PGN - FALLO - Debe rechazar el medio de control inmediato de legalidad a resolución de suspensi
Detalles
- Título
- PGN - FALLO - Debe rechazar el medio de control inmediato de legalidad a resolución de suspensi
- Autor
- Procuraduría General de la Nación
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Disciplinario
- Año
- —
CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD-Resolución 4 del 26 de marzo de 2020 del Banco Agrario suspendió términos en procesos disciplinarios en el marco de emergencia sanitaria DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA-Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020 para adoptar medidas contra la crisis e impedir propagación del COVID-19 NORMA DE ORDEN PUBLICO-Aislamiento preventivo ordenado por el Decreto 457 del 22 de marzo 2020 para mitigar pandemia del COVID-19 y mantenimiento del orden público RESOLUCION SUSPENSION DE TERMINOS POR EMERGENCIA SANITARIA CORONAVIRUS COVID 19-Resolución 4 del 26 de marzo de 2020 del Banco Agrario suspende procesos de Oficina de Control Interno CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD-Procedencia y presupuestos Procede el control inmediato de legalidad, toda vez que se dan los presupuestos consagrados en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, en la medida en que la entidad expidió el acto en ejercicio de la función administrativa, con posterioridad y en desarrollo de la declaratoria de emergencia económica ordenada a través del Decreto Legislativo mencionado y además, porque es un acto de contenido general al definir situaciones relativas a la presentación la información relacionada con las operaciones efectuadas en el mercado cambiario CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD-Presupuestos para la procedencia según Consejo de Estado CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD-Actos administrativos deben desarrollar Decretos Legislativos en el marco de Estado de Excepción según art 136 del CPACA
RESOLUCION SUSPENSION DE TERMINOS POR EMERGENCIA SANITARIA
CORONAVIRUS COVID 19-Adopta medidas administrativas para cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio decretado El acto en estudio no cumple con las condiciones previstas por el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, porque la decisión en ella contenida, solo busca adoptar medidas administrativas orientadas a cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, de lo que se dejó constancia en la parte motiva de la citada decisión, en aras de ejercer prevención y control sanitario para evitar la propagación del Covid-19 Por lo anterior, la entidad dispuso la suspensión de los términos desde el día 26 de marzo hasta el 12 de abril de 2020, respecto de los procesos disciplinarios que cursan en la Oficina Medio de control inmediato de legalidad
Entidad : Banco Agrario de Colombia
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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 2 de Control Disciplinario Interno del Banco Agrario de Colombia, teniendo en cuenta que por la circunstancias especiales evidenciadas, no era posible tramitar las actuaciones que cursaban en la entidad bajo condiciones normales y, en ese orden, cumplir a cabalidad con los plazos establecidos por la ley disciplinaria En otras palabras, para garantizar al interior de la entidad el cumplimiento del «aislamiento preventivo obligatorio», ordenado en el Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, la entidad expidió la Resolución 004 de 2020, de ahí que se puede inferir que de no haberse
promulgado dicho decreto, el acto bajo análisis no se hubiese proferido o habría carecido de fundamento jurídico y fáctico NORMA DE ORDEN PUBLICO-Decreto 457/20 promulgado bajo facultades del num. 4 art 189 de la Constitución no requiere declaratoria de estado de emergencia FALLO-Debe rechazar el medio de control inmediato de legalidad a Resolución de suspensión de términos disciplinarios del Banco Agrario Medio de control inmediato de legalidad
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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
082
CONCEPTO No.
IUS: E-2020-219318
Bogotá, D.C, 22 de mayo de 2020 Doctor GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ Consejero ponente Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Consejo de Estado
E. S. D.
Referencia: Exp No. 11001031500020200114500
Asunto: Control inmediato de legalidad Resolución 004 del 26 de marzo de 2020, a través de la cual el Banco Agrario suspendió los términos en los procesos disciplinarios.
Actuación: Concepto única instancia (art 185, numeral 5º, Ley 1437/11) Incluye petición de unificación y renuncia a términos.
En ejercicio del medio de control de legalidad consagrado en el artículo 136 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir concepto en el proceso de la referencia.
I. ANTECEDENTES El Gobierno Nacional expidió el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, en el que declaró el «Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, por el término de 30 días», con el fin de adoptar las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación del COVID-19, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política y la Ley 137 de 1994.
Posteriormente, el ejecutivo a través del Decreto 457 del 22 de marzo 2020, impartió instrucciones para combatir la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público y en el artículo 1º Medio de control inmediato de legalidad
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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 4 ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 13 de abril de 2020, de conformidad con el numeral 4º del artículo 189 y los artículos 303 y 315 de la Constitución Política de Colombia, en consonancia con el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016.
En el marco de la emergencia sanitaria, el Banco Agrario de Colombia expidió la Resolución 004 del 26 de marzo de 2020, a través de la cual “se suspenden los términos en los procesos disciplinarios que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno del Banco Agrario de Colombia.” El magistrado ponente, mediante auto del 17 de abril de 2020, avocó el conocimiento del control de legalidad de la Resolución 004 de 2020. 1.1. Respuesta de la entidad. La entidad, por medio de correo electrónico del 6 de mayo de 2020, señaló: “El Despacho avocó conocimiento para estudiar la legalidad de la Resolución No. 004 del 26 de marzo de 2020 expedida por el Presidente del Banco Agrario de Colombia, en razón a que la decisión en ella contenida sobre la suspensión de términos en los procesos disciplinarios adelantados por el Banco, se fundamentó en el Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional, desde el 25 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020, como una medida dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Gobierno Nacional. El Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es un Decreto de carácter reglamentario ya que se fundamenta en las facultades del Presidente de la República para controlar el orden público, en especial las conferidas en los artículo 189 numeral 4, 303 y 315 de la Constitución y el artículo 199 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana-, cuestión esta que en principio resultaría en la
imposibilidad de que el Consejo de Estado estudie la legalidad de la Resolución No. 004 de 2020, en virtud a que ella no fue expedida como medida administrativa en desarrollo de un Decreto Legislativo, en los términos del artículo 136 de la Ley 1437 de 201. En efecto, el mencionado artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone en consonancia con el artículo 20 de la Ley Estatutaria 137 de 1994, que “Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si Medio de control inmediato de legalidad
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II.CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 2.1. Cuestión previa.
Esta agencia del Ministerio Público, antes de plantear el problema jurídico orientado a resolver el fondo del asunto, considera necesario revisar si la Resolución No. 004 del 26 de marzo de 2020, expedida por el Presidente del Banco Agrario, es
susceptible del control de legalidad. Para el efecto, es necesario precisar que el artículo 215 de la Constitución Política, sobre el estado de excepción derivado de hechos distintos a los previstos en los artículos 212 y 213 ibídem, establece: “ARTICULO 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. Mediante tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el estado de emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente. El Gobierno, en el decreto que declare el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días siguientes al vencimiento de dicho término (…)”.
Por otra parte, el artículo 136 de la Ley 1437 sobre el control de legalidad contempla: “ARTÍCULO 136. CONTROL INMEDIATO DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la Jurisdicción de lo Medio de control inmediato de legalidad
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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 6 Contencioso Administrativo en el lugar donde se expidan, si se tratare de entidades territoriales, o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales, de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en este Código. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la autoridad judicial indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición. Si no se efectuare el envío, la autoridad judicial competente aprehenderá de oficio su conocimiento.” A su vez, el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, en la que se reguló el tema de los estados de excepción y las facultades asignadas al Gobierno Nacional, consagró lo siguiente: “ARTÍCULO 20. CONTROL DE LEGALIDAD. Las medidas de carácter general que sean dictadas en ejercicio de la función administrativa y como desarrollo de los decretos legislativos durante los Estados de Excepción, tendrán un control inmediato de legalidad, ejercido por la autoridad de lo contencioso administrativo
en el lugar donde se expidan si se tratare de entidades territoriales o del Consejo de Estado si emanaren de autoridades nacionales. Las autoridades competentes que los expidan enviarán los actos administrativos a la jurisdicción contencioso-administrativa indicada, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su expedición.” El máximo tribunal de la jurisdicción contenciosa administrativa1 en relación con este aspecto, sostuvo: “El Consejo de Estado en sentencia de 2 de noviembre de 1999, en relación con las reglas contenidas en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 sostuvo que son tres los presupuestos requeridos para la procedencia del control inmediato de legalidad y los enumeró así:
1. Que se trate de un acto de contenido general.
2. Que el mismo se haya dictado en ejercicio de la función administrativa
3. Que el acto tenga como fin desarrollar uno o más de los decretos legislativos expedidos en los estados de excepción.
Entonces, para que se pueda ejercer el control inmediato de legalidad, deben concurrir los tres elementos, de lo contrario no procederá la revisión del acto administrativo” (Negrillas fuera del texto). Al respecto, dicha Corporación expresó recientemente2: “Del anterior marco normativo se concluye que las medidas objeto de control inmediato de legalidad por parte del Consejo de Estado son aquellas: (i) de 1 Auto del 3 de abril de 2020, exp 11001031500020200100500, MP Dr Gabriel Valbuena. 2 Auto del 31 de marzo de 2020, exp 11001-03-15-000-2020-00948-00, MP Dr Carmelo Perdomo.
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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 7 carácter general, (ii) que emanen de autoridades nacionales, (iii) en desarrollo de los decretos legislativos expedidos durante los estados de excepción y (iv) cuyo propósito sea «alcanzar los fines que dieron lugar a la declaratoria del estado de excepción correspondiente» (se destaca), como lo determina el precitado artículo 11 de la Ley 137 de 1994” (Negrillas del texto). En esta misma decisión judicial, el Ponente agregó: “Sobre este último aspecto, esta Corporación, en providencia de 28 de enero de 2003, sostuvo que «[…] el control automático de legalidad que estructura el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 versa sobre “las medidas de carácter general”, entendidas éstas como actos de contenido general […]» (negrilla del despacho). En este orden de ideas, resulta claro que la Circular 7 de 17 de marzo de 2020, orientada a dar lineamientos relacionados con el funcionamiento interno del DANE, mientras subsistan las causas que dieron lugar a la emergencia sanitaria, está dirigida a sus servidores y, en esa medida, no constituye un acto administrativo de carácter general, susceptible del control inmediato de legalidad previsto en el artículo 136 del CPACA.” La Corporación reafirmó esta tesis en auto del 20 de abril de 20203, así: “Como se advierte, el Consejo de Estado es competente para conocer del control
inmediato de legalidad sobre los actos y medidas que se adopten por entidades del orden nacional, en desarrollo de los decretos legislativos proferidos durante los estados de excepción, siempre y cuando se dicten en virtud del ejercicio de función administrativa (…) En efecto, el acto administrativo cumple con las dos primeras condiciones formales para ser objeto del control inmediato de legalidad, toda vez que (i) es de contenido general y (ii) fue expedido por una autoridad del orden nacional; no obstante, no ocurre así con el tercer requisito establecido en el artículo 136 del CPACA, puesto que la Resolución n.º 0000608 no desarrolla los decretos legislativos expedidos en el marco del respectivo estado de excepción”. En el caso bajo estudio, al examinar la parte motiva de la Resolución 004 del 2020, proferida por el Banco Agrario, con el propósito de advertir los fundamentos legales utilizados para su expedición y establecer si es un acto susceptible del control inmediato de legalidad, se observa que dicha decisión administrativa hizo referencia únicamente al Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, normativa en la que se impartieron instrucciones dirigidas al mantenimiento del orden público; en el acto sub examine se indicó: “Que de conformidad con el artículo 5 del Decreto 1341 de 2019, a la Oficina de Control Disciplinario Interno del Banco Agrario de Colombia, le corresponde 3 Radicación número: 11001-03-15-000-2020-00960-00. Referencia: control inmediato de legalidad Medio de control inmediato de legalidad
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Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 8 coordinar a nivel nacional la función disciplinaria en el Banco, propósito para el cual se adelantan procesos de carácter disciplinario, en los cuales por expreso mandato legal, deben observarse términos procesales de estricto cumplimiento. Que es de conocimiento público que el país se ha visto afectado por el virus COVID-19, catalogado por la Organización Mundial de la Salud, como pandemia. Que la Presidencia de la República, a través del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las 00:00 horas del 25 de marzo de 2020 y hasta las 00:00 del 13 de abril de 2020. Que por lo anteriormente expuesto, se requiere decretar la suspensión de los términos procesales de las actuaciones disciplinarias que adelanta la Oficina de Control Disciplinario Interno del Banco Agrario de Colombia, durante el tiempo que el país se encuentre en aislamiento preventivo obligatorio.” De lo expuesto, se puede inferir, que el acto en estudio no cumple con las condiciones previstas por el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, porque la decisión en ella contenida, solo busca adoptar medidas administrativas orientadas a cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional, de lo que se dejó constancia en la parte motiva de la citada decisión, en aras de ejercer prevención y control sanitario para evitar la propagación del Covid-19.
Por lo anterior, la entidad dispuso la suspensión de los términos desde el día 26 de marzo hasta el 12 de abril de 2020, respecto de los procesos disciplinarios que cursan en la Oficina de Control Disciplinario Interno del Banco Agrario de Colombia, teniendo en cuenta que por la circunstancias especiales evidenciadas, no era posible tramitar las actuaciones que cursaban en la entidad bajo condiciones normales y, en ese orden, cumplir a cabalidad con los plazos establecidos por la ley disciplinaria. En otras palabras, para garantizar al interior de la entidad el cumplimiento del «aislamiento preventivo obligatorio», ordenado en el Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, la entidad expidió la Resolución 004 de 2020, de ahí que se puede inferir que de no haberse promulgado dicho decreto, el acto bajo análisis no se hubiese proferido o habría carecido de fundamento jurídico y fáctico. Ahora bien, una vez establecido que el acto bajo análisis fue expedido para cumplir solamente con el aislamiento preventivo obligatorio señalado en el Decreto 457 de Medio de control inmediato de legalidad
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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 9 20204, corresponde determinar si el referido decreto es de naturaleza legislativa, situación que debe resolverse negativamente, en la medida en que carece de la firma de todos los Ministros del despacho (faltan las firmas de los Ministros de Cultura,
Ciencia y del Deporte) y, además, no invocó ni utilizó las facultades a las que se refiere el artículo 215 de la Constitución Política, según lo advirtió la entidad en su respuesta. En su lugar, el decreto 457 de 2020 fue promulgado con base en las facultades otorgadas por el numeral 4º del artículo 189 de la Constitución Política, las cuales se hallan a disposición permanente del Presidente de la República, es decir, no requieren de estado de emergencia alguno, por cuanto se refieren a la conservación del orden público en todo el territorio y restablecerlo donde fuere turbado. En consecuencia, siguiendo la jurisprudencia tradicional del Consejo de Estado, se infiere que no se cumplen los presupuestos de procedibilidad para ejercer el control inmediato de legalidad contemplados en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994. Empero, su distinguido despacho, en auto interlocutorio del pasado 8 de mayo5, efectuó las siguientes consideraciones en torno a un caso muy semejante al que hoy nos ocupa: “En desarrollo de las facultades conferidas por el artículo 215 de la Carta, ha venido dictando varios decretos legislativos, entre los cuales está el Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, por medio del cual se dictaron algunas medidas relacionadas con la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, en cuyas normas se ordenó el “aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la República de Colombia, a partir de las cero horas (00.00 a.m.) del día 25 de marzo de 2020, hasta las cero horas (00.00 a.m) del día 13 de
abril de 2020” y se establecieron algunas excepciones a la medida de aislamiento obligatorio. El día 26 de marzo de 2020, esto es, nueve (9) días calendario después de haberse declarado el estado de excepción tantas veces aludido, la Fiscalía General de la Nación dictó la Circular 0007 de 2020, de cuyo control inmediato de legalidad trata el presente proceso. La señora agente del Ministerio Público y la propia Fiscalía General de la Nación, son del criterio de que no hay lugar a avocar el control inmediato de 4 Como lo admitió el Ponente en el auto del 17 de abril de 2020 5 Exp 11001031500020200103300, Control inmediato de legalidad Fiscalía General de la Nación. Medio de control inmediato de legalidad
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momento de proferirse la Circular, la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, que trata, como ya se dijo, de la emergencia sanitaria desatada por la pandemia, ya había sido subrogada por los Decretos Leyes 417 y 457 de 17 y de 22 de marzo de 2020, respectivamente, normas de rango superior, que conformaban el marco jurídico regulatorio de la emergencia sanitaria derivada de la propagación universal de dicho virus.” Vale precisar que en el acto que fue materia de análisis en aquel proceso, la Fiscalía no invocó decreto legislativo alguno como sustento normativo para su expedición, tal como sucedió en la decisión del sub lite, donde el Banco Agrario tampoco lo hizo y fundó su Resolución únicamente en el decreto 457 de 2020, el cual, según quedó plasmado en precedencia, carece de naturaleza legislativa y, por ende, no sería susceptible del control inmediato de legalidad. Sobre este aspecto, en auto del 19 de mayo de 2020, también proferido por esa H Sala6, se señaló: “Como se advierte de la lectura de la Resolución No. A0278 del 27 de abril de 2020 expedida por el Director General (E) de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda - CARDER, aunque contiene una medida de carácter general, dictada en ejercicio de la función administrativa, (…) lo cierto es que no desarrolla directa ni indirectamente una medida dictada en el estado de excepción. En efecto, su único fundamento es el Decreto No. 593 del 24 de Abril de 20203 “por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia de Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público" , en el que se dispuso en el Artículo 1º. ordenar el aislamiento preventivo obligatorio de todos los habitantes de la República de Colombia, (…); decreto que no es de naturaleza legislativa dictado en desarrollo del estado de excepción. Así las cosas, para esta Sala Unitaria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994, la mencionada Resolución no tiene el alcance de ser un desarrollo del estado de excepción declarado por el Presidente de la República, 6 Providencia interlocutoria del 19 de mayo de 2020, CP Dr Cesar Palomino. Sala Especial de Decisión No. 2. Exp 11001-03-15-000-2020-01875-00 Asunto: Control Inmediato de Legalidad de la Resolución No. A0278 del 27 de abril de 2020, Corporación Autónoma Regional de RisaraldaCARDER Medio de control inmediato de legalidad
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Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 11 mediante el Decreto Legislativo 417 del 17 de marzo de 2020, por lo tanto, escapa del control inmediato de legalidad consagrado en el artículo 136 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual no se dará trámite a este medio de control.” Como se advierte, son evidentes las semejanzas de los 2 procesos: i) en uno y otro
caso el acto controlado se abstuvo de invocar decreto legislativo alguno; ii) de otra parte, ambos citaron las disposiciones adoptadas por el Gobierno Nacional en lo atinente al aislamiento preventivo obligatorio (decreto ordinario); iii) ambos cumplen con 2 de los 3 requisitos previstos en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994: son actos de carácter general y dictados en ejercicio de la función administrativa; iv) y ambos actos se expidieron después de la declaratoria de emergencia económica y social (Decreto 417 del 17 de marzo de 2020), pero ninguno la invocó como sustento normativo. No obstante, al parecer, se aplicaron criterios divergentes en sede judicial para definir la procedencia del control de legalidad. Por lo expuesto, se solicita respetuosamente a la H. Sala, previo examen del señor magistrado ponente, estudiar la posibilidad de unificar la posición de la Sala Plena del Consejo de Estado, en cuanto a la aplicación del control de legalidad contemplado en los artículos 20 de la Ley 137 de 1994 y 136 de la Ley 1437 de 2011, de acuerdo con lo señalado en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, en el entendido que si bien es cierto en este último precepto se hizo mención a “sentencias”, de todas maneras no hay que perder de vista que el rechazo del medio de control inmediato de legalidad que se pedirá en el presente concepto, generaría efectos “similares” a la de una sentencia, esto es, la de finiquitar o cerrar el caso con base en la argumentación que se exponga sobre el particular en la parte motiva, a
través de una decisión motivada. 2.2. Otras consideraciones Finalmente, con el ánimo de coadyuvar en el trámite ágil que se está adelantando en esa Corporación en el curso del proceso, esta Agencia renuncia al término restante concedido en el ordinal primero del auto 13 de mayo de 2020, en consonancia con el Medio de control inmediato de legalidad
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III. CONCEPTO Por lo expuesto, esta Agencia del Ministerio Público solicita respetuosamente a la H Sala, rechazar el medio de control inmediato de legalidad sobre la Resolución 004 del 26 de marzo de 2020, a través de la cual el Banco Agrario de Colombia suspendió los términos de los procesos disciplinarios entre el 26 de marzo y el 12 de abril de 2020, y unificar la posición de la Sala Plena en el tema, según se explicó.
De los Honorables Consejeros cordialmente,
DIANA MARINA VELEZ VASQUEZ
Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado DMVV-RABM-CFRA Medio de control inmediato de legalidad
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