PGN - FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA - Confirmar parcialmente el fallo que declaró disciplinariamen

SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA-Confirmar parcialmente el fallo que declaró disciplinariamente responsable a supervisor del contrato de obra e imponer como sanción definitiva la suspensión en el cargo por el término de cuatro (4) meses SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Carrera 5 n°. 15-80 piso 21 Bogotá D.C., PBX 5878750 Página 1 Radicación n.° 161-8128

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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° 1380 DE 2015

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de dos mil veintidós (2022) Aprobado en acta de Sala N° 23 Radicación n.° IUS E-2016-296529, IUC D-2016-77-878776, (161-8128) Disciplinado HERNÁN DARÍO CASTAÑO LÓPEZ. Profesional especializado código 222-24 de la Secretaría de Cargo y Entidad Infraestructura de la Gobernación de Risaralda y Supervisor del contrato de obra n.° 1380 del 13 de noviembre de 2015. Forma de inicio de la Informe servidor público actuación disciplinaria Fecha queja 2 de agosto de 2016 Fecha hechos 28 de diciembre de 2015 Asunto Fallo de segunda instancia

Procurador Ponente: ESIQUIO MANUEL SÁNCHEZ HERRERA

I. ASUNTO POR TRATAR

La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento de la Procuraduría General de la Nación procede a resolver el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia proferido el 28 de octubre 20201 por la Procuraduría Regional de Risaralda, a través del cual, sancionó disciplinariamente al señor HERNÁN DARÍO CASTAÑO LÓPEZ, en calidad de profesional especializado código 222-24 de la Secretaría de Infraestructura de Risaralda y supervisor del contrato de obra n.° 1380 del 13 de noviembre de 2015.

II. HECHOS INVESTIGADOS Se originó la presente actuación disciplinaria en el hallazgo con presunto alcance disciplinario determinado en la auditoría practicada por la Contraloría General del Departamento de Risaralda al contrato de obra pública n.° 1380 del 13 de noviembre de 2015, suscrito por la Secretaría de Infraestructura del referido Departamento.

En desarrollo de la actuación fiscal fueron encontradas deficiencias en la labor de supervisión, pues, se determinó que no se realizó un seguimiento estricto a la ejecución de las obras, las cuales fueron recibidas a satisfacción a pesar de los faltantes en las cantidades correspondientes a ítems no ejecutados en la adecuación y mantenimiento de las canchas ubicadas en los barrios “Júpiter” y “Campestre D” del municipio de Dosquebradas.

III. ANTECEDENTES PROCESALES Mediante auto del 16 de septiembre de 2016 la Procuraduría Regional de Risaralda inició indagación preliminar2. A través de providencia del 25 de enero de

1 Confrontar folios 197 a 210 del c.o. n.° 1 2 Confrontar folios 51 y 52 del c.o. n.° 1

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Carrera 5 n°. 15-80 piso 21 Bogotá D.C., PBX 5878750 Página 2 Radicación n.° 161-8128 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA RISARALDA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° 1380 DE 2015 2018 la misma Dependencia inició investigación disciplinaria en contra de Hernán Darío Castaño López3, etapa que fue cerrada con auto del 8 de agosto de 20194. El 18 de noviembre de 2019 la Procuraduría Regional de Risaralda formuló pliego de cargos al disciplinado en los siguientes términos5: Cargo Único “Se le cuestiona al señor Hernán Darío Castaño López, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.012.729, profesional especializado de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda y supervisor del contrato de obra No. 1380 del 13 de noviembre de 2015, cuyo objeto era “obras de mejoramiento, adecuación, mantenimiento de escenarios deportivos en el Municipio de Dosquebradas Departamento de Risaralda, el presuntamente desconoció el principio de responsabilidad al haber suscrito, el día 28 de diciembre del mismo año, acta de recibo de obra a entera satisfacción, sin que al parecer, se hubieran

ejecutado en su totalidad las siguientes actividades…..situación que dio lugar a que se detectara un faltante que conforme lo certificó la Contraloría General de Risaralda ascendió a la suma de dos millones ochocientos treinta y dos mil setecientos sesenta y nueve pesos $(2.832.779), lo que al parecer puso en riesgo los recursos de la entidad estatal”. Se adecuó la falta a los tipos disciplinarios descritos en el artículo 34 numeral 1 y 48 numeral 34 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con los artículos 26 de la Ley 80 de 1993, artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 y lo establecido en los Decretos 877 del 30 de septiembre de 2014 y 235 del 15 de marzo de 2010, emanados del Departamento de Risaralda, por medio de los cuales se adoptaron los Manuales de Contratación y del Interventor para el referido Departamento y calificó la falta como gravísima cometida a título de culpa gravísima. Con providencia del 28 de octubre de 2020 la Procuraduría Regional de Risaralda emitió fallo de primera instancia, sancionando al disciplinado con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años. Esta decisión fue recurrida por la defensa del disciplinado, recurso que fue concedido a través de auto del 19 de noviembre de 20206 para ante la entonces Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa y Judicial, Dependencia que la remitió por competencia a la Procuraduría Delegada para la Contratación Estatal ®7 y ésta a su vez la remitió a esta Sala con auto del 29 de julio de 20218,

siendo recibido el expediente para tal propósito el 3 de agosto del año en cita. Mediante Resolución No. 138 del 22 de abril de 2022 el Viceprocurador General de la Nación (E) con funciones de Procurador General de la Nación designó como funcionario especial a la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento asignándole, entre otros, el proceso disciplinario de la referencia. Acto administrativo que fue aclarado por la Procuradora General de la Nación a través de Resolución n.° 183 del 2 de junio de 2022. 3 Confrontar folios 82 a 85 del c.o. n.° 1 4 Confrontar folio 159 del c.o. n.° 1 5 Confrontar folios 165 a 172 del c.o. n.° 1 6 Confrontar folio 255 del c.o. n.° 1 7 Confrontar folios 258 y anverso del c.o. n.° 1 8 Confrontar folios 266 a 268 del c.o. n.° 1

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IV. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Risaralda señaló que de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso era posible concluir en grado de certeza que el

señor HERNÁN DARÍO CASTAÑO LÓPEZ, profesional especializado de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Risaralda incumplió con las obligaciones inherentes al cargo de supervisor del contrato de obra pública n.° 1380 del 13 de noviembre de 2015, pues, no ejerció una adecuada vigilancia y control al referido contrato y certificó como recibida a satisfacción una obra que no había sido ejecutada conforme a las estipulaciones contractuales, reproche frente al cual el disciplinado guardó silencio sin que presentara descargos ni alegatos de conclusión. Agregó que con el comportamiento desplegado el disciplinado incurrió en la falta gravísima descrita en el numera 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y violó en forma manifiesta reglas de obligatorio cumplimiento plasmadas en el Decreto 0235 de 2010 contentivo del Manual de Interventoría, con lo cual afectó el principio de responsabilidad contractual establecido en el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y el principio de moralidad previsto en el artículo 209 Constitucional. Fundó la responsabilidad disciplinaria del disciplinado en los informes elaborados por la Contraloría General de Risaralda y en las visitas de inspección fiscal practicadas a las obras el 31 de marzo y 25 de abril de 2016, en las que se verificaron los ítems de obras incompletas y faltantes, a pesar de lo cual, fueron recibidas a entera satisfacción el 28 de diciembre de 2015, cancelado el valor de la totalidad del contrato. Señaló que según lo informado por el jefe de la Oficina de Participación

Ciudadana de la Contraloría, fueron ratificados los hechos investigados, pues, a pesar de haberse realizado reposición de obra, la misma se hizo con posterioridad al informe preliminar, por lo que se dejó el hallazgo fiscal, el cual fue ratificado a través de un nuevo informe técnico en el que dentro de las conclusiones emitidas se manifestó que las cantidades de obra ejecutada correspondían a las del hallazgo y si bien se evidenciaba que el contratista había realizado otras obras no establecidas en el presupuesto que no fueron relacionadas en el acta de recibo, eso no desvirtuaba la deficiente labor de supervisión y, por el contrario, evidenciaba las falencias y debilidades de tan importante labor para garantizar el adecuado uso de los recursos públicos. Indicó que en torno a la ilicitud sustancial el disciplinado transgredió el principio de moralidad, lo cual se reflejó en que dentro de sus funciones como supervisor tenía el deber de verificar la ejecución idónea y oportuna del contrato n.° 1380 de 2015, sin embargo, no lo hizo y optó por actuar de manera descuidada dando por recibido un objeto contractual que no se había ejecutado en su totalidad, a pesar de lo cual se pagó al contratista el monto total del contrato, por lo que el disciplinado afectó de manera sustancial su deber funcional sin que mediara justificación alguna. En torno a la imputación subjetiva hizo referencia a las formas de culpabilidad, citando y transcribiendo apartes jurisprudenciales y doctrinales para definir el dolo y la culpa. Luego señaló en forma descontextualizada que en el pliego de cargos SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5 n°. 15-80 piso 21 Bogotá D.C., PBX 5878750 Página 4 Radicación n.° 161-8128 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA RISARALDA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° 1380 DE 2015 se le había endilgado al investigado haber actuado a título de culpa gravísima por haber violado manifiestamente normas de obligatorio cumplimiento, pues fueron demostrados los elementos de atribuibilidad de la conducta, la exigibilidad del cumplimiento del deber frente a las normas que le fueron imputadas y “su conocimiento sobre la situación típica y la ilicitud de su conducta”, sin embargo, no fue su voluntad abstraerse del cumplimiento de sus deberes funcionales por lo que calificó en forma definitiva la forma de culpabilidad a título de culpa gravísima. Calificó la falta endilgada como gravísima porque el disciplinado certificó como recibida a satisfacción una obra que no había sido ejecutada a cabalidad. Finalmente copio y pego los criterios establecidos en el artículo 47 de la Ley 734 de 2002 para proceder a imponerle al disciplinado la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 10 años.

V. RECURSOS DE APELACIÓN Destacó la defensora del disciplinado que su defendido no presentó versión libre y descargos, que no se le designó un abogado de oficio, ni fue asistido por uno de confianza, que la Procuraduría no valoró el informe final de auditoría realizado por la Contraloría en el que se le exoneró de responsabilidad fiscal como supervisor del contrato n.° 1380 de 2015, pues, se determinó que con su ejecución no hubo

detrimento patrimonial. Señaló que si bien los procesos fiscal y disciplinario son independientes, en el primero no se pudo establecer una responsabilidad que derivara en detrimento del erario público por parte de su poderdante, por lo que no podía predicarse que faltó a su deber objetivo de cuidado. Transcribió apartes jurisprudenciales relacionados con el debido proceso y los principios que rigen el instituto de las nulidades, igualmente copió segmentos de algunas pruebas que fundamentaron la decisión sancionatoria, señalando que las mismas eran de recibo en cuanto a su validez pero no en cuanto a la forma en que fueron valoradas, hizo alusión al principio de legalidad y luego describió una trazabilidad de los hechos investigados producto del hallazgo fiscal remitido por la Contraloría, destacando lo decidido por dicha Entidad en el proceso fiscal. Sin ningún argumento exculpatorio hizo alusión a la tipicidad citando la norma contentiva de la falta disciplinaria endilgada, trascribió la definición legal de ilicitud sustancial y el concepto de deber funcional, refirió que su prohijado no inobservó el principio de moralidad y en torno a la culpabilidad señaló que la Procuraduría no estudió las condiciones concretas de orden personal, laboral y social en que se produjo la actuación del disciplinado y sólo hizo hincapié en su idoneidad profesional, sin señalar cual era la conducta esperada. Afirmó que por haber aplicado la figura del “desvanecimiento” de la culpabilidad, en los términos del numeral 9° del artículo 43 de la Ley 734 de 2002, “la falta

gravísima debió convertirse en grave”, lo que traería consigo una sanción menos extrema, sin embargo el a quo confundió la variación de la culpabilidad con la dosificación, al aplicar la inobservancia del cuidado necesario señalada en el parágrafo del artículo 44 ibídem, cuando en los términos del artículo 43 numeral 9 debía convertir la falta gravísima en falta grave para dosificar la sanción. Citó en SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Carrera 5 n°. 15-80 piso 21 Bogotá D.C., PBX 5878750 Página 5 Radicación n.° 161-8128 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA RISARALDA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° 1380 DE 2015 forma descontextualizada que “el Despacho impuso el término máximo de 12 meses bajo el artículo 44 numeral 3° y con los límites del artículo 46 del CUD”. Dijo que no se realizó la dosificación teniendo en cuenta los criterios del artículo 47 de la norma en cita y resaltó que en el disciplinado confluían las circunstancias de atenuación descritas en los literales a), g), h) e i), por ausencia de antecedentes disciplinarios, no haber ocasionado un grave daño social, pues, no hubo engaño a la administración departamental, no haberse vulnerado derechos fundamentales, porque el grado de culpabilidad fue grave y se desconocía la ilicitud, por lo que al mediar más atenuantes que agravantes, señaló que el despacho debió haber impuesto al disciplinado la mínima sanción.

Anexó copia de la decisión de archivo fiscal proferida por la Contraloría el 13 de marzo de 2019.

VI. CONSIDERACIONES 6.1. Competencia de la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento Esta Sala asumió el conocimiento del caso sub-examine en los términos establecidos en las Resoluciones Nos. 207 y 219 del 7 y 16 de julio de 2021, competencia que fue modificada con motivo de la entrada en vigencia del Decreto 1851 de 20219, norma que comenzó a regir desde el 29 de marzo de 2022 y que ha sido desarrollada al interior de la Procuraduría, entre otras, a través de la Resolución No. 150 del 12 de mayo de 202210.

Mediante Resolución No. 138 del 22 de abril de 2022 el Viceprocurador General de la Nación (E) con funciones de Procurador General de la Nación designó como funcionario especial a la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento asignándole, entre otros, el proceso disciplinario de la referencia. El anterior acto administrativo fue aclarado por la Procuradora General de la Nación a través de Resolución n.° 183 del 2 de junio de 2022, en el sentido de que esta Sala conocería como funcionario especial de segunda instancia, todos los procesos señalados en el artículo 1° de la Resolución 138 de 2022, que cursen en etapa de instrucción o de juzgamiento. En virtud de lo anterior, esta Sala es competente para revisar por vía de apelación, el fallo de primera instancia proferido el 28 de octubre de 2020 por la Procuraduría

Regional de Risaralda. 6.2. De la garantía de la doble instancia Atendiendo el mandato Constitucional consagrado en el artículo 29, por regla general el proceso disciplinario es gobernado por el principio de doble instancia, el cual, debe agotarse con la interposición del correspondiente recurso conforme las 9 DECRETO 1851 DE 2021 num. 2 artículo 22. Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento. La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento tiene las siguientes competencias: […] b) Conocer de los recursos de apelación y de queja, al igual que de los impedimentos, recusaciones y conflictos de competencia que se presenten en los procesos de conocimiento de las procuradurías delegadas de juzgamiento, excepto en las actuaciones contra servidores públicos de elección popular. […] 10 Resolución No. 150 de 2002, Por medio de la cual se distribuyen competencias y funciones en las procuradurías delegadas, de conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 262 de 2000, modificado por el Decreto Ley 1851 de 2021

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Carrera 5 n°. 15-80 piso 21 Bogotá D.C., PBX 5878750 Página 6 Radicación n.° 161-8128 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA RISARALDA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° 1380 DE 2015 formalidades y términos establecidos en la Ley disciplinaria, a fin de que el competente se pronuncie, sin desconocer el principio de la no reformatio in pejus.

En tal sentido, el artículo 171 de la Ley 734 de 200211, faculta a la segunda instancia para revisar los aspectos impugnados y los que estén inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación; punto sobre el cual el Consejo de Estado ha señalado: [D]e acuerdo con el trámite que se debe dar en segunda instancia esta solo se circunscribe a resolver los aspectos debatidos y señalados en el recurso de apelación, la competencia del operador en esta instancia no fue instituida para inmiscuirse en situaciones que no hayan sido propuestas en el recurso de apelación a menos que se trate de cuestiones que resulten inescindiblemente vinculadas a la impugnación12. Al respecto, también se recuerda lo manifestado por la Corte Constitucional, cuando efectuó las siguientes precisiones en relación con el recurso de apelación: [N]o consiste por consiguiente en una solicitud general y abstracta orientada a que se reexamine en su integridad lo actuado por el juez de primera instancia, sino que quien manifieste su inconformidad debe precisar y sustentar las razones que esgrime para ello. Se trata no de un nuevo juicio en el que deba repetirse íntegramente la acusación y la defensa, sino de la continuación del proceso en una instancia de control que se ha previsto como garantía interna orientada a obtener una decisión justa, sin perjuicio de la amplitud con la que en ejercicio de su potestad de configuración el legislador decida establecer el recurso13. De acuerdo con lo expuesto, a pesar de las limitaciones indicadas y advirtiendo la finalidad del objeto del recurso de apelación, este Cuerpo Colegiado considera

que la legitimidad de la decisión que se revisa deviene del respeto por las ritualidades de garantía y estructura propias del proceso disciplinario, así como del adecuado análisis de las categorías dogmáticas de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, que integran la responsabilidad disciplinaria. 6.3. De la evaluación de los argumentos de apelación en confrontación con los planteamientos esbozados en la decisión de archivo y el acervo probatorio allegado al proceso. La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento analizará el presente asunto bajo los postulados contenidos en el artículo 142 de la Ley 734 de 200214. Para ello se abordará el estudio de la situación fáctica de los hechos y se procederá a evaluar si las pruebas allegadas al expediente dan cuenta de la ocurrencia de la conducta investigada y si las mismas son suficientes para soportar la imputación hecha al disciplinado, al punto que bajo el ropaje jurídico de la infracción del deber funcional, la conducta reprochada tiene la potencialidad de afectar la función pública y/o alguno de los principios que la gobiernan, tal y como lo concluyó la primera instancia en el fallo recurrido o, si por el contrario, el señor HERNÁN DARÍO 11 LEY 734 DE 2002, Artículo 171. Trámite de la segunda instancia [….] PARÁGRAFO. El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación.

12 Confrontar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia n. º 11001-03-25-000-2011-00288-00 del 27 de noviembre de 2014. C.P. LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO. 13 Sentencia C-047 de 2006 14LEY 734 DE 2002 ARTÍCULO 142. PRUEBA PARA SANCIONAR. No se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

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CASTAÑO LÓPEZ debe ser exonerado de responsabilidad disciplinaria como lo planteó su defensora. En ese orden de ideas, se tiene como un hecho demostrado con suficiencia en el proceso, que el 13 de noviembre de 2015 bajo la modalidad de selección abreviada se suscribió entre la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Departamento de Risaralda y el señor ARMANDO MARULANDA FERNÁNDEZ, el contrato de obra pública No. 138015, cuyo objeto era: “Ejecutar obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de escenarios

deportivos en el municipio de Dosquebradas, Departamento de Risaralda” El contrato fue suscrito por un valor de doscientos veintidós millones cuatrocientos ochenta y dos mil quinientos cincuenta y dos pesos m/cte. ($222 482.552), con un plazo de ejecución de 40 días calendario, sin exceder del 31 de diciembre de 2015, con un manejo de anticipo del 30% a la suscripción del acta de inicio y el saldo se canceló mediante la presentación de actas parciales con amortización del anticipo y un pago final no inferior al 10% del valor del contrato. También la primera instancia probó con suficiencia que para la época de los hechos el señor HERNÁN DARÍO CASTAÑO LÓPEZ identificado con la cedula de ciudadanía n.° 10.012.729 se desempeñó como profesional especializado código 222-24 en la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Departamento de Risaralda16 y que mediante acta del 26 de noviembre de 2015 le fue notificada su designación como supervisor del referido contrato17, documento en el que se le indicó que para cumplir con dicha labor debía tener en cuenta los parámetros establecidos en el Decreto 0235 de 2010, mediante el cual se adoptó el Manual del Interventor para el citado Departamento. El material probatorio allegado permite además inferir que el 28 de diciembre de 2015 los señores HERNÁN DARÍO CASTAÑO LÓPEZ y ARMANDO MARULANDA FERNÁNDEZ suscribieron el acta final de recibo del contrato de obra No. 1380 del 13 de noviembre de 2015, en la cual consignaron que el citado contrato se había

ejecutado conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinados en la propuesta inicial y en el mismo contrato18. Se probó además que para el 30 de junio de 2016, fecha en que la Contraloría General de Risaralda practicó la auditoría exprés al contrato de obra No. 1380 de 2015, se determinó un hallazgo fiscal con alcance disciplinario al encontrar faltantes en algunos ítems en las cantidades de obra de adecuación y mantenimiento de las canchas ubicadas en los barrios “Júpiter” y “Campestre D”, del municipio de Dosquebradas – Risaralda, lo cual se presentó debido a la deficiente labor de supervisión, al no haberse realizado estricto seguimiento a la ejecución de las obras. Sobre dicho aspecto la Procuraduría Regional de Risaralda concluyó en virtud de la presente actuación disciplinaria el señor HERNÁN DARÍO CASTAÑO LÓPEZ, había 15 Folios 40 a 45 del expediente 16 Confrontar folio 93 del expediente 17 Confrontar folio 70 del expediente 18 Confrontar folios 21 a 25 del expediente SALA DISCIPLINARIA ORDINARIA DE JUZGAMIENTO - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Carrera 5 n°. 15-80 piso 21 Bogotá D.C., PBX 5878750 Página 8 Radicación n.° 161-8128 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA RISARALDA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° 1380 DE 2015 incumplido con las obligaciones inherentes al cargo de supervisor del contrato de

obra pública n.° 1380 del 13 de noviembre de 2015, pues, no ejerció sobre el mismo una adecuada vigilancia y control y certificó como recibida a satisfacción una obra incompleta que no había sido ejecutada conforme a las estipulaciones contractuales, a pesar de lo cual se canceló la totalidad del contrato. Por su parte la defensa técnica del disciplinado adujo que su representado no faltó al deber objetivo de cuidado que le correspondía como supervisor del contrato de obra pública n.° 1380 de 2015, que la Procuraduría no valoró el informe final de auditoría realizado por la Contraloría General de Risaralda, ni el auto de archivo n.° 028-2019 a través del cual se archivó el proceso de responsabilidad fiscal No. 682-2016 adelantado en contra de su defendido, pues, no encontró configurado el presunto detrimento patrimonial por el faltante de cantidades de obra. En torno a la tesis hilvanada por la recurrente, desde ahora precisa esta Corporación que la misma no está llamada a prosperar, pues, dada la independencia y autonomía de que goza el derecho disciplinado respecto de otras especialidades del derecho, no siempre es posible sostener condicionamientos entre las resultas de una y otra clase de procesos, dado que el análisis que cada autoridad realiza sobre un hecho concreto, puede arrojar resultados distintos en el ámbito propio de sus acciones, pues, resulta palmario que una cosa es determinar la responsabilidad derivada de un daño patrimonial estatal y el resarcimiento de los posibles daños causados al patrimonio público del Estado como consecuencia de una actitud dolosa o culposa de quien realiza gestión fiscal y, otra muy distinta, es identificar y concretar la infracción sustancia del deber funcional a cargo del

servidor público involucrado y la consecuente afectación de la Función Pública y/o los principios que la gobiernan. Al respecto, señala este Cuerpo Colegiado que en el ámbito jurídico colombiano si bien es viable que en determinados eventos los juicios de responsabilidad fiscal y disciplinaria puedan complementarse, al punto que en algunas ocasiones coincidan en el marco de la responsabilidad endilgada, también puede ocurrir que las resultas de cada proceso guarden marcadas diferencias o sean contrapuestas, pues, en cada ámbito la acción es independiente en la medida en que se protegen bienes jurídicos diversos. Es por lo anterior que las decisiones adoptadas en cada acción, no necesariamente deben coincidir, ni tampoco pueden estar condicionadas o supeditadas al trámite de uno u otro proceso y, menos aún, a la calificación jurídica que cada autoridad haga respecto del comportamiento reprochado. Bien es sabido que los servidores públicos y los particulares que de manera ocasional o transitoria ejercen función pública o administran recursos del Estado, deben guiarse tanto por los deberes específicos que el orden jurídico le impone a cada empleo y, de forma más amplia, conforme a los principios generales del ejercicio de la función pública, entre ellos, el de moralidad (artículo 209 de la Constitución Política), pues, es el incumplimiento de estas reglas y principios los que activan la potestad sancionatoria propia del Estado a través del derecho disciplinario.

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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N.° 1380 DE 2015

No desconoce esta Corporación la decisión final adoptada por el ente de control fiscal en el trámite del proceso No. 682-2016, sin embargo, debe tenerse en cuenta que la misma se soportó a partir de la prueba indiciaria en virtud de la cual se infirió que las actividades desplegadas por el señor HERNÁN DARÍO CASTAÑO LÓPEZ comportaron el impulso procesal que necesitaba el contrato para finalmente llevar a cabo la ejecución de las obras, de conformidad con las variaciones requeridas para el cumplimiento de su objeto, conducta con la que no se había generado daño alguno al patrimonio de la Gobernación del Departamento de Risaralda y, por tal razón, no era posible endilgarle responsabilidad a título de culpa grave o dolosa. Sobre este punto insiste la Sala en que el planteamiento de la defensora del disciplinado no resulta procedente, pues, en la presente actuación disciplinaria el comportamiento reprochado al señor HERNÁN DARÍO CASTAÑO LÓPEZ se configuró a partir de la falta descrita en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 200219, concretando el reproche en el hecho de haber certificado como recibida a entera satisfacción una obra que para la fecha de suscripción de la respectiva acta no había sido ejecutada a cabalidad. Fue por ese hecho en concreto que se le endilgó responsabilidad disciplinaria al señor HERNÁN DARÍO CASTAÑO LÓPEZ, pues, en el proceso se acreditó que para el

28 de diciembre de 2015, el disciplinado se reunió con el ingeniero ARMANDO MARULANDA FERNÁNDEZ, en sus condiciones de supervisor y contratista, respectivamente, y suscribieron un acta a través de la cual se certificó el recibo a satisfacción de las obras ejecutadas en virtud del contrato de obra n.° 1380 del 13 de noviembre de 2015, haciendo una descripción de las mismas y señalando que el referido contrato se había ejecutado conforme a las condiciones, obligaciones y alcance determinados en la propuesta y en el contrato20. También el disciplinado hizo constar en el acta de liquidación final, que para el 28 de