PGN - FALTA DISCIPLINARIA - No se le puede endilgar a un funcionario por incumplimiento de un d

FALTA DISCIPLINARIA-No se le puede endilgar a un funcionario por incumplimiento de un deber funcional que no le ha sido asignado La conducta endilgada no constituye falta disciplinaria, en razón a que no reúne los requisitos de procedibilidad, contemplados en los artículos 4 y 23 de la Ley 734 de 2002, que precisan que el servidor público y el particular en los casos previstos en este código serán investigados y sancionados disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización, siendo falta disciplinaria la incursión en cualquiera de las conductas o comportamientos previstos en el Código que conlleve al incumplimiento de deberes. Corolario de lo anterior, la Corte Constitucional mediante sentencia C-350 de 2009, ha señalado que en materia disciplinaria, la ley debe orientarse a asegurar el cumplimiento de los deberes funcionales que le asisten al servidor público o al particular que cumple funciones públicas, pues las faltas le interesan al derecho disciplinario en cuanto interfieran en tales funciones. De allí que el derecho disciplinario valore la inobservancia de normas positivas en cuanto ella implique el quebrantamiento del deber funcional. El Despacho, considera procedente acoger los argumentos esgrimidos por el defensor de los implicados en el recurso de apelación, toda vez, que la falta disciplinaria que se le trata enrostrar no la cometió, al quedar demostrado que las funciones descritas en el Manual de Responsabilidades, no les fueron asignadas o estaban en cabeza de otras dependencias.

Dependencia PROCURADURÍA DELEGADA PARA LA

ECONOMÍA Y LA HACIENDA PÚBLICA Radicación IUS 2010 253336

Disciplinado JOSÉ IDELMAN CUBILLOS IBATA, DEICY

MARGOTH RINCÓN PATIÑO.

Cargo y Entidad Director y Profesional Universitario del COB, Cali. Quejoso Oficio Fecha Queja 12 Noviembre de 2008. Fecha hechos 2007 Asunto Fallo de Segunda instancia Bogotá D.C., 11 Julio de 2011. Originó la presente actuación, informe de auditoria realizada por la oficina de Control Interno del Banco Agrario, al seguimiento de las garantías FAG, con la finalidad de determinar las circunstancias que dieron origen a la pérdida de su reconocimiento en 11 créditos correspondientes a los clientes

ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS CAMINANTES DE LADERA ( 4

obligaciones), ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS DE JAMUNDI ( 4 obligaciones) y ASOCIACIÓN INTEGRADA DEL SUROCCIDENTE COLOMBIANO ( 3 obligaciones), por un valor de $4.283,9millones. . 1 En virtud de lo anterior, de los once créditos, las obligaciones 725069030056575 ($561.742.500.oo); 72506930056595 ($ 481.365.000); 725069030059685 ($481.365.000); 72506930056555($561.742.500) y la 7250690362263 ($ 561.442.500), las garantías que respaldaban este grupo fueron negadas en razón a que la renovación no fue solicitada a FINAGRO. Del segundo grupo, las garantías de las obligaciones 725069030059665 ($279.996.500); 72506930059625 ($195.425.500); 725069030062673

($227.996.500), FINAGRO, niega su pago por cuanto presentan “Aviso de siniestro extemporáneo”. Finalmente, las garantías de las obligaciones 725069030059655 ($ 561.442.500); 725069030064773( $175.996.500) y la 725069030064793 ($ 195.425.500, no presentan causal de pérdida, pues en el sistema registra que fueron inadmitidas, sin subsanarse.

II. ACTUACIÓN PROCESAL Con fundamento en dicho informe la Oficina de Control Interno Disciplinario, Coordinación Regional de Occidente, en la ciudad de Santiago de Cali, bajo el radicado 497-06-08, visible a folio 44 del cuaderno original 1, dispuso abrir indagación preliminar en averiguación, en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

La Oficina de Control Disciplinario Interno, Coordinación Disciplinaria, Dirección General y Regional de Bogotá, mediante auto de fecha 09 de diciembre de 2009, ordenó avocar el conocimiento de las diligencias preliminares 497-02-2008, procedentes de la Regional de Occidente, Coordinación Disciplinaria. Mediante oficio 18 de febrero de 2008, JOSÉ DE LA CRUZ ARIAS JIMÉNEZ, Coordinador de la Oficina de Control Disciplinario Interno Disciplinaria, Dirección General y Regional de Bogotá, remitió por competencia territorial las presentes diligencias, junto con sus anexos, dentro de los cuales reposan las carpetas originales de los créditos cuestionados, a la Coordinación Disciplinaria de la Regional Occidente del Banco, con sede en la ciudad de Cali, para que se continúe con la investigación respectiva. ( visible a folio 108

cuaderno original 1). La Oficina de Control Interno Disciplinario, Coordinación Regional Occidente, con sede en Cali, ordenó abrir investigación disciplinaria, contra los funcionarios JOSÉ IDELMAN CUBILLOS IBATA, Director del Centro de Operaciones Bancarias Regional Occidente, GLADYS ASTUDILLO ESPINOSA, Coordinadora de Desembolsos; DEISY MARGOT RINCÓN 2 PATIÑO, Profesional Universitario de Cartera y LUIS ALEJANDRO ROJAS, Profesional Operativo de Desembolsos, por cuanto se estableció de las pruebas arrimadas, que las obligaciones 725069030056575 ( Asociación de Desplazados Caminante de Ladera); 7250690030056595 y 725069030059685 ( Asociación de Desplazados de Jamundi); 725069030056555 y 725069030062263 ( Asociación Integrada del Sur Occidente Colombiano), las garantías fueron negadas en razón a que las obligaciones fueron reestructuradas y la renovación de las garantías no fueron solicitadas a FINAGRO. Mediante auto de fecha 18 de Junio de 2009, visible a folio 21 del cuaderno original 2, la Oficina de Control Disciplinario, Coordinación Regional de Occidente, del Banco Agrario, con sede en la ciudad de Cali, formuló cargos a: “ 1.- JOSÉ IDELMAN IBATA CUBILLOS En su condición de Director del COB Cali, desatendió su obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos que debían acreditarse, previo a la contabilización de operaciones que modificaban el plan de pagos de varias obligaciones de crédito. DEICY MARGOTH RINCON PATIÑO, debe precisarse que según el Manual de

Funciones del cargo que ocupaba, Profesional de Cartera, se encontraba obligada a tramitar los arreglos de cartera, consolidación de pasivas, prórrogas y reestructuraciones, previa verificación del cumplimiento de los requisitos y dentro de los tiempos establecidos por el Banco, a gestionar con la Gerencia de Operaciones el trámite de calificación previa de aquellas operaciones de arreglo que así lo requieran, y finalmente a coordinar la renovación de las garantías con los bancos de segundo piso generadas por los arreglos de cartera”. Mediante escrito del 6 de agosto del 2010, radicado en la Procuraduría General de la Nación, por el defensor de los investigados JOSÉ IDELMAN CUBILLOS IBATA y DEICY MARGOTH RINCON PATIÑO, solicitó a la Procuraduría Ejercer Poder Preferente, para aprehender el proceso.1 En consideración a lo anterior, con auto de fecha marzo 07 del 201, visible a folio 21 del cuaderno 4, la Viceprocuradora General de la Nación, MARTHA ISABEL CASTAÑEDA CURVELO, dispuso autorizar al Procurador Delegado para la Economía y la Hacienda Pública, por competencia, para ejercer poder preferente y para que asuma el conocimiento de la actuación procesal disciplinaria aludida.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Oficina de Control Disciplinario Interno, Coordinación Regional de Occidente, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, profirió fallo de 1 Folios del 1 al 10 cdo.4 3 primera instancia, el 16 de julio de 2010, en los términos que se transcriben

a continuación:2 Refiere que el Comité Nacional de Créditos, en sesión del 25 de enero de 2007, aprobó la prórroga, por tres meses, del pago de los intereses de las obligaciones a cargo de los clientes ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS CAMINANTES DE LADERA ( obligación No. 725069030056575 por valor de $ 561.742.000): ASOCIACIÓN DESPLAZADOS DE JAMUNDI (obligación 725069030056595 por valor de $481.365.000 y 725069030059685 por valor de $481.365.000) y ASOCIACIÓN INTEGRADA DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO ( obligación 72506930056555 por valor de $561.742.500 y 725069030062263, por valor de $ 561.442.500), con vencimiento el 29 de enero de 2007. Por haber sido apalancados las operaciones con recursos FINAGRO, según la normatividad, cualquier modificación a las condiciones originalmente pactadas debía contar con el consentimiento y aceptación de dicha entidad, so pena que las garantías perdieran validez jurídica. El Centro de Operaciones Bancarias de la Ciudad de Cali, no obstante haber contabilizado en el sistema las modificaciones aludidas y haber tramitado el diligenciamiento del “otrosí”, a los pagarés modificando las condiciones de las obligaciones, omitió exigir la calificación previa que FINAGRO debía emitir en cada uno de los casos y, además no solicitó – vía formato F-126 la renovación de las garantías. FINAGRO, por su parte, en razón a que se tipificó una de las causales de pérdida de validez de las garantías – haber modificado las condiciones del crédito sin su consentimientonegó su pago por la causal: “ EL CRÉDITO

FUE REESTRUCTURADO Y LA RENOVACIÓN DE LA GARANTÍA NO FUE

SOLICITADA A FINAGRO”.

Por estos hechos el Banco se vio perjudicado en su patrimonio por la suma de $2.627.657.000. Mediante auto de fecha 18 de junio de 2009, esa Coordinación profirió pliego de cargos contra los señores JOSÉ IDELMAN CUBILLOS IBATA y DEICY MARGOTH RINCON PATIÑO, en calidad de Director y Profesional de Cartera del Centro de Operaciones Bancarias de la ciudad de Cali. A los dos funcionarios se le acusó de haber incumplido el manual de funciones, que obligaba al primero a: “Verificar, a la hora que impartiera aprobación al desembolso de las prórrogas, que se cumplieran todos los requisitos, y a la segunda a: Gestionar el trámite de la calificación previa y coordinar la renovación de las garantías”. ( subrayado y resalte fuera de texto). 2 Obrantes a folios del 267 al 310, cdo. original 2. 4 El anterior comportamiento, se adecuó como incumplimiento al deber contemplado en el numeral 1º.del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, que obliga al servidor público a cumplir los manuales de funciones. La forma de culpabilidad atribuida en ambos casos fue la CULPA. En relación con las consideraciones adoptadas por el fallador de primera instancia, fueron del siguiente tenor: Al señor JOSÉ IDELMAN CUBILLOS IBATA, se le acusó de haber desatendido su obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos al momento de autorizar la contabilización a cargo de los clientes ASOCIACIÓN

DE DESPLAZADOS CAMINANTES DE LA LADERA, ASOCIACIÓN

DESPLAZADOS DE JAMUNDI y ASOCIACIÓN INTEGRADA DEL SUR

OCCIDENTE COLOMBIANO.

Se menciona en el fallo, que como se dejó dicho en el acápite de los hechos, el Comité Directo Nacional de Crédito, aprobó prorrogar por tres meses, el pago de los intereses en el caso de las obligaciones a cargo de los clientes ASOCIACIÓN DE DESPLAZADOS CAMINANTES DE LADERA ( obligación No. 725069030056575 por valor de $ 561.742.000): ASOCIACIÓN DESPLAZADOS DE JAMUNDI (obligación 725069030056595 por valor de $481.365.000 y 725069030059685 por valor de $481.365.000) y ASOCIACIÓN INTEGRADA DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO ( obligación 72506930056555 por valor de $561.742.500 y 725069030062263, por valor de ($ 561.442.500), con vencimiento el 29 de enero de 2007. El mismo día 29 de Enero de 2007, la documentación llegó a la Dirección del COB, para que aprobara la contabilización de las prórrogas en el sistema. Además, de las cartas de aprobación, se allegaron los “ otro sí”, a los pagarés del cada una de las obligaciones. Dentro de la documentación no se encontraban las “calificaciones previas expedidas por parte de FINAGRO. Según la normatividad, en razón a que las operaciones de los créditos de los clientes antes citados, habían sido apalancadas con recursos FINAGRO,

cualquier modificación a las condiciones iniciales en las que habían sido aprobadas requerían de calificación previa y solicitud de renovación de la garantía, emitidas por FINAGRO. La Circular 071 del 10 de junio de 2005, que se ocupó de reglamentar el tema de “administración de garantías”, en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA, visible a folio 283 del cuaderno 1, dispuso: “la renovación del certificado de garantía FAG para créditos que reestructuren y que hayan sido calificación previa, requieren aprobación previa de FINAGRO”. 5

La misma circular agrega que: “ la solicitud de la garantía se realiza simultáneamente con la presentación del formato F-126 – solicitud de redescuento y validación-, es decir, con la solicitud de redescuento a la

Dirección de Cartera de FINAGRO”. Señala, el fallador que la misma normatividad contempla que: “ la pérdida de la garantía y como consecuencia su no pago, se puede generar por el incumplimiento general o específico de las políticas y los procedimientos del reglamento operativo del FAG (…). Por lo tanto, es indispensable tener especial cuidado en los siguientes aspectos: (…) Cuando se establezca alguna modificación en las condiciones del crédito, se debe contar previamente con el consentimiento y aceptación escrita de FINAGRO”. Hay que aclarar que una calificación previa y otra la solicitud de renovación de garantía. La primera se solicita a FINAGRO, luego de aprobada la modificación ( por el ente competente en el BANCO AGRARIO DE COLOMBIA), y la segunda, se tramita una ve contabilizada la obligación en el sistema y se materializa a través del diligenciamiento del F-126. Una y otra

se erigen como mecanismos idóneos y autorizados institucionalmente para que FINAGRO imparta autorización a la modificación de las condiciones inicialmente pactadas –calificación previa – y proceda a la renovación de las garantías que respaldan las obligaciones modificadas –solicitud de renovación de garantías-. Lo que en el presente caso se pudo establecer, según las pruebas allegadas al expediente, es que las prórrogas en el plazo para el pago de los intereses de las obligaciones a cargo de los clientes ya mencionados, no fueron objeto de calificación previa por parte de FINAGRO y adicionalmente, una vez contabilizadas las operaciones en el sistema, no fue solicitada la renovación de las garantías. ( subraya fuera de texto). Es decir, que FINAGRO no autorizó la modificación a las condiciones pactadas y tampoco recibió la solicitud de renovación de las garantías. La consecuencia, fue la negativa en el pago de las garantías por la causal “ Crédito fue reestructurado ( otro sí al pagaré) y la renovación de la garantía no fue solicitada a FINAGRO”, los detalles de las diferentes actuaciones adelantadas por el Banco para el reconocimiento de las garantías, que terminara con el no reconocimiento de las mismas por parte de FINAGRO, se encuentra en el informe que presentara la Oficina de Control Interno y que aparece a folio 2 y siguientes del cuaderno original. A juicio de la Coordinación, si bien las prórrogas en el pago de los intereses de las obligaciones a las que han venido haciendo referencia habían sido aprobadas por parte del área de crédito competente – Comité Directivo Nacional de Crédito -, el trámite no era viable por cuanto la documentación

que se hizo llegar al Área de Operaciones se encontraba incompleta, pues no se contaba con la calificación previa por parte de FINAGRO. 6 Al margen de lo anterior, se advierte que el Área de Operaciones, luego de contabilizar las prórrogas en el Sistema, y a sabiendas que estaba modificado las condiciones originalmente pactadas en cada uno de los créditos, tampoco solicitó la renovación de las garantía a FINAGRO, procedimiento con el que se aseguraba la expedición de las nuevas garantías. Aclara el fallador, que el acto de aprobación impartido por el Comité Directivo Nacional de crédito en el fondo nada tuvo de irregular. La inexistencia de documentos que debían acompañar la aprobación, para el caso de calificación previa, no es asunto que pueda endilgarse a esa dependencia, toda vez, que la tramitación de los mismos ni siquiera era de su competencia. Para el suscrito funcionario, las verdaderas falencias se presentaron en el área de operaciones, pues como se dejó dicho, era la competencia para hacer el estudio de legalidad e instrumentación a la documentación que se presentaba para contabilizar en el sistema. Es de suma importancia aclarar que el solo acto de aprobación de las prórrogas no afecta la validez de las garantías. Lo que realmente afectó la validez de las garantías fue la modificación que se hizo en el sistema a los créditos si el lleno de los requisitos exigidos por la normatividad para esos casos. De acuerdo al manual de funciones del Director del Centro de Operaciones Bancarias, contempla como una de las responsabilidades específicas de este funcionario es la. “ De aprobar los trámites y las operaciones de mayor valor relacionada con

los procesos a cargo del COB previa verificación del cumplimiento de los requisitos y de acuerdo a las atribuciones asignadas”. Por otra parte, el Manual de Políticas de Crédito, Cartera y Garantías del Banco, sobre el tema precisa. “ El desembolso procederá una vez se cuente con la aprobación de la operación y cuando se tenga dispuesta la debida documentación para la instrumentación del crédito y de las garantías”, numeral 5.2. Son dos, entonces, los requisitos para efectuar un desembolso. Uno, que se cuente con la aprobación y, dos, que se acredite la debida documentación. Uno totalmente independientemente del otro. Aparece demostrado, en grado de certeza, que el señor JOSÉ EDELMAN CUBILLOS IBATA, en su condición de funcionario con competencia para aprobar la contabilización de las prórrogas, no verificó que las mismas aprobadas contaran con la debida calificación previa por parte de FINAGRO, y al mismo tiempo, no exigió que fuera solicitado a FINAGRO la renovación de las garantías de las obligaciones que había autorizado modificar en el sistema. 7 Para efectos de asegurar la permanencia y validez de las garantías, aparece de suma relevancia aplicar el procedimiento de solicitud de renovación de las garantías, pues era ese el trámite que permitía conocer la voluntad de FINAGRO, entidad que en el caso de encontrar falencia en la documentación remitida ( como la observada en el presente caso, en razón a que no se aportaban las calificaciones previas ) negaba la modificación y en tales circunstancias la contabilización era reversada, la obligación quedaba en las condicione anteriores, haciéndose procedente la instauración de las acciones

judiciales y el consecuente cobro normal de las garantías. Es por todo lo anterior, que el incumplimiento del Manual de Funciones de parte del entonces director del COB Cali, aparece como determinante de la negación de las garantías en el caso de los clientes referenciados. De igual manera, este comportamiento omisivo viola el deber de todo servidor público contemplado en el numeral 1º.del artículo 34 de la Ly 734 de 2002, que a su literal dice: “Deberes. Son deberes de todo servidor público. “1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones (…).”. Así, entonces, el primero de los requisitos para se emita un fallo sancionatorio, el de la certeza de la ocurrencia de la falta, se encuentra satisfecho. Para el fallador de primera instancia, resultó claro que el señor JOSÉ EDILMAN CUBILLOS IBATA, debe responder disciplinariamente por haber incumplido su Manual de Funciones, concretamente por no haber verificado que el trámite de contabilización de varias prórrogas cumpliera con la totalidad de los requisitos exigidos para tales fines. Al remitirnos en las cartas de aprobación que aparecen en el cuaderno anexo 1, se advierte, sin dificultad alguna, que las obligaciones eran “LINEA FINAGRO”- Prórroga -, y que la garantía era “CERTIFICADO FAG, por el 100%”. Estos documentos fueron los que tuvo a la vista el señor JOSÉ IDELMAN CUBILLOS IBATA, a efectos de impartir la autorización para que la

operación fuera debidamente contabilizada. Lo que debe dejarse sentado, previo a cualquier comentario, es que la línea bajo los cuales se habían concedidos los créditos era suficientemente clara, es más, se encontraba en letras mayúsculas, y en el centro de la carta de aprobación. Igual situación se presentaba con la garantía, la que, en el mis tipo de letra, se indicaba que era “certificado FAG”. Vale la pena agregar que la carta de aprobación estaba compuesta por un solo folio. 8 Así las cosas, el sistema y las cartas de aprobación daban plena cuenta de la calidad de los recursos con los que apalancaban los créditos de las Asociaciones DESPLAZADOS CAMINANTES DE LA LADERA, DESPLAZADOS DE JAMUNDI e INTEGRADA DEL SUR OCCIDENTE DE COLOMBIA, y el tipo de garantía que las cubría. La normatividad, que ya fue referenciada en párrafos anteriores, obligaba a que cada una de las operaciones de prórroga aludidas contara con “calificación previa”, toda vez, como ya se dijo, eran créditos asociativos diferentes a pequeños productores, que habían sido originalmente aprobados con calificación previa por parte de FINAGRO. Se concluye que ante la inexistencia de la documentación pertinente – ausencia de calificación previa – las prórrogas presentadas ante el Director del COB no debieron ser objeto de aprobación por incumplimiento de un requisito fundamental. Sin embargo, el suscrito Coordinador Fallador, es del sentir que si el entonces Director del COB, luego de revisar juiciosamente la documentación presentada para el desembolso de las prórrogas, advertía la inexistencia de

las calificaciones previas, pero aún así consideró contabilizar las operaciones, debió exigir que dicha situación fuera puesta de presente a la hora de solicita la renovación de las garantías. Lo que muestra el expediente es que el señor JOSÉ IDELMAN CUBIBLLOS IBATA, no advirtió la protuberante falencia que se presentaba en la documentación presentada para la contabilización de las prórrogas y lógicamente, ninguna advertencia hizo sobre el particular. Simple y llanamente se limitó a impartir su aprobación. Pero su comportamiento omisivo no terminó ahí, pues no obstante que las obligaciones eran garantizadas con certificados FAG, nada hizo para que luego de modificadas las condiciones originales en las que habían sido aprobadas, las garantías no perdieran validez y fueran renovadas por parte de FINAGRO. No puede pasarse por alto que el total de los créditos que se estaban garantizando con los certificados FAG alcanzaban los $2.627.657.000, lo que permitía suponer que el funcionario que daba vía libre a la contabilización de las cuantiosas operaciones actuaría con la mayor diligencia y cuidado para no exponer la vigencia de dichos documentos. El resultado de este actuar defectuoso e irreglamentario, no fue otro que la negativa en el reconocimiento de las garantías referidas por parte de FINAGRO, en razón a que el Banco había modificado, con la suscripción de otro sí a los pagarés, las condiciones iniciales de las obligaciones de crédito, sin haber solicitud previamente el consentimiento del banco de segundo piso. 9 En el anterior estado de cosas, es protuberante la falta de cuidado y negligencia de la que hizo gala el disciplinado, dejando de lado, entre otros

aspectos, la cuantía de las obligaciones de crédito que habían sido puestas a su estudio para que emitiera una autorización. En este orden de ideas, se concluye que sobre la certeza de la responsabilidad en la fala del imputado no existe la menor duda. La forma de culpabilidad atribuible es la CULPA, derivada de la falta de cuidado y diligencias evidenciadas en el comportamiento materia de estudio en el presente caso. Teniendo en cuenta que se trata de una falta calificada como grave, cometida a título de Culpa, la sanción que corresponde imponer de acuerdo con el artículo 44 del Código Disciplinario Único, es la SUSPENSIÓN. De acuerdo con el artículo 46 ibidem, la suspensión no será inferior a un mes y superior a doce meses. Ahora bien, considerando las circunstancias establecidas en el artículo 47 específicamente que se trata de un hecho con gravísimas consecuencias para el Banco, entidad de naturaleza pública, lógicamente el daño trasciende a lo social, por lo que ese Despacho, fijó la suspensión en el término de tres (3) meses. El Manual de Funciones del Profesional de Cartera (cargo que ocupaba a disciplinada), vigente para la fecha de los acontecimientos, disponía: “Tramitar los arreglos de cartera, consolidación de pasivas, prórrogas, reestructuraciones, previa verificación del cumplimientos de los requisitos dentro de los tiempos establecidos por el Banco”. “Gestionar con la gerencia de operaciones el trámite de calificación previa de aquellas operaciones de arreglo que lo requieran”. “Coordinar la renovación de las garantías con los Bancos de Segundo

Piso, generadas por los arreglos de Carteras”. De las pruebas que hacen parte del expediente, para el fallador se colige que las prórrogas ordenadas en los casos de las Asociaciones de DESPLAZADOS CAMINANTES DE LA LADERA, DESPLAZADOS DE JAMUNDI e INTEGRADA DEL SUR OCCIDENTE COLOMBIANO, y las que nos hemos referido suficientemente, no obstante, ser contabilizadas en el sistema variándose sus condiciones originales, no contaron con calificación previa y, además no fueron objeto de solicitud de renovación de las garantías. 10 Las operaciones, luego de autorizadas por parte del Director del COB, le fueron entregadas a la señora DEICY MARGOTH RINCON PAIÑO, en su condición de Profesional de Cartera del COB Cali. Se encuentra plenamente establecido en el plenario que esta funcionaria no revisó la documentación que hacía parte de las carpetas que le habían sido entregadas y, lo más grave, no desplegó absolutamente ninguna actuación para que el Banco de Segundo Piso se pronunciara respecto de la renovación de las garantías. Las irreparables consecuencias de tal forma de proceder ya se reseñaron en precedencia y por economía procesal no haremos comentario alguno sobre el tema. El comportamiento omisivo de la señora DEICY MARGOTH RINCON PATIÑO, se erige como incumplimiento a las obligaciones contempladas en su manual de funciones. Este tipo de comportamiento se erige como una desatención al deber de todo servido público contemplado en el numeral 1º.del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 . El primero de los requisitos para el proferimiento de un fallo sancionatorio

encuentra plenamente satisfecho. Establecida la existencia de una falta, incumplimiento al Manual de Funciones de la señora DEICY MARGOTH RINCON PATIÑO, la Coordinación se ocupó de analizar si ese comportamiento puede ser atribuido a la disciplinada. De la propia versión de la disciplinada DEICY MARGOTH, se colige que fue esta la funcionaria encargada de modificar en el sistema las condiciones de las obligaciones aludidas, en razón a las prórrogas aprobadas y autorizadas. Al indagarse por el cumplimiento de sus funciones, concretamente la de haber tramitado la calificación previa de las obligaciones que estaba modificando, y la de haber gestionado la renovación de las garantías que las respaldaban, solo atinó a declararse ajena a dichos procedimientos, en razón a que su función, era, según dijo, meramente operativa y se concretaba y limitaba a la modificación en el sistema de las condiciones a las que se aludía en la carta de aprobación. En las anteriores circunstancias, no puede aceptarse que una Profesional de Cartera del Centro de Operaciones Bancarias de una Regional del Banco Agrario de Colombia manifieste que su única función es la de “ digitación en el sistema”, de unas nuevas condiciones de un crédito, máxime en un evento 11 como el que aquí se analiza. Este es un argumento que no resiste el menor análisis. Recuérdese que las operaciones de las que estamos hablando sumaban $2.627.657.000. El cuidado y diligencia que se esperaba de cada uno de los funcionarios que intervinieran en el trámite eran sumamente exigentes y riguroso. El manual de funciones de la Profesional de Cartera establece como MISION

DEL CARGO la de efectuar el procedimiento de las operaciones de cartera aprobadas por los diferentes entes de crédito, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Banco para tal fin”. Fl.11 c.o.2. El expediente muestra que esta funcionaria recibió la documentación de parte del Director del COB para que procediera al procesamiento de la información en que el sisea y ella se limitó a la digitalización de las nuevas condiciones en el sistema. De la suerte que corrió en adelante el proceso, no supo dar cuenta por que argumentó no ser de su competencia. Fue tal el grado de falta de compromiso con la tarea que se le encomendaba, que no solamente no hizo lo que debía hacer, sino que no se aseguró de que otro funcionario lo hiciera por ella. El señor LUIS ALEJANDRO ROJAS VARGAS, Profesional Operativo, funcionario que según el dicho de la disciplinada era el encargado de analizar y revisar la documentación que soportaba las modificaciones que se ordenaban, fu enfático en señalar que nunca recibió la carpeta con la documentación de las Asociaciones de desplazados referidas y por tal razón ninguna gestión había adelantado sobre el particular. La pregunta que no fue resuelta dentro de la investigación fue ¡Que destino le dio la señora DEICY MARGOTH RINCON PATÑO a las prórrogas ordenadas luego de que varió sus condiciones en el Sistema? No se sabe. Lo que si se pudo establecer es que no entregó la documentación al Profesional Operativo y que no se encargó de desplegar actuación alguna para que ella o cualquier otro funcionario solicitara la renovación de las garantías de las obligaciones que había modificado.

El reproche que se hace a la disciplinada y que surge del análisis que se realizó previamente a la normatividad que rige la contabilización de prórrogas, se concreta en su actuación pasiva que le impidió exigir el cumplimiento de los requisitos previos a la contabilización de dichas operaciones que variaban significativa