PGN - FALTA DISCIPLINARIA - Análisis de elementos

Procuraduría General de la Nación

Detalles

Título: PGN - FALTA DISCIPLINARIA - Análisis de elementos
Autor: Procuraduría General de la Nación
Categoría: Jurisprudencia
Área del derecho: Disciplinario
Año: —

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA-Presunto acoso sexual del docente con la menor estudiante de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén en la sede de Santo Domingo Sabio del Municipio de Belén - Nariño, quien manifestó que le hace propuestas impropias, la mira de forma inadecuada y le dice palabras vulgares FALTA DISCIPLINARIA-Análisis de elementos Conforme a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, “constituye falta disciplinaria, y por lo tanto, da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente, la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en este código que conlleve incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento”. TIPICIDAD-Este elemento constituye el desarrollo del Principio de Legalidad PRINCIPIO DE LEGALIDAD-El servidor público y el particular en los casos previstos en este código sólo serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización/ PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Jurisprudencia “(…) El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez, una

relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido. (…)”. PLIEGO DE CARGOS-Se reprochó al disciplinable incurrir en la falta gravísima prevista en el numeral 1 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, el cual establece: “Son faltas gravísimas las siguientes: 1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo. (…)”La falta endilgada al disciplinable supone en primer lugar que la conducta esté objetivamente descrita en la Ley como delito, y en el presente caso se encuentra que la situación fáctica por la cual se investiga y que se relaciona con presuntamente haber realizado actos sexuales con la menor sobre la menor estudiante del grado cuarto de primaria LSGL, quien tenía nueve (9) años para la época de los hechos, era estudiante del colegió donde SILVIO BOLAÑOS BRAVO fungía como Docente y además era su alumna; conducta que está consagrada en el artículo 210 A del código penal adicionado por el artículo 29 de la Ley 1257 de 2008 y que tipifica el delito de acoso sexual:

IUS E-2018221695/ IUC D-20181125738

Fallo de primera instancia sancionatorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio

Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 1 ACOSO SEXUAL-Jurisprudencia de la corte suprema de justicia Atendiendo los elementos normativos que implican la irregularidad en realizar conductas descritas por las menores de edad, entre otras: de decirles que dieran vueltas para mirarlas, mirarlas de manera morbosa, y decirles frases inapropiadas por parte del servidor público a la las menores aquí en su condición de víctimas, no cabe duda que el despliegue de un comportamiento de esta índole no guarda correspondencia con las finalidades de los deberes funcionales encomendados, por lo que no es de recibo que un docente actúe en contravía de la misión y funciones de la Institución Educativa a la que pertenece. Frente al delito de ACOSO SEXUAL, se debe indicar que la realización objetiva del tipo penal en comento quedó demostrada en este juicio disciplinario, de conformidad con el análisis probatorio que se realizó en precedencia, toda vez que el sujeto activo de la conducta es indeterminado, y en este caso ese sujeto activo es el señor xxx, en su condición de docente de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén del Municipio de Belén – Nariño, calidad debidamente acreditada, con los actos de nombramiento y posesión allegados oportunamente a la presente actuación disciplinaria, efectivamente se acreditó que realizó conductas calificadas como acoso sexual contra las menores de edad, diciéndoles que para subirle la nota en la asignatura

de español dé giros, acariciar sus brazos, su cabeza, decirle amor y princesa, pedirle que no ocupe su puesto en la clase y que se siente en el puesto del profesor y mandarla a realizar otras actividades para que se atrase y luego se quede de última copiando las tareas. Ahora bien, el sujeto pasivo de esa conducta corresponde a una persona menor de catorce años, la víctima la niña LSGLL, quien para la época de los hechos (2017) tenía la edad de 9 años, esto de conformidad con la tarjeta de identidad No. 1.91.359.112 que exhibió en la declaración que obra a folio 649 del cuaderno de copias 001, en el cual se establece como fecha de nacimiento el 29 de junio de 2008. De esta manera la realización del tipo penal consagrado en el artículo 210A del C.P. quedó objetivamente demostrado; corrobora esta afirmación lo señalado en las declaraciones que se recibieron legal y oportunamente a lo largo de la actuación disciplinaria que fueron coincidentes, contundentes y relatos de las menores de edad que denunciaron ser víctimas de los actos inadecuados del docente xxx, guardan elementos de congruencia y un hilo lógico y secuencial en la narración de los hechos ocurridos y de las conductas desplegadas por el docente. ILICITUD SUSTANCIAL-Análisis La ilicitud sustancial disciplinaria es entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función Pública. Aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario, pero se determine que el mismo en nada incidió en la garantía de la función pública y los

principios que la gobiernan deberá concluirse que la conducta está desprovista de ilicitud sustancial. TIPICIDAD-Se reduce a la verificación o constatación de si la conducta se adecúa o no a todos los elementos contenidos en la descripción típica (juicio de adecuación)

IUS E-2018221695/ IUC D-20181125738

Fallo de primera instancia sancionatorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, EMAIL juzgamiento2@procuraduria.gov.co Calle 16 No. 6-66 piso 15 edificio Avianca - Bogotá, Línea gratuita para todo el país: 018000 910 315 (571) 5878750 Exts.:15371 15372 - 15383 – www.procuraduria.gov.co, NIT. 899999119-7 pág. 2 ILICITUD DISCIPLINARIA-El objeto del examen deberá corresponder con el análisis si se afectó el deber funcional sin que haya mediado alguna causal de justificación (juicio de valoración). Es importante destacar que en la órbita del derecho disciplinario no se exige la presencia de un resultado pues “por regla general, las faltas disciplinarias son de mera conducta. En efecto, la mayoría de los deberes, prohibiciones, derechos, funciones y demás descripciones están estructuradas de manera tal que para su inobservancia únicamente es necesario tener por demostrado un desvalor de acción – o de conducta-. El que jurídicamente se califica como la afectación sustancial del deber funcional.” Debe entenderse que para la configuración de la contrariedad de la conducta el comportamiento debe ir más allá de desconocer formalmente la norma jurídica que lo

prohíbe, debe ser opuesto o cuando menos, extraño a los principios que rigen la función pública: FUNCIÓN ADMINISTRATIVA-Se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad; la ley 489 de 1998 en su artículo 3 Con fundamento en el análisis probatorio efectuado y en la adecuación típica de la conducta del sujeto disciplinable, para este despacho se encuentra configurada la categoría de ilicitud sustancial dado que se ha acreditado que el investigado desconoció sustancialmente sus deberes funcionales referidos en el capítulo del análisis de la tipicidad de su conducta, impactando negativamente y sin justificación alguna, el principio de moralidad que rigen la función pública. En el caso objeto de estudio, con el comportamiento del disciplinable como docente de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén sede Santo Domingo Sabio, surge que desconoció, el fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los derechos y el principio de moralidad que regula la función administrativa, consagrado en el artículo 209 de la Constitución Política, en la medida que, teniendo el deber de proteger los derechos de los estudiantes y sobre todo de los menores de edad, abuso de su alumna menor de edad LSGLL para la época de los hechos tenía 9 años de edad, realizando actos sexuales diversos al acceso carnal, comportamiento con el cual, transgredió sus derechos a la libertad, intimidad, integridad, formación sexual y dignidad humana. PRINCIPIO DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA-Definido en la ley 1437 de 2011 todas las personas y servidores públicos están obligados a actuar con

rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas Con el actuar del disciplinable se desatendió la finalidad de protección a la moralidad administrativa, que busca la honestidad de los servidores públicos y el docente xxx afectó su deber funcional sin justificación alguna, dado que trasgredió el principio de moralidad, como garantía de la función pública a él encomendada y con su comportamiento atentó contra el buen funcionamiento del estado y por consiguiente contra sus fines. Dentro de la actuación disciplinaria, se encuentra acreditado que el disciplinable xxx se apartó de las normas contenidas en la ley disciplinaria como docente al omitir su deber de respeto y trato cortés por lo menos frente a su estudiante LSGLL afectando con ello su deber y que además lo hizo de manera consciente de la antijuridicidad de su actuar, pues no de otra forma se puede entender que un educador de manera involuntaria o inconsciente, involucre a una estudiante en actos de contenido lascivo ofensivo. Recordemos que la

IUS E-2018221695/ IUC D-20181125738

estimulo hacia la actividad escolar que cultive y promueva el aprendizaje, ciñendo su actuar a los límites que como maestro debe tener, y a la salvaguarda del interés superior de las alumnas como lo es el derecho a un trato respetuoso y digno, para permitir la formación integral y el cumplimiento de los fines de la educación, lo que en efecto no ocurrió, pues el principio cuya transgresión se reprocha afectó de manera evidente, protuberante y manifiesta las normas en que el comportamiento del disciplinable debió fundarse, lo que trae de contera que la conducta se repute típicamente antijurídica. PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTOCompetencia/PROCURADURIA DELEGADA DISCIPLINARIA DE JUZGAMIENTO-Imputación disciplinaria Las presentes diligencias fueron tramitadas por la Procuraduría Regional de Nariño hasta la formulación del pliego de cargos, toda vez que, con la entrada en vigencia del artículo 1 de la ley 2094 de 2021, que le otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, la Procuradora General expidió las resoluciones Nos. 207 y 217 de 2021 con el fin de garantizar el cumplimiento inmediato de la división de las etapas de instrucción y juzgamiento, y en ese sentido la presente actuación se remitió por competencia a la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa con funciones de juzgamiento disciplinario. Mediante la Resolución No. 002 del 3 de enero de 2023 expedida por el Viceprocurador General de la Nación, se designó como

funcionario especial para conocer del expediente IUS-E-2016-221695 // IUC-D-20181125738 a la Procuraduría Delegada para la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2. En virtud de lo anterior, la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2 tiene competencia, asignada legal y reglamentaria, para proferir fallo de primera instancia dentro de la actuación disciplinaria de la referencia, adelantada contra SILVIO BOLAÑOS BRAVO, en su condición de Docente, de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén – Sede Santo Domingo, para la época de los hechos. 6.2 Suspensión de los términos en los procesos disciplinarios adelantados por la Procuraduría General de la Nación a partir del 17 de marzo de 2020 y hasta el 25 de mayo de 2020. Como en precedencia se anunció, con ocasión de la emergencia social, económica y ambiental derivada de la pandemia general por el virus COVID-19, la Procuraduría General de la Nación se vio en la obligación de suspender los términos de sus actuaciones disciplinarias desde el 17 de marzo hasta el 25 de mayo de 2020 (70 días calendario) de conformidad con las resoluciones que para el efecto fueron expedidas por la entidad y que a continuación se relacionan, por consiguiente se aclara que los términos de prescripción y caducidad de las actuaciones disciplinarias se ven modificados y para el cálculo o computo de las mismas, deberán tenerse en cuenta los setenta (70) días calendario que ordenaron la suspensión de las actuaciones. Resolución No. 128 del 16 de marzo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por

la cual dispuso “SUSPENDER TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, a partir del martes diecisiete (17) de marzo dos mil veinte (2020) hasta el martes treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020)”. Resolución No. 136 del 24 de marzo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación hasta el viernes tres (3) de abril de dos mil veinte (2020) inclusive.” Resolución No. 148 del 3 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el viernes diecisiete (17) de abril de dos mil veinte (2020) inclusive.” Resolución No.

IUS E-2018221695/ IUC D-20181125738

dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el viernes veinticuatro (24) de abril de dos mil veinte (2020) inclusive.” Resolución No. 184 del 24 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el lunes once (11) de mayo de dos mil veinte (2020) inclusive.” Resolución No. 204 del 8 de mayo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por la cual ordenó “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el lunes veinticinco (25) de mayo de dos mil veinte (2020) inclusive.” Concomitante con lo expuesto hay que señalar que todo lo anterior está en consonancia con el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, expedido el Presidente de la República el cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional con ocasión de la pandemia por el virus COVID19. Igualmente el Presidente de la República expidió el Decreto No. 491 del 28 de marzo 2020 “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que

cumplan funciones públicas y se toman medidas para la prevención laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en su artículo 6° estableció la suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. En consecuencia, los términos de las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación estuvieron suspendidos desde el diecisiete (17) de marzo de 2020 hasta el veinticinco (25) de mayo de 2020, inclusive; suspensión que aplica a este proceso disciplinario con radicación IUS-E-2016-221695 // IUC-D-20181125738 cuya acción disciplinaria se encuentra vigente al tenor de lo establecido en el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 en concordancia con el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que modificó el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019. CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA-Fundamento legal Ley 2094 de 2021, ya no contempla la caducidad de la acción como causal de extinción de la acción disciplinaria, la misma Ley 2094 de 2021, en el parágrafo 2º de su artículo 265, determinó expresamente que “el artículo 30 de la ley 734 de 2002, modificado por el artículo 132 de la ley 1474 de 2011” “mantendrá su vigencia” hasta el 29 de diciembre de 2023; es decir, la caducidad de la acción disciplinaria, tal como se encontraba regulada

en el Código Disciplinario Único se encuentra vigente y tendrá plenos efectos hasta dicha fecha. En este orden de ideas, emitido el auto de apertura de investigación disciplinaria, la acción disciplinaria prescribirá si dentro de los cinco años siguientes a dicho auto no se ha emitido y notificado fallo de primera instancia, conforme lo señaló el Consejo de Estado. No obstante, resulta necesario destacar que con ocasión de la emergencia sanitaria que se afronta Colombia y a nivel internacional por la pandemia causada por el Covid-19, el Gobierno nacional expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, en el cual se manifestó en la parte motiva que: VALORACIÓN PROBATORIA-Enfoque de género en la valoración probatoria Teniendo en cuenta que el presente caso se juzgan conductas desplegadas por un servidor público, que involucran a menores de edad como víctimas directas, se considera

IUS E-2018221695/ IUC D-20181125738

valoración probatoria en el juzgamiento de casos que involucran la violencia y la vulneración de derechos a la libertad e integridad sexual de la mujer. La Corte Suprema de Justicia en sentencia de 11 de noviembre de 2020 ilustró: …] la aplicación de la perspectiva de género obliga a los falladores a valorar la prueba «eliminando estereotipos que tratan de universalizar como criterios de racionalidad simples (prejuicios) machistas12», so pena de incurrir en errores de falso raciocinio. Así lo ha explicado esta Corte con apoyo en distintos precedentes del tribunal constitucional y en doctrina pertinente: «Es que los estereotipos, incluidos los asociados al género, “son elementos cognitivos irracionales” que “poseen pretensiones descriptivas y funcionan como generalizaciones acerca de los rasgos de un grupo de personas” … o bien, pretenden “imponer ciertos roles a los miembros de un grupo determinado” Por lo tanto, cualquier razonamiento probatorio, inductivo o inferencial que los replique o afirme (salvo que tenga asidero en su demostración real y concreta en el caso específico, lo cual puede perfectamente suceder), será contrario a la sana crítica, en tanto ésta reclama que los procesos intelectivos y de valoración de la evidencia respeten las máximas experienciales, de las que se apartan los planteamientos sustentados en ideas discriminatorias o prejuiciosas desprovistas de asidero fáctico y empírico. En palabras de la recomendación treinta y tres del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra

la Mujer, “Los estereotipos y los prejuicios de género en el sistema judicial tienen consecuencias de gran alcance para el pleno disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Pueden impedir el acceso a la justicia en todas las esferas de la ley y pueden afectar particularmente a las mujeres víctimas y supervivientes de la violencia. Los estereotipos distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos. Con frecuencia, los jueces adoptan normas rígidas sobre lo que consideran un comportamiento apropiado de la mujer y castigan a las que no se ajustan a esos estereotipos. El establecimiento de estereotipos afecta también a la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen en forma defectuosa”. FALLO DISCIPLINARIO-Cuando de la valoración conjunta de los medios de prueba se derive la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinado El fallo disciplinario debe fundarse en pruebas legalmente producidas y aportadas al proceso. La normativa procesal establece que el acervo probatorio deberá ser ponderado de manera conjunta, acorde con los postulados que rigen la persuasión racional, esto es, las leyes de la ciencia, los postulados de la lógica y las reglas de experiencia, asignándoles el mérito que corresponde a cada uno de los medios probatorios. Para tal efecto, es importante señalar en primer lugar, que se mencionará las conductas por las

cuales se acusó al disciplinado, en específico, y la manera en que se tipifican; luego, se analizarán y valorarán los medios de prueba en concreto recaudados en consideración a las faltas disciplinarias atribuidas en la acusación. Siguiendo el orden impuesto en esta, se expondrán los argumentos que permiten conceder o no credibilidad a los medios de convicción y, en su análisis se responderá a los planteamientos defensivos esbozados por los sujetos procesales. ANÁLISIS DE LA CULPABILIDAD-Tenía plena consciencia de la conducta que realizaba y que la misma podía constituir falta disciplinaria ya que se trata de una persona preparada pedagógicamente

IUS E-2018221695/ IUC D-20181125738

Estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga”. Por lo anterior, a quien se formula un juicio de imputación subjetiva a título de dolo, se le reprocha el hecho de proceder en forma consciente y libre, queriendo voluntariamente la realización de una conducta contraria a derecho, es decir, proceder desconociendo el ordenamiento jurídico. En cambio, a quien se le imputa un cargo a título de culpa, lo que se le reprocha es el defecto o ligereza de su actuar, ya sea por imprudencia, negligencia o descuido, en otras palabras, el reproche se sustenta en el hecho de que un servidor público ejemplar no procedería de tal forma, por lo que se le impone la sanción como medida correctiva. El dolo en una primera aproximación, se puede establecer al verificar la presencia de dos elementos esenciales en su composición, uno de carácter cognitivo, es decir, el conocimiento y el segundo de carácter volitivo, que tiene relación con la intención en la conducta típica. Tanto el avance doctrinal, como también el jurisprudencial, han permitido caracterizar aún más esta figura que, sobre la base de lo ya dicho, es concordante con lo planteado por la Corte Suprema de Justicia, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado sobre el dolo lo siguiente: “(…) el dolo se compone de dos elementos: uno intelectual o cognitivo, que exige tener conocimiento de los elementos objetivos del tipo penal respectivo, y otro volitivo que implica querer realizarlos. Así, actua dolosamente quien sabe y comprende que su acción es objetivamente típica y quiere su realización…” (CSJ, Sala de Casación Penal, 12 de

febrero de 2014, Radicado 36312) En materia disciplinaria existe una leve variación respecto a los elementos que integran la concepción de Dolo. Al igual que en materia penal, cuenta con un elemento cognitivo referido al conocimiento de los hechos y de la prohibición y, un elemento volitivo, que se interpreta como el actuar pese a saber que debía de ajustar su comportamiento a lo dispuesto en la norma. En el pliego de cargos proferido por la Procuraduría Regional de Nariño, el grado de culpabilidad fue imputado a título de Dolo respecto al cargo formulado al docente SILVIO BOLAÑOS BRAVO, por lo que corresponde en esta instancia de juzgamiento, determinar si se acredita este grado de culpabilidad. Una vez ilustrada la concepción de Dolo en materia disciplinaria, se puede concluir que en el presente caso el señor XXX actuó a título de DOLO, pues en primera medida la falta imputada por la conducta cometida le era atribuible, pues en él no concurría ninguna causal de inimputabilidad, pues para el momento de la ocurrencia de los hechos se venía desempeñando como docente en la Institución Educativa, sin ningún impedimento de nivel psicológico o mental que le impidiera desempeñar sus funciones dentro de la comunidad educativa, compartiendo con niños, niñas, adolescentes y compañeros de trabajo. Está debidamente acreditado, conforme se sostuvo en el pliego de cargos que el docente XXX, conocía sus deberes, obligaciones y responsabilidades que tenía como docente y al parecer decidió no acatarlos, para ejercer sobre las menores y de manera libre, consciente y voluntaria, las conductas inadecuadas. Razón para

afirmar que el disciplinable tenía plena consciencia de la conducta que realizaba y que la misma podía constituir falta disciplinaria ya que se trata de una persona preparada pedagógicamente, pues de acuerdo a su hoja de vida, el señor XXX, es Licenciado en Educación Primaria, con título de Especialización en Pedagogía de la Recreación Ecológica, por lo que su conducta es reprochable. NATURALEZA DE LA FALTA Y DOSIFICACIÓN DE LA SANCIÓN-Descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo y determinada la culpabilidad de la misma

IUS E-2018221695/ IUC D-20181125738

función o cargo, o abusando del mismo y determinada la culpabilidad de la misma, al adecuar su comportamiento en una falta que se ha calificado de manera definitiva como GRAVISIMA, a título de DOLO, se impone en consecuencia el reproche disciplinario a XXX en su condición de docente de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén sede Santo Domingo Sabio, para la época de los hechos. Así las cosas, se tiene que de conformidad con el artículo 44, numeral 1 de la Ley 734 de 2002, a las faltas gravísimas dolosas o cometidas con culpa gravísima les corresponde la sanción de destitución e inhabilidad general. Entretanto, al tenor de lo previsto en el artículo 45 ibídem, la destitución e inhabilidad general implican la separación en el ejercicio del cargo y la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por un término que oscila entre 10 a 20 años, como lo dispone el artículo 46 ejusdem. Por consiguiente, corresponde a esta Procuraduría Delegada graduar el término de la sanción a imponer al disciplinable, para lo cual se tendrán en cuenta los siguientes criterios establecidos en el artículo 47 del C.D.U.: Dependencia Procuraduría Delegada Disciplinar

Estás viendo una vista previa

Lee el documento completo con Ariel

Este es un fragmento de uno de los más de 1.2 millones de documentos de la biblioteca de Ariel. Crea tu cuenta para leerlo completo, descargarlo y consultarlo con Ariel, que siempre te lleva a la fuente exacta: Ariel NO alucina.

Probar Ariel gratis Ver planes