PGN - FALLA PROBADA - El régimen de responsabilidad aplicable a los asuntos relacionados con la

FALLA EN EL SERVICIO-El régimen de responsabilidad aplicable a los asuntos relacionados con la falla en el servicio médico asistencial, por regla general, habrá de ser el de falla probada/FALLA EN EL SERVICIOJurisprudencia del Consejo de Estado De manera reiterada esta Procuraduría Delegada ha señalado que el régimen de responsabilidad aplicable a los asuntos relacionados con la falla en el servicio médico asistencial, por regla general, habrá de ser el de falla probada. La demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial corre por cuenta de la parte demandante, por manera que será el régimen de la falla probada del servicio, con las consecuencias probatorias que le son propias, aquél de conformidad con el cual deberá estructurarse la responsabilidad del Estado, con lo cual ésta solamente podrá resultar comprometida como consecuencia del incumplimiento, por parte de la entidad demandada, de alguna obligación legal o reglamentaria, de suerte que sea dable sostener que la mencionada entidad cumplió insatisfactoria, tardía o ineficientemente con las funciones a su cargo o las inobservó de manera absoluta. En concepto del Ministerio Público el fallo condenatorio que se impugna se fundamenta en una errada interpretación de las pruebas. Como antes se dijo, no se probó que la paciente hubiese sido remitida y contra-remitida por el Hospital Universitario durante los días 23 y 24 de noviembre de 2001. El análisis de la documentación sobre la atención de la paciente que se hace en el dictamen que rinde Medicina Legal en el proceso penal claramente evidencia que la atención en el Hospital Universitario apenas

inicia el día 25 de noviembre o sea que una eventual falla del servicio médico por la omisión o indebida atención durante los días 23 y 24 de noviembre sólo podría imputarse a la entidad de nivel II, el Hospital Susana López de Valencia (que no fue demandada en este proceso) y no al Hospital Universitario San José. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 2 Expediente 38888

PROCURADURIA CUARTA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 04/ 2011

Bogotá, D.C., 14 de enero de 2011 Señores

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente Doctora: STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO

E. S. D.

Ref: Proceso 1900 1233 1000 2003 02031 02 (38888)

Acción: Reparación Directa

Actor: Luis Enrique Pino y otros Demandado: Hospital Universitario San José de Popayán y otros El Ministerio Público, presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES 1.1. Luis Enrique Pino y María Idalia Valencia Pino quienes obran en su condición de padres; Elizabeth Pino Valencia en su calidad de hermana; Edwin Orani Cobo quien obra en su condición de compañero permanente y actúa en nombre propio y en representación de los menores Edwin Alejandro y Vanessa

Cobo Pino, presentaron demanda contra el Hospital Universitario San José ESE de Popayán, para que se le declare responsable de los daños y perjuicios Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 3 Expediente 38888 ocasionados a los demandantes, como consecuencia de la muerte de Edy1Amparo Pino Valencia y las gravísimas lesiones personales y daños irreversibles causados a la recién nacida Vanessa Cobo Pino, hechos que tuvieron ocurrencia el 25 de noviembre de 2001 por la falla en el servicio médico por error y negligencia en la atención del trabajo de parto y la deficiente prestación de la atención hospitalaria. 1.2. El Hospital Universitario San José de Popayán se opuso a las pretensiones. Adujo que la paciente inicialmente fue remitida al hospital Susana López de Valencia, centro asistencial al que la paciente no asistió pese a que podía ser atendida al tratarse de un embarazo a término. Que ingresó al hospital Universitario San José el 25 de noviembre de 2001 siendo valorada y atendida por el especialista presentando “convulsión tónico crónico generalizada”, por lo que fue llevada al quirófano para trabajo de reanimación donde devino el deceso por paro cardiorespiratorio, que se dispuso la cesárea por sufrimiento fetal. Que no fue autorizada la autopsia por parte de los familiares y por ello se desconoce la causa del deceso.

Frente a la menor manifestó que se trató de un sufrimiento fetal súbito por hipoxia perinatal severa no predecible, atribuido al paro cardiorespiratorio de la madre. Propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones, fuerza mayor e innominada (Cfr. fls. 200 C.1 y 201 a 223 C.2) Llamó en garantía a la Compañía de Seguros la Previsora S.A. y a la Universidad del Cauca (Cfr. fls. 1 a 6 C.4), a lo que se accedió por el Tribunal Administrativo del Cauca (Cfr. fls. 8 y 9, 11 y 12 C.4). La Universidad del Cauca se opuso a las pretensiones. Manifestó que el convenio con el centro hospitalario solamente tenía alcances académicos, que los estudiantes para intervenir como auxiliares de los profesionales de la salud del hospital debían obtener previamente autorización de éstos quienes eran los que tenían a cargo la responsabilidad de la actuación médica, sin que exista 1 En la demanda se le identifica como Edy, en el registro civil aparece Eddy y en algunos medios de prueba se menciona a Eddi y Hedi Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 4 Expediente 38888 relación legal o contractual con la paciente o ASFAMILIAS (Cfr. fls. 14 a 37 C.4). La compañía aseguradora “La Previsora” se opuso a las pretensiones. Indicó

que conforme a la póliza no asumía los perjuicios morales ni a la vida de relación, que no se configuran los presupuestos de la falla en el servicio, que no se demostró el embarazo prolongado ni demora en la atención de la gestante, retomó las explicaciones de la demandada. Propuso las excepciones de caducidad e inexistencia de la obligación de indemnizar (Cfr. fls. 135 a 146 C.4). 1.3. El a-quo accedió parcialmente a las pretensiones. Señaló que a la paciente Eddy Amparo Pino Valencia se le brindó de manera adecuada la atención médica requerida cuando ingresó en la fase expulsiva del parto y que el procedimiento en la sala de urgencias como las maniobras de reanimación estuvieron acordes con la lex artis. Destacó que el hospital de “Toribio Maya” la remitió a centro de atención del segundo nivel para la práctica de cesárea al haber superado en cuatro días la fecha probable de parto, que el mismo 23 de noviembre de 2001 el Hospital Universitario San José de Popayán la devolvió a su casa sin la debida valoración señalando que la macrosomía fetal no era indicadora de atención en el tercer nivel, a lo que sumó la falta de camas, por lo que señaló que dicho ente hospitalario fue negligente pues teniendo la capacidad técnica y científica para la atención de la paciente no la ingresa desde un primer momento y la devuelve sin haber realizado un adecuado control y seguimiento ni practicado la cesárea con lo cual concluyó que se le negaron a la paciente mayores posibilidades de vivir y de dar a luz en condiciones optimas para la salud de la criatura.

Condenó al Hospital Universitario San José de Popayán a indemnizar por las lesiones de la menor Vanessa Cobo Pino y la muerte de Eddy Amparo Pino, condena que indicó deberá ser asumida por la compañía aseguradora conforme a la cuantía y las condiciones de la póliza. Se exoneró de responsabilidad a la Universidad del Cauca (Cfr. fls. 433 a 466 C.7). Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 5 Expediente 38888 1.4. Apeló el apoderado del Hospital Universitario San José de Popayán (Cfr. fls. 429 y ss. C.7). Adujo que el a-quo desconoció los dictámenes médicos rendidos por el Dr. Guzmán Urbano, según los cuales de las historias clínicas no se podía inferir que la paciente pudiera presentar paro cardiorespiratorio, que el embarazo presentaba 41 semanas estando el feto en condiciones de crecimiento normal sin que para el 23 de noviembre fuera procedente la práctica de la cesárea y se pudiera predecir el desenlace fatal. Que no era obligación del galeno atender los diagnósticos realizados por las entidades hospitalarias remitentes, los que tildó de errados, y que aún habiendo sido realizado el procedimiento el día 23 el desenlace podía ser el mismo, pues tal como lo señalaron los peritos médicos la muerte súbita es asintomática, imprevisible e imposible de diagnosticar, dado que lo esperado era un parto

normal. Que en consecuencia no se puede predicar que se le restó posibilidades de vida a la gestante y por ello que no existe nexo causal entre la supuesta omisión de la entidad hospitalaria y el hecho dañino padecido por los demandantes. (Cfr. fls. 429 a 432 C.7)

2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO El problema jurídico consiste en determinar si hubo falla en el servicio médico que llevó al parto por cesárea y a las lesiones de la recién nacida, y si con ello se produjo a los demandantes un daño antijurídico que debe ser reparado. 2.1. Caducidad La atención médica que culminó con la muerte de la gestante y las lesiones a la recién nacida por la hipoxia perinatal tuvieron ocurrencia entre el 23 y el 25 de noviembre de 2001 (Cfr. fls. 177 y ss. C.1), la demanda se presentó el 14 de noviembre de 2003 (Cfr. fl. 189. C.1), por ende la acción se ejercitó en tiempo2. 2 Dentro del término de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, artículo 136 del C.C.A.)

Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 6 Expediente 38888 2.2. Daño Al proceso se allegó copia auténtica del registro civil de defunción de la señora Eddy Amparo Pino Valencia (Cfr. fl. 5 C.1), con lo cual se tiene por acreditado el

hecho de la muerte. Fueron allegadas copias auténticas de las historias clínicas de Edy Amparo Pino Valencia y Vanessa Cobo Pino (Cfr. fls. 22 y ss. C.3); valoración de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca correspondiente a Vanessa Cobo Pino (Cfr. fl. 354 a 358 C.3), dictamen y complementación al mismo (Cfr. fls. 367 y 368 C.3), documentos en los cuales consta la muerte de la gestante y el daño padecido por la menor Cobo Pino. 2.3. Legitimación Con la copia auténtica del registro civil de nacimiento de Eddy Amparo Pino Valencia se acreditó que María Idalia Valencia Astudillo y Luis Enrique Pino Alegría eran los padres de la occisa (Cfr. fl. 4 C.1). Con las copias de los registros civiles de nacimiento de Vanessa (Cfr. fl. 10 C.1) y Eduin Alejandro Cobo Pino (Cfr. fl. 11) se tiene por establecida la condición de éstos como hijos de Eddy Amparo Pino Valencia y Eduin Orani Cobo Guejia, y con la copia auténtica del registro civil de nacimiento de Elizabeth Pino Valencia (Cfr. fl. 12 C.1) se tiene por establecida la calidad de hermana frente a la víctima. Por ello está acreditada la legitimación en la causa de los demandantes. Se acreditó de igual forma la condición de compañero permanente del señor Edwin Orani Cobo con el testimonio de la señora Rumary Cobo quien aludió a la condición de esposo del primero con la fallecida (Cfr. fl. 314 C.3)

2.4. Título de imputación De manera reiterada esta Procuraduría Delegada ha señalado que el régimen de responsabilidad aplicable a los asuntos relacionados con la falla en el Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 7 Expediente 38888 servicio médico asistencial, por regla general, habrá de ser el de falla probada3, tal como lo ha precisado la jurisprudencia de la Sala. En sentencia del 28 de enero de 2009, expediente No. 16.700, se expresó: “La determinación del régimen jurídico aplicable en eventos en los cuales se discute la responsabilidad extracontractual del Estado derivada del despliegue de actividades médico-asistenciales no ha sido pacífica en la jurisprudencia, como quiera que paralelamente a la postura que ha propendido por cimentar la responsabilidad estatal en estos casos sobre la falla presunta del servicio, ha tenido acogida, igualmente, la posición por lo demás prohijada por la Sala en sus más recientes fallos de acuerdo con la cual el título jurídico de imputación a tener en cuenta en los supuestos en comento es el de la falla del servicio probada. Así pues, de la aceptación —durante un significativo período de tiempo— de la aplicabilidad de la tesis de la falla del servicio presunta a este tipo de casos por entender más beneficioso para la Administración de Justicia que en lugar de someter al paciente a la demostración de las fallas en los servicios y técnicas

científicas prestadas por especialistas, se impusiese a éstos —por encontrarse en las mejores condiciones de conocimiento técnico y real de cuanto hubiere ocurrido— la carga de atender a los cuestionamientos que contra sus procedimientos se formulan por los accionantes4, posteriormente se pasó al entendimiento de acuerdo con el cual el planteamiento en mención condujo a que en todos los litigios originados en los daños causados con ocasión de la prestación del servicio médico asistencial se exigiese, a las entidades públicas demandadas, la prueba de que dicho servicio fue prestado debidamente, para posibilitarles la exoneración de responsabilidad, cuando en realidad “… no todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si las entidades públicas obraron debidamente tienen implicaciones técnicas o científicas. Habrá que valorar, en cada caso, si éstas se encuentran presentes o no. Así, habrá situaciones en las que, sin duda, es el paciente quien se encuentra en mejor posición para demostrar ciertos hechos relacionados con la actuación de la entidad respectiva. Allí está, precisamente, la explicación del dinamismo de las cargas, cuya aplicación se hace imposible ante el recurso obligado a la teoría de la falla del servicio presunta, donde simplemente se produce la inversión permanente del deber probatorio”5. 3 Entre otros conceptos 120 de 19 de marzo de 2010 (exp. 38381) y 212 del 14 de octubre de 2009 (exp. 37125) 4 (pie de página de la cita) Especialmente a partir de la unificación de criterios en torno al tema, la cual tuvo lugar con la sentencia de 30 de julio de 1992, con ponencia del Magistrado Daniel Suárez Hernández, referida, junto con toda la

evolución hasta entonces evidenciada en relación con este tipo de asuntos, en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1992; Expediente 6754; Actor Henry Enrique Saltarín Monroy. 5 (pie de página de la cita) Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2004, expediente 14.421; actor Ramón Fredy Millán y otros. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 8 Expediente 38888 Con fundamento en dicha consideración, se determinó que la demostración de la falla en la prestación del servicio médico asistencial corre por cuenta de la parte demandante6, por manera que será el régimen de la falla probada del servicio, con las consecuencias probatorias que le son propias, aquél de conformidad con el cual deberá estructurarse la responsabilidad del Estado7, con lo cual ésta solamente podrá resultar comprometida como consecuencia del incumplimiento, por parte de la entidad demandada, de alguna obligación legal o reglamentaria, de suerte que sea dable sostener que la mencionada entidad cumplió insatisfactoria, tardía o ineficientemente con las funciones a su cargo o las inobservó de manera absoluta, título jurídico subjetivo de imputación cuyos elementos han sido descritos reiteradamente por esta Sala de la siguiente manera: “En cuanto tiene que ver con los elementos cuya acreditación resulta necesaria en el

expediente para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en el título jurídico subjetivo de imputación consistente en la falla en el servicio, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido reiterada y uniforme en el sentido de señalar que se precisa de la concurrencia de (i) un daño o lesión de naturaleza patrimonial o extrapatrimonial, cierto y determinado o determinable, que se inflige a uno o varios individuos; (ii) una conducta activa u omisiva, jurídicamente imputable a una autoridad pública, con la cual se incumplen o desconocen las obligaciones a cargo de la autoridad respectiva, por haberle sido atribuidas las correspondientes funciones en las normas constitucionales, legales y/o reglamentarias en las cuales se especifique el contenido obligacional que a la mencionada autoridad se le encomienda y (iii) una relación o nexo de causalidad entre ésta y aquél, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la circunstancia consistente en que el servicio o la función pública de la cual se trate, no funcionó o lo hizo de manera irregular, ineficiente o tardía.” 2.5. Caso concreto El a-quo concluyó la responsabilidad del ente público por la falta de atención a la gestante entre el 23 y el 25 de noviembre. No cuestiona el procedimiento ni la atención prestados el 25 de noviembre, pues concluyó que estuvieron ceñidos a 6 (pie de página de la cita) Aunque se matizara el referido aserto con la aseveración de acuerdo con la cual dicha regla general se excepcionaría cuando la carga probatoria atribuida al demandante “resulte extraordinariamente difícil o

prácticamente imposible y dicha carga se torne, entonces, excesiva. Sólo en este evento y de manera excepcional, será procedente la inversión del deber probatorio, previa la inaplicación del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil – que obligaría a la parte actora a probar siempre el incumplimiento por el demandado de su deber de prestar debidamente el servicio mencionado–, por resultar la regla en él contenida, en el caso concreto, contraria a la equidad, prevista en el artículo 230 de la Constitución Política como criterio auxiliar de la actividad judicial”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de diciembre de 2004, expediente 14.421; actor Ramón Fredy Millán y otros. 7 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de octubre de 2007, expediente No.16.402. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 9 Expediente 38888 la lex artis, acogiendo las conclusiones de los dictámenes de los doctores José Antonio Guzmán Urbano y José Luis Verhelst Solano (que pueden verse a fls. 346 a 351 del Cdno 3): “…La prueba recaudada refiere que no existía ninguna evidencia en los registros de la historia clínica, que sugieran que la paciente tenía riesgo de

presentar cuadro clínico de convulsión seguido de paro cardiorrespiratorio. Este mismo criterio fue confirmado por el médico especialista en Medicina Interna, que dentro del presente trámite rindió concepto, en el que explicó que ninguno de los eventos relacionados con las posibles causas de un cuadro convulsivo generalizado, se cumplía en la paciente en cuestión. Manifestó que la causa más frecuente de convulsión súbita asociada al embarazo, es la eclampsia, pero en la historia clínica, las cifras de presión arterial y varias notas, descartan la ausencia de síntomas preconvulsivos, con lo cual se eliminó de plano esa causa. Advirtió que no existe ningún dato clínico o paraclínico que hubiera permitido a los médicos inferir que el suceso de convulsión, paro cardiorrespiratorio y fibrilación ventricular se presentaría en la señora EDDY AMPARO PINO

VALENCIA.

Se explicó en el dictamen, que el cuadro clínico de la paciente al ingresar al Hospital San José, que es el de período parto en expulsivo, carece de relación alguna con el desenlace fatal de la paciente, pues se trató de un caso de muerte súbita, significándose con ello que las convulsiones y el paro cardiorrespiratorio no son consecuencia de la fase expulsiva del parto. Señalaron los galenos, que la decisión de practicar una cesárea, no fue a causa de la presunta desproporción feto pélvica o macrosomía fetal, sino del paro cardiorrespiratorio de la paciente, que ponía en riesgo su vida y la del feto. Los dos peritos médicos coincidieron en que la práctica de la autopsia, hubiese sido

un elemento importante para esclarecer científicamente, la causa de la muerte de la señora EDDY AMPARO PINO VALENCIA. Los dictámenes periciales, concluyeron que la muerte de la señora EDDY AMPARO PINO VALENCIA, constituyó un hecho súbito no previsible conforme a los antecedentes clínicos y que posiblemente puede haberse relacionado con patologías ajenas al embarazo, presuntamente a una anormalidad cardiaca. Advierte la Sala que los conceptos médicos emitidos no pueden ser tenidos en cuenta para establecer con certeza la causa de muerte de la paciente, porque ellos expresan una probabilidad sobre lo sucedido a la gestante, debido a que el mismo personal médico expresó que llegar a determinar con exactitud el origen de la muerte, era necesaria la práctica de autopsia. (cfr. fl. 454 C. 7) Fue acreditado que la paciente fue atendida y valorada inicialmente en el centro Hospital Toribio Maya, donde se dispuso su remisión a centro asistencial del Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 10 Expediente 38888 nivel II por riesgo dado que se trataba de embarazo prolongado (Cfr. fl. 332 vto. C.3) siendo atendida el 23 de noviembre de 2001 en la E.S.E. Susana López de Valencia (Cfr. fl. 113 C.3) donde se le dio salida con recomendación de regresar

si presentaba contracciones uterinas de mayor intensidad (Cfr. fl. 114 C.3). En el mismo folio aparece nota según la cual a las 10 de la mañana del 25 de noviembre de 2001 continuaba con actividad int(…) leve. Aparece luego en las notas de enfermería que en la misma fecha (25 de noviembre) a las 4.40 ingresó al Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán (Cfr. fl. 119 C.3). Después de la salida el 23 de noviembre de 2001 de la ESE Susana López Valencia, no se evidencia ni solicitud de servicios, ni examen clínico, ni hospitalización en entidad hospitalaria, menos en el Hospital Universitario San José de Popayán durante los días 23 y 24 de noviembre. Las omisiones en la atención en esos días es hecho al que refiere el actor en los hechos sexto y séptimo de la demanda, donde señaló que el día 24 de noviembre la paciente lo pasó muy mal y que se presentó nuevamente al Hospital Susana López de Valencia alegando que “en esta oportunidad no registraron su ingreso a la Institución por razones desconocidas” (Cfr. fl. 180 C.1). La parte actora no aludió a que el día 23 o 24 de noviembre hubiese asistido la paciente al Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán. O sea que la posible falla en el servicio médico que pudo ocurrir los días 23 y 24 de noviembre sería imputable al Hospital Susana López de Valencia, empresa social del Estado que no fue parte en el litigio y por consiguiente no puede evaluarse su responsabilidad en la decisión que ponga fin a este proceso.

En la providencia apelada se sustenta la decisión de condena con la siguiente argumentación: No desconoce la Sala que tal como lo han manifestado los peritos, la atención médica brindada a la paciente EDDY AMPARO PINO VALENCIA, fue adecuada al momento en que ingresó en la fase expulsiva del parto y que el procedimiento practicado de urgencia en la Sala de Cirugía, así como las maniobras de reanimación estuvieron acorde a la lex artis, sin embargo, dichos conceptos nada dicen en torno a la falta de atención médica de que fue objeto la gestante durante los días 23, 24 y 25 de noviembre de 2001, hecho importante para establecer si el hecho dañoso pudo evitarse. (…) Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 11 Expediente 38888 Sucedió en el presente caso, que la paciente, no obstante haber acudido en forma oportuna a controles médicos el día 23 de noviembre y remitida desde esa fecha para la práctica de cesárea, fue devuelta del Hospital Universitario San José argumentando que no existía disponibilidad de camas y que la macrosomía fetal no es indicadora de atención en el nivel III de complejidad. De esta forma se devolvió a la paciente quien ingresó luego de dos días, cuando estaba en la etapa expulsiva del parto y presentó las complicaciones que se han enunciado, comportamiento que le restó posibilidades de superviviencia, (…). (…). A pesar de la urgencia manifestada por los médicos que habían seguido

los controles del embarazo, la paciente fue devuelta a su casa inicialmente por el Hospital Susana López de Valencia y posteriormente por el Hospital Universitario San José de Popayán, quién se negó a ofrecerle atención médica argumentando que su caso no ameritaba III nivel de complejidad y que si así fuere, no disponía de camas desocupadas. Como puede verse, efectivamente existió negligencia por parte del Hospital Universitario San José de Popayán, en la atención de la paciente, porque se negó inicialmente de plano a prestarle los servicios médicos de manera oportuna, (…). (…) (…), por tanto, en el evento de haberse practicado la cirugía cesárea el 23 o 24 de noviembre o de haberse mantenido en seguimiento a la paciente, se hubiera evitado la muerte y las lesiones que sufrió la recién nacida. (…) (…), la responsabilidad de ésta [la entidad demandada, que es el Hospital Universitario] reside en que a pesar de haber concurrido con anterioridad, la paciente fue contraremitida sin haber sido valorada (…), situación que le restó la oportunidad de conservar su vida y las condiciones de salud de la recién nacida. (Fls. 455 y 456 Cdno C. de E.) En concepto del Ministerio Público el fallo condenatorio que se impugna se fundamenta en una errada interpretación de las pruebas. Como antes se dijo, no se probó que la paciente hubiese sido remitida y contra-remitida por el Hospital Universitario durante los días 23 y 24 de noviembre de 2001. El análisis de la documentación sobre la atención de la paciente que se hace en el dictamen que rinde Medicina Legal en el proceso penal claramente evidencia

que la atención en el Hospital Universitario apenas inicia el día 25 de noviembre: Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 12 Expediente 38888 Según historia clínica del Hospital Susana López de Valencia Nro. 34365017, ingresa el 23-11-01 a las 11:34 h (2h). (…). Valorada por el Dr. Erazo se decide dar salida con recomendaciones en caso de presentar contracciones de mayor intensidad y amenorrea. El 25 de noviembre de 2001 a las 10:00 a.m. (2 días después) se anota: (…) Conducta Remisión tercer nivel. A folios 48, se encuentra remisión del Hospital Susana López de Valencia al Hospital Universitario San José o Clínica Santillana realizada el 25 de noviembre de 2001 (…). (Fls 178 y 179 cdno 3) O sea que una eventual falla del servicio médico por la omisión o indebida atención durante los días 23 y 24 de noviembre sólo podría imputarse a la entidad de nivel II, el Hospital Susana López de Valencia (que no fue demandada en este proceso) y no al Hospital Universitario San José. De la atención el día 25 en el Hospital Universitario San José dice el dictamen de medicina legal: En nota del 25-NOV-01 a las 11:00h (1 hora después). En hoja sin membrete se anota: Paciente con historia clínica anotada, sin actividad franca. Su macrosomía fetal no es condición para atención en tercer nivel y así fuera

tampoco disponemos de cama desocupada en este momento. Debe mínimo hacerse una prueba de trabajo de parto. Se contra remite. Firma ilegible. 8 En nota del Hospital Universitario San José a folios 28, se anota: 25-NOV-01Hora: 15:10 h (4 horas después) Ingreso admisiones: Motivo consulta: Trabajo de parto …. (Fl. 179 cdno 3.) No es claro si esta contra remisión se hizo efectiva, pues transcurridas unas pocas horas si se le brinda atención y según el testimonio de JESUS DAVID OROZCO FERNANDEZ (quien acompaño a la señora Eddy Amparo Pino ese día 25) la paciente llegó al Hospital Universitario el día 25 desde las 11 a.m y allí permaneció hasta que se complicó y se le dio la atención correspondiente: PREGUNTADO. A que hora es llevada el 25 de noviembre de 2001 la señora EDY AMPARO al Hospital san José. CONTESTO. 11 de la mañana. PREGUNTADO. Por su conocimiento, conoce si antes de ser llevada al Hospital San José, estuvo en el Hospital Susana López de Valencia. CONTESTO. Como 8 Esta nota puede verse a Fl. 165 vto Cdno 3. Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado Ext. 12056 Consejodeestado4@procuraduria.gov.co Carrera 5 No. 5 No. 15-80 piso 20 pbx 5878750 www.procuraduria.gov.co 13 Expediente 38888 afirmé anteriormente en el Hospital Susana López la remitieron al San José debido a que los equipos estaban en mantenimiento, según recuerdo.

PREGUNTADO. Sabe usted si del Hospital San José, ese día 25 de noviembre de 2001, a las 11 de la maña