PGN - FALTAS GRAVÍSIMAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - Participar en etapa precontr

FALLO ABSOLUTORIO-Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande con sede en la Guarnición Militar de Tolemaida Nilo (Cundinamarca) no desconoció principios de la contratación estatal y la función administrativa al declaratoria desierta FALTAS GRAVÍSIMAS RELACIONADAS CON LA CONTRATACIÓN PÚBLICAParticipar en etapa precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa JUICIO ORDINARIO-Adecuación del expediente disciplinario al procedimiento previsto en los artículos 225B y ss. de la Ley 1952/19 IDENTIDAD DEL INVESTIGADO E INDIVIDUALIZACIÓN FUNCIONAL Y PERSONAL-Calidad de servidor público del investigado ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS-Cumplen las formalidades exigidas y se observa que fueron decretadas y recaudadas en forma legal y oportuna PROCESO CONTRACTUAL DE SELECCIÓN ABREVIADA-Conceptos y requisitos habilitantes REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-Es el instrumento a través del cual se acredita capacidad jurídica, financiera, organizacional y de experiencia REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES-No es exigible en Procesos Contractuales de mínima cuantía JUICIO DE TIPICIDAD-Confrontación del marco normativo que regula la conducta de reproche con la valoración probatoria de los hechos objeto de investigación para determinar su ocurrencia y si se enmarcan como incumplimiento de deberes JUICIO DE TIPICIDAD-Subsunción típica para determinar si corresponderá analizar o no las siguientes categorías dogmáticas de la falta disciplinaria

FALLO ABSOLUTORIO-Se acreditó que la declaratoria de desierta de la contratación fue amparada y justificada en debida forma y acorde con la normatividad aplicable para el caso

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Fallo Primera Instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.. Calle 16 No. 6-66 Piso 15. PBX 5878750 extensión 15371/15372/15382 correo: juzgamiento2@procuraduria.gov.co. www.procuraduria.gov.co 1 Con los documentos y testimonios que se allegaron al proceso puede corroborarse que el disciplinable no incumplió con sus deberes por cuanto se constató que el día del cierre del proceso de Selección Abreviada, 02 de mayo de 2016, la Empresa MACS DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SAS, no cumplía con el requisito habilitante referido a la capacidad financiera Que en gracia de discusión si se hubiera aceptado el RUP allegado el 05 de mayo de 2016, por la empresa MACS, éste aún no se encontraba en firme, es decir que no se podía tener en cuenta a efectos de la adjudicación del contrato, lo que se traduce en que el oferente seguía estado NO HABILITADO, sin la firmeza del RUP Analizando los elementos de la falta disciplinaria contra la actuación desplegada por el investigado tenemos que se acreditó que el señor…, actuó en cumplimiento de sus deberes, acogiendo la decisión tomada por el Comité Evaluador, cuando al hacer el análisis y estudio de

las ofertas concluyó que la empresa MACS SS no cumplía con el requisito habilitante de la capacidad financiera en cuanto al nivel de endeudamiento, concluyendo que no se encontraba HABILITADA y que además realizó gestiones pertinentes para validar dicha recomendación y formarse su propio criterio en orden a garantizar que las decisiones que adoptó estuvieran plenamente justificadas como en efecto sucedió, demostrando diligencia y cuidado en su proceder Por consiguiente, al no existir conducta típica que le sea reprochable al disciplinable, por cuanto se acreditó que no incurrió en los elementos descriptivos del tipo disciplinario endilgado, procederá a ordenarse la absolución disciplinaria, sin que corresponda entrar a analizar las demás categorías dogmáticas de la falta como ilicitud sustancial y culpabilidad

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DEPENDENCIA: PROCURADURÍA DELEGADA DISCIPLINARIA DE

JUZGAMIENTO 2

RADICACIÓN: IUS E-2016-322192 / IUC D-2016-57-885289

IMPLICADO: TC ® LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ CARGO: Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Tolima con sede en Tolemaida

QUEJOSO: Aidé Calderón

FECHA QUEJA: 22-08-2016

FECHA HECHOS: 16-05-2016

ASUNTO: FALLO PRIMERA INSTANCIA

Bogotá, D.C. 27 de abril de 2023

I. ASUNTO POR TRATAR Agotado el trámite procesal, procede el Despacho a proferir decisión de primera instancia dentro de las diligencias radicadas bajo el No. IUS 2016-322192 / IUC D2016-57-885289 adelantadas contra el señor Teniente Coronel ® LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ, en su condición de Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para la época de los hechos, de conformidad con la Resolución No. 279 del 07 de septiembre de 2022 por la cual la Procuradora General de la Nación designó a esta Delegada, como funcionario especial de juzgamiento y, atendiendo lo establecido en el artículo 225F de la Ley 1952 de 2019, adicionado por el artículo 45 de la Ley 2094 de 2021.

II. ANTECEDENTES PROCESALES La señora AIDE CALDERÓN, el 22 de agosto de 2016, presentó ante la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República, queja en contra del TC ® LEONARDO LÓPEZ GUTIÉRREZ, en su calidad de Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande por presuntas irregularidades contractuales, la cual fue remitida a la Procuraduría General de la Nación mediante oficio OFI16-00077208/JMSC 110300, recibido el 31 de agosto de 2016.1

La Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares, por auto del 30 de septiembre de

2016 remitió las diligencias disciplinarias a la Procuraduría Provincial de Girardot de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 734 de 2002, referente a la aplicación del factor territorial, que por remisión hacía el artículo 198 de la Ley 836 de 2003.2 1 Folios 1-7. 2 Folios 8 y 9 cuaderno 1.

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Fallo Primera Instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.. Calle 16 No. 6-66 Piso 15. PBX 5878750 extensión 15371/15372/15382 correo: juzgamiento2@procuraduria.gov.co. www.procuraduria.gov.co 3 El 12 de diciembre de 2016, la Procuraduría Provincial de Girardot ordenó indagación preliminar en contra de servidores públicos responsables, con el grado de oficiales superiores del Ejercito Nacional adscritos a la Agencia Logística de las Fuerzas Militares Regional Tolima Grande, con sede en la Guarnición Militar de Tolemaida – Nilo Cundinamarca en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002.3 La Procuraduría Provincial de Girardot por auto del 30 de agosto de 2017 remitió el proceso disciplinario a la Procuraduría Regional de Cundinamarca atendiendo razones de competencia funcional.4 Por auto del 20 de febrero de 2018, la Procuraduría Regional de Cundinamarca ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra del señor TC ® LEONARDO

ACOSTA GUTIÉRREZ, en su condición de Director de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Tolima Grande frente al numeral 3.1. y, dispuso la terminación y en consecuencia el archivo definitivo del proceso adelantado en contra de responsables de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares – Regional Tolima, por los hechos señalados en los numerales 3.2, 3.3, 3.4. y 3.5. El numeral 3.1 se expuso de la siguiente manera: “Señala la quejosa respecto al proceso de Selección Abreviada de menor cuantía contractual 015-032 de 2016, cuyo objeto sería suministro de productos de panadería con destino a los comedores de la tropa internos, CADS y otras Unidades Militares abastecidos por la agencia logística de las fuerzas militares Regional Tolima, que el TC ® LEONARDO LÓPEZ GUTIÉRREZ, declaró arbitrariamente desierto el proceso, sin ningún argumento que justificara el hecho, negándole a la empresa MACS COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SAS, el derecho a subsanar, siendo el único proponente que cumplía. (…)”.5 La Procuraduría Regional de Cundinamarca mediante auto del 05 de abril de 2018 concedió el recurso de apelación presentado por la quejosa MARÍA AIDÉ CALDERÓN, contra la decisión de archivo del auto calendado 20 de febrero de 2018.6 Por auto del 16 de abril de 2020, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal resolvió confirmar en su integridad el auto del 20 de febrero de

2018 proferido por la Procuraduría Regional de Cundinamarca por medio del cual se ordenó la terminación del proceso sobre los hechos descritos en los numerales 3.2, 3.3, 3.4, y 3.5. del mencionado auto.7 3 Folios 12 y 13 cuaderno 1. 4 Folio 162 y 162 vto cuaderno 1. 5 Folios 170-178 cuaderno 1. 6 Folio 189. 7 Folios 195-199 cuaderno 1.

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Fallo Primera Instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.. Calle 16 No. 6-66 Piso 15. PBX 5878750 extensión 15371/15372/15382 correo: juzgamiento2@procuraduria.gov.co. www.procuraduria.gov.co 4 La Procuraduría Regional de Cundinamarca, por auto del 16 de febrero de 2022 declaró cerrada la investigación disciplinaria conforme a lo establecido en el artículo 160 A de la Ley 734 de 2002 adicionado por el artículo 53 de la Ley 1474 de 2011.8 El 06 de julio de 2022, la Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca ordenó correr traslado a los sujetos procesales para que presentaran los alegatos precalificatorios, de conformidad con el artículo 220 de la Ley 1952 de 2019.9 Mediante auto del 26 de julio de 2022, la Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca formuló pliego de cargos contra el Teniente Coronel en retiro

LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 0000000000 en calidad de Director de la Regional Tolima Grande Código 1-3 Grado 11 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con sede en la Base Militar de Tolemaida, para la época de los hechos, el cual quedó expuesto de la siguiente manera: “Cargo Único: El Teniente Coronel en retiro Leonardo Acosta Gutiérrez, en calidad de Director de la Regional Tolima Grande de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, para la época de los hechos, presuntamente incurrió en la falta gravísima consagrada en el numeral 3º del artículo 54 de la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, consistente en participar en la etapa precontractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la Ley, al declarar desierto el proceso de solicitud pública de oferta de selección abreviada de menor cuantía No. 015-0322016, el 16 de mayo de 2016, sin ningún argumento que lo justificara, negándole a la empresa Macs Comercializadora y Distribuidora SAS, el derecho a que le fuera adjudicado el citado proceso de solicitud pública por ser el único proponente que cumplía con los requisitos exigidos, al no tener en cuenta que el Comité Financiero había reevaluado el 3 de junio de 2016 a las firmas participantes encontrando que la capacidad de endeudamiento de la firma Macs Comercializadora y Distribuidora SAS,

era del 38%, conceptuando en consecuencia que lo acreditaba por el factor económico como cumplidor de los requisitos financieros establecidos en los pliegos de condiciones.” La falta disciplinaria endilgada al investigado se calificó provisionalmente como GRAVÍSIMA a título de DOLO.10 8 Folios 207 y 208 cuaderno 1. 9 Folios 211-213 cuaderno 1. 10 Folios 217-228 Cuaderno 1.

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Fallo Primera Instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.. Calle 16 No. 6-66 Piso 15. PBX 5878750 extensión 15371/15372/15382 correo: juzgamiento2@procuraduria.gov.co. www.procuraduria.gov.co 5 Mediante oficio No. 48518 del 05 de septiembre de 2022, la Procuraduría Regional de Cundinamarca solicitó a la Dirección Nacional de Defensoría Pública se designara defensor público para que representara al investigado Teniente Coronel en retiro LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ, en calidad de Director de la Regional Tolima Grande Código 1-3 Grado 11 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con sede en la Base Militar de Tolemaida, con fundamento en el artículo 70 de la Ley 2094 de 2021.11 La Defensoría Regional de Cundinamarca mediante oficio con radicado 20220060154068641 del 12 de octubre de 2022, informó a la Procuraduría Regional de Cundinamarca que al Teniente Coronel en retiro LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ,

en calidad de Director de la Regional Tolima Grande Código 1-3 Grado 11 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con sede en la Base Militar de Tolemaida, se le había asignado el defensor público LUÍS FERNANDO URIBE URIBE del programa administrativo.12 Posteriormente, la Defensoría Regional Bogotá de la Defensoría del Pueblo mediante oficio con radicado 20220060054154991 del 18 de octubre de 2022 informó que al Teniente Coronel en retiro LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ, en calidad de Director de la Regional Tolima Grande Código 1-3 Grado 11 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con sede en la Base Militar de Tolemaida, se le había asignado el defensor público DIEGO ALEJANDRO PÉREZ PARRA del programa de Derecho Administrativo de esa Regional, al cual se le reconoció personería para que asumiera la defensa por auto del 02 de octubre de 2022.13 La decisión de cargos fue notificada personalmente, el 24 de noviembre de 2022, al doctor DIEGO ALEJANDRO PÉREZ PARRA, defensor de oficio del disciplinado señor

TC ® LEONARDO ACOSTA GUTIERREZ.14

Mediante oficio No. 1917 del 05 de septiembre de 2022, la Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca, con fundamento en el artículo 70 de la Ley 2094 de 2021, solicitó a la Dirección Nacional de Defensoría Pública la designación de un defensor público para que representara al investigado Teniente Coronel ® LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ, en calidad de Director de la Regional Tolima Grande Código 13 Grado 11 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con sede en la Base Militar de Tolemaida, dentro del presente proceso disciplinario, lo anterior teniendo en cuenta, que el implicado pese a haber sido citado no ha sido ubicado, y por ende, es una persona ausente dentro del proceso y sin apoderado.15 11 Folio 231 cuaderno 1. 12 Folios 237 y 240 cuaderno 1. 13 Folios 243-245 cuaderno 1. 14 Folio 247 cuaderno 1. 15 Folio 231 cuaderno 1.

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Fallo Primera Instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.. Calle 16 No. 6-66 Piso 15. PBX 5878750 extensión 15371/15372/15382 correo: juzgamiento2@procuraduria.gov.co. www.procuraduria.gov.co 6 La Defensoría Regional de Cundinamarca a través del oficio con radicado No. 20220060154068641, fecha: 2022-10-12, informó a la Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca, que al Teniente Coronel ® LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ, en calidad de Director de la Regional Tolima Grande Código 1-3 Grado 11 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con sede en la Base Militar de Tolemaida, se le había asignado al defensor público LUÍS FERNANDO URIBE URIBE, del programa administrativo.16 La Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca, por auto del 20 de octubre

de 2022 procedió a reconocerle personería al defensor público LUIS FERNANDO URIBE URIBE, para que asumiera la defensa del investigado Teniente Coronel ®

LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ. 17

El doctor Luís Fernando Uribe, Defensor Público, mediante correo electrónico del 24 de octubre de 2022, informa a la Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca, que por error le fue asignado el proceso disciplinario, debido a que por jurisdicción no puede asumir la defensa, indicando que se reasignara a un defensor en Bogotá.18 Mediante oficio No. 2034 del 25 de octubre de 2022, nuevamente, la Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca, con fundamento en el artículo 70 de la Ley 2094 de 2021, solicitó a la Dirección Nacional de Defensoría Pública la designación de un defensor público para que representara al investigado Teniente Coronel ® LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ, en calidad de Director de la Regional Tolima Grande Código 1-3 Grado 11 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con sede en la Base Militar de Tolemaida, dentro del presente proceso disciplinario, lo anterior teniendo en cuenta, el correo electrónico enviado por el defensor público LUÍS

FERNANDO URIBE URIBE.19

El señor JOSÉ HECTOR BARRAGAN ADAME, Profesional Administración y Gestión de la Defensoría Regional Bogotá, a través del oficio con radicado No. 20220060054154991, fecha: 2022-10-18, informó a la Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca, que al Teniente Coronel ® LEONARDO ACOSTA

GUTIÉRREZ, en calidad de Director de la Regional Tolima Grande Código 1-3 Grado 11 de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares con sede en la Base Militar de Tolemaida, se le había asignado al defensor público DIEGO ALEJANDRO PÉREZ PARRA, del programa de Derecho Administrativo.20 16 Folio 237 cuaderno 1. 17 Folio 240 cuaderno 1. 18 Folio 241 cuaderno 1. 19 Folio 242 Cuaderno 1. 20 Folios 243 y 244 cuaderno 1.

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Fallo Primera Instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.. Calle 16 No. 6-66 Piso 15. PBX 5878750 extensión 15371/15372/15382 correo: juzgamiento2@procuraduria.gov.co. www.procuraduria.gov.co 7 La Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca, por auto del 02 de noviembre de 2022, procedió a reconocerle personería al defensor público DIEGO ALEJANDRO PÉREZ PARRA, para que asumiera la defensa del investigado Teniente Coronel ® LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ,21al cual se le notificó de manera personal el auto No. 1030 del 26 de julio de 2022 mediante el cual se ordenó formular pliego de cargos, y autorizó ser notificado por correo electrónico de posteriores decisiones.22 Es importante indicar que la Procuradora General de la Nación expidió la Resolución No. 279 del 07 de septiembre de 2022, designando a la Procuraduría Delegada de

Juzgamiento 2, como funcionario especial de juzgamiento sobre el proceso disciplinario con radicado IUS 2016-322192 IUC D-20163-57-885289 23, razón por la cual la Procuraduría Regional de Instrucción de Cundinamarca remitió por competencia las diligencias mediante auto del 09 de septiembre de 2022 24, expediente allegado a esta Delegada el 30 de noviembre de 2022. 25 Esta Delegada, por auto del 12 de diciembre de 2022 resolvió adecuar el expediente disciplinario al procedimiento del juicio ordinario previsto en los artículos 225B y ss. de la Ley 1952 de 2019, ordenando correr traslado común por el término de quince (15) días a los sujetos procesales para que presentaran descargos, aportaran o solicitaran pruebas.26 El doctor GUSTAVO ADOLGO GIL SÁNCHEZ, en calidad de apoderado judicial del señor TC. LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ, a través de correo electrónico del 03 de enero de 2023, allegó contestación al pliego de cargos y poder especial otorgado por el disciplinado para que ejerciera su defensa.27 Este Despacho por auto del 03 de marzo de 2023 resolvió relevar del cargo al doctor DIEGO ALEJANDRO PÉREZ PARRA, Defensor Público de la Defensoría del Pueblo, quien había sido designado como defensor del oficio del señor LEONARDO ACOSTA GUTIÉRREZ; le reconoció personería jurídica al doctor GUSTAVO ADOLFO GIL SÁNCHEZ, para que actuara como apoderado del señor LEONARDO ACOSTA

GUTIÉRREZ, en los términos del poder conferido; y ordenó las pruebas testimoniales solicitadas por el apoderado del disciplinado en su escrito de descargos.28 La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2, por auto del 13 de marzo de 2023, ordenó correr traslado a los sujetos procesales por el término común de diez (10) 21 Folio 245 cuaderno 1. 22 Folio 249 cuaderno 1. 23 Folios 2 y 3 Cuaderno 2 24 Folios 226-228 cuaderno 1 25 Folio 1 cuaderno 2. 26 Folios 23-25 cuaderno 2. 27 Folios 59-73 cuaderno 2. 28 Folios 74-81 cuaderno 2.

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Fallo Primera Instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.. Calle 16 No. 6-66 Piso 15. PBX 5878750 extensión 15371/15372/15382 correo: juzgamiento2@procuraduria.gov.co. www.procuraduria.gov.co 8 días hábiles para que presentaran alegatos de conclusión, de conformidad con lo estipulado en el artículo 225E adicionado por el artículo 44 de la Ley 2094 de 2021.29

III. SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS EN LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A PARTIR DEL 17 DE MARZO DE 2020 Y HASTA EL 25 DE MAYO DE 2020

En virtud de la emergencia económica, social y ecológica declarada con ocasión de la pandemia generada por el virus COVID-19, la Procuraduría General de la Nación suspendió los términos de sus actuaciones disciplinarias desde entre el 17 de marzo y el 25 de mayo de 2020 (70 días calendario), determinaciones que fueron contenidas en las resoluciones que a continuación se relacionan y, por las cuales, los términos de prescripción y caducidad de los procesos disciplinarios deben calcular y/o computar los setenta (70) días calendario antes citados, en virtud los siguientes actos administrativos, normas y decisiones judiciales: - Resolución No. 128 del 16 de marzo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “SUSPENDER TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, a partir del martes diecisiete (17) de marzo dos mil veinte (2020) hasta el martes treinta y uno (31) de marzo de dos mil veinte (2020)”. - Resolución No. 136 del 24 de marzo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación hasta el viernes tres (3) de abril dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 148 del 3 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría

General de la Nación, hasta el viernes diecisiete (17) de abril dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 173 del 17 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el viernes veinticuatro (24) de abril dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 184 del 24 de abril de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación, por la cual dispuso “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría 29 Folios 136-139 cuaderno 2

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Fallo Primera Instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.. Calle 16 No. 6-66 Piso 15. PBX 5878750 extensión 15371/15372/15382 correo: juzgamiento2@procuraduria.gov.co. www.procuraduria.gov.co 9 General de la Nación, hasta el lunes once (11) de mayo dos mil veinte (2020) inclusive.” - Resolución No. 204 del 8 de mayo de 2020, expedida por el Procurador General de la Nación por la cual ordenó “PRORROGAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS en todas las actuaciones disciplinarias a cargo de la Procuraduría General de la Nación, hasta el lunes veinticinco (25) de mayo dos mil veinte (2020)

inclusive.” - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, expedido el Presidente de la República, por medio del cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, con ocasión de la pandemia por el virus COVID-19. - Decreto No. 491 del 28 de marzo 2020, expedido por el Presidente de la República y “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la prevención laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, en cuyo artículo 6° estableció la “Suspensión de términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa”. - Sentencia C-242-20 del 9 de julio de 2020, por medio de la cual la Corte Constitucional con ponencia de los Magistrados Ponentes Dr. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Dra. Cristina Pardo Schlesinger, declaró EXEQUIBLE el artículo., salvo el parágrafo 1 que declara INEXEQUIBLE y el parágrafo 2 que declara CONDICIONALMENTE exequible, “bajo el entendido de que cuando la suspensión de términos implique la inaplicación de una norma que contemple una sanción moratoria, las autoridades deberán indexar el valor de la acreencia mientras opere la misma”, en los siguientes términos: “6.144. Ahora, para verificar la conformidad con la Constitución de la habilitación a las autoridades de suspender los términos de las actuaciones administrativas y

jurisdiccionales en sede administrativa contemplada en el artículo 6°, la Corte precisa que la satisfacción de los principios superiores de celeridad y seguridad jurídica y la salvaguarda del derecho fundamental al debido proceso, implican que en las normas generales y abstractas se fijen, de manera ex ante, los plazos que tendrán los operadores para adelantar las diferentes actuaciones a su cargo. 6.145. En consecuencia, las normas procedimentales deben impedir que los términos para adelantar las actuaciones puedan ser determinados, de forma ex post, por los operadores jurídicos, por lo que la habilitación de suspensión de términos contemplada en la norma examinada, en principio, tiene el potencial de afectar los referidos principios y, por ello, podría ser contraría a la Constitución.

IUS E-2016-322192 IUC D-2016-57-885289

Fallo Primera Instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.. Calle 16 No. 6-66 Piso 15. PBX 5878750 extensión 15371/15372/15382 correo: juzgamiento2@procuraduria.gov.co. www.procuraduria.gov.co 10 6.146. Sin embargo, esta Sala advierte que, excepcionalmente, la autoridad ordenadora puede definir situaciones específicas en las cuales, a fin de satisfacer un principio constitucional, se autoriza al operador competente para que pueda suspender los plazos fijados en la ley, por ejemplo, cuando se requiera de la práctica de un conjunto de pruebas para poder adoptar una decisión conforme a derecho o exista una fuerza mayor para adelantar las diligencias.

6.147. Con todo, este Tribunal advierte que dada la eventual lesividad de dicha habilitación para los principios de celeridad y seguridad jurídica, la consagración de tal facultad debe ser excepcional y atender al principio de proporcionalidad. 6.148. En esta ocasión, esta Corporación evidencia que la autorización de suspensión de términos contemplada en el artículo 6° del Decreto 491 de 2020 supera la mencionada exigencia de proporcionalidad, porque persigue una finalidad legítima desde una perspectiva constitucional, como lo es superar de forma racional las afectaciones causadas al desarrollo de las distintas actividades a cargo de las autoridades debido a las restricciones implementadas para enfrentar la pandemia originada por el coronavirus COVID-19 y, en este sentido, cumplir con el mandato superior de prestar los servicios de forma adecuada, continua y efectiva. 6.149. En este sentido, la Corte estima que la posibilidad de suspender los términos por parte de las autoridades también debe entenderse como una habilitación otorgada a la administración para asegurar el derecho al debido proceso de los ciudadanos, pues la misma debe ser utilizada cuando se advierta que la continuación de una actuación en medio de la pandemia puede derivar en escenarios de arbitrariedad por desconocimiento de las garantías que conforman dicha prerrogativa, como ocurriría si una persona manifiesta que no puede hacer uso de su derecho agotar los recursos debido a que no cuenta con el acceso a la documentación necesaria ante las limitaciones sanitarias. 6.150. Asimismo, este Tribunal evidencia que la habilitación para la suspensión de términos es una medida adecuada para cumplir dicha finalidad, puesto que le otorga

la posibilidad de interrumpir algunos procesos a las autoridades a fin de que puedan retomar de forma organizada sus actividades teniendo en cuenta: (i) los cambios que deben realizar para implementar el paradigma de virtualidad en sus actuaciones y garantizar que los mismos no se conviertan en una barrera de acceso para los ciudadanos; y (ii) la dificultad logística y técnica que puede implicar en algunos eventos adelantar ciertos procedimientos o actuaciones de forma remota o sin la presencia de los usuarios y los funcionarios en las sedes de las entidades. 6.151. Igualmente, esta Corte considera que la referida medida es necesaria, puesto que para las autoridades del Estado es imposible materialmente realizar durante la emergencia sanitaria sus actuaciones con la misma celeridad con la que las desarrollaban en las condiciones previas ordinarias debido a las restricciones a la presencialidad implementadas por razones sanitarias.

IUS E-2016-322192 IUC D-2016-57-885289

Fallo Primera Instancia absolutorio Procuraduría Delegada Disciplinaria de Juzgamiento 2.. Calle 16 No. 6-66 Piso 15. PBX 5878750 extensión 15371/15372/15382 correo: juzgamiento2@procuraduria.gov.co. www.procuraduria.gov.co 11 6.152. En efecto, la implementación de directrices como el aislamiento preventivo obligatorio, el distanciamiento social, la prohibición de aglomeraciones, las restricciones para ejecutar ciertas actividades que lleven consigo el contacto personal, entre otras, impiden que las autoridades puedan hacer uso de la infraestructura física que tienen dispuesta para atender a los usuarios de f