PGN - FALTA DISCIPLINARIA GRAVISIMA - Jurisprudencia de la corte constitucional sobre falta des

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Prohibición de suscribirlos cuando el objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran tiempo completo e impliquen subordinación CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Prohibición de suscribirlos cuando el objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas/ACCIÓN DISCIPLINARIA-Prescripción frente a la orden de prestación de servicios En efecto, la citada norma dispone de un término de 5 años para ejercer la potestad disciplinaria, contados a partir del día de su consumación para las faltas instantáneas y para las faltas permanentes desde la realización del último acto. En el presente caso, lo que se reprochó fue la celebración de la aludida orden de prestación de servicios, por cuanto, al parecer, el investigado incurrió en la falta descrita en el numeral 29 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, que prohíbe suscribir contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales. En consecuencia, la irregularidad objeto de investigación se consuma al momento de la celebración del respectivo contrato, lo que significa que la prescripción frente a la orden de prestación de servicios del 19 de abril de 2004 habrá de contabilizarse a partir de esta fecha, en tanto la conducta es de naturaleza instantánea, razón por la cual la acción disciplinaria prescribió el 19 de abril de 2009. FALTA DISCIPLINARIA GRAVÍSIMA-Jurisprudencia de la Corte Constitucional

sobre falta descrita en el numeral 29 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL-Disciplinado debió seleccionar a una persona jurídica/CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA RURAL-No podía recaer en persona natural Así las cosas, si lo que el disciplinado pretendía obtener, con la celebración de las órdenes de prestación de servicios objeto de investigación, era satisfacer la necesidad de prestar el servicio previsto en la ley 607 de 2000, en vista de la supresión de cargos ordenada por el Acuerdo 03/04, como lo afirmó su apoderada en los descargos, lo que debió hacer era haber seleccionado una persona jurídica de derecho público, privado o mixta que acreditara idoneidad y capacidad técnica y financiera en la materia, con la finalidad de que prestara la asistencia técnica que requería, como se desprende de las normas antes citadas, en concordancia con el literal g) del artículo 4º de la ley 607 de 2000 , y en el artículo 1º del decreto 3199 del 27 de diciembre de 2002, que reiteró que este servicio se prestará “por medio de la participación de entidades de naturaleza pública, privada o mixta, bien a través de las Umata de forma directa; bien contratada con las entidades privadas constituidas para el efecto y que tengan por objeto la prestación de la asistencia técnica directa rural, sean del orden municipal, zonal, provincial, distrital o regional.” (subrayas fuera de texto). Nótese que en uno y otro caso, la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural

no podía recaer en persona natural (particular), como ocurrió en el presente caso, sino en Expediente No. 046-2286-2006 1 Fallo 2ª Instancia Fernando Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co una persona jurídica (pública, privada o mixta), en la medida en que el municipio no contaba con dicha dependencia en su estructura administrativa, ni con personal en la planta de cargos para tal efecto. FUNCIÓN PÚBLICA Y SERVICIO PÚBLICO-Jurisprudencia de la Corte Constitucional FUNCIÓN PÚBLICA Y SERVICIO PÚBLICO-Diferencias Como se aprecia, la noción de función pública o administrativa y de servicio público reviste connotaciones diferentes, ya que si bien ambas admiten la participación de particulares, lo cierto es que para ejercer la primera se requiere de autorización expresa por parte del legislador, en razón a que involucra el ejercicio de potestades inherentes a la autoridad del Estado, mientras que la segunda se manifiesta esencialmente en prestaciones a los asociados en virtud de la libertad económica de que gozan las personas, lo que lleva a examinar, en el presente caso, la naturaleza de las actividades encomendadas al contratista, con el propósito de determinar si las mismas correspondían al desarrollo de funciones públicas y, de esta manera, verificar si se estructura este presupuesto en la falta disciplinaria endilgada por el a quo, con base en el numeral 29 del artículo 48 del Código Disciplinario

Único, al tenor de los presupuestos formulados en la sentencia C-094/03 proferida por la Corte. FUNCIÓN PÚBLICA-Naturaleza de las actividades encomendadas/CONTRATISTAServicios prestados no correspondían al ejercicio de funciones públicas Así las cosas, se concluye que los servicios prestados por el contratista no correspondían al ejercicio de funciones públicas, entendidas como el ejercicio de potestades inherentes a la autoridad del Estado, que se traducen, generalmente, en señalamiento de conductas, expedición de actos unilaterales, poder de coerción o, dicho de otra manera, que las actividades que aparecen demostradas en el proceso como las que ejecutó el contratista, no implicaban el uso de la potestad de imponer, obligar, disponer o ejercer poder de manera vinculante para con los administrados, como lo afirmó el a quo en su fallo. En lugar de ello, se encuentra demostrado que las actividades encomendadas al contratista, que cuentan con respaldo probatorio en el expediente, con ocasión de la celebración de las órdenes de prestación de servicios objeto de investigación, correspondían a labores de asesoría en cuanto a la asistencia técnica rural para el sector agropecuario del municipio, al igual que la de formular proyectos en este aspecto, así como la de adelantar gestiones ante entidades estatales para tramitar y celebrar convenios, y asistir a reuniones, foros y eventos de similar naturaleza, sin que en el expediente obren otros medios de prueba que demuestren la asignación o cumplimiento de actividades diferentes a las antes mencionadas, a propósito de la contratación que se investiga y, mucho menos, que esté probado que el contratista en cuestión haya celebrado por su cuenta contrato o convenio alguno en nombre

de la entidad territorial. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Jurisprudencia del Consejo de Estado sobre subordinación Expediente No. 046-2286-2006 2 Fallo 2ª Instancia Fernando Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal Radicación No: 046 2286 2006

Disciplinado : HERIBERTO URREGO CASTAÑEDA

Cargo y Entidad: Alcalde Municipio Regidor (Bolívar) Informe: Alcaldía de Regidor Fecha del informe: 21 de julio de 2006

Fecha Hechos: 19 de abril de 2004, 1º de abril, 1º de julio y 1º de agosto de

2005.

Actuación: Fallo segunda instancia

Bogotá, D.C., 31 de agosto de 2009 Conforme lo dispone el artículo 171 de la ley 734 de 2002, y teniendo en cuenta que el Procurador General de la Nación, mediante auto del 6 de noviembre de 2008, designó como funcionario especial de segunda instancia a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, procede este Despacho a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de HERIBERTO URREGO CASTAÑEDA, en su condición de Alcalde de Regidor (Bolívar), contra el fallo adoptado por la Procuraduría Provincial de Ocaña el 14 de octubre de 2008, mediante el cual se le

impuso una sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial por el término de seis (6) meses.

I. ANTECEDENTES Dio origen a la presente investigación el informe del 21 de julio de 2006, dirigido a la Personería del municipio de Regidor (Bolívar), en el que LEONEL MACHUCA VILLAREAL, Alcalde encargado, denunció posibles irregularidades en la contratación celebrada por la Alcaldía municipal con el señor LUMAR SIERRA TRIGOS, durante las vigencias de 2004 y 2005, en el sentido de que, al parecer, se le encomendaron funciones inherentes a servidores públicos, que requerían dedicación de tiempo completo e implicaban subordinación del contratista, lo que provocó que éste elevara petición encaminada al reconocimiento y pago de prestaciones sociales, vacaciones y viáticos. Para el efecto, adjuntó copia de los antecedentes contractuales correspondientes (fls. 3 a 76).

Por lo anterior, la Procuraduría Provincial de Ocaña decidió ordenar, por auto del 26 de octubre de 2006, la apertura de investigación disciplinaria contra HERIBERTO URREGO CASTAÑEDA, en su condición de Alcalde de Regidor (Bolívar), providencia que fue notificada por edicto desfijado el 14 de diciembre de 2006 (fls. 77 a 78 y 86 a 87)1. 1 De acuerdo con la asignación de competencias establecida en el numeral 23.3. del artículo 3º de la Resolución No. 018 de 2000, proferida por el Procurador General de la Nación, en el que se señaló

que la Procuraduría Provincial de Ocaña tendría competencia para conocer de las actuaciones Expediente No. 046-2286-2006 3 Fallo 2ª Instancia Fernando Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co Al evaluar la investigación, la primera instancia decidió que existía suficiente mérito para formular cargos al investigado, por medio de auto del 17 de septiembre de 2007, ya que consideró que se tipificaba la conducta descrita en el numeral 29 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, providencia que fue notificada al disciplinado por edicto desfijado el 26 de octubre de 2007 y a través de auto del 19 de noviembre de 2007, fue declarado por el a quo como investigado ausente (fls. 165 a 173, 178 a 179). El defensor de oficio presentó los respectivos descargos, sin aportar ni solicitar prueba alguna, razón por la cual la primera instancia profirió el auto del 7 de diciembre de 2007, en el que consideró que no había mérito para decretar prueba de oficio (fl. 184). Por medio de auto del 11 de diciembre de 2007, la Procuraduría Provincial dio traslado para alegar de conclusión, decisión que fue notificada personalmente al investigado el 4 de febrero de 2008, quien confirió poder a una abogada para que asumiera su defensa el 11 de febrero de 2008 (fls. 186, 189 y 193).

En esa misma fecha, la apoderada solicitó la nulidad de lo actuado a partir del pliego de cargos, inclusive, ya que consideró que el funcionario de primer grado había omitido exponer en la mencionada providencia, las razones que sustentaban el haber endilgado la falta a título de culpa gravísima, originada por ignorancia supina, y, de otro lado, porque si bien se había designado para la actuación previa defensor de oficio, se adujo que la defensa no fue acuciosa para los intereses del disciplinado; de igual forma, la defensora solicitó en dicho escrito una serie de pruebas encaminadas a demostrar la ausencia de responsabilidad de su poderdante, frente a los hechos que son materia de investigación (fls. 194 a 204). Por auto del 13 de febrero de 2008, el a quo acogió los argumentos expuestos por la defensa relacionados con la nulidad, por lo que la declaró a partir del auto de cargos, inclusive, pero negó las pruebas pedidas aduciendo que el término para su práctica había expirado, decisión que no fue impugnada quedando ejecutoriada el 25 de febrero de 2008 (fls. 207 a 211 y 214).

II. CARGOS Al rehacer la actuación, por medio de auto del 31 de marzo de 2008 (folios 215 a 223), la Procuraduría Provincial de Ocaña formuló de nuevo pliego de cargos en contra de HERIBERTO URREGO CASTAÑEDA, porque: “(…) incurrió en la falta disciplinaria descrita en el numeral 29 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, pues los días 19 de abril de 2004, 1º de enero de 2005, 1º de

abril de 2005, 1º de julio de 2005 y 1º de agosto de 2005, celebró órdenes de prestación de servicios con el señor LUMAR ESTEBAN SIERRA TRIGOS, cuyo objeto era la dirección de la UMATA, es decir, el cumplimiento de una función disciplinarias que se adelantaran contra los servidores del municipio de Regidor (Bolívar). Expediente No. 046-2286-2006 4 Fallo 2ª Instancia Fernando Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co pública y administrativa que requería dedicación de tiempo completo e implicaba subordinación y ausencia de autonomía para el contratista.” El a quo consideró que la anterior conducta trasgredió presuntamente las normas contenidas en el numeral 29 del artículo 48 de la ley 734 de 20022, en concordancia con el numeral 3º del artículo 32 de la ley 80 de 19933 al igual que las descritas en los artículos 6º y 315 numeral 1º de la Constitución Política, numerales 1 y 2 del artículo 34 y numeral 1º del artículo 35 de la ley 734 de 2002, numerales 2 y 5 del literal d) del artículo 91 de la ley 136 de 1994; por los siguientes motivos efectuados en el concepto de la violación: (…) La dirección de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, es sin duda alguna una función pública, que ha entonces de desarrollarse por personal de planta de la entidad, es decir, que a quien se hubiere encomendado

el desarrollo de tal labor debiera estar necesariamente vinculado a través de una relación laboral con el municipio y no contractualmente a través de prestación de servicios como sucedió con el señor Lumar Esteban Sierra Trigos. El numeral 3º de artículo 32 de la ley 80 de 1993, define los contratos de prestación de servicios de la siguiente manera: “3o. Contrato de prestación de servicios Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.” Como se observa de la norma en cita, el objeto de esta clase de contratos está determinado por la prestación de servicios relacionados con las actividades y funcionamiento de la entidad, cuando dichas actividades no puedan prestarse con empleados de planta o requieran conocimientos especializados. 2 “ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:

29. Celebrar contrato de prestación de servicios cuyo objeto sea el cumplimiento de funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo e impliquen subordinación y ausencia de autonomía respecto del contratista, salvo las excepciones legales.” 3 “Contrato de prestación de servicios Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con

personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.” Expediente No. 046-2286-2006 5 Fallo 2ª Instancia Fernando Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co De lo anterior, se deduce fácilmente que está a cargo de los empleados del Estado, el desarrollo de las actividades relacionadas con su funcionamiento y sólo por la vía excepcional se podrá encomendar a particulares su ejecución. En el presente caso, vemos cómo para el ejercicio de la dirección de la Unidad de Asistencia Técnica Agropecuaria, muy a pesar del imperativo legal, el señor Alcalde municipal de Regidor contrató bajo la modalidad de prestación de servicios al señor Lumar Esteban Sierra Trigos, habiendo debido vincularlo formalmente en ese cargo, habida cuenta en primer lugar, de la naturaleza pública de la función a desarrollar que requería dedicación de tiempo completo, y en segundo lugar, a la consecuente relación de subordinación y ausencia de autonomía que se generaba bajo el cumplimiento de la labor contratada. (…) Precisamente muestra de esa ausencia de autonomía, son los abundantes decretos cuyas copias obran a folios 105 a 118, a través de los cuales el entonces alcalde, delegaba funciones al señor Lumar Esteban Sierra Trigos, situación que por lo demás demuestra la subordinación a la que se encontraba

sometido el contratista, para la administración municipal”. La conducta descrita fue calificada como GRAVÍSIMA al tenor del numeral 29 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, endilgada por el a quo a título de culpa grave, argumentando que el investigado “no guardó (…) cuidado necesario que cualquier persona imprime a sus actuaciones, pues todo indica que en la contratación suscrita con el señor Sierra Trigos, no solicitó (…) la asesoría necesaria a efecto de evitar incurrir en irregularidades, (…)” Esta providencia fue notificada personalmente a la apoderada del disciplinado el 21 de abril de 2008 (fl. 225).

III. DESCARGOS En el memorial de descargos (fls. 234 a 241), la apoderada del disciplinado expuso los argumentos que, en su criterio, desvirtuaban el cargo endilgado, los cuales se sintetizan así: “Dadas las circunstancias, es claro que el señor Alcalde Municipal tenía el deber legal de cubrir la necesidad del servicio ordenada en la ley 607 de 2000 esto es, brindar asistencia técnica rural, en vista de que el cargo fue suprimido de la planta por motivos de índole fiscal, para ajustar el municipio a lo normado por la ley 617 de 2000, no tenía alternativa diferente que la (sic) contratar a un particular soportado en la excepción consagrada en el artículo 3º del Decreto 1737 de 1998.

Encontramos entonces con las anteriores consideraciones desvirtuado el cargo proferido por el Despacho. (…) El municipio de Regidor está clasificado como un municipio de sexta categoría en consideración a su población y a su presupuesto, luego, entonces, difícilmente

puede contratar personal especializado (abogados especializados) que brinde Expediente No. 046-2286-2006 6 Fallo 2ª Instancia Fernando Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co una asesoría exacta en derecho administrativo en contratación estatal, sin embargo, ello no implica que mi defendido haya carecido de asesores dentro de las posibilidades que las circunstancias lo permitían. En efecto, el señor HERIBERTO URREGO CASTAÑEDA, ostenta un grado de escolaridad que únicamente llega hasta el nivel bachiller, sin embargo sabiendo que ello no sirve de excusas para apartarse de la ley, vinculó como ASESOR JURIDICO para la época de los hechos al abogado LUIS ANTONIO SANTODOMINGO MONTESINOS, posterior alcalde municipal de Regidor, de cuya administración justamente se desprendió la queja que dio origen a la presente investigación. Igualmente, las órdenes de prestación de servicios suscritas por HERIBERTO URREGO CASTAÑEDA, de fechas julio 1 de 2005, abril 1 de 2005 (únicas suscritas por él), porque la orden de prestación de servicios de enero (sic) 19 de 2004 no se encuentra firmada, la de enero 1 de 2005 fue firmada por ANA HORTENSIA QUIÑONEZ CAMACHO, en calidad de alcaldesa encargada, fueron preparadas y proyectadas por el asesor jurídico y el secretario general de la

época señor JESÚS JIMENEZ GÓMEZ, tal y como a través de prueba testimonial se probará. Es importante tener en cuenta también, que para la época de los hechos en el municipio de Regidor no existía servicio telefónico ni de Internet que permitiera a cualquier persona, entre ellos el alcalde, el acceso fácil a cierta clase de información, y mucho menos a información especializada como la necesaria para evitar cometer algunas imprecisiones en el ejercicio de la administración, máxime cuando quienes estaban alrededor del disciplinado y ostentaban el título de abogados, lo asesoraban. No existía entonces motivo alguno para que el alcalde HERIBERTO URREGO CASTAÑEDA no creyera en sus asesores y mucho menos existían los medios que le permitieran confrontar estos conceptos, por ello, pese a que como lo advertí anteriormente, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, menos cuando se es servidor público, si es necesario tener en cuenta que cuando menos, en caso de que resulte probado que el hecho existió la conducta la cometió mi defendido, el grado de culpabilidad deberá degradarse al de la CULPA LEVE” (las mayúsculas son del texto).

IV. PRUEBAS DE DESCARGOS Mediante auto del 12 de mayo de 2008, la Procuraduría Provincial de Ocaña decidió abrir la investigación a pruebas y decretar las solicitadas por la defensa, por considerarlas procedentes para el proceso (folios 244 a 245).

V. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Por auto del 16 de septiembre de 2008 (fl. 317), la primera instancia dio traslado a la defensa para que alegara de conclusión, en los que expuso argumentos similares a

los formulados en los descargos y reiteró: “Ahora, en el evento en que la Procuraduría despache de manera desfavorable mi solicitud de absolución por atipicidad de la conducta, desvirtuando mis Expediente No. 046-2286-2006 7 Fallo 2ª Instancia Fernando Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co argumentos en tal sentido; solicito nuevamente, como lo hice en los descargos, que se revise la forma de culpabilidad con que se calificó el hecho pues es innegable que dadas las circunstancias probadas en el proceso, esto es, la categoría de municipio, la ausencia de cualquier clase de medios de comunicación que permita mantenerse informado y actualizado en temas jurídicos tan específicos como el que nos ocupa, el grado de escolaridad y calidades del investigado, así como el hecho cierto de que éste contaba con asesores jurídicos de cuya idoneidad no tenía porqué dudar (flo. 295, declaración de JESÚS JIMÉNES GÓMEZ), conduce indudablemente a considerar que de encontrarse típica la conducta desplegada por HERIBERTO URREGO CASTAÑEDA, el grado de culpabilidad de su actuación no puede ir más allá de la CULPA LEVE (…)” – fls. 326 a 327VI. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Mediante decisión del 14 de octubre de 2008, la Procuraduría Provincial de Ocaña

decidió el proceso en primera instancia, encontrando al disciplinado responsable del cargo endilgado, pero solamente en lo concerniente a la celebración de las ordenes de prestación de servicios del 19 de abril de 2004, 1º de abril, 1º de julio y 1º de agosto de 2005, razón por la cual resolvió imponerle como sanción principal SUSPENSIÓN del cargo y como sanción accesoria la INHABILIDAD ESPECIAL para el desempeño de funciones públicas por el TÉRMINO DE SEIS (6)MESES (fls. 329 a 345). Se fundamentó esta decisión, principalmente, en los siguientes argumentos: “Es cierto que tal y como lo dispone la ley 607 de 2000, los municipios están obligados a prestar asistencia técnica directa para los pequeños y medianos productores rurales, bien sea a través de las Unidades Técnicas de Asistencia de cada municipio o bien a través de entidades públicas, privadas o mixtas que se hayan creado para tal efecto. No asiste duda a este despacho sobre la posibilidad legal que tienen los entes territoriales de contratar para la prestación del servicio de Asistencia Técnica, pero tal posibilidad que la misma ley ofrece ha necesariamente de armonizarse con las previsiones legales de carácter general que sobre contratación mantienen vigencia. Es así que el inciso segundo del numeral 3 del artículo 32 de la ley 80 de 1993, establece que en ningún caso los contratos de prestación de servicios generan relación laboral ni prestaciones sociales. Debiendo tenerse en cuenta que precisamente una relación laboral se genera de la existencia de una situación de subordinación, que implica ausencia de autonomía para el contratista,

generándose en consecuencia las prestaciones sociales correspondientes. De lo anterior se infiere que si bien es cierto la ley autoriza la contratación de servicios, como lo indica la defensa, también lo es que ella se encuentra sometida a la citada limitante que la misma ley estableció. Para el caso que nos ocupa, es evidente que no existía autonomía por parte del contratista para desarrollar su labor y que se encontraba entonces subordinado al contratante, generándose así la relación laboral que la ley pretende evitar. Expediente No. 046-2286-2006 8 Fallo 2ª Instancia Fernando Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co Existe al plenario suficiente material probatorio que permite al despacho llegar a la anterior conclusión, como son la delegación de funciones al contratista, tal cual se hizo a través de decretos cuyas copias obran a los folios 11 a 20, actos administrativos en los que por lo demás, como se observa en su encabezamiento, se reconoce la condición de funcionario al señor Lumar Esteban Sierra Trigos. Así también las constancias de permanencia visibles a los folios 21 a 30, las autorizaciones visibles a los folios 31 a 34 y documentos visibles en la foliatura subsiguiente. El señor Jesús Jiménez Gómez, quien para la época fungiera como Secretario General, también en su declaración obrante a los folios 294 y 295, nos permite inferir esa subordinación, cundo (sic) afirma que

el señor Lumar Esteban Sierra Trigos cumplía horarios y que además en algunos casos era comisionado a otras ciudades, labores propias de un empleado de la administración. Ante tan abrumador cúmulo de pruebas, es imposible no concluir que el señor Lumar Esteban Sierra Trigos, estaba sometido a una constante subordinación para con la entidad contratante, y es precisamente que conciente de esa situación, solicitó a la administración municipal el reconocimiento y pago de las prestaciones que le correspondían, independientemente de la decisión que en ese sentido tomó el señor alcalde municipal (…) De otro lado, el objeto contratado hace que deba descartarse de plano la posición de la defensa, en cuanto a que el municipio debía cumplir con el deber de brindar asistencia técnica, pues el Señor Sierra se le contrata para dirigir la Unidad, actividad absolutamente administrativa y no de orden asistencial y técnico, y es que las actividades de las cuales hay noticia en el plenario, como desarrolladas por Sierra Trigos, son absolutamente administrativas y de manera alguna muestran una labor de asistencia. Si lo que se pretendía por el entonces alcalde del municipio Regidor era entonces dar cumplimiento a la obligación impuesta por la ley 607 de 2000, ha debido en ese orden de ideas, tal y como la misma norma se lo permitía, contratar, bien con personas naturales o bien con personas jurídicas la prestación del servicio de Asistencia Técnica, lo cual es bien diferente a lo observado con el señor Sierra. Habiéndose contratado la asistencia, bajo el supuesto de la inexistencia en la administración municipal de técnicos expertos, la dirección de estos hubiere podido ser encomendada a uno de los secretarios de despacho o bien ser

asumida de manera directa por el alcalde municipal. No puede tampoco el despacho dejar de mencionar, que habiéndose eliminado a través de acuerdo municipal el cargo de director de la Umata, y el Técnico Agropecuario como efectivamente se hizo a través del Acuerdo No. 03 del 7 de abril de 2004, carecía de sentido encomendar a una persona que asumiera la dirección de una dependencia inexistente en la estructura de la administración municipal.” Más adelante, el juzgador de primera instancia señaló: “Queda evidenciado, tal como lo arguye la doctora Ferreira, que la administración municipal contaba con un asesor, quien por obvias razones debía hacer el acompañamiento al alcalde municipal en asuntos de orden jurídico y Expediente No. 046-2286-2006 9 Fallo 2ª Instancia Fernando Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal Cra. 5ª. No. 15-80 Piso 11o. Tel. 3 360011 - 3520066 Ext.11133 www.procuraduria.gov.co quien sin lugar a dudas ha debido prevenir al mandatario acerca de la irregularidad, pero ello no puede relevar de la responsabilidad que le corresponde al titular de la administración, máxime si se tiene en cuenta que en su condición de tal, debía necesariamente saber que el cargo de director de la Umata había sido eliminado y si el señor asesor daba su visto bueno a esa contratación, por lo menos la duda debió surgir provocando la búsqueda de una segunda opinión experta. Si efectivamente se contaba con asesoría jurídica, pues así lo manifiesta el

declarante Jiménez Gómez, ya que no se halló documento alguno que lo demostrara, esta al parecer no era idónea y así ha debido notarlo el entonces alcalde, no siendo entonces suficiente el esfuerzo que haya podido hacer el hoy disciplinado para garantizar la vigencia de la legalidad en lo que al hecho investigado respecta. Tenidas en cuenta las consideraciones, el despacho mantiene la calificación que frente a la forma de culpabilidad en la conducta se efectuó en el pliego de cargos. Le asiste sí absolutamente razón a la señora apoderada, al manifestar que al señor Heriberto Urrego, no se le puede señalar responsabilidad alguna frente a la suscripción de la orden de prestación de servicios de fecha 1 de enero de 2005, por cuanto fue suscrita por la señora Ana Hortensi