PGN - FISCALIA GENERAL DE LA NACION - Funciones de investigación

Bogotá, D.C., enero 28 de 2003 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref: Demanda de inconstitucionalidad del artículo 243 de la Ley 600 de

2000 –Código de Procedimiento PenalActor: JUAN GUILLERMO JIMÉNEZ MORENO

Magistrado Sustanciador: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA

Expediente No. D-4347 Concepto No. 3132 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2 y 278, numeral 5 de la Ley Fundamental, procedo a rendir concepto en relación con la demanda instaurada ante esa Corporación por el ciudadano JUAN GUILLERMO JIMENEZ MORENO, quien en ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40, numeral 6 y 242, numeral 1 de la Constitución Política, ha solicitado a la Corte que declare la inconstitucionalidad del vocablo “preparación” y de la expresión “impedir la ejecución o consumación de conductas punibles”, contenidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal.

1. Planteamientos de la demanda Según el ciudadano Jiménez Moreno, la norma demandada parcialmente, vulnera el inciso 1º del artículo 250 y el inciso 2º del artículo 218 de la Carta Política por las siguientes razones: 1.1. Respecto del artículo 250 inciso 1º de la Constitución, el actor sostiene que es vulnerado por las expresiones acusadas porque conforme a la norma supralegal, la intervención de la Fiscalía General de la Nación se restringe a la investigación y acusación de hechos punibles tentados o consumados, sin

2 que pueda éste órgano intervenir ante la presencia de conductas meramente preparatorias que generen sólo una sospecha. 1.2. En cuanto al artículo 218 de la Carta, encuentra el demandante que la Policía Nacional es quien tiene la función de impedir la ejecución o consumación de conductas punibles, sin que pueda el ente acusatorio entrometerse en esa función.

2. Problema jurídico Corresponde al Ministerio Público establecer, si la función de la Fiscalía se restringe exclusivamente a la investigación y acusación de delitos consumados y, en el mismo orden, si vulnera la Carta Política que el precepto acusado le otorgue la facultad al Fiscal General o a su delegado para que ordene a los funcionarios judiciales y de policía judicial el seguimiento pasivo sobre actividades sospechosas de preparación de hechos punibles con el fin de evitar la lesión de bienes jurídicos tutelados por el

Estado. Al respecto, el Procurador General de la Nación ha de conceptuar lo siguiente:

3. No contraría la Constitución que el Fiscal General de la Nación o su delegado ordene el seguimiento pasivo de actividades sospechosas de preparación de hechos punibles en aras de asegurar pruebas que tiendan a impedir su ejecución o consumación 3.1. El artículo 2º de la Carta Política prevé que “son fines esenciales del Estado: promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución… y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”. Así mismo dicho artículo dispone la misión de las autoridades de la siguiente forma: “Las autoridades

de la república están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 3 libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Por su parte, el inciso 1º del artículo 250 de la Constitución, establece que a la Fiscalía General de la Nación le corresponde investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. El numeral 3º del artículo 250 de la Carta Política establece como función de la Fiscalía General de la Nación la de dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la policía nacional y los demás organismos que señale la ley y el artículo 251 numeral 4º del Texto Supralegal, consagra como una función especial del Fiscal General, otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir misiones de policía judicial, bajo la responsabilidad y dependencia funcional del órgano acusador. 3.2. Conforme con la anterior reseña supralegal, encuentra el Despacho que la labor investigativa de la Fiscalía no se dirige únicamente a hechos punibles tentados o consumados sino que como lo establecen las expresiones acusadas, dicha Entidad puede realizar el seguimiento de conductas que sin haber culminado la fase final del iter criminis tengan la potencialidad de vulnerar bienes jurídicos, pues la función de investigación conlleva implícitamente la recolección de medios probatorios que permitan establecer la existencia de actividades encaminadas a preparar un hecho punible, disponiendo de los medios, instrumentos y circunstancias para su ejecución.

Es que no puede olvidarse que la actividad del Estado no solo debe estar dirigida a sancionar conductas que lesionen bienes jurídicos, sino a prevenir dichas lesiones vigilando aquellas conductas que pongan en peligro los derechos y libertades de los asociados. Así mismo, la labor de inteligencia es consustancial con la de investigación pues su finalidad es, como lo expresó la Corte Constitucional en sentencia T444 de 1992, “la de detectar y realizar el seguimiento de conductas 4 determinadas en la ley como punibles y prestar apoyo en la labor de investigación a la Rama Judicial del poder público”. Así las cosas, tenemos que de la recolección de información depende la acción eficaz del Estado frente a conductas delictivas, información que sin lugar a duda, debe obtenerse respetando los derechos fundamentales de los sujetos pasivos del respectivo seguimiento. 3.3. En el mismo sentido, debe advertir el Despacho que no puede concebirse, como lo hace el actor, una noción tan inflexible en lo que a las fases de iter criminis se refiere, pues por las condiciones de violencia y criminalidad del país, el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, ha previsto como punibles conductas preparatorias, verbigracia, el concierto para delinquir y que la Corte Constitucional ha encontrado ajustadas a la Carta Política. Adicionalmente, no sobra advertir la diferencia que existe entre “las medidas de aseguramiento de pruebas” y “las medidas de aseguramiento” susceptibles de ser impuestas a quienes han sido vinculados formalmente a una investigación penal por la efectiva comisión de un hecho punible o su tentativa. Así, mientras las primeras buscan exclusivamente la recolección de

información que permita detectar la presencia de actividades criminales así sea en su fase de preparación, las segundas, solo pueden imponerse como consecuencia de la ejecución o consumación efectiva de hechos tipificados en la ley penal y una vez el presunto infractor haya sido vinculado a una investigación formal. 3.4. Ahora bien, la regla general de competencia para la función de policía judicial está asignada constitucionalmente a la Fiscalía General de la Nación. Por esta razón, salvo los casos expresamente consagrados en la Carta (v. gr. la Procuraduría General de la Nación), la Fiscalía tiene la dirección de todos los cuerpos de policía judicial del país. En desarrollo de esta cláusula 5 general, la Fiscalía está organizada jerárquicamente, y el ente público, cuando ejerce la actividad de policía, debe actuar con subordinación al Fiscal General de la Nación o a sus agentes (Jaime Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre Lynett, “El Proceso Penal”, Universidad Externado de Colombia). 3.5. En ese orden, se puede concluir que la Fiscalía General de la Nación, en su carácter de organismo investigativo por excelencia, bien puede ordenar labores de inteligencia con el fin de recolectar la información necesaria acerca de conductas sospechosas, con el fin de prevenir la ejecución o consumación de hechos tipificados en la ley penal.

4. Conclusión En mérito de lo expuesto, el Procurador General solicita a esa Corporación declarar la EXEQUIBILIDAD del vocablo “preparación” y de la expresión “impedir la ejecución o consumación de conductas punibles”, contenidos en el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal.

Señores Magistrados,

EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN

Procurador General de la Nación AAJJ/M.Ruiz/ncdm