servicio respecto a estos, tal y como es alegada por el apoderado de los demandantes. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DEL ESTADO-Se debe exonerar a las demandadas porque no se configuró falla en el servicio Después de la valoración probatoria indicada y concluyente para determinar responsabilidad de los que presuntamente incurrieron en una falla del servicio, para esta Delegada, es dable acotarse a lo decidido por el Tribunal Contencioso en primera instancia, para exonerar de responsabilidad a las accionadas. Así pues, con fundamento en los breves argumentos expuestos a lo largo del presente concepto, es dable colegir, que los hechos materia de la presente demanda, no son atribuibles a título de responsabilidad administrativa a las partes demandadas (Ministerio de Defensa – Armada Nacional, Policía Nacional, a los Municipios de Vigía del Fuerte (Antioquia) y Bojayá (Choco) dado que no se demostró que hubieran incurrido en una omisión, o en un servicio deficiente en el ejercicio de sus funciones y obligaciones que, pudiera tenerse como la causa eficiente del accidente causante de la muerte del señor, máxime cuando no se demostró por parte de los actores, tal y como lo exige el artículo

177 del CPC, las posibles fallas en que pudieron incurrir. En consecuencia, no se puede atribuir responsabilidad administrativa a las entidades demandadas por estos hechos, razón por la cual, las pretensiones de la demanda no pueden tener vocación de prosperidad, lo que obliga a concluir, que la sentencia de primera instancia deberá confirmarse. La Procuraduría General de la Nación en función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación de los intereses de la sociedad a través de esta Delegada solicita CONFIRMAR la sentencia apelada al operar la culpa exclusiva de la víctima y el hecho determinante de un tercero en el hecho acaecido. 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo CONCEPTO No. 51 / 2013 Bogotá, D.C 06 de marzo de 2013

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Carlós Alberto Zambrano Barrera

E. S. D.

EXPEDIENTE: 270012331000201000068-01 (45483)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: MARÍA NHORA FERRO y OTROS

DEMANDADO: MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

– ARMADA NACIONAL – MUNICIPIO VIGÍA DEL FUERTE –

MUNICIPIO DE BOJAYÁ – EMPRESA ACTUAR FAMIEMPRESAS.

Sentido del concepto: solicitud de confirmar la sentencia apelada. / Existió culpa exclusiva de la víctima y de un tercero en el daño padecido. / Fue irresponsable la víctima al no autoprotegerse corriendo el riesgo al navegar en horas nocturnas por el rio en estado de alicoramiento. / No se puede alegar la propia culpa para de ella beneficiarse. / El demandante no cumplió con lo dispuesto en el art. 177 del Código de Procedimiento Civil El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.

3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo

1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda Los señores LUIS ALBERTO BRIKMAN CASTILLO, en calidad de hermano, MARÍA NHORA FERRO, Abuela, y JORGE ENRIQUE CASTILLO FERRO, tío de la víctima, a través de apoderado judicial, en ejercicio de acción de

reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, presentaron demanda, contra el MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL, ARMADA NACIONAL, MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE, MUNICIPIO DE BOJAYÁ y la EMPRESA ACTUAR FAMIEMPRESAS, para que se les declare administrativa y solidariamente responsables por los perjuicios morales y materiales sufridos por los demandantes, como consecuencia de supuesta falla del servicio originada por la muerte del señor ANDRES PHILIPE BRINKMAN CASTILLO, ocurrida por ahogamiento el 26 de enero de 2008, en horas de la noche en aguas del rio Atrato, y en comprensión del Municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia). 1.2. La Contestación 1.2.1. El Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Armada Nacional., (fls. 297324) manifiestan que se opone totalmente a las pretensiones por considerar que no hay lugar a la responsabilidad y por consiguiente el Ministerio no está llamado a reparar los prejuicios que se aducen se la causaron a los demandantes, pues el hecho es ajeno al actuar de algún agente de la fuerzas armadas. Además, de que la responsabilidad recae en el propio trabajador, al desconocer el deber de cuidado para consigo mismo, y su libre albedrio para abordar una embarcación en horas nocturnas, en estado de alicoramiento y sabiendo de antemano que no era prudente el zarpe para la hora de los hechos. 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo 1.2.2. La Empresa Actuar Famiempresas se opone a las pretensiones de la demanda por considerarla completamente ajena a la realidad de los hechos ocurridos. Manifiesta que al observar el contrato de trabajo celebrado entre las partes, se puede determinar con claridad, que el sitio del cumplimiento del objeto de éste, es el Municipio de Bojayá en el Chocó, no tenia nada que hacer, en cumplimiento del objeto del contrato de trabajo en el Municipio de Vigía del Fuerte y menos en horas de la noche en una invitación que les hiciera el Alcalde de este Municipio a la Coordinadora GLORIA AMPARO USUGA en compañía del señor YEIR JURADO CASAS, a departir en dicho municipio, tomó su propia decisión el occiso de acompañar en forma personal a los invitados, ese día sábado 26 de enero de 2008, hora y día no comprendido dentro de la jornada laboral, establecida dentro del contrato celebrado con ACTUAR FAMIEMPRESAS. Insiste acotando que el servicio de transporte fluvial es contratado particularmente por los usuarios, a quienes de acuerdo a la Ley se debe velar por su seguridad, en este caso el grupo de compañeros contrataron con el transportador señor Epitacio el desplazamiento por el río Atrato hasta Bojayá. Es claro, que las autoridades tanto de Policía, como la Armada Nacional no cumplieron no solo con los

mandatos de la Constitución Política en preservar la vida de sus ciudadanos, sino que permitieron que se navegara el río Atrato en horas de la noche, tal como lo restringe la Resolución No. 0002105 del 15 de octubre de 1998 del Ministerio de Transporte, sin tener un control para su navegación, como era el uso de los chalecos salvavidas de los pasajeros de la canoa, lo mismo que dejar que estos navegaran en estado de alicoramiento. 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo Por ello, propone como excepciones las siguientes: - Culpa exclusiva de la víctima. - Concurrencias de culpas en el servicio de transporte, por falla en la prestación del servicio de control y vigilancia. - Inexistencia del nexo causal y cobro de lo debido. 1.2.3. La Policía Nacional, en escrito obrante a folios 289-293, contestó la demanda, pero la misma se tuvo como no contestada, toda vez que la apoderada doctora ELVIA ROSA RENTERÍA ASPRILLA, no allegó el poder que la acreditara para actuar como apoderada de la Policía nacional. 1.2.4. Municipio de Vigía del Fuerte, en escrito visible a folios 276 á 280 del expediente, contestó la demanda refiriéndose a todos los hechos y oponiéndose a

las pretensiones, pero dicha contestación no se tuvo en cuenta ya que si bien se anexó poder conferido por el señor MANUEL HUMBERTO MORENO INCEL, este no acreditó la calidad en que lo otorgó 1.2.5. Municipio de Bojayá, no hizo uso de la oportunidad procesal para contestar la demanda. 1.3. Sentencia de Primera Instancia El Tribunal Contencioso Administrativo del Choco, no accede a las pretensiones, 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo mediante sentencia proferida el veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012), (fls. 469 a 493 C. Consejo de Estado), manifestando en resumen los siguientes argumentos:  En cuanto a la culpa exclusiva de las víctimas, se observa que si bien para demostrar la omisión de las autoridades demandadas hay contradicciones en los testimonios rendidos, pues si hay uniformidad en las declaraciones en cuanto el comportamiento del occiso y la señora GINA PAOLA ASPRILLA en el viaje de regreso al Municipio de Bellavista, por ello no existe duda de que la muerte del señor ANDRES PHELlPE BRINKMAN CASTILLO, también fue como consecuencia de su comportamiento indisciplinado en la embarcación que además pone en riesgo la vida de sus compañeros.  Por último la Sala precisa que en el presente caso la parte actora no

asumió la carga probatoria que le correspondía, pues lo sostenido a lo largo de la actuación procesal no fue acreditado.  Así las cosas, habiendo probado las demandadas la exoneración por hecho exclusivo y determinante de un tercero al igual que la culpa exclusiva de la víctima, se negaron las pretensiones de la demanda. 1.4. Argumentos de las Apelaciones. 1.4.1. El apoderado de la parte actora dentro del proceso referido, incoa recurso parcial de apelación en contra de la sentencia desfavorable a sus intereses, en 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 510 a 514 del cuaderno del Consejo de Estado):  Dice que existió falla en el servicio por cuenta de los miembros de la Policía Nacional el día 26 de enero de 2008, por cuanto a pesar de tener instrucciones de la misma institución y de reconocer la limitaciones de navegabilidad en el río Atrato (Uso obligatorio de chalecos, verificación de medidas de seguridad, restricción de navegación a altas horas de la noche), ellos sin atender los claros mandamientos legales e institucionales que sobre dicho tópico tenían (protección de la vida), decidieron dejar partir dicha embarcación, bajo su propia responsabilidad.

 Se refiere manifestando, que en las declaraciones de los testigos Gloria Amparo Usuga, Tomás Fernando García y Gina Paola Asprilla, se encuentra demostrado que los señores Yair Jurado Casas, Gloria Amparo Usuga y el mismo Andrés Phelipe Brinkman, le solicitaron permiso a la Policía de Vigía del Fuerte permiso para el zarpe de la embarcación, que si este no se hubiera dado les hubiera tenido que esperar y salir hacia su destino (Municipio de Bojayá), al día siguiente.  Si existió atrevimiento por parte del operador de la embarcación el día 26 de enero de 2008, cuando partió a las nueve y treinta de la noche (9.30 p.m.), quien pese a que su condición de nativo y operario le permitía conocer las restricciones que allí operaban, y así y todo partió, entonces surge el siguiente interrogante: ¿Por qué no fue objeto de hostigamientos de los cuerpos de seguridad que cuidan el río Atrato, como la Policía Nacional y/o la Armada Nacional? 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo  Por último, dice que la sentencia desconoce los verdaderos elementos de la culpa extracontractual que se configuró a través de los miembros de la Policía Nacional que atendían la Estación de Vigía del Fuerte, el 26 de

enero de 2008, cuando por negligencia o falta de conocimiento normativo, permitieron el zarpe de una embarcación que no contaba con las medidas de seguridad correspondientes.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

Problema Jurídico. Puede ser expresado en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Se puede afirmar que la conducta desplegada por las entidades demandadas –Ministerio de Defensa – Armada Nacional – Policía Nacional, Municipio Vigía del Fuerte (Antioquia), Municipio de Bojayá (Choco) – y la Corporación Acción por el Quindío – Actuar Famiempresas, es imputable a título de falla en el servicio por la muerte del señor Andres Phelipe Brinkman Castillo? 2.1.2. ¿El señor Brinkman Castillo no cumplió con su deber de autoprotección al iniciar un recorrido nocturno en una canoa, por aguas del rio Atrato, sin las condiciones mínimas de seguridad, y en estado de alicoramiento? 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo 2.1.3. ¿Se debe declarar la culpa exclusiva de la víctima y el hecho determinante de un tercero para eximir de responsabilidad a la Administración al asumir los mismos el riesgo padecido? 2.2. Marco Teórico.

Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado. La responsabilidad en materia extracontractual del Estado, encuentra su sustento en el artículo 90 de la Constitución Política. Frente al tema, para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos: “a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y

el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” Cuando se invoca la figura de la falla del servicio como título de imputación responsabilidad al Estado, tal y como ocurre en la presente demanda, para que surja el deber de resarcimiento patrimonial a cargo del primero, se deben dar los siguientes elementos: a) Una actuación irregular del Estado b) El daño antijurídico c) El nexo de causalidad entre el daño y el actuar activo u omisivo de la administración 2.2.2. Culpa exclusiva de la victima - Acerca de la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima el Consejo de Estado en diversa jurisprudencia se ha manifestando diciendo que: “Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad -fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctimaconstituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga jurídicamente imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado. Por otra parte, a efectos de que opere el hecho de la víctima como eximente de responsabilidad, es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u

omisivo de aquélla tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que el hecho de la víctima tenga plenos efectos liberadores de la 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo responsabilidad estatal, es necesario que la conducta desplegada por la víctima sea tanto causa del daño, como la raíz determinante del mismo, es decir, que se trate de la causa adecuada, pues en el evento de resultar catalogable como una concausa en la producción del daño no eximirá al demandado de su responsabilidad y, por ende, del deber de indemnizar, aunque, eso sí, habrá lugar a rebajar su reparación en proporción a la participación de la víctima.”1 2.2.3. H. Consejo de Estado respecto a la aplicación de la teoría de la relatividad de la falla ha dicho: En palabras del Consejo de Estado: “De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Constitución, la razón de ser de las autoridades públicas es la defender a todos los residentes en el país y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continúa pone en tela de juicio

su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismo” “En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, ha considerado la Sala que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicio/3; b) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal” 1 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del veintiocho 28 de abril de 2010.

Radicado: 18562. Consejero Ponente: Mauricio Fajardo Gómez.

12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo “Frente a este último aspecto, la Sala, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, precisó que en este tipo de eventos

lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión” “No obstante, cabe señalar que la Sala ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativa/ 6 , en tanto limitadas por las capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que "nadie está obligado a lo imposible” “Aunque, se destaca que esta misma Corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían ” 2.2.4. Resolución 2105 del 15 de octubre de 1999 del Ministerio de Transporte – Reglamento para la navegabilidad de Embarcaciones Menores: “Artículo 25°. El permiso de Zarpe es la autorización que el inspector fluvial otorga a la solicitud escrita que presenta el motorista, timonel o despachador de embarcaciones menores, para que inicie o continúe el viaje. Artículo 26°. Los documentos que se deben de presentar juntos con la solicitud de Zarpe para embarcaciones menores son: Patente de navegación vigente de la embarcación. Permiso de navegación vigente del personal relacionado en el de tripulación. Listado de pasajeros

Conocimiento de embarque para embarcaciones de carga o mixtas. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo Artículo 27°. del permiso de Zarpe a bordo - además de los requisitos exigidos en el artículo anterior, el inspector verificara físicamente: El estado de la embarcación. Los elementos de seguridad. Que el número de pasajeros corresponda al número indicado en la planilla. Que no exista sobrecupo. La distribución de la carga, para embarcaciones de carga v embarcaciones mixtas. Artículo 28°. (. . .) Artículo 29°. Se restringe la navegación para las embarcaciones menores en los ríos, canales y ciénagas entre los 18: y 05:00 horas. En el caso de excepciones consagradas en el presente artículo, las embarcaciones menores deberán cumplir con los reglamento de luces v señales de navegación.

Parágrafo primero: El presente artículo no se aplicara cuando se trate de actividades pesqueras artesanales o actividades económicas menores siempre y cuando no exista navegación fluvial mayor.

Parágrafo segundo: El presente artículo no se aplicara en caso de traslado de enfermos graves o situaciones de fuerza mayor.

Artículo 30°. Solo se podrá atracar embarcaciones menores en los sitios

autorizados por el inspector fluvial del ministerio de transporte. ( .. .)” 2.3. Las Pruebas obrantes. Obran los siguientes en el plenario:  Registro Civil de defunción del señor Andrés Phelipe Brinkman Castillo (fl. 62 C.ppal).  Declaración rendida por la señora Gina Paola Asprilla Carrascal (fls. 366 a 197 C.ppal). 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.45483 (270012331000201000068-01) Evo  Despacho comisorio donde se interroga a el señor Tomas Fernando García Montoya y a la señora Gloria Amparo Usuga López (fls. 404 a 408 del c.ppal) 2.4. Caso Concreto En este orden de ideas, cabe advertir las siguientes situaciones, que llevaron a la decisión por cuenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Choco.

En su orden son:  Se acreditó en el plenario que el 6 de enero de 2008, siendo aproximadamente las 09 p.m., el señor Andrés Phelipe Brinkman Castillo murió trágicamente al ahogarse en aguas del río Atrato, al zarpar desde el Municipio de Vigía del Fuerte (Antioquia), con destino a Bojayá (Chocó), y después de haber disfrutado en compañía Yeir Jurado Casas, Gloria Amparo Usuga, Yina Paola Asprilla y Tomás Fernando García de un evento

social al que fueran invitados, por el Alcalde de éste último Municipio, señor Florentino Chaverra Mosquera.  No obstante, el daño referido esta Delegada afirma que no es imputable a las demandadas, para lo cual, a fin de demostrar lo enunciado continuación se efectúa un análisis que llevará a demostr