PGN - FALSA MOTIVACION - Por aplicación indebida

RETIRO DEL SERVICIO-Por acto discrecional del Director de la Policía Nacional RETIRO DEL SERVICIO-Se sujeta al ordenamiento sobre discrecionalidad en el sector policía nacional RETIRO DEL SERVICIO-Reglamentación en el sector policía nacional RETIRO DEL SERVICIO-Tratamiento especial en policía nacional por condiciones de salud Ergo, dicha situación conllevaba a que el actor mereciese un tratamiento acorde con ella y no uno a rajatabla o con el mismo rasero del resto de sus compañeros, como lo plasmó y lo decidió el acto acusado, pues, el presupuesto fáctico de hallarse incapacitado lo situaba en los supuestos jurídicos consagrados en los artículos 55 – 3 y 59 del Decreto 1791. Por ende, esta Procuraduría Delegada haciendo eco de la jurisprudencia esbozada por el a quo y disintiendo de las afirmaciones de la demandada al ser inaplicables al caso concreto, considera que la sentencia recurrida ha de ser confirmada, pero por las razones relacionadas, mas no por el postulado de favorabilidad laboral. NULIDAD ACTO ADMINISTRATIVO-Por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea FALSA MOTIVACIÓN-Por aplicación indebida de la norma FALSA MOTIVACIÓN-Se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos y los hechos determinantes 2

PROCURADURÍA TERCERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 323 – 2013 19 – IX - 2013

SIAF: 2013 - 310784

S e ñ o r e s

CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”

CONSEJERA PONENTE: RAMÍREZ de PÁEZ

E. S. D.

REFERENCIA : EXP. 760012331000200501371 01 (Int. 0197/13)

DEMANDANTE : RUBÉN DARÍO CORRALES C C. C. 18.530.331

Apía

DEMANDADO : MINDEFENSA – POLICÍA

ACCIÓN : NULIDAD y RESTABLECIMIENTO DERECHO ASUNTO : VISTA FISCAL SEGUNDA INSTANCIA Tema : Retiro servicio por voluntad director

I. INTRODUCCIÓN Esta Agencia del Ministerio Público, dentro de la oportunidad legal, procede a emitir el concepto de rigor, en el expediente de la referencia, que conoce la Sección Segunda, Subsección “B”, del Consejo de Estado, con ocasión del recurso de apelación impetrado por la parte demandada, en contra de la sentencia proferida el día veintiocho (28) de noviembre de 2011, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –sala de descongestión – 8fls. 145 a 150), mediante la cual se accedió a las pretensiones incoadas en el libelo introductorio.

II. ANTECEDENTES 2.1. Solicitud de invalidez El ciudadano RUBEN DARÍO CORRALES CORRALES, por intermedio de apoderado especial, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 15 del Decreto 2304 de 1.9891, solicitó la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 03121 del primero (1°) de

diciembre de 2.004, notificada el siete (7) del mismo mes y año (fl. 5), expedida por la Dirección General de la Policía Nacional y mediante la cual se le separó en forma absoluta del servicio policial, por voluntad del director 1 Para la fecha de presentación de la demanda, que lo fue el día 8 de abril de 2005, según se lee al respaldo del folio 78, era el articulado que regulaba la acción contenciosa subjetiva (art. 308 Copaca o Ley 1347/11 -18 de enero). 2 3 general, que como agente venía desempeñando desde el día primero (1°) de octubre de 1987. 2. 2. Restauración laboral-económica A título de restablecimiento del derecho deprecó el actor la reincorporación al grado y cargo que ostenten sus compañeros de promoción, sin solución de continuidad, el reconocimiento y pago de la indemnización correspondiente sin descuento alguno, con sus incrementos, la cancelación de todos los haberes salariales y prestacionales dejados de percibir, desde el momento de la desvinculación hasta el día de cumplimiento real y efectivo del reintegro, incluyendo los aumentos de sueldo, y los intereses legales y moratorios; sumas indexadas; además que se le condene a la demandada a costes procesales. 2. 3. Preceptiva infringida, razón de la violación y razones fácticas El accionante estimó como normativa conculcada la conformada por los artículos 1° (forma y caracteres del Estado), 2º (fines esenciales estatales), 6º (de la responsabilidad jurídica de los servidores), 25 (del derecho subjetivo

al trabajo), 29 (del derecho fundamental al debido proceso), 125 (de la carrera administrativa) y 209 (de la función administrativa) del Estatuto Superior; 35 (adopción de decisiones motivadas de la administración) y 36 (decisiones discrecionales) del Código Contencioso Administrativo; y, por indebida aplicación por errónea interpretación fáctica los artículos 1° (ámbito de aplicación), 54 (retiro), 55 (causales de retiro) y 57 (retiro por llamamiento a calificar servicios) del Decreto 1791 de 2000 – “Por el cual se modifican las normas de carrera del personal de...y agentes de la policía nacional. D. O. No. 44.161 del 14 de sptbre -, en cuanto que: “…la administración no ha dicho el por qué del retiro, tampoco se le dio oportunidad de expresar sus opiniones, ni tuvo en cuenta los antecedentes y pruebas clínicas o científicas de la enfermedad que padece el agente CORRALES, convirtiéndose en un acto arbitrario, además a términos de la Carta Política los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes; la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento, entre otros principios, en el de publicidad. De esta preceptiva resulta claro que la publicidad de las actuaciones de quienes ejercen la función pública, es un principio constitucional. Ahora bien, como el Acto impugnado tiene carácter de discrecional, porque se puede retirar al personal cuando cumpla los requisitos para hacerse acreedor a la asignación de retiro, esto es, el tiempo de servicio, pero en cuanto a la necesidad de

motivación de los actos discrecionales la S-U-250 de 1998 destacó cómo, a pesar de ser una elaboración relativamente actual, la motivación es vista en el derecho contemporáneo como una garantía en contra de la arbitrariedad, especialmente cuando de actos discrecionales se trata, que encuentra fundamento en el principio de publicidad que preside el ejercicio de la función pública...puede concluirse que la discrecionalidad absoluta entendida como la posibilidad de adoptar decisiones administrativas sin que exista una razón justificada para ello, puede confundirse con la arbitrariedad y no es de recibo en el derecho contemporáneo. La discrecionalidad relativa, en cambio, ajena 3 4 a la noción del capricho del funcionario, le permite a éste apreciar las circunstancias de hecho y las de oportunidad y conveniencia que rodean la toma de la decisión, concediéndole la posibilidad de actuar o de no hacerlo, o de escoger el contenido de su determinación, siempre dentro de las finalidades generales inherentes a la función pública y las particulares implícitas en la norma que autoriza la decisión discrecional. En este orden de ideas, le asiste razón al actor cuando afirma que la necesidad de motivar el acto administrativo se erige como la mejor garantía para distinguir lo discrecional de lo arbitrario...Visto desde el último inciso del artículo 54, el llamamiento a calificar servicios que trata los artículos 55 y 57 ibídem, no se encuentra dentro de la excepción, lo cual nos traduice que debe someterse al concepto previo de la Junta descrita, además con éstos dos artículos es que se soporta el contenido de la resolución de retiro que se está impugnando,

pero si observamos dicho acto de llamamiento a calificar servicios, se efectúa por voluntad bien del gobierno o de la dirección general, según el caso, entonces estamos ante un acto unilateral y que en forma discrecional, se decide sacar del servicio activo al personal que trata la ley y cuando se hace por voluntad del gobierno para el caso de los agentes deberá existir previa recomendación de la Junta de Evaluación y Clasificación, por lo tanto, la Ley no puede ser discriminatoria y desfavorable, porque iría en contravía del principio constitucional de la igualdad, que le da el goce de los mismos derechos, libertades y oportunidades y es al Estado a quien corresponde su protección...el 30 de marzo de 1997 fue emboscado por parte de los narcosubversión, en jurisdicción de Los Espinos, municipio de Miraflores (Guaviare), cuando se desempeñaba como tripulante de un helicóptero...De lo relatado en el numeral anterior, se le realizó a mi poderdante, el acta No. 024 por incapacidad prolongada, declarándolo NO APTO para el servicio, con un porcentaje del 53. 20, por lo cual se hizo la convocatoria del Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía, dicho tribunal citó y se reunió con el Ag. Pero hasta la fecha no se sabe cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron, pues no ha sido notificado. Más sin embargo, CORRALES CORRALES, le envió un derecho de petición al Director solicitándole el reintegro, por el desconocimiento del estado de salud del peticionario, igualmente que después de retirado no recibe el servicio asistencial por parte

de un especialista, el oficio 0395..., de fecha 03 de febrero da respuesta al petente, diciéndole que no es posible revocar el acto administrativo y que en cuanto a la prestación de los servicios médicos su petición se remite a la Dirección de Sanidad para lo de su competencia...”. (Folios 70 a 78).

A la demanda se acompañó: el poder especial (Fl. 1); el acto administrativo censurado con el acta-diligencia de notificación (2 a 5); el extracto de la Hoja de Vida (6 a 9); el informe de novedad de marzo de 1997 –accidente causante de contusiones en tórax y estómago - con el correspondiente informe prestacional de que acaecieron “cumpliendo actividades propias del servicio” (13); acta de junta médico laboral del 16 de octubre de 2001 que arrojó como índice de incapacidad del 53.20% (14 a 16); solicitud del accionante del 13 de febrero de 2002 encaminada a la revisión del dictamen anterior (17 a 24); solicitud de revocatoria del acto demandado de retiro del servicio del 25 de enero de 2005 (25 a 27); escrito-respuesta (Oficio No.

4 5 0395 de 3 de febrero de 2005, folios 28-29); y, excusas de servicio por incapacidades médicas (30 a 69). NO alegó de conclusión.

III. CONTESTACIÓN La demandada –policía nacional - contestó el libelo introductorio oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, argumentando que el acto

acusado fue expedido al amparo de la presunción de legalidad y en obedecimiento del Decreto 262 de 1994, modificado en lo pertinente por los artículos 5° y 6° del 574 de 1995, y que fue el resultado del ejercicio racional de la facultad discrecional otorgada al Director General, por lo cual no requería de motivación diferente a las razones del servicio (Fls. 96 a 102). Tampoco registró escrito de cierre.

IV. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca –sala de descongestiónteniendo en cuenta las acreditadas patologías de esclerosis múltiple e hipertenso sufridas por el actor, evidenciadas a posteriori, con las excusas médicas arrimadas al plenario (Fls. 30 a 69) -no contradichas por la accionada -, fundamentó la decisión positiva a las pretensiones del demandante en las previsiones jurídicas contenidas en los artículos 58 y 59 del Decreto 1719 de 2000, para lo cual desestimó el mandato del artículo 55 ibídem que fue el sustento legal usado, en ejercicio de la facultad discrecional, por la dirección general, para decidir el retiro del servicio.

En lo pertinente adujo el a quo: “...El argumento central de la censura contra el acto administrativo impugnado, radica en que la Dirección dispuso su retiro definitivo del servicio haciendo uso de su facultad discrecional establecida en el artículo 55 num. 2 del Decreto 1791 de 2000, por llamamiento a calificar servicios, inobservando sus antecedentes médicos y el hecho de encontrarse

excusado de la prestación del servicio. Así las cosas, observa la Sala que si bien es cierto el Decreto 1791, en su artículo 55 numeral 2, consagra como causal de retiro el llamamiento a calificar servicio de los miembros de la Policía Nacional con fundamento en la facultad discrecional en la que no se requiere explicar las razones que lo motivaron, toda vez que se presume inspirada en razones de buen servicio, también lo es que dada la condición de salud...el procedimiento adecuado era dar aplicación a los artículos 58 y 59 del Decreto 1791 que desarrollan la causal de retiro del servicio por disminución de la capacidad física prevista en el numeral 3 del artículo 55 del Decreto 1791...Bajo el análisis argumentativo y probatorio que antecede, la Sala puede inferir que la entidad demandada no respetó el procedimiento legal previsto en el régimen especial de la Policía para el retiro del servicio,...debió acudir a la previsión del numeral 3 de la misma disposición y dar aplicación a los preceptos del artículo 59 del mismo decreto, que da la 5 6 oportunidad de mantener en servicio activo a aquellos policiales que habiendo sufrido disminución de la capacidad sicofísica hayan obtenido concepto favorable de la Junta Médico Laboral sobre su reubicación...”. No obstante el anterior razonamiento, que se distingue por su carácter favorable o pro operario, el juez de la primera instancia también apoyó su próspera decisión en la providencia del Consejo de Estado –Sección 2ª - del 9 de julio de 2009 (Rad. 080012331000200101553 01 R. I: 3587/0595), para

llegar a la conclusión de: “... En esa medida se observa que queda desvirtuada la presunción de legitimidad que ampara el acto demandado que se basó en la causal de llamamiento a calificar servicios, para en su lugar acceder a las súplicas de la demanda ordenando a la entidad demandada el reintegro del actor al grado que ostentaba, en un cargo en el que se pueda desempeñar conforme a la limitación física que tenga en el momento para el cual se haga efectivo la reincorporación a la entidad, toda vez que ni el Acta de la Junta Médico Laboral No. 424 de 16 de octubre de 2001 y el Acta No. 2119 de 7 de octubre de 2002 del Tribunal Médico Laboral de Revisión, no emitieron un concepto negativo sobre su reubicación...” (Fls. 145 a 150).

V. ALZADA El ente demandado sustentó el recurso vertical en la interpretación que el ejercicio de la facultad discrecional es legítima, es reglada, pero no necesita de motivación; ella no puede entenderse como una sanción disciplinaria ni una tacha de desempeño administrativo y que el entendimiento de la decisión apelada constituye un estado de blindaje, ante la situación médica del actor, al estimar inaplicable la disposición contenida en el artículo 55 del Decreto 1791 de 2000. (Fls. 151 a 166).

Expuso en su beneficio el precedente jurisprudencial vertido en el fallo del 14 de junio de 2007, dictado dentro de la radicación No.

760012331000200101809 01 R. I: 6961-05. C. P. OLAYA FORERO.

En su alegato de cierre reiteró dicha postura argumentativa, aunque agregó, en el remoto caso de prosperidad, la imposibilidad de reconocimiento de haberes laborales y prestacionales por ser, el sujeto activo, beneficiario de la asignación de retiro (Fls. 220 a 224).

VI. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA 6. 1. Criterio general De esta Agencia del Ministerio Público, es que la sentencia recurrida debe ser CONFIRMADA, en atención a las siguientes razones: 6. 2. Sub judice

6 7 El debate, en el sub examine, se concreta a determinar si el ciudadano demandante no tiene derecho a ser reintegrado, con las consecuencias utilitarias de rigor, porque la decisión administrativa acusada se llevó a cabo con sujeción al ordenamiento específico de retiro discrecional, o, si por el contrario, como lo consideró y lo juzgó el fallador de primera instancia, ha de prevalecer la favorabilidad laboral, habida consideración del estado de salud del Sr. CORRALES CORRALES, a tiempo de proferirse el acto cuestionado. 6. 3. Análisis .- El acto acusado Visible a los folios 2 a 4, está contenido en la Resolución de la Dirección General de la Policía Nacional No. 03121 del 1° de diciembre de 2004: “Por la cual se retira del servicio activo a un personal de la Policía Nacional” y se fundamentó jurídicamente en las previsiones consagradas en el ordinal 2° - que no numeral – del artículo 55 y en el artículo 57 del Decreto Ley 1791 de 2000. Se verifica, así, que esa y no otra, fue la motivación positiva y en dicho acto

se dispuso el retiro de 73 servidores policiales, entre ellos el demandante – enlistado al número 57 -. .- La puntual reglamentación Disponían los citados preceptos: “Artículo 55. Causales de retiro. El retiro se produce por las siguientes causales: 1...2. Por llamamiento a calificar servicios...”. “Artículo 57. Retiro por llamamiento a calificar servicios. El personal de...agentes sólo podrá ser retirado por llamamiento a calificar servicios, después de haber cumplido quince (15) años de servicio...”. Ahora bien, al observarse el extracto de la hoja de vida del actor (fl. 6) podría inferirse que, por el tiempo de servicio allí relacionado, de diecisiete (17) años, nueve (9) meses y cuatro (4) días, se convalidaría la legalidad del acto administrativo cuestionado que dispuso el retiro, pues, pasados los quince (15) años de labores esos servidores se hacen acreedores a la asignación de retiro, por lo que podría estimarse que a cubierto quedaría el mínimo vital indispensable para el cubrimiento de sus congruas necesidades. Empero, dadas las personales circunstancias del actor, como pasa a analizarse, la situación varía a favor del accionante. .- La especial situación del petente-actor Para la data de expedición del acto atacado, esto es, para el día primero (1°) de diciembre de 2004, así como para el siete (7) de dicho mes y año, fecha de la notificación, el demandante se encontraba excusado del servicio por veinte (20) días, a consecuencia de enfermedad general, tal cual lo corrobora el documento público –copia simple - visible al folio 41 –Dirección de Sanidad

de Ponal, Seccional Valle, No. 64203-, el cual, como se deduce de la lectura 7 8 de la contestación de la demanda, ni fue controvertido ni fue tachado de falso, por lo que se convierte en pieza procesal auténtica en su contenido2. La nociva patología que soportaba tuvo su origen en actos de servicio como lo acreditan, en conjunto, el informe de novedad de accidente en tareas de fumigación (fls. 10 a 13) y el acta de junta médico laboral obrante a las páginas 14 a 16. Ergo, dicha situación conllevaba a que el actor mereciese un tratamiento acorde con ella y no uno a rajatabla o con el mismo rasero del resto de sus compañeros, como lo plasmó y lo decidió el acto acusado, pues, el presupuesto fáctico de hallarse incapacitado lo situaba en los supuestos jurídicos consagrados en los artículos 55 – 3 y 59 del Decreto 1791, que a su tenor rezan: “Artículo 55. Causales de retiro. El retiro se produce por las siguientes causales: 1...3. Por disminución de la capacidad sicofísica...”. “Artículo 59. Excepciones al retiro por disminución de la capacidad sicofísica....se podrá mantener en servicio activo a aquellos policiales que habiendo sufrido disminución de la capacidad sicofísica y obtenido concepto favorable de la Junta Médico Laboral sobre reubicación y sus capacidades puedan ser aprovechadas en actividades administrativas, docentes o de instrucción...”. Por tanto, el acto de retiro por llamamiento a calificar servicios se dictó con

violación de la regla de derecho, en la modalidad de aplicación indebida, pues las previsiones jurídico-positivas contenidas en los artículos 55-2 y 57 del tantas veces citado decreto 1791 no tenían aplicación para el caso concreto del demandante quien, se insiste, se encontraba disminuido en su capacidad sicofísica a consecuencia y con ocasión del servicio policial. Por ende, esta Procuraduría Delegada haciendo eco de la jurisprudencia esbozada por el a quo y disintiendo de las afirmaciones de la demandada al ser inaplicables al caso concreto, considera que la sentencia recurrida ha de ser confirmada, pero por las razones relacionadas, mas no por el postulado de favorabilidad laboral. Precedente jurisprudencial sobre la falsa motivación –aplicación indebida - “De las causales de nulidad del artículo 84 del C.C.A. “El artículo 84 del C. C. A.[7] consagra, entre otras causales de nulidad, la derivada de la infracción de las normas en las que ha debido fundarse el acto administrativo o mejor, la nulidad por 2 Sobre el valor probatorio de las copias simples, entre muchísimos pronunciamientos, sirve a este concepto, por las circunstancias similares que se manejan en el debate, el plasmado el 28 de agosto de 2013, Sección 3ª., exp. 050012331000199600659 01 (Interno No. 25.022), C. P. GIL

BOETERO.

8 9 violación de una norma superior, como se conoce genéricamente a esta causal de nulidad. “La contravención legal a la que hace referencia esa causal debe

ser directa y ocurre cuando se configura una de las siguientes situaciones: i) falta de aplicación, ii) aplicación indebida o, iii) interpretación errónea. “Según la doctrina judicial del Consejo de Estado[8], ocurre la primera forma de violación, esto es, la falta de aplicación de una norma, ya porque el juzgador ignora su existencia, o porque a pesar de que conoce la norma, tanto que la analiza o sopesa, sin embargo, no la aplica a la solución del caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta una existencia ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador puede examinar la norma pero cree, equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve, evento en el cual se está ante un típico caso de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón de que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso. “Se presenta la segunda manera de violación directa, esto es, por aplicación indebida, cuando el precepto o preceptos jurídicos que se hacen valer se usan o se aplican a pesar de no ser los pertinentes para resolver el asunto que es objeto de decisión. El error por aplicación indebida puede originarse por dos circunstancias: 1.- Porque el juzgador se equivoca al escoger la norma por inadecuada valoración del supuesto de hecho que la norma consagra y 2.- Porque no se establece de manera correcta la diferencia o la semejanza existente entre la hipótesis legal y la

tesis del caso concreto[9]. “Y, finalmente, se viola la norma sustancial de manera directa, cuando ocurre una interpretación errónea. Sucede cuando el precepto o preceptos que se aplican son los que regulan el asunto por resolver, pero el juzgador los entiende equivocadamente, y así, erróneamente comprendidos, los aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido o alcance que no le corresponde. “Pese a que la parte actora alegó la nulidad por falta de aplicación de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 147 del E.T., y la nulidad por aplicación indebida de los artículos 12, 26 y 178 del E.T., en realidad, para la Sala, los argumentos que expuso en la demanda encajan más en el cargo de nulidad por falsa motivación. “De la causal de la Falsa Motivación. “En efecto, la falsa motivación, como lo ha reiterado la Sala,[10] se relaciona directamente con el principio de legalidad de los actos 9 10 y con el control de los hechos determinantes de la decisión administrativa. “Para que prospere la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido

considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente. “Ahora bien, los hechos que fundamentan la decisión administrativa deben ser reales y la realidad, por supuesto, siempre será una sola. Por ende, cuando los hechos que tuvo en cuenta la Administración para adoptar la decisión no existieron o fueron apreciados en una dimensión equivocada, se incurre en falsa motivación porque la realidad no concuerda con el escenario fáctico que la Administración supuso que existía al tomar la decisión. “Todo lo anterior implica que quien acude a la jurisdicción para alegar la falsa motivación, debe, como mínimo, señalar cuál es el hecho o hechos que el funcionario tuvo en cuenta para tomar la decisión y que en realidad no existieron, o, en qué consiste la errada interpretación de esos hechos. [11] “...”.3 6. 4. Conclusión Así las cosas, por estos razonamientos se impone conceptuar la confirmación de la sentencia impugnada. Con todo, en lo atinente a la restauración, ésta debe impedir un enriquecimiento ilícito en perjuicio del correlativo empobrecimiento de la entidad demandada, porque, tanto el reintegro como la asignación de retiro, se originan en la misma causa. CONCEPTO Con arreglo a lo expuesto, se solicita de la Sección Segunda, Subsección “B”, la CONFIRMACIÓN de la providencia recurrida, en cuanto se ha verificado que se incurrió en el vicio de invalidez de falsa motivación por aplicación indebida del supuesto jurídico que gobernaba la situación fáctica del demandante. 3 Sentencia del 15 de marzo de 2012. Rad. 250002327000200492271 02 (R. I: 16660). C. P.

BASTIDAS BÁRCENAS.

10 11 Lo anterior, obviamente con el cuidadoso señalamiento de las compensaciones a que haya lugar. De los señores consejeros, cordialmente,

CRISTINA GRUESO SÁNCHEZ

Procuradora Tercera Delegada ante el Consejo de Estado

CGS/MDC

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