PGN - FALLA EN EL SERVICIO POR OMISION - No es necesario que hubiera mediado una petición espec

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por falla del servicio por omisión del deber legal de protección a las personas que lo soliciten La premisa fundamental objeto del caso bajo estudio, está referida a lo expresado por la apoderada de la parte actora, al exponer que la causa del homicidio de la diputada lo constituye el hecho de haber desplegado un importante control político a las actividades de contratación de la Gobernación del Departamento, y de la Electrificadora del Meta, oficiando a varios entes de control e informando acerca de las presuntas irregularidades en las mismas. OMISIÓN DE LOS DEBERES DE PROTECCIÓN-Frente a un hecho notorio De acuerdo con lo observado por el Ministerio Público en primera instancia, la parte actora desplegó su destreza litigiosa en procura de demostrar que la funcionaria se dedicó sus últimos años de vida a ejercer control político desde la función de Diputada de la Asamblea del Departamento del Meta, promoviendo debates y elevando denuncias contra la clase dirigente del Departamento por actos de corrupción, queriendo con ello demostrar que la consecuencia de ese proceder generó alto riesgo de presentase en algún momento un atentado contra su vida, y que por lo tanto el Estado a través de todos los organismos de inteligencia, incluyendo al propio Departamento del Meta, debieron brindarle protección. Está debidamente probado, que la víctima fungió como Diputada del Departamento del Meta, y que en tal labor, se convirtió en contradictoria del gobernador de ese Departamento, para la época de los hechos, por el indebido manejo del erario público, siendo las múltiples denuncias el móvil, para el

hecho perpetrado, en asocio con las organizaciones al margen de la ley, que para el año 2004, no se habían hecho públicas como se conocen hoy en día bajo la denominada PARA POLÍTICA, pero que eran un hecho notorio en casi todo el territorio nacional. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA-Las autoridades tienen el deber legal de desplegar las acciones positivas para preservar la vida Efectivamente el fallo de la Corte Suprema de Justicia, obrante al proceso, constituye prueba de que el homicidio fue generado por causa y como consecuencia, de las actividades del Gobernador del Meta y de las investigaciones que propició la Diputada, por tanto la conclusión obligada es que el Departamento del Meta, tiene responsabilidad por tal acción. Es claro para esta Agencia del Ministerio Público, que la actividad pública y las continuas denuncias por corrupción administrativa que la Diputada, realizó en diferente medios y al interior del recinto de la Asamblea, en lo Consejos, y ante la autoridad de la Fiscalía General de la Nación, se encontraban íntimamente ligadas al control político que como representante de la ciudadanía le acudía en deber, razón más que suficiente para que se entendiera por parte de las autoridades que su vida corría peligro y que acreditaba que se le brindara protección, como efectivamente lo informo de manera amplía el resultado del suceso ya conocido y que ocasiona la muerte de la Diputada. No era una situación desconocida especialmente en ciudades pequeñas como Villavicencio. Por lo anterior, en relación con la ausencia de solicitud de protección, como argumento de la culpa de la victima, para esta Delegada, no es de recibo tal argumento, si se tiene en cuenta

que obra en el proceso prueba de la manifestación pública hecha en las entrevistas, en donde la Diputada manifestó que temía por su seguridad y su vida, por lo cual si bien es cierto no hay prueba de la solicitud de protección, también es cierto que las autoridades no Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co J.Cruz R. PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) podían desconocer un hecho público, notorio y evidente y tenían el deber Constitucional y legal de desplegar las acciones positivas correspondientes para preservar su vida. En otras palabras un personaje público que ameritaba ser protegido en razón a su actividad permanente. En opinión de esta Delegada del Ministerio Público, la sentencia apelada debe ser modificada para acceder a las peticiones de la parte actora conforme al recurso de apelación, en cuanto la condena en contra de la Nación, comprenderá a los siguientes organismos: Ministerio de Defensa - Policía Nacional, y Departamento Administrativo de Seguridad DAS, encargados a nombre del Estado de garantizar la vida de los asociados. FALLA EN EL SERVICIO POR OMISIÓN-No es necesario que hubiera mediado una petición especial de protección porque las autoridades conocían de las públicas denuncias La declaratoria de responsabilidad en contra de la Nación a través de la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, proviene de haberse demostrado en el

proceso que no dieron cumplimiento a su función, como organismos de seguridad del Estado, de proteger la vida de la diputada, que por especiales circunstancias se encontraba amenazada de tiempo atrás, desde el mismo momento que iniciaron sus denuncias frente a los actos de corrupción por parte de la administración del Gobernador de ese momento. Tal como lo enuncia la apoderada de la parte actora en su escrito de apelación, en el proceso se demostraron los hechos que permiten la declaración de responsabilidad en la forma señalada. En efecto, las pruebas recaudadas permiten tener por demostrado: 1 - Que la diputada ostento el cargo para la época de los hechos. 2 - Que desplegó una actividad en contra de la corrupción administrativa en la gobernación del Meta. 3 - Que fue asesinada por sicarios, que a la postre dentro de las pruebas del proceso penal, se concretó en un asocio entre el Gobernador investigado y denunciado y grupos paramilitares. 4 - Si bien es cierto que la diputa no solicitó directamente que se le diera protección, lo manifestó públicamente, al interior del recinto de la Asamblea, en los consejos, y ante la autoridad de la Fiscalía General de la Nación, sin que el Estado le ofreciera la garantía constitucional a la cual tiene derecho cualquier ciudadano. 5 - Los organismos encargados de prestar el servicio de seguridad a cargo del Estado, conocían suficientemente la existencia de serias amenazas contra de la Diputada Nubia Inés Sánchez, por sus públicas y reiteradas, denuncias en tal sentido, todo ello obrante al proceso.

6 - La existencia de amenazas en contra de la Diputada, era de público conocimiento, había sido difundida la noticia a través de los medios informativos, por ejemplo, el noticiario “contrapeso”, como efectivamente se encuentra en el proceso como prueba. Cabe destacar que tal prueba no fue tachada de falsa, ninguna de las entrevistas publicadas en los medios informativos, ni siquiera analizada armónicamente con otras pruebas. Ahora bien, con base en los hechos demostrados, fuerza es concluir que los organismos encargados de prestar el servido de seguridad a cargo del Estado, incurrieron en omisión en 2 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección de la Diputada. No es necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, pues las autoridades, empezando por el mismo gobernador conocían de las públicas denuncias realizadas por la diputada pero obviamente a este no le interesaba su protección. 3 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) CONCEPTO No. 269 / 2012

Bogotá, D.C 28 de septiembre de 2012

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente Doctor Hernán Andrade Rincón

E. S. D.

EXPEDIENTE: 250002326000200602152-01(43674)

Acción de Reparación Directa ACTOR: María del Pilar Rodríguez Sánchez y Otros DEMANDADO: Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Policía Nacional – D.A.S. y otros Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida originada en el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. / Falla del servicio Ministerio De Defensa – Policía Nacional. / Hecho notorio. / Solicitud especial de protección a las autoridades por parte de la víctima. / Omisión del deber legal de protección a las personas que lo soliciten. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la 4 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) Ley, además de la protección de los Derechos Humanos y el Patrimonio Público.

1. ANTECEDENTES 1.1. La Demanda – Los hechos La señora NUBlA INÉS SÁNCHEZ ROMERO, quien a la fecha de su muerte se desempañaba como Diputada de la Asamblea Departamental del Meta, desplegó un importante control político a las actividades de contratación de la Gobernación del Departamento, y de la Electrificadora del Meta, oficiando a varios entes de control e informando acerca de las presuntas irregularidades en las mismas.

El 13 de septiembre de 2004 fue asesinada junto con los señores EUSER RONDÓN y CARLOS JAVIER SABOGAL MOJICA, candidato a la Gobernación del Meta y exGobernador de ese Departamento, respectivamente, en el municipio de Tocancipá Cundinamarca. El señor EDILBERTO CASTRO RINCÓN, quien entonces ejercía como Gobernador del Departamento del Meta, fue declarado responsable como determinador del delito de homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo de los mismos. 1.2. Contestación de la Demanda 1.2.1. La Nación – Ejército Nacional. a) El apoderado del Ejército Nacional alegó que dentro de las funciones y la misión legal y constitucional, esa institución no tiene la custodia y seguridad de personas 5 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) particulares, que sí tiene la Policía Nacional y otros organismos de seguridad del Estado, que se brinda a través de una serie de gestiones administrativas como la asignación de escoltas y vehículos de seguridad previa solicitud y asignaciones específicas, siendo precisamente allí en donde surge la sindicación de falla del servicio. 1.2.2. La Nación - Ministerio del Interior Alegó falta de legitimación por pasiva al no ser el Ministerio del Interior y de Justicia centro de imputación que deba responder por la integridad de las personas cuya misión corresponde a los organismos de inteligencia del Estado. Alegó que al Ministerio del Interior y de Justicia no le corresponde ejercer funciones de vigilancia, inteligencia o de policía, pues excepcionalmente forma parte de un grupo de entidades encargadas de la protección a alcaldes, concejales y personeros municipales como lo establece el Decreto 1386 de 2.002, en cuyo caso se requiere adelantar una serie de requisitos. Alegó que en ninguno de los hechos de la demanda se hace mención a la existencia de solicitud previa de protección especial o de intervención ante el Ministerio del Interior y Justicia o ante cualquier organismo de seguridad del Estado, y puso en evidencia que el crimen de la Diputada Nubia Sánchez se cometió por fuera del límite territorial en donde ella ejercía sus funciones

públicas. Alegó las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, y el Hecho de un Tercero. 1.2.3. Departamento Administrativo de Seguridad DAS Se opuso a las pretensiones por considerar que los hechos que originaron la demanda fueron ajenos a la Institución, para lo cual alegó que no existe en la demanda acusación de una conducta de acción u omisión en la cual haya podido 6 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) incurrir el DAS; por el contrario se evidenció que fueron terceros al margen de la ley los autores del crimen de la Diputada Nubia Sánchez. 1.2.4. La Nación - Policía Nacional Alegó falta de legitimación en la causa por pasiva fundada en la falta de prueba que establezca la obligación legal de la Policía Nacional de estar prestando seguridad especial a la Diputada Nubia Inés Sánchez en el momento en que se presentara su muerte, ni se aportan pruebas de que ella hubiese solicitado protección especial para su seguridad, menos aún para su desplazamiento al Departamento de Cundinamarca, sitio en donde se presentó el hecho de su muerte. Para el apoderado no existe prueba del nexo causal que genere responsabilidad de esa institución en el fallecimiento de la ex diputada. 1.2.5. Departamento del Meta

Se opuso a las pretensiones de la demanda pues recordó que esa entidad territorial cumplió con la obligación de brindar y disponer todo lo concerniente para la protección y seguridad de la ex diputada Nubia Sánchez, mientras ejerció sus funciones de Diputada del Departamento, pese a lo cual la señora Sánchez consciente de los riesgos que asumía y de los protocolos de seguridad a que está sujeto cualquier funcionario con esas calidades, expuso su vida y la de otras personas a merced de los grupos armados y bajo su propia responsabilidad. Recordó entonces que al momento de producirse el atentado contra su vida se encontraba ejerciendo actividades completamente diferentes, que no tenían absolutamente nada que ver con el ejercicio de sus funciones como Diputada. 1.3. Sentencia de Primera Instancia 7 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) El Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011) negó las pretensiones de la demanda, fundamentalmente con los siguientes argumentos: Señaló el Tribunal que las autoridades policiales ni los organismos de seguridad del Estado fueron informados de la situación de riesgo en la cual se encontraba la Diputada de la Asamblea del Meta, señora NUBlA STELLA SÁNCHEZ ROMERO,

de igual manera tampoco medió solicitud en tal sentido, como tampoco se tuvo conocimiento de amenazas proferidas en su contra y la posible condición de riesgo de la misma no era previsible. Señalo el Tribunal además, que los hechos delictivos que conllevaron a la muerte de la Diputada, provinieron de la actuación personal y desvinculada del servicio del entonces Gobernador del Departamento del Meta, señor EDILBERTO CASTRO RINCÓN, quien fue hallado responsable como determinador de su homicidio. 1.4. Argumentos de la Apelación La apoderada de la parte actora dentro del proceso referido - incoa recurso de apelación en contra de la sentencia adversa a sus intereses, en donde en términos resumidos argumenta lo siguiente (fls. 882 a 894 del cuaderno del Consejo de Estado): Considera que está debidamente probado, que la hoy occisa Nubia Inés Sánchez Romero, fungió como diputada del Departamento del Meta, y que en tal labor, se convirtió en contradictoria del gobernador del Meta, para la época de los hechos, por el indebido manejo del erario público, siendo las múltiples denuncias el móvil, para el oficio perpetrado, en asocio con las organizaciones al margen de la ley, que para el 8 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43674

(250002326000200602152-01) año 2004, no se habían hecho públicas como se conocen hoy en día bajo la denominada PARA POLÍTICA. Afirma que las continuas denuncias de corrupción hechas por la Diputada Sánchez, tienen su origen en la actividad pública administrativa de la funcionaria, ya que se encontraban íntimamente ligadas al control político que como representante de la ciudadanía le acudía en deber, razón más que suficiente para que se entienda que su vida corría peligro, como efectivamente lo informó de manera amplía, en consecuencia el resultado del suceso ya conocido y que ocasiona la muerte de la Diputada debe generarle una responsabilidad al Estado. Por otra parte señala que con base en los hechos demostrados se debe concluir que los organismos encargados de prestar el servido de seguridad a cargo del Estado, incurrieron en omisión en el cumplimiento de sus funciones, por no haber tomado las medidas necesarias de protección de la diputada Sánchez. Considera que no era necesario para que en este caso se estructure la falla en el servicio por omisión, que hubiera mediado una petición especial de protección, pues las autoridades, empezando por el mismo gobernador conocían de las públicas denuncias.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

2.1. Problema Jurídico Pueden ser expresados en los siguientes términos: 2.1.1. ¿Le asiste responsabilidad a las entidades demandadas, como consecuencia de la conducta omisiva desplegada en el acaecimiento de los hechos 9 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) que dieron origen al homicidio de la señora NUBIA INES SÁNCHEZ ROMERO (Q.E.P.D.); en su calidad de Diputada de la Asamblea Departamental del Meta y ante la circunstancia de no contar con protección especial del Estado? 2.1.2. ¿Existía obligación legal o reglamentaria por parte del Estado - Policía Nacional, Departamento administrativo de Seguridad DAS, de evitar la ocurrencia de los hechos en los cuales resultó asesinada señora NUBIA INÉS SÁNCHEZ (Q.E.P.D.) en su calidad de funcionaria pública como Diputada del departamento del Meta? 2.2. Marco Teórico Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Agencia del Ministerio Público: 2.2.1. Responsabilidad extracontractual del Estado Examinado el caso objeto del recurso de alzada, se tiene con certeza por parte de esta Delegada del Ministerio Público, que el régimen a aplicar es el de responsabilidad objetiva por falla probada del servicio. Frente al tema encontramos entre otras los siguientes extractos jurisprudenciales: Para que proceda la declaratoria de responsabilidad estatal, el Consejo de Estado, varias décadas atrás, ha señalado que se den los siguientes presupuestos:

“a) Una falta o falla del servicio o de la administración, por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del servicio. La falta de que se trata no es 10 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) la del agente administrativo, sino la del servicio o anónima de la administración. b) Lo anterior implica que la administración ha actuado o dejado de actuar, por lo que se excluyen los actos del agente, ajenos al servicio, ejecutados como simple ciudadano c) Un daño que implica la lesión o perturbación de un bien protegido por el derecho bien sea civil, administrativo, etc. con características generales predicadas en el derecho privado para el daño indemnizable, como de que sea cierto, determinado o determinable, etc. d) Una relación de causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, aún demostradas la falta o falla del servicio, no habrá lugar a la indemnización...” 2.2.2. La responsabilidad patrimonial del Estado El artículo 90 de la Carta Política prevé que el Estado es responsable de los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas cuando dichos daños le sean imputables. Conforme a esta disposición, la responsabilidad

patrimonial del Estado no puede derivarse frente a todos los daños antijurídicos que sufran las personas, ni siquiera frente a todos los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de sus servidores, porque en todo caso se requiere que tales daños le sean atribuibles. Los criterios de atribución han sido elaborados por la jurisprudencia del H. Consejo de Estado bajo dos títulos básicos: (i) De responsabilidad subjetiva por falla del servicio, y (ii) De responsabilidad subjetiva por daño especial o riesgo excepcional. En estos regímenes o criterios de imputación se requiere que la actividad desplegada por el Estado sea finalmente la causa del daño, bien de manera exclusiva, o concurrente con la de la víctima o de un tercero. 11 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) Ahora bien, el artículo 2o de la Constitución Política de 1991 señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza cuando alguna persona invoque la protección de las autoridades competentes, por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la

notoriedad pública del inminente peligro que corre el particular hace forzosa la intervención del Estado1. En uno y otro caso, la omisión de las autoridades competentes, consistente en no brindar la protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las personas, hace responsable a la Administración de los daños que se ocasionen a éstas. No obstante lo anterior, la jurisprudencia de nuestro superior funcional, ha hecho claridad acerca de que no es viable atribuirle a la Administración una posible deficiencia en la seguridad, extendiendo el deber de las autoridades a una misión objetiva de resultado: que no se produjera ningún acto que afectara el orden social, deseo si bien loable dentro de cualquier sistema de gobierno, es imposible de lograr, ni siquiera con los mayores esfuerzos, extremas medidas y a costos inimaginables. Lo que sí es procedente, es que si la Administración cuenta con un mínimo de conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra determinada persona2, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa de la Administración, que de omitirse permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro. 1 Ver al respecto entre otras cosas : Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de julio 19 de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez; octubre 30 de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos; 14 de febrero de 2002, Exp. 13253 y marzo 10 de 2005, Exp. 14395, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

2 Bien porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o, porque dicha situación era en tal grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades tendientes a conjurar o resistir el peligro que sobre ella se cernía. 12 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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PROCURADURIA CUARTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) En esta perspectiva ha de señalarse que una vez se ha establecido que la entidad responsable no ha acatado o lo ha hecho de forma deficiente o defectuosa, el deber de protección que el ordenamiento jurídico le ha asignado, es preciso revisar si dicha falencia en su proceder tiene relevancia jurídica dentro del proceso causal de producción del daño. En otras palabras, es necesaria la concurrencia de dos factores para que proceda la declaratoria de responsabilidad del Estado en estos casos: la comprobación del incumplimiento omisivo al contenido obligacional de protección impuesto normativamente a la Administración y, la relación causal adecuada entre dicha omisión y la producción del daño. Lo anterior se evidencia en los eventos en los que se reclama del Estado, la reparación de daños producidos por la actividad de terceros. En tales oportunidades ha precisado el Consejo de Estado3 que, para que surja el deber de indemnización a cargo de la Administración, se requiere que el hecho del tercero haya sido previsible y resistible para la Administración.

Se sabe que los daños antijurídicos causados por terceros ajenos al Estado, en tanto constitutivos de causa extraña, no le son imputables a éste, salvo cuando el hecho del tercero ha sido facilitado por el mismo Estado, por ejemplo, por haber omitido su deber de protección de los asociados; o cuando tales daños constituyen la concreción del riesgo creado de manera consciente y lícita por el Estado, por ejemplo, los daños producidos con ocasión de una actuación policiva dirigida a detener a un delincuente que huye armado, o los daños causados a los vecinos de las bases militares o policiales, cuando éstas son atacadas por grupos al margen de 3Ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de: febrero 3 de 2000, Exp. 14787, C.P. Alier Hernández; agosto 16 de 2000, Exp. 13131, C.P. Ricardo Hoyos; mayo 2 de 2002, Exp. 13251; marzo 18 de 2004, Exp. 13318, C.P. María Elena Giraldo: marzo 10 de 2005. Exp. 14395; abril 28 de 2005, Exp. 17300 y septiembre 20 de 2007, Exp. 15699, las tres últimas con ponencia del Consejero Ramiro Saavedra Becerra. 13 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) la ley, porque si bien dichas bases tienen como finalidad la de defender a sus pobladores, representan un riesgo grave y excepcional para quienes habitan en sus inmediaciones. A nivel jurisprudencial y doctrinal se han establecido varios regímenes de responsabilidad teniendo en cuenta el origen del daño; no obstante, el régimen aplicable por excelencia lo viene a ser el de la falla del servicio, el cual consta de unos elementos que deberán acreditarse fehacientemente a fin de lograr la declaratoria de responsabilidad patrimonial de los entes oficiales demandados; es decir, la ocurrencia del daño, la falla en el servicio público, ya sea porque no se prestó o porque de haberse prestado se hizo de forma deficiente, y por último debe acreditarse el nexo de causal entre el daño y la presunta falla, tal como lo ha decantado el Consejo de Estado en la sentencia del 11 de septiembre de 1997, radicado No. 10300, Consejero Ponente Dr. RICARDO HOYOS DUQUE, resaltando que: "Para que haya lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio, es necesario que se den tres presupuestos esenciales, a saber: la existencia de un daño; que se verifique una falla en el servicio público ya sea porque el servicio no se prestó o se prestó en forma tardía o ineficiente y una relación de causalidad entre el daño y dicha falla." 2.2.3. Existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo del Estado – Policía Nacional En este sentido tenemos que, la Constitución Política de Colombia radica el deber de

defensa de la Nación en las Fuerzas Militares y la protección de la población civil principalmente en cabeza de la Policía Nacional, la cual además debe velar y garantizar la convivencia pacífica de los habitantes, de conformidad a lo preceptuado en los artículos 217 y 218 de la C.P., los cuales consagran: 14 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera. 5 No. 15-80 Piso 27 PBX. 5878750 Ext. 12761 www.procuraduria.gov.co

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Expediente No.43674 (250002326000200602152-01) 2.2.4. Normatividad "Artículo 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. (. . .) Artículo 218. La ley organizará el