PGN - FALTA DE COMPETENCIA - La causal de nulidad se configura específicamente en la incompeten

SALA DISCIPLINARIA Bogotá, marzo treinta (30) de dos mil seis (2006). Aprobado en Acta de Sala No. 18.

Radicación: 161-3033 (011-133291)

Disciplinado: Mayor Gladis Gómez Galvis

Cargo y Unidad Policía Judicial del Departamento de

Entidad: Boyacá Quejoso: Cielo Piedad Forero Morales Fecha queja: 11 de agosto de 2005

Fecha 9 y 10 de agosto de 2005

Hechos: Asunto: Conflicto de competencias negativo P.D. Ponente: Dra. DORA ANAIS CIFUENTES RAMIREZ Se procede a resolver lo que en derecho corresponda en relación con el aparente conflicto negativo de competencias suscitado entre las Procuradurías Delegadas para la Policía Nacional y la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial con motivo del expediente de la referencia, relacionado con presuntas irregularidades por parte de la Mayor GLADYS GOMEZ GALVIS, Jefe (e ) de Unidad Investigativa de la SIJIN del Departamento de Policía de Boyacá, en la retención del esposo de la quejosa en la diligencia de allanamiento de su residencia.

ANTECEDENTES PROCESALES La Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, por auto del 23 de septiembre de 2005, dispone la remisión por competencia de las presentes diligencias a la Procuraduría Delegada para la Policía Judicial y Vigilancia Judicial, en cuanto consideró que la calidad de la implicada para el momento de los hechos, era la de Jefe encargada de la Unidad Investigativa de Policía Judicial, razón por la cual estimó no ser competente para conocer del asunto y que por el contrario

Radicación No. 161-03033 corresponde por competencia a la Procuraduría delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial, el conocimiento de las mismas. La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial, por auto del 07 de febrero de 2006, resuelve trabar el conflicto de competencias de carácter negativo, atendiendo a que la servidora denunciada ostenta el cargo de jefe de la Unidad investigativa de Policía Judicial, que no tiene el nivel de jefe de policía judicial, pues cumple una función limitada dentro de la estructura organizacional a la cual pertenece en donde existe una jefatura creada con tales características. Reiteró que la referida Unidad Investigativa de Policía Judicial es un grupo que se encuentra adscrito a la Jefatura de la SIJIN del Departamento de Policía de Boyacá, siendo esta dependencia la que evidentemente tiene la categoría de Jefatura creada con tales características.- Que la mencionada Unidad investigativa de Policía Judicial es un grupo que se encuentra adscrito a la Jefatura de la SIJIN del Departamento de Policía Boyacá, siendo esta dependencia la que evidentemente tiene la categoría de jefatura dentro del esquema de la SIJIN como Área de Policía Judicial , con la responsabilidad de gestión gerencial, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 del Decreto 2158 de 1997, sin que pueda darse en forma genérica dicha denominación a quienes coordinan las funciones de los demás grupos dependientes del mencionado despacho como ocurre en el presente caso. CONSIDERACIONES La Sala disciplinaria de conformidad con el artículo 22 numeral 5º es competente

para decidir lo que corresponda en relación con el aparente conflicto negativo de competencias propuesto entre dos Procuradores Delegados. De conformidad con el artículo 82 de la ley 734 de 2002, el conflicto de competencias se suscita cuando el funcionario se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria, quien “deberá expresarlo” para enviar de inmediato el proceso a quien por disposición legal tenga la competencia, y en el evento que éste también se considere incompetente deberá enviar el asunto al superior común inmediato, que para este asunto corresponde a la Sala Disciplinaría de conformidad con norma citada en el párrafo precedente, para que se dirima el conflicto, caso en el cual se denomina negativo, siguiendo el mismo procedimiento cuando ambos funcionarios se consideran competentes, el cual se denomina positivo. 2 Radicación No. 161-03033 De la misma forma constituye un mandato legal consagrado en el artículo 97 ibídem que las decisiones que se adopten dentro del proceso disciplinario deben motivarse. De estos preceptos se concluye que los requisitos para la existencia de un conflicto de competencias son: a. Considerada la incompetencia por parte del funcionario que está tramitando el proceso, mediante auto lo remitirá a quien estime si tiene la competencia para avocar su conocimiento, explicando los motivos en los que fundamenta su decisión. b. Recibido el proceso por el funcionario a quien se remitió, éste debe proceder a analizar los argumentos en que se fundamentó tal remisión, y en el evento en que no los acoja, enviará el proceso al superior común inmediato con auto en el que explique los motivos en que considera que tampoco es competente, superior que

adoptará la decisión correspondiente. c. Tanto el funcionario que remitió el proceso, como quien lo recibió y estima que igualmente es incompetente para conocer del mismo deben observar el procedimiento señalado por la ley para tramitarlo en debida forma. d. La diferencia en los criterios de los funcionarios respecto de la competencia debe gravitar en torno a los mismos hechos y frente a una misma situación procesal. e. Las decisiones proferidas por los funcionarios que se estiman incompetentes deben estar debidamente motivadas. Consecuentemente con la normativa citada precedentemente, puede afirmarse que el NCDU consagra la institución del conflicto de competencias, pero no regula completamente su procedimiento, razón por la cual por integración normativa contenido en el artículo 21 del Código Disciplinario Único se debe proceder de conformidad con el Código de Procedimiento Penal, artículo 95, el cual informa que “la colisión puede ser provocada de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, cuando existan razones serias y así lo indique el acervo probatorio…” (El subrayado y la negrilla son nuestras) En consecuencia, es claro que como requisitos sustanciales para que pueda ser provocado el conflicto de competencias, están (i) que existan serias razones y (ii) que el acervo probatorio así lo indique. De manera que la manifestación realizada por cada uno de los proponentes debe contener una motivación seria, jurídica, fundamentada en el acervo probatorio que permita ser analizada tanto por el funcionario que recibe el asunto, quien a su vez deberá dar respuesta a esos planteamientos en los mismos términos de seriedad, así como por el superior

funcional que deba dirimir el conflicto. 3 Radicación No. 161-03033 Es evidente que en el presente evento las decisiones adoptadas tanto por la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, como por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial no se fundamentaron en la prueba idónea, puesto que no está acreditada legalmente la calidad de Jefe Seccional o de Unidad de la Mayor GLADIS GÓMEZ GALVIS, en relación con la supuesta incompetencia del asunto, cuya motivación debe estar fundamentada en la calidad del disciplinado y a la que está obligado el operador jurídico disciplinario según el artículo 97 de la Ley 734 de 2002. Encuentra esta Sala Disciplinaria, que las Procuradurías Delegada para la Policía Nacional y la Vigilancia Judicial y Policía Judicial, se declararon incompetentes, y propusieron un aparente conflicto negativo de competencias, con una carga argumentativa que no tiene respaldo probatorio, por lo que sus argumentos solo constituyen probabilidades que no decisiones fundamentadas en unos presupuestos fácticos. Advierte esta Sala Disciplinaria que en virtud del artículo 143 de la Ley 734 de 2002 solo se erige como causal de nulidad “la falta de competencia del funcionario para proferir el fallo”, lo cual implica que el funcionario instructor no encuentra límite alguno para practicar las correspondientes pruebas a fin de proferir sus decisiones con un sustento fáctico, pues la limitación solo está dada para proferir el correspondiente fallo. La función disciplinaria de la Procuraduría es una y, en ese orden, pese a que el legislador distribuyó la actuación disciplinaria en cabeza de

distintos funcionarios que componen e integran la Procuraduría, no existe razón para que se decrete la nulidad de aquellas actuaciones surtidas por funcionario distinto a aquel que debe fallar”.1 En el caso en estudio, la etapa procesal en la cual se encuentra el asunto, es la consecuente con la iniciación de la correspondiente indagación preliminar, siendo claro que las Procuradurías Delegadas están facultadas para adelantar dicha etapa en los procesos sometidos a su competencia, y en el decurso del mismo es claro que pueden practicar pruebas que les permitan determinar la real competencia para conocer del asunto. Surge de manera evidente la inexistencia de conflicto negativo de competencias, por carecer de serios motivos fundados en un acervo probatorio que así lo indique, lo cual torna aparente el conflicto propuesto por las delegadas para la Policía Nacional y la Vigilancia Judicial y Policía Judicial, pues se repite, carecen sus providencias de acervo probatorio que así lo indique. 1 Sentencia C-181 del 12 de marzo de 2002, M.P. MARCO GERARDO MONROY CABRA 4 Radicación No. 161-03033 En consecuencia de lo antes considerado, esta Sala se abstendrá de pronunciarse sobre un inexistente conflicto de competencias, y en su lugar dispondrá el envío del proceso a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y Policía Judicial. En mérito de lo expuesto, la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en uso de sus facultades legales, RESUELVE: PRIMERO: ABSTENERSE, de dirimir el pretendido conflicto de competencias

negativo suscitado entre las Procuradurías Delegadas para la Policía Nacional y la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DEVOLVER las diligencias a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial, ENVIAR copia de esta providencia a la Procuraduría Delegada para la Policía Nacional, para su información.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ESIQUIO MANUEL SANCHEZ HERRERA

Procurador Primero Delegado 5 Radicación No. 161-03033

DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ

Procuradora Segunda Delegada Exp. No. 161-03033 (011-133291).

EMS / DACR / MHQ

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