PGN - FALLO ABSOLUTORIO - Ausencia de presupuesto de certeza

FALLO ABSOLUTORIO-Ausencia de presupuesto de certeza Necesariamente conllevaba a que por parte de la primera instancia se profiriera fallo absolutorio a favor del disciplinado, debido a la ausencia del presupuesto de certeza exigido por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, para proferir decisión sancionatoria, pues no se contaba con otros elementos probatorios que corroboraran bien la versión de la ejecución en estado de indefensión ora la versión de los militares. PRUEBAS DE OFICIO-Búsqueda de la verdad/PRUEBAS DE OFICIO-Nuevo traslado para alegar Pese a la información anteriormente referida, la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos se abstuvo de ordenar los testimonios de las personas antes señaladas, pues según lo afirmado en el fallo absolutorio, no era posible hacerlo, toda vez que el proceso ya se encontraba en la etapa de traslado para alegatos de conclusión, argumento que no comparte la Sala, en el entendido de que bien pudo, en aras de la búsqueda de la verdad como presupuesto en la aplicación de justicia, decretar las pruebas de oficio, acorde con lo previsto en los artículos 129 y 169 de la Ley 734 de 2002 y, practicadas las mismas, correr traslado nuevamente para alegar de conclusión.

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., Julio primero (1) de dos mil diez (2010) Aprobado en Acta de Sala No. 29

Radicación No: 161-4048 (008-108033/04)

Disciplinados: Carlos Eduardo Godoy Urrea

Cargo: Teniente del Ejército Nacional

Quejoso: María Eulalia Palacios Palacios

Fecha queja: 18 de agosto de 2004

Fecha hechos: 1 de noviembre de 2003

Asunto: Apelación Fallo absolutorio P.D. PONENTE: Doctor RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS En virtud del recurso de apelación interpuesto por la quejosa y víctima dentro del presente asunto, MARIA EULALIA PALACIOS PALACIOS, revisa la Sala Disciplinaria la decisión del 5 de septiembre de 2008, mediante la cual la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos absolvió del cargo formulado al Teniente del Ejército Nacional CARLOS EDUARDO GODOY URREA, en su condición de Comandante del Segundo Pelotón de la Compañía Acorazado del Batallón de Infantería No. 12 “Alfonso Manosalva Flórez”, con sede en Quibdó.

ANTECEDENTES PROCESALES

Radicación No. 161-4048 La señora MARIA EULALIA PALACIOS PALACIOS en queja instaurada el 18 de agosto de 2004, denuncia que el 1 de noviembre de 2003, su esposo CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUIZ, quien se desempeñaba como aserrador en la jurisdicción de Istmina (Chocó), en el cruce que hay para Partadó, Pepé y Juradó, se encontró con el señor JULIO SAMUEL BORJA, a quien le había propuesto comprarle un monte para talar los árboles, momento en el cual el ejército empezó a disparar, por lo que todas las personas que se encontraban en ese cruce, salieron despavoridas a

buscar protección, sin embargo, CARLOS ALBERTO resultó herido en una de sus piernas y seguidamente el Teniente CARLOS GODOY GODOY en complicidad con el Sargento DOMÍNGUEZ, le propinó dos disparos, uno en el rostro y otro en el cráneo, que la causaron la muerte. Agrega que, de acuerdo con las personas que se encontraban en los alrededores, el Teniente, para justificar el homicidio, le colocó un fusil al lado de su cuerpo y lo despojó de sus documentos para hacerlo aparecer como N.N. (folio 3 C.O.1). Con fundamento en lo anterior, la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, mediante auto del 10 de septiembre de 2004, ordenó adelantar la respectiva indagación preliminar, fase procesal que fue evaluada el 17 de noviembre de 2005, fecha en la cual se ordenó apertura de investigación disciplinaria en contra del Subteniente CARLOS EDUARDO GODOY URREA, a quien se le formularon cargos en auto del 4 de mayo de 2007 (folios 17, 155 y 210 C.O.1). Rendidos los respectivos descargos, en auto del 24 de agosto de 2007, se resolvió sobre las pruebas solicitadas y, el 29 de mayo de 2009, se dispuso correr traslado para alegatos de conclusión, auto que fue notificado el 18 de junio de 2008, profiriéndose el fallo objeto de impugnación, el 5 de septiembre de 2008 (folios 231, 249, 299, 356 y 371 C.O.1).

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos, mediante decisión proferida el 5 de septiembre de 2008, absolvió de responsabilidad disciplinaria al oficial CARLOS EDUARDO GODOY URREA, al tenor de los siguientes argumentos: Después de hacer un resumen de la prueba recaudada, señala que si bien es posible que el señor CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUIZ, tuviese como oficio ser aserrador en la región, tampoco se descarta que esa hubiese sido su única actividad “y como lo reclama la defensa, resulta cierto que no se (sic) obra testimonio de los compañeros de labores o de sus trabajadores que respaldaran tal afirmación, elemento probatorio que esta Delegada no allegó por cuanto quienes conocían a CARLOS ALBERTO y podían aportar el nombre y lugar de ubicación de estas personas, no los suministraron para proceder a incorporar al proceso dichas pruebas”. Por otro lado, las pruebas que se allegaron en relación con el procedimiento adelantado por la patrulla que comandaba al oficial GODOY URREA, no son suficientes para demostrar que CARLOS ALBERTO era miembro del Bloque Metro de las Autodefensas del Chocó y que su muerte se haya producido en combate. Se demostró que el 1 de noviembre de 2003, en el lugar en que ocurrieron los hechos, se encontraba GODOY URREA al mando del Pelotón 2 de la Compañía Acorazado 2 del Batallón de Infantería No. 12 y que cumplía la orden de operaciones Nigeria, 2 Radicación No. 161-4048

señalándose que los elementos incautados, aunado a que no fueron reclamados por persona alguna, permiten concluir que efectivamente eran utilizados por personas dedicadas a alguna actividad ilícita, pero no hay nada que permita afirmar que dichos elementos eran portados, entre otros, por CARLOS ALBERTO. La Delegada señala que como resultado de la prueba obtenida, no se puede concluir que por parte de la patrulla al mando del Teniente GODOY URREA, hubiera existido interés en causar la muerte de manera injustificada a CARLOS ALBERTO, como tampoco se puede concluir que la misma se produjo en combate. “Lo anterior, por cuanto no se logró establecer qué otras personas ajenas a los hechos habían sido testigos presenciales que permitieran desvirtuar o comprobar la versión entregada por los militares. Las demás pruebas, entre ellas el protocolo de necropsia que describe heridas por proyectil de arma de fuego, unas con trayectoria antero posterior y otra postero anterior no es indicativa, pues no se cuenta con información sobre la ubicación de los militares respecto del presunto grupo de autodefensas y concretamente de la posición de CARLOS ALBERTO en el lugar. Tampoco se cuenta con la inspección que debió realizarse por autoridad competente de la escena de los hechos, la que se efectuó en la morgue a donde los militares trasladaron el cadáver. Al haber efectuado la diligencia en una escena secundaria impide confrontar estos medios de prueba y determinar si resultan o no coherentes entre sí, esa imposibilidad de confrontar las declaraciones y la versión del disciplinado con

otras pruebas no permiten determinar con certeza que CARLOS EDUARDO (sic) GÓMEZ RUIZ tenía la calidad de persona protegida y que al ocasionar su muerte se infringió el numeral 7, del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 por haber incurrido en graves violaciones al derecho internacional humanitario”. En ese orden de ideas, señala la Delegada, que ante la imposibilidad de obtener pruebas que despejen las dudas en cuanto a determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de CARLOS ALBERTO, se da aplicabilidad al principio de in dubio pro disciplinado establecido en el artículo 9 de la Ley 734 de 2002 y, por ende, se absuelve al Teniente GODOY URREA. RECURSO DE APELACIÓN La señora MARIA EULALIA PALACIOS PALACIOS, en su doble condición de quejosa y víctima dentro del presente asunto, apeló la decisión de primera instancia, al tenor de los siguientes argumentos (folio 392 C.O.1): Reclama que bajo el principio del acceso a la administración de justicia, se de una respuesta plenamente motivada y justificada del por qué la decisión de primera instancia contraría el espíritu de la búsqueda de la verdad. La decisión recurrida no consulta una interpretación imparcial del material probatorio, pues se le otorga mayor credibilidad al dicho del disciplinado, el cual lo apoya en documentos carentes de fecha de suscripción, “entre otros”. Centra su inconformidad en señalar que la decisión adoptada explica los vacíos que contiene la investigación, situación que obligaba a decretar pruebas de oficio que permitieran aclarar las dudas y así, con mayores elementos de juicio, proferir una

decisión en derecho, “protegiendo los derechos sociales y garantizando la búsqueda de fallos justos”. 3 Radicación No. 161-4048 El dicho de los testigos fue claro y apuntan a demostrar las calidades de CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUÍZ y sus verdaderas ocupaciones, esto es, que era aserrador de madera. No es claro el hecho de que ningún militar hubiera resultado muerto o lesionado en el presunto enfrentamiento, máxime si como ellos mismos lo afirman fueron los delincuentes quienes dispararon primero. Las dudas en la investigación pudieron ser resueltas de manera clara y contundente, antes de tomar una decisión de fondo. CONSIDERACIONES DE LA SALA DISCIPLINARIA Precisemos que el cargo imputado al Teniente CARLOS EDUARDO GODOY URREA y por el cual se le absolvió en primera instancia, se concretó así: “…Lo anterior lleva a esta Delegada a concluir, conforme a los elementos probatorios obrantes en el proceso y al análisis antes efectuado, que la muerte del señor CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUÍZ, en hechos presentados el 1 de noviembre de 2003, ocurrió en forma distinta a como lo narra el teniente CARLOS EDUARDO GODOY URREA, pues de las pruebas recaudadas hasta esta etapa procesal no se puede concluir que la muerte del señor CARLOS ALBERTO GOMEZ RUIZ se produjo como consecuencia de un enfrentamiento armado, tal como lo señala este oficial. La muerte no fue producto del ejercicio legítimo de las armas por parte de integrantes del Ejército Nacional para defenderse de una agresión armada. Todo nos lleva a concluir que la muerte se presentó fuera de combate, pues todo parece

indicar que el occiso momentos antes de su fallecimiento se encontraba conversando con JULIO SAMUEL BORJA, sobre un negocio y no estaba adelantando ninguna actividad ilícita y menos aún atentando contra integrantes del Ejército Nacional, conclusión que encuentra respaldo en los medios de prueba existentes, que dan cuenta que no hubo enfrentamiento armado como lo indica el militar inculpado en esta investigación…” “…En consecuencia, los disparos realizados por integrantes del Ejército Nacional, al parecer no fueron producto de una reacción frente a un ataque del que aduce el teniente GODOY URREA fueron objeto y sin mediar combate o ataque, le dieron muerte a un civil que se encontraba desarmado y realizando actividades propias de su oficio de aserrador en la vereda Peradó, jurisdicción del municipio de Istmina…” Se dicta pliego de cargos “contra el Teniente CARLOS EDUARDO GODOY URREA…por infracción grave al derecho internacional humanitario, falta tipificada como gravísima en la Ley 734 de 2002, artículo 48, numeral 7, por cuanto el 1 de noviembre de 2003, en la vereda Peradó, jurisdicción del municipio de Istmina (Chocó), en cumplimiento de la orden de operaciones “NIGUERIA” (sic), se dio muerte al civil CARLOS ALBERTO GOMEZ RUIZ, quien conforme a los medios de prueba aportados no hacía parte de un grupo armado y por tanto se trataba de persona protegida, según las normas del Derecho Internacional Humanitario, Protocolo II, y artículo tercero común, cuya finalidades garantizar que la población civil no sea involucrada en las hostilidades propias de un conflicto como el que vive

nuestro Estado…” Como bien lo señaló el fallador de primera instancia, se demostró que el 1 de noviembre de 2003, en el lugar en que ocurrieron los hechos, se encontraba el oficial CARLOS EDUARDO GODOY URREA al mando del Pelotón 2 de la Compañía 4 Radicación No. 161-4048 Acorazado 2 del Batallón de Infantería No. 12, en cumplimiento de la orden de operaciones Nigeria, librada por el Teniente Coronel JUAN JOSÉ BUENAVENTURA VARON, Comandante del Batallón de Infantería No. 12 “BG. Alfonso Manosalva Flórez”, la cual tenía como misión: “EL BIAMA, conduce operación de combate irregular con un pelotones (sic) de soldados profesionales, de la compañía Acorazado en la reserva dos pelotón (sic) de soldados profesionales de la compañía Córdoba a partir del día 0124:00 Horas Noviembre – 2003 sobre en el (sic) área general de municipio de ISTMINA para derrotar militarmente a miembros del frente choco (sic) de las AUC o ADI” (folio 346 C.O.1). Igualmente está demostrado que fueron los miembros del Ejército Nacional, como ellos mismos lo refieren, quienes le dieron muerte a GODOY URREA, sin embargo, mientras aquellos sostienen que le dieron de baja en combate con un grupo de las autodefensas, la quejosa MARIA EULALIA PALACIOS, compañera permanente de éste, afirma que fue muerto en momentos en que se encontraba negociando con el señor JULIO SAMUEL BORJA, un monte para talar árboles.

Es claro que de acuerdo con lo denunciado, el único presunto testigo presencial identificado lo fue el señor JULIO SAMUEL BORJA, persona de quien la misma quejosa anexó una declaración extraproceso rendida ante la Notaría Única del Círculo de Istmina (Chocó), el 9 de junio de 2004, es decir, siete meses después de ocurridos los hechos, declaración en la que señaló: “…Me presento a declarar extrajudicialmente sobre los acontecimientos del (01) de noviembre de 2003, en la Vereda Peradó, donde existen dos cruces para Pepé y Basurú donde perdió la vida el señor CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUÍZ, a quien conocía desde tiempo a tras (sic) como aserrador, siendo una persona honesta y dedicada a su trabajo y el día del acontecimiento en el sitio descrito, además del finado había muchas personas esperando transporte, y en ese momento el señor Carlos y yo nos encontramos, y éste me propuso negocio que si le podía arrendar un lote de montaña, para él aserrar madera, cuando yo le iba a dar respuesta, empezaron a disparar.- También le puedo decir que este señor se encontraba vestido de camisa kaki, pantalón en jeans y botas pantaneras negras – y en ningún momento le miré armas o escopetas y me consta que los que le dispararon fueron personas del Ejército…” (folio 7 C.O.1). No obstante que obran otras declaraciones dentro del proceso como las de SIMÓN

ECHAVARRÍA PULGARÍN, JOSÉ MARÍA GAMBOA CABRERA, NESTOR FELIPE

RODRÍGUEZ MOSQUERA, CARLOS MARIO TORO GIRALDO, HERNANDO

RENDÓN TORO, JOSE AULIO MOSQUERA GIRALDO, LUIS GUSTAVO VALENCIA SAAVEDRA, MANUEL CRISTOBAL VALENCIA IBARGUEN y GERARDO CASTAÑO LÓPEZ, quienes refieren las condiciones civiles de CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUÍZ y su actividad laboral como aserrador de madera, lo cierto es que el único presunto testigo presencial reconocido, de la forma como ocurrieron los hechos, habría sido JULIO SAMUEL BORJA, persona de la cual no fue posible obtener su ampliación de testimonio, ya que de acuerdo con la información suministrada por la Procuraduría 263 Judicial I Penal, habría fallecido (folio 177). Ahora bien, el testimonio de JULIO SAMUEL BORJA rendido extraproceso siete meses después de ocurridos los hechos y sin dar mayores detalles de la forma como ocurrieron los mismos, aunado a los testimonios de los civiles que refieren que CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUÍZ era un trabajador del campo que se dedicaba a 5 Radicación No. 161-4048 aserrar madera, amén de la queja instaurada también nueve meses después de ocurridos los hechos, necesariamente conllevaba a que por parte de la primera instancia se profiriera fallo absolutorio a favor del disciplinado, debido a la ausencia del presupuesto de certeza exigido por el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, para proferir decisión sancionatoria, pues no se contaba con otros elementos probatorios que corroboraran bien la versión de la ejecución en estado de indefensión ora la versión de los militares en el sentido de que GOMEZ RUIZ fue muerto en combate.

Sin embargo, atendiendo el cuestionamiento realizado por la apelante en el sentido de la posibilidad que tiene el funcionario competente de despejar las dudas a través del decreto de pruebas de oficio, la Sala mediante auto del 28 de mayo de 2009, consideró y dispuso lo siguiente: “Sobre el particular, observa la Sala Disciplinaria que las dudas planteadas por el aquo, se fundamentan especialmente en que no se ha podido determinar las circunstancias en que se produjo la muerte de CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUÍZ y su condición de persona protegida, para lo cual hace énfasis en que no se cuenta con el testimonio de testigos presenciales de los hechos, a excepción del rendido por JULIO SAMUEL BORJA a través de declaración extrajuicio, el cual no es suficiente para aclarar lo sucedido, con el agravante que no fue posible ampliarlo, dado que no compareció, en razón a que de acuerdo con la información suministrada al proceso, al parecer ya falleció. No obstante lo anterior, no debemos olvidar que el oficial CARLOS EDUARDO GODOY URREA, en su versión libre rendida el 24 de junio de 2008, fecha para la cual ya se había ordenado el traslado para alegatos de conclusión (folios 299 y 301 C.O.1), informa que la orden de operaciones NIGERIA, mediante la cual se adelantó el procedimiento en el que resultó muerto GÓMEZ RUIZ, se inició con base en la información suministrada por el desertado del Bloque Metro de las Autodefensas del Chocó, ALEJANDRO DE JESUS RESTREPO y, en desarrollo de dicho operativo, se

entregó JUAN CARLOS ZAPATA RICO, conocido en la organización como “CASCARUDO”, siendo capturado, además, NELSON GUILLERMO ASPRILLA SERNA. Así mismo, señaló que el movimiento de infiltración hacia el objetivo, se hizo en compañía de los dos miembros de las autodefensas entregados a la unidad, quienes al ver abatido a GOMEZ RUIZ, lo reconocieron como integrante del grupo irregular armado, esto es, del Bloque Metro de las Autodefensas. Pese a la información anteriormente referida, la Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos se abstuvo de ordenar los testimonios de las personas antes señaladas, pues según lo afirmado en el fallo absolutorio, no era posible hacerlo, toda vez que el proceso ya se encontraba en la etapa de traslado para alegatos de conclusión, argumento que no comparte la Sala, en el entendido de que bien pudo, en aras de la búsqueda de la verdad como presupuesto en la aplicación de justicia, decretar las pruebas de oficio, acorde con lo previsto en los artículos 129 y 169 de la Ley 734 de 2002 y, practicadas las mismas, correr traslado nuevamente para alegar de conclusión. Ahora bien, como quiera para la Sala Disciplinaria, los testimonios de los señores ALEJANDRO DE JESÚS RESTREPO, JUAN CARLOS ZAPATA RICO y NELSON GUILLERMO ASPRILLA SERNA, resultan pertinentes, conducentes y útiles para los fines de la investigación, pues habrían sido testigos presenciales de los hechos, de oficio, se ordenó su práctica, debiéndose precisar a través del interrogatorio, el

6 Radicación No. 161-4048 conocimiento que hayan podido tener de la víctima (CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUIZ), su condición o no de presunto integrante del Bloque Metro de las Autodefensas del Chocó y las circunstancias bajo las cuales resultó muerto el día 1 de noviembre de 2003”. Como resultado de lo ordenado por la Sala en auto del 28 de mayo de 2009 y reiterado luego en auto del 18 de febrero de 2010, tenemos que por parte de los comisionados no fue posible recibir las declaraciones de las personas antes mencionadas, bien porque no se pudieron localizar o porque, como en el caso de NELSON GUILLERMO ASPRILLA hizo caso omiso de la citación, sin embargo, se allegó a la investigación copia de la diligencia de indagatoria de ALEJANDRO DE JESÚS RESTREPO PALACIOS, desertado del Bloque Metro de las Autodefensas del Chocó, rendida el 10 de noviembre de 2003, ante la Dirección Seccional de Fiscalías del Chocó, Unidad de Fiscalías Especializadas, Fiscalía Cien, en la que expresamente se le preguntó por CARLOS ALBERTO GOMÉZ RUÍZ, así: “PREGUNTADO. Dentro de la organización conoció usted al sujeto CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUÍZ, en caso afirmativo si sabe que alias tenía dentro del grupo y que (sic) se dedicaba. CONTESTO: Si lo conocí, él estaba allá conmigo, él era escolta de MARIO, él murió el día del combate entre el ejército y las AUC allá en

Peradó él cayó allí, yo participé en el combate, cuando nosotros entramos con el ejército esa gente nos dispararon, entonces allí fue cuando nosotros les disparamos a ellos y ellos se volaron y el muchacho que resultó muerto nos disparaba con una R15 que fue la que le cogimos allá” (folio 81 anexo 2). En este orden de ideas, lo dicho tan solo una semana después de ocurridos los hechos, por parte de ALEJANDRO DE JESÚS RESTREPO PALACIOS, desertor de las autodefensas del Bloque Metro del Chocó, reitera lo expuesto por los miembros de las fuerzas militares en el sentido de que CARLOS ALBERTO GÓMEZ RUIZ fue dado de baja en combate sostenido con ese grupo de autodefensas, del cual, también hacía parte, lo que deja sin piso el dicho de la quejosa y el de JULIO SAMUEL BORJA, de quien se reitera, no fue posible obtener su ampliación, la cual emergía como necesaria, atendiendo el hecho de que lo expresado en la declaración extrajuicio, se hizo siete meses después de ocurridos los hechos y lo allí afirmado es muy vago e impreciso, pues no se dan suficientes razones de su dicho. Así las cosas, la decisión absolutoria a favor del disciplinado CARLOS EDUARDO GODOY URREA, se confirmará. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 5 de septiembre de 2008, mediante la cual

la Procuraduría Delegada Disciplinaria para la Defensa de los Derechos Humanos absolvió del cargo formulado al Teniente del Ejército Nacional CARLOS EDUARDO GODOY URREA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 94.459.066, quien para la época de los hechos se desempeñaba como Comandante del Segundo Pelotón de la Compañía Acorazado del Batallón de Infantería No. 12 “BG. Alfonso Manosalva Flórez”, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 7 Radicación No. 161-4048

SEGUNDO: Por el centro de notificaciones del la Procuraduría NOTIFICAR personalmente esta decisión a los sujetos procesales, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno por la vía gubernativa. La doctora KARIN JERLINE MURCIA LONDOÑO, apoderada del oficial CARLOS EDUARDO GODOY

URREA, se localiza en la carrera 50 No. 18-90 Puente Aranda – Escuela de Ingenieros, Telefax 2606366; 4474445/46, celular 3134214359 – Defensoría Militar Integral “Demil”, en la ciudad de Bogotá. La señora MARIA EULALIA PALACIOS se localiza en calle 126 A No. 43 A 50 Barrio Popular 2, Medellín (Antioquia).

TERCERO: Por la Secretaría de la Sala Disciplinaria devuélvanse las diligencias a la oficina de origen, una vez realizados los registros y anotaciones de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAFAEL EUGENIO QUINTERO MILANÉS

Procurador Primero Delegado

Presidente

MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO

Procuradora Segunda Delegada Exp. 161-4048 (008-108033/04)

Proyectó: Dr. Luis Alberto Cardona M.

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