PGN - FALLA EN EL SERVICIO - Responsabilidad del estado por muerte de un recluso

FALLA EN EL SERVICIO-Responsabilidad del Estado por muerte de un recluso/FALLA EN EL SERVICIO-Jurisprudencia del Consejo de Estado En suma, en estos eventos el título de imputación por excelencia corresponde al de la falla del servicio, régimen de responsabilidad subjetivo que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración El perfil actual de la jurisprudencia requiere analizar las obligaciones y cargas de las autoridades carcelarias, para determinar si desde el punto de vista jurídico incumplieron las obligaciones de custodia y vigilancia, y por ese camino si faltaron a los deberes de cuidado y protección de los reclusos, pues, en los casos en que aparezca involucrada la responsabilidad de la administración por la prestación del servicio carcelario, ella se edifica bajo el régimen de responsabilidad subjetiva por falla del servicio. PRUEBA TRASLADADA-Jurisprudencia del Consejo de Estado RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad el caso de los reclusos La culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño En el caso sub judice se tiene que el proceder de la guardia se ajustó a los protocolos, a los medios de control y de vigilancia existentes previstos en caso de fuga, los que eran adecuados para las condiciones del lugar, lo que permite concluir que la actuación

de los agentes del Estado fue impuesta por las circunstancias y provocada por el evadido. No se acreditó que la reacción de la guardia haya sido ligera, por el contrario tenían bajo su responsabilidad impedir la evasión de los detenidos y mantenerlos privados de la libertad. En concepto del Ministerio Público se probó la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues la conducta de ésta fue la causa eficiente de la reacción de la guardia del centro carcelario y de su propio deceso. El comportamiento del detenido fue la causa eficiente y determinante, pues su proceder escapa a la forma regular y ordinaria de cómo debería comportarse teniendo la condición de condenado y estando sujeto a las preceptivas del reglamento del centro penitenciario, con su intento de fuga provocó el accionar de la guardia sin que se pueda comprometer a los agentes del Estado cuando se disparó a la humanidad del evadido buscando que detuviera su huída, sin que ello denote exceso de la guardia cuando como ya se dijo se vieron forzados a usar como último recurso el arma en contra de la humanidad del evadido para impedir su fuga, razón por la cual resulta procedente la exoneración de responsabilidad del ente público. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente 40110

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 087/ 2011

Bogotá, D.C., 10 de mayo de 2011 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – Subsección B

Consejera Ponente Doctora: STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

E. S. D.

Ref: Proceso 68001233 1000 2000 03384 01 (40110)

Acción: Reparación Directa

Actor: Mariana Ríos Duarte y Otros

Demandado: Nación – Ministerio de Justicia – Instituto Carcelario y Penitenciario INPEC El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. Mariana Ríos Duarte (madre), Olinto, Wilson, Juanita, Itsmenia, Rafael, Protacio y Zenaida Mejía Ríos (hermanos); y Luz Marina Martínez Zea

(compañera permanente) quien obra en nombre propio y en representación de Marlon Brando y Karen Lorena Martínez Zea, en ejercicio de la acción de reparación directa presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Justicia – Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC para que se les declare administrativamente responsables por la muerte del señor Isnel Mejía Ríos, Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente 40110 quien pereció el 5 de junio de 2000 por el exceso en el empleo de las armas por parte de los guardianes del INPEC.

1.2. El entonces Ministerio de Justicia y del Derecho propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva en cuanto el INPEC es un establecimiento público con personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa (Cfr. fls. 84 a 88 C.1). El INPEC guardó silencio (Cfr. fl. 89 C.1). 1.3. El a-quo denegó las pretensiones al concluir que el daño devino de la conducta del interno, siendo la causa eficiente y determinante de su generación al no acatar las órdenes de alto (Cfr. fls. 306 a 312 C.2). 1.4. Apeló la parte actora. Adujo que si bien la víctima intentaba fugarse la guardia al dispararle obró con exceso del deber funcional que tenía para evitar la huída, la que ya era fallida porque el recluso había sido detectado por los guardianes, los disparos le fueron hechos a corta distancia, y la altura a que se encontraba permitía prever una muerte segura. Que en caso de fuga existía un protocolo consistente en disparar las alarmas, efectuar disparos al aire y en situación de alta peligrosidad disparar a la humanidad del prófugo, sin que esta última circunstancia se haya demostrado. Adujo que se debieron intentar otros métodos para impedir la fuga, pues el preso no atacó a nadie; destacó que no sonó la alarma circunstancia que estaba suplida con los disparos, que cuando se le disparó no había alcanzado la calle (Cfr. fls. 315 a 329 C.2).

2. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El problema jurídico a resolver está centrado en torno a los argumentos del apelante único, consistente en determinar si en la muerte del señor Isnel Mejía existió exceso en el uso de las armas y por ello una falla en el servicio y de ser así si la Administración está obligada a indemnizar a los demandantes. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente 40110 2.1 Caducidad. La demanda fue presentada el 15 de noviembre de 2000 (Cfr. fl. 32 C.1) y la muerte del señor Isnel Mejía ocurrió el 5 de junio de la misma anualidad, por lo que se concluye que la acción de reparación directa se ejercitó en tiempo, conforme a lo establecido en el artículo 136 del C.C.A. 2.2. Del daño Con el acta de levantamiento de cadáver, el protocolo de necropsia, y la copia del registro civil de defunción del señor Isnel Mejía Ríos (Cfr. fls. 106, 109 y 110 C.1) se tiene por acreditado el hecho de la muerte. 2.3. Titulo de imputación. Precedente La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del once de febrero de dos mil nueve, Expediente No. 16750, expresó: Tratándose del régimen de responsabilidad por los daños causados a personas privadas de la libertad en establecimientos carcelarios, la jurisprudencia

inicialmente privilegió el régimen de responsabilidad objetivo bajo la premisa central de que las entidades penitenciarias y carcelarias asumían frente al recluso una obligación de resultado, en el entendido que implicaba devolverlo a la sociedad en las mismas condiciones en que se encontraba al momento de ser privado de la libertad. Sin embargo, la jurisprudencia actual, ha favorecido y potenciado el régimen de responsabilidad subjetivo bajo el título de imputación de falla del servicio, pues, en rigor se evidencia el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso o tardío del servicio carcelario. En estos casos, el Estado asume obligaciones de custodia y vigilancia frente a las personas privadas de la libertad, y por esa vía garantiza la seguridad de los internos. Es así como en sentencia de 23 de abril de 2008, la Sala precisó los alcances de dicho régimen de responsabilidad en materia carcelaria y bajo este escenario concluyó lo siguiente: “En suma, en estos eventos el título de imputación por excelencia corresponde al de la falla del servicio, régimen de responsabilidad subjetivo que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la Administración; o, dicho de otra forma, con el fin de establecer si existe una responsabilidad predicable al Estado a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC - con ocasión de un daño padecido por una persona privada de la libertad dentro de un establecimiento penitenciario o carcelario (preso o detenido), se Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente 40110 requiere examinar las cargas, obligaciones y deberes de esta autoridad, para determinar si desde el punto de vista jurídico la autoridad carcelaria incumplió por acción u omisión las obligaciones de custodia y vigilancia y, por contera, si quebrantó los deberes de cuidado y protección respecto de los reclusos y de control del centro carcelario, que tiene, entre otros fines, mantener al recluido en las mismas condiciones psicofísicas que presentaba al momento de la privación de la libertad, para, a reglón seguido, una vez determinada la omisión, proceder a establecer que la misma constituye la causa adecuada del daño sufrido por el interno.”1 El perfil actual de la jurisprudencia requiere analizar las obligaciones y cargas de las autoridades carcelarias, para determinar si desde el punto de vista jurídico incumplieron las obligaciones de custodia y vigilancia, y por ese camino si faltaron a los deberes de cuidado y protección de los reclusos, pues, en los casos en que aparezca involucrada la responsabilidad de la administración por la prestación del servicio carcelario, ella se edifica bajo el régimen de responsabilidad subjetiva por falla del servicio. La orientación actual implica que las obligaciones de seguridad comprenden las de velar por la integridad personal de los reclusos, para determinar si desde el punto de vista jurídico la autoridad carcelaria incumplió por acción u omisión los deberes de cuidado y protección y de control del centro carcelario.” Conforme a tal lineamiento será bajo el régimen de responsabilidad subjetivo de

la falla en el servicio que se habrá de examinar el presente asunto. 2.4. De los hechos debidamente acreditados Al proceso se allegaron: i) Certificación de la Directora y el Comandante de Vigilancia de la cárcel del Distrito Judicial de Barrancabermeja en el que informan que el señor Isnel Mejía Ríos estaba recluido en ese centro carcelario desde el 18 de agosto de 1999, cumpliendo condena por el delito de hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de defensa personal, donde permaneció hasta el 5 de junio de 2000 cuando se presentó la fuga (Cfr. fl. 17 C.1). 1 Sentencia de 23 de abril de 2008. Radicación número: 15001-23-31-000-1994-04365-01(16186). Actor:

GLORIA PARAMO CRUZ Y OTROS.

Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente 40110 ii) Certificación de la Asesoría Jurídica del Centro de reclusión de Barrancabermeja en el que se indica el tiempo de la pena que cumplía el detenido (Cfr. fl. 143 C.1) iii) Informe rendido por los guardianes que se encontraban en las garitas 2 y 3 en el que dan cuenta de la tentativa de fuga por parte del señor Mejía Ríos quien el 5 de junio de 2000 sobre las 6.15 a.m. subió a la terraza del penal pretendiendo fugarse, quien no se

detuvo ante los llamados de advertencia de los guardias y pese a las voces de alto y continuó con su huída lanzándose desde la terraza a la calle por lo que le hicieron varios disparos (Cfr. fls. 18, 117 vto y 157 C.1)2. iv) Copia auténtica del certificado de necropsia en el que aparecen relacionadas las laceraciones por un impacto de proyectil de arma de fuego y en el que se indica como causa de la muerte shock hipovolémico (Cfr. fl. 21 C.1). v) Copia auténtica del proceso penal adelantado por el hecho de la muerte del señor Isnel Mejía Ríos (Cfr. fls. 103 a 142 C.1). Sobre este último y los medios de prueba que obran el mismo el Consejo de Estado -Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2000. Rad. 12648señaló, en relación con los testimonios: “El C.P.C, por su parte, enseña que la prueba trasladada a otro proceso podrá valorarse directamente, sin ninguna otra actuación judicial, siempre y cuando en el proceso primitivo se dé una de estas dos condiciones:  se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce, o  se hubieran practicado con su audiencia (art. 185). Igualmente enseña, que si la prueba trasladada es testimonial y no se da ninguna de aquellas otras dos condiciones, es necesario para su valoración la ratificación de la misma (art. 229 numeral 1º).” Y, respecto de la prueba documental, en el mismo pronunciamiento se dijo: 2 Informes que obran dentro de la foliatura y que cumplen los presupuestos legales del numeral 1 del artículo 254 del

C.P.C. y en consecuencia con el mismo valor probatorio del original, por ello idóneo para ser valorado y apreciado en cuanto corresponden al rendido a la Dirección del Centro penitenciario, despacho donde se encuentra y quien lo toma para ser entregado al apoderado de los demandantes para complementar la información que le fue suministrada, e igualmente se infiere que se trata de copia auténtica por tratarse de copia que reposa dentro de la hoja de vida del interno (remitida igualmente por la Dirección del penal). Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente 40110 “Esa prueba a diferencia de la testimonial se apreciará y valorará, según el caso. La ley procesal civil enseña que como la prueba documental puede provenir de cualquiera de las partes o de un tercero, y puede ser pública o privada, habrá que tener en cuenta las exigencias legales, en cada caso, para valorarlas. Si la trasladada llena las condiciones de aportación, apreciación y valoración se tendrán en cuenta. En caso contrario no, porque el simple traslado no puede legitimar el estado precario de un medio probatorio. En el caso de aportación debida de prueba documental pública o privada en el proceso penal, y trasladada a éste contencioso administrativo, se apreciará en toda su extensión, porque no fueron tachados dentro de la oportunidad legal. Al respecto la ley procesal civil, artículo 289 C.P.C, indica que la parte contra

quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó con ésta; y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia” En sentencia de 20 de febrero de 2008. Radicación: 16.056 (R-0074), la Sección Tercera indicó: “En cuanto al traslado de pruebas, esta Sección ha expresado, en otras ocasiones, que aquellas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán ser valoradas en el primer proceso3. También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su inadmisión4.” (Se subraya). Frente a las indagatorias, en sentencia de 14 de julio de 2004 Radicación

número: 25000-23-26-000-1993-8859-01(14834), indicó: 3 Sentencia de julio 7 de 2005, expediente 20.300. 4 Sentencia de febrero 21 de 2002, expediente 12.789 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente 40110 “Debe anotarse, sin embargo, que en relación con la indagatorias de los agentes de la policía que obran en dicho proceso, no pueden ser trasladadas al proceso contencioso administrativo, ya que no pueden valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento”. En este orden de ideas la injurada no es medio de prueba toda vez que no se rinde bajo juramento5, y en esa medida no puede servir de fundamento para calificar la conducta del hoy demandante. Acontece lo mismo con la prueba testimonial que reposa en el proceso penal en cuanto tales declaraciones no fueron ratificadas ni fueron solicitadas por la demandada, la que no contestó la demanda, ni se llevaron a cabo con su intervención o anuencia. Por lo dicho del proceso penal sólo se tendrá y apreciará en toda su extensión la prueba documental (pública o privada), por cuanto tales medios no fueron tachados dentro de la oportunidad legal. 2.5. De la acción u omisión de la administración o sus agentes

Del acervo probatorio allegado a la actuación se tiene que estando privado de la libertad el señor Isnel Mejía Ríos, realizó actos inequívocos que demostraban que pretendía fugarse. Que ante el proceder del recluso los guardianes de las garitas 2 y 3 procedieron a encender las alarmas y a emitir las voces de alerta para que el detenido se detuviera en su intento de evasión sin que tales actos hayan sido suficientes para persuadirlo de su deseo de huída, ante lo cual se ven obligados los agentes del Estado a realizar varios disparos al aire sin que con ello hayan logrado disuadir al interno de proseguir con el intento de fuga, lo que llevó a los guardianes a que una vez agotados todos los medios a su alcance para impedir 5 En sentencia de 14 de julio de 2004 Radicación número: 25000-23-26-000-1993-8859-01(14834), se indicó además: “Debe anotarse, sin embargo, que en relación con la indagatorias de los agentes de la policía que obran en dicho proceso, no pueden ser trasladadas al proceso contencioso administrativo, ya que no pueden valorarse, en ningún caso, como prueba testimonial ni someterse a ratificación. En efecto, si bien se trata de una declaración rendida por un tercero, no cumple los requisitos del testimonio, porque no se rinde bajo juramento”. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 9

Expediente 40110 el escape tuvieran que acudir y verse obligados a disparar a la humanidad del prisionero sin que hubiesen logrado su propósito pues pese a quedar herido prosiguió en su intención de huída y se lanzó desde la terraza del penal al vacío, siendo conducido a centro asistencial donde fallece. En el protocolo de necropsia se advierte que si bien el occiso presentaba heridas por arma de fuego y que la muerte devino por shock hipovolemico (fl. 110 C.1) resultado al que se llegó no por la intención de los guardianes en causarle la muerte sino por la conducta persistente del recluso en evadirse y en la clara intención de lograr a toda costa su escape lanzándose desde la azotea del penal, lo que torna la conducta de la propia víctima en un proceder imprevisible e irresistible pues no se detuvo ante los mecanismos empleados por la guardia para evitar el escape. 2.6. De la Culpa exclusiva de la víctima El Consejo de Estado sobre la culpa de la víctima en sentencia de 25 de marzo de 2010. Radicación: 17.741 señaló: «Cabe recordar que la culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación por parte de ésta de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado, exonera de responsabilidad al Estado en la producción del daño. Así, la Sala en pronunciamientos anteriores ha señalado: “… Específicamente, para que pueda hablarse de culpa de la víctima jurídicamente, ha dicho el Consejo de Estado, debe estar demostrada además de la simple

causalidad material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a las que debía estar sujeta. Por tanto puede suceder en un caso determinado, que una sea la causa física o material del daño y otra, distinta, la causa jurídica la cual puede encontrarse presente en hechos anteriores al suceso, pero que fueron determinantes o eficientes en su producción. Lo anterior permite concluir que si bien se probó la falla del servicio también se demostró que el daño provino del comportamiento exclusivo de la propia víctima directa, la cual rompe el nexo de causalidad; con esta ruptura el daño no puede ser imputable al demandado porque aunque la conducta anómala de la Administración fue causa material o física del daño sufrido por los demandantes, la única causa eficiente del mismo fue el actuar exclusivo y reprochable del señor Mauro Restrepo Giraldo, quien con su conducta culposa de desacato a las obligaciones a él conferidas, se expuso total e imprudentemente a sufrir el daño….”6 De igual manera, la jurisprudencia de esta Corporación también ha sostenido: 6 (pie de página de la cita) Sección Tercera, Sentencia de 25 de julio de 2002, Exp. 13744 Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co

10 Expediente 40110 “…. para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: -Una relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total. Por el contrario, si ese hecho no tuvo incidencia en la producción del daño, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2357 del Código Civil. -El hecho de la víctima no debe ser imputable al ofensor, toda vez que si el comportamiento de aquella fue propiciado o impulsado por el ofensor, de manera tal que no le sea ajeno a éste, no podrá exonerarse de responsabilidad a la administración….”7 (subrayas fuera del texto original).” Hay que destacar que el proceso penal adelantado por la muerte del recluso terminó con preclusión de la investigación en favor del guardia del penal al estar acreditada causal excluyente de culpabilidad al haber actuado en estricto cumplimiento de un deber legal (Cfr. fls. 141 y 142 C.1). Bajo el mismo planteamiento en el caso sub judice se tiene que el proceder de la guardia se ajustó a los protocolos, a los medios de control y de vigilancia existentes previstos en caso de fuga8, los que eran adecuados para las condiciones del lugar, lo que permite concluir que la actuación de los agentes

del Estado fue impuesta por las circunstancias y provocada por el evadido. No se acreditó que la reacción de la guardia haya sido ligera, por el contrario tenían bajo su responsabilidad impedir la evasión de los detenidos y mantenerlos privados de la libertad. En concepto del Ministerio Público se probó la eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues la conducta de ésta fue la causa eficiente de la reacción de la guardia del centro carcelario y de su propio deceso. El comportamiento del detenido fue la causa eficiente y determinante, pues su proceder escapa a la forma regular y ordinaria de como debería comportarse 7 (pie de página de la cita) Sección Tercera, sentencia de 20 de abril de 2005; expediente 15.784. 8 Se reitera, hicieron llamado de alto al evadido sin que el recluso en fuga haya atendido la señal de advertencia, y realizaron disparos al aire buscando persuadir al detenido de su intento con resultados negativos ante lo cual se le disparó por uno de los guardianes. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente 40110 teniendo la condición de condenado y estando sujeto a las preceptivas del reglamento del centro penitenciario, con su intento de fuga provocó el accionar de la guardia sin que se pueda comprometer a los agentes del Estado cuando se disparó a la humanidad del evadido buscando que detuviera su huída, sin

que ello denote exceso de la guardia cuando como ya se dijo se vieron forzados a usar como último recurso el arma en contra de la humanidad del evadido para impedir su fuga, razón por la cual resulta procedente la exoneración de responsabilidad del ente público. CONCLUSION En virtud de lo expuesto, el Ministerio Público solicita que el fallo recurrido sea confirmado y en tal sentido eleva solicitud a la H. Sala de Decisión. Del Honorable Consejo de Estado, respetuosamente,

FRANCISCO MANUEL SALAZAR GÓMEZ

Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente 40110 fbo Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co