PGN - FALLO ABSOLUTORIO - La formulación de cargos fue desvirtuada

PROCURADURÍA DELEGADA MORALIDAD PÚBLICA

Radicación No. 162-126039-05 Disciplinados Pablo Adriano Muñoz Parra, Néstor Fernando Ibarra Vidarte y José Ángel Guayara Sánchez Cargos Gobernador del Caquetá, Secretario de Transporte e Interventor del contrato Entidad Gobernación del Caquetá Informe Contraloría General de la República Fecha informe 30 de noviembre de 2004 Fecha hechos 22 de diciembre de 2003 Asunto Fallo de primera instancia Bogotá D.C., 10 de agosto de 2007

I. ASUNTO Se profiere fallo de primera instancia dentro del presente proceso disciplinario adelantado contra PABLO ADRIANO MUÑOZ PARRA, NÉSTOR FERNANDO IBARRA VIDARTE y JOSÉ ÁNGEL GUAYARA SÁNCHEZ, Gobernador del Caquetá, Secretario de Transporte e Interventor del contrato No. 202 de 2003, respectivamente.

II. ACTUACIÓN PROCESAL La Procuraduría Regional del Caquetá por auto del 17 de febrero de 2005 inició indagación preliminar contra PABLO ADRIANO MUÑOZ PARRA y JOSÉ ÁNGEL GUAYARA SÁNCHEZ, en sus condiciones de Gobernador del Caquetá e Interventor por presuntas irregularidades en el contrato de compraventa 202 de 2003 (folios 88 y 89), y por auto del 8 de julio de 2005, ordenó remitir por competencia las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal (Reparto) (folios 97 y 98), siendo asignadas a esta Delegada.

Mediante auto del 15 de septiembre de 2005 este Despacho avocó conocimiento y ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra PABLO ADRIANO MUÑOZ PARRA, NÉSTOR FERNANDO IBARRA VIDARTE y JOSÉ ÁNGEL GUAYARA SÁNCHEZ, Gobernador del Caquetá, Secretario de Transporte e Interventor del contrato de compraventa No. 202 de 2003, para la época de los hechos, por posibles irregularidades en la elaboración de los estudios previos, en los pliegos de condiciones o términos de referencia, en la celebración del contrato y en el seguimiento a la ejecución del mismo.

III. CARGOS Mediante auto del 8 de junio de 2006, esta Delegada formuló Auto de Cargos a PABLO ADRIANO MUÑOZ PARRA, NÉSTOR FERNANDO IBARRA VIDARTE y JOSÉ ÁNGEL GUAYARA SÁNCHEZ, en sus calidades de Gobernador del Caquetá, Secretario de Transporte e Infraestructura de la Gobernación del Caquetá e Interventor del contrato de compraventa No. 202 de 2003 y Profesional Universitario adscrito a Minas y Energía – Secretaria de Transporte e Infraestructura Departamental de la Gobernación del Caquetá, respectivamente para la época de los hechos, en los siguientes términos (folios 158 y ss):

1. Respecto a PABLO ADRIANO MUÑOZ PARRA: Cargo único Descripción de la conducta irregular “El señor PABLO ADRIANO MUÑOZ PARRA, en su condición de

Gobernador del Departamento del Caquetá, celebró el contrato de compraventa No. 202 del 22 de diciembre de 2003 con el señor Hilmon Merchán Suárez y/o Electrocomercial Ltda. por valor de $17.328.324.00, con el objeto de comprar materiales para la electrificación de la Vereda Las Brisas, en el Municipio de Florencia, al parecer desconociendo el factor de planeación, previsto en la Ley 80 de 1993, por cuanto los estudios previos con base en los cuales se contrató no se realizaron en forma completa, pues las cantidades contratadas fueron insuficientes para suplir la necesidad de terminar el proyecto de electrificación de la vereda y además, no se realizó el estudio de los precios del mercado para la determinación del precio de cada uno de los elementos a adquirir incumpliendo el deber de selección objetiva, adjudicando al único proponente sin establecer previamente si su propuesta era favorable a la entidad y a los fines que ella busca y sin realizar una comparación de la propuesta seleccionada con lo precios reales del mercado”. Como normas posiblemente vulneradas se le citaron los artículos 6° y 8°, numeral 4 del Decreto 2170 de 2002 y el artículo 29 de la Ley 80 de 1993, que señalan la obligación de consultar los precios o condiciones del mercado y elaborar estudios previos y el deber de selección objetiva. La falta se calificó provisionalmente como GRAVE y la forma de culpabilidad a título de CULPA GRAVE (artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el numeral 9 del artículo 43 y el parágrafo del artículo 44 del mismo ordenamiento).

2. Respecto a NÉSTOR FERNANDO IBARRA VIDARTE

Cargo único Descripción de la conducta irregular “El señor NÉSTOR FERNANDO IBARRA VIDARTE, en su condición de Secretario de Transporte e Infraestructura de la Gobernación del Departamento del Caquetá, suscribió y dio el visto bueno al acta de recibo final del 14 de enero de 2004 y el acta de liquidación final del 19 de enero de 2004, del contrato de compraventa No. 202 del 22 de diciembre de 2003 celebrado con el señor Hilmon Merchán Suárez y/o Electrocomercial Ltda. por valor de $17.328.324.00, al parecer sin verificar la entrega real de los elementos objeto del contrato, pues posiblemente no fueron entregados por el contratista varios elementos, lo que dio lugar a que se cancelara al contratista el valor del contrato y se liquidará el mismo, a pesar de que los materiales adquiridos no fueron entregados en su totalidad”. 2 Se señaló que con su comportamiento se desconoció el artículo 209 de la Constitución Política por cuando como autoridad administrativa debía coordinar sus actuaciones para el cumplimento de los fines del Estado y el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 que establece el principio de responsabilidad. La falta se calificó provisionalmente como GRAVE y la forma de culpabilidad a título de CULPA GRAVE (artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el numeral 9 del artículo 43 y el parágrafo del artículo 44 del mismo ordenamiento).

3. Respecto a JOSÉ ÁNGEL GUAYARA SÁNCHEZ: Cargo primero Descripción de la conducta irregular “El señor JOSÉ ÁNGEL GUAYARA SÁNCHEZ, en su condición de

Profesional Universitario de la Secretaria de Transporte e Infraestructura de la Gobernación del Departamento del Caquetá, suscribió los estudios previos para la compra de materiales de electrificación para la Vereda Las Brisas en el Municipio de Florencia, al parecer sin tener en cuenta las cantidades necesarias para terminar el proyecto de electrificación rural de media tensión para la construcción de 2.5 kilómetros de línea de media tensión monofásica a 13200 voltios”. Como normas posiblemente vulneradas se le citaron los artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 8 del Decreto 2170 de 2002 relacionados con las deficiencias de los estudios previos y el desconocimiento del principio de responsabilidad. La falta se calificó provisionalmente como GRAVE y la forma de culpabilidad a título de CULPA GRAVE (artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el numeral 9 del artículo 43 y el parágrafo del artículo 44 del mismo ordenamiento). Cargo segundo Descripción de la conducta irregular “El señor JOSÉ ÁNGEL GUAYARA SÁNCHEZ, en su condición de Interventor del contrato No. 202 del 22 de diciembre de 2003 y como Profesional Universitario de la Secretaria de Transporte e Infraestructura de la Gobernación del Departamento del Caquetá, suscribió el acta de recibo final del 14 de enero de 2004, el acta de entrega de materiales del 19 de enero de 2004 y el acta de liquidación final del 19 de enero de 2004, del contrato de compraventa No. 202 del 22 de diciembre de 2003 celebrado

con el señor Hilmon Merchán Suárez y/o Electrocomercial Ltda. por valor de $17.328.324.00, al parecer sin verificar la entrega real de los elementos objeto del contrato, pues posiblemente no fueron entregados por el contratista varios elementos, lo que dio lugar a que se cancelara al contratista el valor del contrato y se liquidará el mismo, a pesar de que los materiales adquiridos no fueron entregados en su totalidad”. 3 Se señaló que con su comportamiento se desconoció el artículo 209 de la Constitución Política por cuando la función administrativa está al servicio de los intereses generales y el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 que establece el principio de responsabilidad. La falta se calificó provisionalmente como GRAVE y la forma de culpabilidad a título de CULPA GRAVE (artículo 48, numeral 31 de la Ley 734 de 2002 en concordancia con el numeral 9 del artículo 43 y el parágrafo del artículo 44 del mismo ordenamiento). El auto de cargos fue notificado a Pablo Adriano Muñoz por conducta concluyente el 30 de junio de 2006 (folio 169) y personalmente a José Ángel Guayara Sánchez el 27 de junio de 2002 (folio 184) y a Néstor Fernando Ibarra Vidarte el 29 de junio de 2006 (folio 185).

IV. DESCARGOS

1. PABLO ADRIANO MUÑOZ PARRA: Pablo Adriano Muñoz se notificó por conducta concluyente el 30 de junio de 2006

(folio 169) y dentro de la oportunidad legal, el 12 de julio del mismo año, el doctor José Francisco Sánchez Sánchez, apoderado del investigado, presentó memorial de

descargos, en los siguientes términos (folios 172 a 175): Los estudios previos elaborados por José Ángel Guayara Sánchez sirvieron de base para que el Gobernador firmara el contrato y considerara que al ser elaborados por una persona con experiencia y capacitada, en razón de la buena fe, no existían dudas respecto al valor del contrato y a la consulta de los precios del mercado. Considera que sí se realizó dicha consulta, pues los precios eran necesarios para determinar el valor del contrato, pudiendo extraviarse en el proceso de archivo o haber sido sustraída por quienes desean que el investigado sea sancionado disciplinariamente. Agrega que el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 no se violó, por cuanto en el acápite de pruebas se consignó que existen estudios previos, pliego de condiciones, inscripción de proponentes y evaluación de propuestas y habiéndose presentado un proponente único no era posible escoger la oferta más favorable, pues era solo una, cumpliéndose un proceso de selección donde se cumplieron los requisitos exigidos por la ley. Manifiesta que quien realizó el estudio previo debía hacerlo en forma adecuada y si se presenta una omisión, la misma no puede trasladarse a una tercera persona que de buena fe y confiada en las destrezas de su colaborador creyó que el estudio previo reunía todos los requisitos exigidos por la ley. Finalmente, considera que ni objetiva ni subjetivamente la conducta desplegada por su representado puede constituir falta disciplinaria, como quiera que no desconoció el deber funcional, que era pedir que antes de celebrar el contrato se hicieran los estudios previos y se adelantara el proceso de selección, lo que efectivamente se

hizo por parte de José Ángel Guayara. 4 Por lo anterior, manifiesta que al no existir falta disciplinaria se absuelva de toda responsabilidad y se ordene el archivo de las diligencias en lo que concierne a su representado.

2. NÉSTOR FERNANDO IBARRA VIDARTE: Fue notificado personalmente el 29 de junio de 2006 (folio 185), presentando escrito de descargos dentro del término previsto en el artículo 166 del Código Disciplinario Único (folios 193 y 194), manifestando que no tiene ninguna responsabilidad porque en su calidad de Secretario de Transporte e Infraestructura, iniciando una Administración, debía estar pendiente del desarrollo de todos los contratos firmados por la Administración anterior, en los cuales se habían designado interventores, sin que pudiera estar presente y verificar de manera personal cada uno de ellos, labor que en el caso del contrato 202 de 2003 estaba en manos del interventor.

Afirma que partió de la buena fe del interventor y del Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Brisas, quienes mediante acta del 19 de enero de 2004 firmaron el acta de entrega de materiales y que al firmar el acta de recibo final se estaban pagando los materiales entregados, sin que se haya causado un detrimento al patrimonio público y en consecuencia, solicita el archivo de la investigación

3. JOSÉ ÁNGEL GUAYARA SÁNCHEZ: Fue notificado personalmente el 27 de junio de 2006 (folio 184), presentando escrito de descargos dentro del término previsto en el artículo 166 del Código Disciplinario Único (folios 186 a 189), solicitando que se le exonere de los cargos imputados y se

proceda al archivo, por las siguientes razones: En el primer cargo, se consideró que no se tuvieron en cuenta las cantidades necesarias para terminar el proyecto de electrificación rural para la construcción de 2.5 kilómetros de línea media, lo que no comparte, por cuanto como profesional universitario adscrito a la Secretaria de Transporte e Infraestructura se le ordenó que con base en una disponibilidad presupuestal previamente determinada realizará un suministro de materiales eléctricos, cuyo costo no sobrepasara dicha disponibilidad. Lo anterior, por cuanto la adquisición de esos materiales formaba parte de un proyecto de electrificación con la comunidad, en el cual la administración departamental aportaba parte de los materiales y la comunidad la otra parte y la mano de obra. Afirma que es extraño que no aparezca en la carpeta del contrato el presupuesto oficial de compra de los materiales a suministrar, ya que el mismo fue tomado como soporte para la elaboración de los términos de referencia y que para que estos fueran publicados se requería que estuvieran completos los documentos, los cuales eran revisados por el Secretario de Transporte e Infraestructura Carlos Alfonso Niño Santos, solicitando su declaración. Agrega que frente al supuesto de que los materiales adquiridos no fueren suficientes para la realización del proyecto, la administración departamental requiere el apoyo o compromiso de la comunidad que se beneficia, pues la Administración cuenta con pocos recursos que debe repartir entre los dieciséis municipios, por eso solo se 5 adquieren los materiales de acuerdo a la disponibilidad presupuestal y la comunidad aporta lo que falte, incluida la mano de obra. Con relación al segundo cargo, manifiesta que su labor como interventor consistió en

la entrega de los materiales por parte del contratista a la comunidad, evento que se llevó a cabo, entregándose de manera total y real como quedó consignado en el acta de entrega de materiales del 19 de enero de 2004 al señor Arsenio Espinosa Moreno, Presidente de la Junta de Acción Comunal y solicita la declaración de esta persona y del contratista.

V. PRUEBAS DE DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Teniendo en cuenta las pruebas de descargos solicitadas por los investigados, esta Delegada por auto del 18 de diciembre de 2006, ordenó la práctica de pruebas, pudiendo practicarse las siguientes (anexo 6): se recibieron las declaraciones de Hilmon Merchán Suárez (contratista), de Arsenio Espinosa Moreno (Presidente de la

Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Brisas) y se allegó el anexo No. 1 del contrato de obra, en el cual se discrimina el presupuesto de la obra. Posteriormente, por auto del 30 de abril de 2007 se concedió término para alegatos de conclusión (folio 237), presentándose los siguientes escritos:

1. PABLO ADRIANO MUÑOZ PARRA: A través de su apoderado José Francisco Sánchez Sánchez, remitió memorial vía fax el 12 de junio de 2007 por fuera del término concedido (folios 258 a 267), el cual será tenido en cuenta por esta Delegada con el fin de garantizar el derecho de defensa.

Manifiesta el apoderado que las pruebas deben apreciarse en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, existiendo en el expediente las siguientes

pruebas: el estudio previo, el anexo No. 1 presupuesto de obra, los términos de referencia y la evaluación la única propuesta presentada, el contrato 202 de 2003 que lleva el visto bueno del Departamento Jurídico y la afirmación del señor José Ángel Guayara respecto a que se realizó el estudio económico. Estima que teniendo en cuenta esas pruebas debe concluirse que no se omitió consultar los precios del mercado, que el artículo 6° del Decreto 2170 de 2002 debía aplicarse en los términos que sea establecido en el Registro Único de Precios de Referencia, los cuales fueron fijados en el año 2005, siendo el contrato del 2003, y que además de acuerdo con el artículo 140 del C. D. U. no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y la responsabilidad del investigado. Finalmente, adjunta la declaración rendida por Carlos Alfonso Niño Santos para que obre como prueba y de ser necesario se ordene su ratificación, el oficio de fecha 12 de junio de 2007 firmado por el señor Hilmon Merchan Suárez, acta de entrega de materiales de enero de 2004 y las facturas 14954 y 14955.

2. NÉSTOR FERNANDO IBARRA VIDARTE: Presentó los alegatos de conclusión dentro del término concedido (folios 252 a 255), considerando que en su calidad de Secretario de Transporte e Infraestructura del

6 Departamento del Caquetá, no tiene ninguna responsabilidad al suscribir y dar el visto bueno al acta de recibo final y de liquidación final al contrato de compraventa

202 del 22 de diciembre de 2003, pues era función del interventor supervisar, controlar y vigilar la debida ejecución de los contratos procurando que se cumplan las obligaciones establecidas en los mismos, existiendo un instructivo de la labor de interventoría, transcribiendo las funciones a cargo del interventor, que no estaban a su cargo, manifestando que suscribió tales documentos basado en la presunción de buena fe, por lo que pide que se le exonere de toda responsabilidad.

VI. MATERIAL PROBATORIO Para la formulación de cargos se tuvieron en cuenta las siguientes pruebas allegadas por la Gerencia Departamental del Caquetá, así:  Estudios previos (folios 49 y 68).  Pliegos de condiciones o términos de referencia (folio 48).  Inscripción de la firma Electrocomercial y propuesta presentada (folios 45 a 47).  Evaluación de propuestas (folios 37 a 39).  Certificado de disponibilidad presupuestal (folios 31 y 62).  Contrato de compraventa No. 202 del 22 de diciembre de 2003, con el objeto de adquirir materiales para la electrificación rural vereda Las Brisas del municipio de Florencia y anexo 1 (folios 32 a 36 y 63 a 67).  Certificado de Cámara de Comercio del contratista (folios 40 a 44).  Boleta de liquidación de tributos (folios 30 y 61).  Aprobación de pólizas constituidas (folios 21 a 29, 52 a 60).  Facturas cambiarias de compraventa (folios 16 y 17).

 Orden de pago del 30 de diciembre de 2003 y oficio remisorio (folios 50 y 51).  Acta de iniciación del contrato (folio 20).  Acta de recibo final del 14 de enero de 2004 (folios 14 y 15).  Acta de liquidación del 19 de enero de 2004 y orden de pago del 9 de febrero de 2004 (folios 10 a 13).  Acta de entrega de materiales del 19 de enero de 2004 por parte del Interventor al Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Brisas y fotocopia de la C.C. del mismo (folios 18 y 19).  Acta de inspección ocular a los materiales del contrato realizada el 17 de septiembre de 2004 (folio 9).  Instructivo sobre la labor de interventoría y anexos del mismo (folios 69 a 86).  Informe evaluativo a la ejecución contractual del 12 de noviembre de 2004 de la Contraloría (folio 7). Además, en el término de la investigación disciplinaria, se allegaron oficios de la Oficina de Recursos Humanos de la Gobernación del Caquetá dando información y anexando documentos de las hojas de vida de los investigados (folios 110 a 127) y se practicó visita especial a la Gobernación del Caquetá (folios 18 a 20 del anexo 5), mediante la cual se allegó lo siguiente:  Documentos de las hojas de vida de los investigados (anexos 1, 2 y 3).  Documentos de la carpeta del contrato de compraventa No. 202 del 22 de

diciembre de 2003 contenidos en el anexo 4 y cuantías de contratación (folios 76 y 77 del mismo anexo). 7 Por auto del 18 de diciembre de 2006, esta Delegada ordenó pruebas de descargos, practicándose las siguientes (anexo 6): declaraciones de Hilmon Merchán Suárez (contratista), de Arsenio Espinosa Moreno (Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Las Brisas) y allegándose el anexo No. 1 del contrato de obra, relativo al presupuesto de la obra. Posteriormente, mediante escrito remitido vía fax por el doctor José Francisco Sánchez Sánchez, apoderado de Pablo Adriano Muñoz Parra, adjunta la declaración rendida por Carlos Alfonso Niño Santos, el oficio de fecha 12 de junio de 2007 firmado por el señor Hilmon Merchan Suárez, acta de entrega de materiales de enero de 2004 y las facturas 14954 y 14955, los cuales serán tenidos en cuenta como prueba, por cuanto fueron ordenadas como pruebas de descargos, sin que se hubiesen podido practicar, y por ser necesarias y conducentes para aclarar los hechos materia de investigación.

VII. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA

1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, literal c) y 19 de la Resolución 017 de 2000, esta Delegada es competente para proferir fallo de primera instancia en el proceso adelantado en contra de PABLO ADRIANO MÚÑOZ PARRA, Gobernador del Departamento del Caquetá y otros funcionarios de la misma entidad.

2. Análisis de los argumentos expuestos por los investigados en los

descargos y alegatos de conclusión. Antes de analizar los argumentos expuestos, es necesario anotar que si bien los alegatos de conclusión y los anexos presentados por el apoderado de Pablo Adriano Muñoz Parra, fueron remitidos cuando había vencido el término concedido para ello, los mismos serán analizados y tenidos en cuenta, con el fin de garantizar el derecho de contradicción y defensa de los investigados y la imparcialidad que debe existir en la búsqueda de la prueba, de conformidad con lo previsto en los artículos 17, 92 y 129 de la Ley 734 de 2002. Ahora bien, teniendo en cuenta las razones invocadas por los investigados, las pruebas de descargos y las aportadas por el apoderado José Francisco Sánchez Sánchez, se procederá a examinar los cargos endilgados a cada uno de los investigados, así: Respecto a PABLO ADRIANO MUÑOZ PARRA: Se le imputó en el cargo único que celebró el contrato de compraventa No. 202 del 2003 al parecer desconociendo el factor de planeación, por cuanto los estudios previos no se realizaron en forma completa, pues las cantidades contratadas fueron insuficientes y además, no se realizó el estudio de los precios del mercado, incumpliendo el deber de selección objetiva, adjudicando al único proponente sin realizar una comparación de la propuesta seleccionada con lo precios reales del mercado. Este cargo se formuló por cuanto no existía prueba respecto a la consulta de precios del mercado, ya que en la visita especial practicada en la Secretaría de Transporte 8 de la Gobernación del Caquetá (folios 18 a 20 del anexo 5), a la carpeta del contrato,

no aparecen estudios relacionados con los precios del mercado, ni existen cotizaciones o estudios estableciendo precios de los materiales a adquirir, suscribiéndose el contrato exactamente por el mismo valor contemplado en los estudios previos (folios 32 a 36 del anexo 4). Al respecto, es necesario tener en cuenta que de acuerdo con las pruebas allegadas por el apoderado del investigado, los estudios de precios del mercado si se realizaron. En efecto, en la declaración rendida por Carlos Alfonso Niño Santos, quien se desempeñaba como Secretario de Transporte e Infraestructura al celebrarse el contrato, se afirmó: “Declaró que para el contrato No. 202 del 2003, cuyo objeto era la compra de materiales eléctricos con destino a la electrificación de la vereda Las Brisas de Florencia, se realizó el estudio de precios del mercado, ya que el presupuesto oficial fue aprobado por mí, en base a dicho estudio, el cual se dejó dentro de la carpeta del contrato No. 202. Es de manifestar que si dicho estudio no hubiere sido realizado, la Secretaría de Transporte a mi cargo, no hubiera realizado el proceso de contratación (…)” (folio 262). Igualmente, José Ángel Guayara, manifiesta en los descargos que el presupuesto oficial de compra de los materiales fue tomado como soporte para la elaboración de los términos de referencia, los cuales fueron revisados por el Secretario de Transporte e Infraestructura, por lo que le parece extraño que no aparezcan en la carpeta del contrato. Asimismo, afirma que el presupuesto se realizó considerando la disponibilidad presupuestal con que contaba la Gobernación, que suministraba parte

de los materiales para la electrificación de diferentes municipios, y la comunidad beneficiada aportaba lo que falte y la mano de obra. Así las cosas, puede concluirse que si bien Pablo Adriano Muñoz Parra celebró el contrato materia de reproche, también lo es que de acuerdo con las anteriores declaraciones, los estudios previos y la consulta de precios fue realizada por José Ángel Guayara, Profesional de la Secretaria de Transporte e Infraestructura, siendo revisados por el jefe de esa oficina, Carlos Alfonso Niño Santos, quienes manifiestan que se realizó el estudio de precios de los materiales eléctricos a adquirir y que con base en ellos, se elaboraron los términos de referencia. Por lo anterior, este Despacho considera que han quedado desvirtuadas las razones por las cuales se investiga la conducta de PABLO ADRIANO MUÑOZ PARRA, en su condición de Gobernador del Departamento del Caquetá y por lo tanto se

ABSOLVERA DEL CARGO ÚNICO, FORMULADO EN EL PLIEGO DE CARGOS

DEL 8 DE JUNIO DE 2006.

Respecto a NÉSTOR FERNANDO IBARRA VIDARTE: Se le atribuye al investigado que en su condición de Secretario de Transporte e Infraestructura de la Gobernación del Departamento del Caquetá, suscribió y dio el visto bueno al acta de recibo final del 14 de enero de 2004 y el acta de liquidación final del 19 de enero de 2004, del contrato de compraventa No. 202 de 2003, al parecer sin verificar la entrega real y total de los elementos objeto del contrato, pudiendo faltar varios elementos, lo que ocasionó que se cancelara al contratista el

valor del contrato y se liquidará el mismo, sin que los materiales adquiridos se entregaran en su totalidad. 9 El cargo anterior fue formulado por cuanto en la carpeta del contrato reposan el acta de recibo final del 14 de enero de 2004 y el acta de liquidación final del 19 del mismo mes y año, suscritas por el interventor, el contratista y el investigado, y a su vez, en una inspección ocular realizada por la Contraloría General de la República se encontró que faltaban parte de los materiales adquiridos. Con relación al cargo formulado, es necesario tener en cuenta que de acuerdo con declaraciones ordenadas como pruebas de descargos los materiales adquiridos fueron entregados en su totalidad a la comunidad, siendo robados algunos de ellos. Efectivamente, en declaración rendida por el contratista Hilmon Merchan, manifiesta que los elementos se entregaron en su totalidad a la comunidad, en presencia del interventor José Ángel Guayara, afirmando: “lo que fue herrajes y cables (tornillerias) fueron retirados por la comunidad en el establecimiento comercial Electrocomercial. La posteria que forma parte integral de este contrato, fue entregada en la Vereda Las Brisas, en la casa del presidente de la junta señor ARCESIO, y el resto de materiales, se entregaron a la comunidad con la presencia del interventor, Ingeniero JOSE ANGEL GUAYARA” (folios 26 y 27 del anexo 6). Lo anterior, fue corroborado por el señor Arsenio Espinosa Moreno, Presidente de la Junta de Acción Comunal, quien preguntado respecto a si fueron entregados a la comunidad de Las Brisas la totalidad de materiales objeto del contrato, contestó:

“Se recibieron unos materiales, gestionados por parte del doctor GUSTAVO ORTEGA, Diputado a la Asamblea, le mandaron razón que viniera a recibir unos materiales de transporte de la Gobernación, yo fui allá y me dijeron que viniera donde el señor HILMON MERCHAN, que allí me entregaban los materiales para allá, vinimos con el señor FRANKLIN RUSINQUE, que era el del programa de electrificación, entonces nos dijo que si estaban los materiales, que si los queríamos llevar, que los lleváramos, que lo único que no había en ese instante era el cable, y tres crucetas de cuatro metros metálicas, y los postes, pero que en la semana siguiente nos entregaban el resto. Aporto en fotocopia la lista de materiales. No me acuerdo la fecha en que me entregaron esos materiales, le pagamos a un señor Vicente Cometa un valor de $70.000, para que los transportara allá, pero únicamente lo que había, crucetas pero pequeñas, porque faltaron las grandes, aisladores, viguetas, grapas, ahí dice todo en la hoja (…) Como a los quince días, llegó una mula con 46 postes, y el señor Hilmon subió y descargó ahí 20 postes, yo le dije que quedaba faltando las crucetas, y tres meses después entregaron el cable, y seis meses después entregaron las crucetas, pero no me las entregaron a mí sino al presidente que estaba en esa fecha JOSE VARGAS”. (folios 28 y 29 del anexo 6).

Y más adelante agrega: “Si fueron entregados todos, porque como a mí me toco salir

tres veces de ahí, porque la guerrilla me amenazó, un tipo me mando llamar y me dijo que si no me iba esa semana me llevaban, cuando regrese ya le habían entregado las crucetas a JOSE VARGAS”. Con relación a los elementos que faltan, el mismo testigo afirma: “(…) resulta que cuando yo vine supe que habían sustraído, eso se lo robaron de noche, se robaron una parte del cable, no se sabe cuantos metros (…)” (folio 29 del anexo 6). 10 De esta forma, si bien el investigado como Secretario de Transporte e Infraestructura suscribió el acta de recibo final del 14 de enero de 2004 y el acta de liquidación final del 19 del mismo mes y año, sin constatar personalmente la entrega real y total de los elementos objeto del contrato, pues según manifiesta confió en que el interventor lo había verificado, en efecto, de acuerdo con las declaraciones juramentadas rendidas por el contratista y el representante de la comunidad beneficiada, los materiales fueron entregados en su totalidad en presencia del interventor. Por lo tanto, este Despacho considera que han queda