PGN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES DEL MAGISTERIO - Del régimen de auxilio de cesantías de lo

CESANTIAS DEFINITIVAS-Nulidad resolución Fondo Nacional del Magisterio que reconoce bajo el régimen de anualidad desconociendo tiempo laborado FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO-Del régimen de auxilio de cesantías de los docentes. RELIQUIDACION Y PAGO DE CESANTIAS CON RETROACTIVIDAD-Derecho al reconocimiento de cesantías de los docentes Actor: Inés Guerrero de Ortiz Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio E2019-337355 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 2

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Concepto N° 135 E2019-337355 Bogotá, D. C., julio 3 de 2019 Doctora

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CONSEJERA PONENTE

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

H. CONSEJO DE ESTADO

E S. D.

REF: 52001233300020170066101

No. Interno: 0410-2019

ACTOR: Inés Guerrero de Ortiz

DEMANDADO: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ASUNTO: Apelación Sentencia –Ley 1437 ___________________________________________________

I. ANTECEDENTES La señora Inés González de Guerrero, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, a través de apoderado, solicitó la nulidad de la

Resolución N° 1397 del 5 de julio de 2017, por medio de la cual, la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio, reconoce una cesantía definitiva bajo el régimen de anualidad, desconociendo la totalidad del tiempo laborado por la actora. A título de restablecimiento, solicitó que se ordene a la Nación-Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que a través de la Secretaría Actor: Inés Guerrero de Ortiz Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio E2019-337355 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 3 de Educación del Departamento de Nariño, liquide, reconozca y pague las cesantías definitivas a la accionante, teniendo en cuenta la totalidad del tiempo laborado, considerando la fecha de vinculación de la docente, cambiando el régimen aplicable para el cálculo de esta prestación retroactividad. En consecuencia, ordenar, reconocer y pagar a la actora el valor total de las cesantías definitivas, descontando únicamente los valores ya pagados por concepto de anticipo. 1.1 HECHOS Refirió el escrito de demanda que: La demandante laboró al servicio de la educación del Departamento de Nariño, sin ninguna interrupción desde el 15 de septiembre de 1979, inicialmente como docente territorial en el municipio de Mosquera, pasando a cargo de la Secretaría de Educación del Departamento

para el año 1993. Durante su vida laboral, solicitó en una oportunidad el anticipo de cesantías, reconocido mediante Resolución 440 del 14 de abril de 2011, bajo el régimen de anualidad, por valor de $ 8.714.423. El 31 de octubre de 2016, fue retirada del servicio docente, mediante Resolución 2140, por lo que solicitó el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, anexando todos los requisitos para su procedencia. Como respuesta a su petición, la hoy demandante recibió el pago de sus cesantías, a partir de 1993, bajo el régimen de anualidad, desconociendo de manera directa la totalidad de tiempo que laboró, sin explicación alguna, pues jamás rompió su relación laboral, y no existe ningún argumento para que se le desconozca un derecho adquirido, menos se puede aceptar la recomendación de la Fiduprevisora al imponer una fecha de vinculación, inexistente, pues esta es diferente a la fecha de afiliación, que por razones evidentes no puede coincidir, pues para el año 1979, el FOMAG no existía.

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interrupción del servicio, y mucho menos para el año 1993, que aparentemente es la fecha en la cual se afilia al FOMAG. 1.2 NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN La apoderada de la accionante sostuvo que con la expedición de los actos demandados, resultaron conculcados los artículos 2, 48, 53 y 58 de la Constitución Política; las Leyes 6ª de 1945, 65 de 1946, 60 de 1993, 91 de 1989; los Decretos 1160 de 1947, 196 de 1995, y los Acuerdos del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del 3 de marzo de 1993, 11 de enero de 1995, 29 de noviembre de 1995, 26 de junio de 1996, entre otros. Después de transcribir parcialmente las normas que consideró vulneradas, así como el concepto 820 del 22 de mayo de 1996 de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y de extractos de jurisprudencias relacionados con la liquidación de las cesantías de los docentes, expresó que su representada es una docente de carácter territorial y solo hasta el año 1995, a dicho personal se le permitió la afiliación al FOMAG, con la condición de respetar en todo caso el régimen prestacional del que venían gozando. Advirtió que las autoridades que expidieron los actos acusados, desconocen intrínsecamente las garantías mínimas de los docentes territoriales nombrados por el Departamento de Nariño, desconociendo su derecho a la retroactividad de las

cesantías, así como la vulneración del precedente judicial establecido por el Consejo de Estado (fls. 4-17).

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1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE

EDUCACION NACIONAL-FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO La Nación-Ministerio de Educación-Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio no contestó la demanda (fl. 56). 1.4. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Nariño, mediante sentencia del 22 de agosto de 2018, declaró la nulidad de la Resolución N° 1397 del 5 de julio de 2017, expedida por la NaciónMinisterio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a título de restablecimiento del derecho ordenó a las entidades accionadas reliquidar y pagar a la parte actora, un auxilio de cesantías durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 1979 y el 31 de octubre de 2016, equivalente a un mes de salario por cada año de servicios o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario a la fecha de la solicitud sino ha sido modificado en los últimos tres meses. Precisó el a quo que la demandada descontará las sumas pagadas a la accionante por

este concepto, pudiendo repetir contra la respectiva entidad territorial respectiva por las diferencias económicas causadas. Condenó en costas a la parte demandada. El Tribunal, después de revisar el régimen legal de las cesantías y su aplicación a los docentes, precisó, en cuanto a la retroactividad de las cesantías, que a la accionante le asiste tal derecho, teniendo en cuenta que estuvo vinculada desde el 15 de septiembre de 1979 en la Escuela Rural Mixta Chimbucero, municipio de Mosquera, seguidamente se acreditan otras vinculaciones con escuelas de dicho municipio hasta el 28 de febrero de 1993, y entre el 1 de marzo de 1993 y el 31 de octubre de 2016, prestando sus servicios de manera ininterrumpida.

Actor: Inés Guerrero de Ortiz Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

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previsión que hagan sus veces, por lo que el cumplimiento o no de las obligaciones del municipio de Mosquera frente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no puede afectar el derecho de la demandante, puesto que resulta claro que su entidad de seguridad social es el citado Fondo y no el municipio (fls. 96-106). 1.5 RECURSO DE APELACIÓN El apoderado de la Nación-Ministerio de Educación-Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Fiduprevisora S.A. interpuso recurso de alzada contra el fallo de primera instancia, en el que señaló que a la accionante no le asiste el derecho al pago retroactivo de sus cesantías, puesto que fue nombrada con posterioridad al 1° de enero de 1990, evento en el cual la Ley 91 de 1989 establece el régimen de liquidación anual de cesantías, con el pago de intereses anuales. Indicó que la demandante fue afiliada al FOMAG después de enero de 1990, por lo que sus cesantías son anualizadas y no retroactivas (fls. 107-108).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO La controversia jurídica en el sub lite radica en establecer, si a la actora le asiste el derecho al reconocimiento de sus cesantías definitivas, bajo el régimen de retroactividad o si estas son anualizadas.

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7 2. 1. De la retroactividad de las cesantías. Para resolver la controversia planteada es necesario revisar la Ley 91 de 1989, mediante la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y determinó sus competencias frente a la Nación y a las entidades territoriales, en la que en su parte pertinente reza: "ARTÍCULO 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del

Gobierno Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO - Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad." "ARTÍCULO 2. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

1. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, así como los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y el Fondo

Nacional del Ahorro y en consecuencia seguirán siendo pagadas por dichas entidades, o las que hicieren sus veces.

2. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de diciembre de 1975, así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal y, en consecuencia, seguirán siendo pagadas por dichas entidades.

3. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas en el período correspondiente al proceso de nacionalización (1 de enero de 1976 a 31 de diciembre de 1980), así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades territoriales o de las cajas de previsión, o de las entidades que hicieren sus veces. La Nación pagará, pero estas entidades contribuirán, por este período, con los aportes de ley, para la cancelación de las prestaciones sociales en los mismos porcentajes definidos en el artículo 3 de la Ley 43 de 1975.

4. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas y no pagadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 1981 y la fecha de promulgación de la presente Ley, serán reconocidas y pagadas por las Actor: Inés Guerrero de Ortiz Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

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8 respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal. Pero para atender los respectivos pagos, la Nación tendrá que hacer los aportes correspondientes, tomando en consideración el valor total de la deuda que se liquide a su favor, con fundamento en los convenios que para el efecto haya suscrito o suscriba ésta con las entidades territoriales y las cajas de previsión social o las entidades que hicieren sus veces.

5. Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales. la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.

PARÁGRAFO. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia la Ley 43 de 1975”. En el artículo 3°, creó el FOMAG en los siguientes términos: "ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para el debido cumplimiento de la presente Ley y fijará la Comisión que, en desarrollo del mismo, deberá cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el Ministro de Educación Nacional. El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad". (…) "ARTÍCULO 15.- A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: 1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional.

Actor: Inés Guerrero de Ortiz Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

E2019-337355 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 9 Decretos 3135 de 1968. 1848 de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley"16. En lo relativo a las cesantías del personal docente, el numeral 3° del artículo señalado, previó la siguiente disposición: "3.- Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con_ certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido _la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal

nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional". (Subrayas extra texto). De acuerdo con lo precedente, es claro que el artículo 15, numeral 3, de la Ley 91 de 1989, previó que el FOMAG pagará a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no se ha modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario, sobre el salario promedio del último mes. De igual manera, estipuló que los docentes que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1º de enero de 1990, el citado Fondo reconocerá y pagará un interés anual sobre el saldo de estas cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera), haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período.

Actor: Inés Guerrero de Ortiz Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

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10 Así mismo, la citada ley regula 2 situaciones atendiendo la naturaleza y el momento en que se efectuó la vinculación de los docentes: i) Docentes nacionalizados, antes territoriales, vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrán el régimen retroactivo que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes. ii) Docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero de 1990 (sean nacionales o nacionalizados), se regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional, por lo que las cesantías se liquidan anualmente sin retroactividad, pagando el Fondo un interés anual sobre el saldo de las mismas existente a 31 de diciembre de cada año, equivalente a la tasa comercial promedio de captación del sistema financiero durante la misma anualidad. Posteriormente, la Ley 812 de 2003 previó que el régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones existentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Así las cosas, como la actora se vinculó de manera ininterrumpida como docente territorial desde el mes de marzo de 1979 hasta el año 2016, le asiste el derecho a la liquidación de sus cesantías definitivas con retroactividad. Llama la atención de este Despacho que al apoderado del FOMAG indique en el recurso de apelación, que la demandante se vinculó con posterioridad al mes de enero de 1990, pero no señala la fecha y, por el contrario, en el tiempo de servicios obrantes a

folios 2427 no aparece renuncia alguna que permita inferir que interrumpió sus servicios docentes, pues está plenamente acreditado que inicialmente prestó sus servicios como docente en el municipio de Mosquera del Departamento de Nariño, en la Escuela Rural de Chimbucero, desde el 15 de septiembre de 1979 al 28 de febrero de 1993, tiempo en el que se desempeñó en varias escuelas del orden municipal, según certificación de la alcaldía del citado municipio (fl. 25), mientras que a partir del 1 de marzo de 1993 se certifica vinculación del orden territorial en el mismo municipio, siendo desvinculada por retiro forzoso el 31 de octubre de 2016, mediante Resolución 2140 del 1 de julio de 2016, en el que el último plantel donde prestó sus servicios fue el Actor: Inés Guerrero de Ortiz Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio E2019-337355 Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 11 Centro Educativo Pampa Chapila (municipio de Mosquera), asistiéndole el derecho a la retroactividad de las cesantías, como lo señaló el a quo en el fallo de primera instancia. Reiteradamente, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha reconocido el derecho a la retroactividad de las cesantías de los docentes, como en el caso que nos ocupa, entre otras, en la sentencia del 18 de enero de 2018, rad. 19001-33-31-000-201100305-01 (1733-2016), C. P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández, en la que precisó: “(…) 3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso. 3.1. Régimen Prestacional de docentes Mediante el artículo 3 de la Ley 91 de 198911, se creó el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, con la finalidad de atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados, efectuando el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado y garantizando la prestación de los servicios médico-asistenciales, entre otros aspectos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 56 la Ley 962 de 200512, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces. Así, mediante el Decreto 2831 de 200513, capítulo 11, se señaló el trámite para el reconocimiento de prestaciones económicas a cargo del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, sin que dentro del mismo se estableciera alguna sanción por mora en el pago oportuno de las cesantías. 3.2. Del régimen de cesantías de los docentes. En reiteradas oportunidades la Sección Segunda de esta Corporación ha estudiado el régimen de cesantías de los docentes; específicamente en sentencia 23001-2333-000-2012-00099-01(4549-13), Demandante: ENDERSON LUIS GUZMÁN MORA, Demandado: Departamento de Córdoba, consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, se expuso lo siguiente: «A través de La Ley 91 de 198914, el Congreso de la República creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio15 y determinó sus competencias frente a la Nación y a las entidades territoriales. Dice la norma: "Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno

Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.

Actor: Inés Guerrero de Ortiz Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

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3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.

PARÁGRAFO - Se entiende que una prestación se ha causado cuando se han cumplido los requisitos para su exigibilidad."

Establece el marco normativo de competencias en medio del cual el Fondo debe ejercer su tarea principal, esto es, atender las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados vinculados antes o después de la expedición de la norma y define las competencias de la Nación y de las entidades territoriales de la siguiente manera: "ARTÍCULO 2. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

1. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, así como los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la Caja Nacional de Previsión Social y el Fondo Nacional del Ahorro y en consecuencia seguirán siendo pagadas por dichas entidades, o las que hicieren sus veces.

2. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de diciembre de 1975, así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal y, en consecuencia, seguirán siendo pagadas por dichas entidades.

3. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas en el período correspondiente al proceso de nacionalización (1 de enero de 1976 a 31 de diciembre de 1980), así como los reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades territoriales o de las cajas de previsión, o de las entidades

que hicieren sus veces. La Nación pagará, pero estas entidades contribuirán, por este período, con los aportes de ley, para la cancelación de las prestaciones sociales en los mismos porcentajes definidos en el artículo 3 de la Ley 43 de 1975.

4. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas y no pagadas en el período comprendido entre el 1 de enero de 1981 y la fecha de promulgación de la presente Ley, serán reconocidas y pagadas por las respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales estaba vinculado dicho personal.

Pero para atender los respectivos pagos, la Nación tendrá que hacer los aportes correspondientes, tomando en consideración el valor total de la deuda que se liquide a su favor, con fundamento en los convenios que para el efecto haya suscrito o suscriba ésta con las entidades territoriales y las cajas de previsión social o las entidades que hicieren sus veces.

5. Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales. la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.

PARÁGRAFO. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad

con las normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad Actor: Inés Guerrero de Ortiz Demandado: Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales