PGN - FRAUDE PROCESAL - Es un delito de mera conducta que se considera perfecto cuando se reali

Señores Magistrados

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Penal

M. P. Dr.: Alfredo Gómez Quintero Ref: Casación interpuesta por el defensor de Oswaldo Páez Mendoza acusado con otros por los delitos de falsedad en documento privado en concurso con fraude procesal y estafa en la modalidad de tentativa. Rdo.

31450 Corresponde a esta representación del Ministerio Público conceptuar sobre la legalidad de la sentencia del 8 de septiembre de 2008 proferida en el Tribunal Superior de Bogotá (Sala Justicia y Paz), por medio de la cual se confirmó integralmente el fallo emitido en el Juzgado 27 Penal del Circuito de esta ciudad contra César Alonso Ruíz Tolosa, José Alfredo Lagos Rico y Oswaldo Páez Mendoza a quienes se impuso como pena privativa de la libertad, 60 meses de prisión, multa de 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por tres (3) años cada uno, como coautores de los delitos de fraude procesal, estafa en la modalidad de tentativa y falsedad en documento privado. Recurrida en casación la sentencia de segundo grado por el defensor de Oswaldo Páez Mendoza y declarada ajustada a derecho la demanda, se procede a descorrer el traslado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 213 del C. de

P. Penal de 2000.

I. CUESTION FÁCTICA Y SINOPSIS PROCESAL Los hechos fueron sistentizados por el Tribunal de la siguiente manera: “Se desprenden de las denuncias penales formuladas por la señora María Elsa Sánchez Rojas1, y Adela Ramón Endo2, funcionarias de la División de

Devoluciones de Personas Jurídicas de la DIAN. “La primera de las mencionadas describe cuatro casos en los que se presentaron solicitudes de devolución de la retención en la fuente del impuesto sobre la renta amparadas con pólizas de seguros que a la postre resultaron ser falsas, además, que se pudo establecer ante la Superintendencia de Sociedades que las personas jurídicas no se encontraban en proceso concordatario, motivo por el que no les asistía derecho para hacer dicha reclamación al tenor de lo previsto por la Ley 550 de 1999. “El primero corresponde a la solicitud de devolución o compensación realizada por César Alonso Ruiz Tolosa en representación de la Sociedad Internacional Trading In Trading Ltda ‘en concordato`, de la cual era socio Oswaldo Páez Mendoza, radicada por José Alfredo Lagos Rico bajo el Nº 5269 del 13 de junio de 2002 por la suma de $1.757.082.053, amparada por la póliza 102000006058768 de la Aseguradora Agrícola de Seguros; El segundo y tercero constituyen dos peticiones realizadas con la misma finalidad por el señor Leopoldo Sáenz Hurtado C, representante legal de la Compañía Sáenz Impresores Ltda en concordato con radicado 696 del 24 de enero de 20023 y 1121 del 7 de febrero de 20024, respaldadas con las pólizas 2002000241 y 2002000240 por las sumas de $747.427.000 y pólizas $697.463.000; por último, el señor Clifford Roy Salazar, actuando como agente de Compucintex Ltda., radicó la reclamación 2265 del 18

de marzo de 2002, respaldada con póliza 1010000042404 por la suma de $1.193.426.000. “La primera de las devoluciones referenciadas no alcanzó a ser cancelada; situación contraria se presentó con las demás que en su orden fueron pagadas 1 Folio 03 c.o 01 2 Folio 189 c.o.02. 3 Folio 12 anexo 02. 4 Folio 6 anexo 14. 2 mediante resoluciones 1669 del 1º de abril de 20025; 665 del 1º de febrero de 20026 y 1076 del 18 de febrero de 20027. “La segunda de las funcionarias mencionadas, igualmente hace relación de cuatro expedientes: el primero, radicado con el Nº 6353 del 17 de agosto de 20018 por la Compañía Productora de Formas Ltda. Produformas Ltda en concordato, por la suma de $658.789.000, cancelado mediante resolución 5078 del 21 de septiembre de 2001; el segundo y el tercero corresponden a los Nº 6280 del 16 de agosto de 20019 y 8082 del 8 de octubre de 200110 de la Empresa TV Suministros en concordato, por la sumas de $674.854.000 y $697.845.000 respectivamente, cancelados con resoluciones 5040 del 20 de septiembre de 2001 y 6256 del 14 de noviembre de 2001. El último, corresponde al Nº 8032 del 5 de octubre de 200011presentado por Laboratorios Medicolsa Ltda en concordato por un valor de $653.845.000, cancelado mediante resolución 6205 del 13 de noviembre de 2001”

(fls. 2 a 4 sent. 2ª. Inst. Negrillas fuera de texto). El 8 de julio de 2002, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, la Fiscalía 93 Seccional, el 21 de abril de 2004, profirió resolución de apertura de instrucción con base en los trámites disciplinarios adelantados por las irregularidades evidenciadas al interior de la DIAN, Sección Administración Especial de Impuestos Nacionales de Personas Jurídicas de Bogotá, en los términos y para los efectos previstos en el artículo 331 del C. de P. Penal de 2000. Por lo anterior, se dispuso vincular mediante indagatoria entre otros, a César Alonso Ruiz Tolosa, representante legal de Compucintex Ltda, Clifford Roy Salazar Díaz, representante legal de Sáenz Impresores Ltda y de Productora de Formas Ltda., Leopoldino Sáenz Hurtado, representante legal de Suministros Ltda., Jorge Malkun Rojas representante legal de Laboratorios Medicolsa Ltda y Global Trading Company Ltda. 5 Folio 04 anexo 03. 6 Anexo 02. 7 Folio 19 anexo 14. 8 Folio 01 y siguientes anexo 08. 9 Anexo 07. 10 Folio 01 y siguientes anexo 09. 11 Folio 26 y siguientes anexo 10. 3 Por otra parte, la Fiscal 22 destacada ante la DIAN, profirió resolución de apertura de investigación preliminar12 y ordenó la práctica de diversas pruebas y una vez evacuadas, mediante resolución del 7 de octubre de 200413, dispuso la apertura de

investigación y vinculación mediante indagatoria de Oswaldo Páez Mendoza, César Alonso Ruiz Tolosa y José Alfredo Lagos Rico, a quienes posteriormente les resolvió la situación jurídica (19 de octubre de 2004) con medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos responsables de los delitos de fraude procesal en concurso heterogéneo de estafa agravada y falsedad en documento público14. El 5 de abril de 200515, la Fiscalía 219 destacada ante la DIAN, calificó el mérito sumarial con resolución de acusación contra José Alfredo Lagos Rico, César Alonso Ruiz Tolosa y Oswaldo Páez Mendoza por los punibles de falsedad en documento privado, estafa y fraude procesal en las modalidades de conductas consumadas, en concurso y como coautores de conductas de la misma naturaleza ilícita o idénticos delitos en modalidad de conducta tentada (fls. 106 a 136, c.o 11). La Fiscalía 219, por medio de resolución del 2 de mayo de 2005, negó el recurso de reposición interpuesto por el defensor de José Alfredo Lagos Rico contra la acusación y en la misma decisión concedió el de apelación impetrado por todos los apoderados de los acusados (fl. 194 ibídem). Mediante resolución del 20 de junio de 2005, la Unidad Nacional de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores de Bogotá y Cundinamarca confirmó la resolución acusatoria impugnada por los defensores de los procesados, conforme se relaciona en la sentencia de primera instancia (fls, 5 y 6, c.o 13). La etapa del juicio correspondió al titular del Juzgado 27 Penal del Circuito de esta

ciudad, despacho que luego de agotar el trámite correspondiente, el 12 de junio de 12 Folio 8, c. o .1 13 Fl. 1, c.o. 8 14 Fl. 221, c. o. 8. 15 Fl. 106, c. o. 11 4 2006 absolvió a los acusados por los delitos fraude procesal, estafa y falsedad en documento privado y en la misma decisión profirió sentencia condenatoria contra José Alfredo Lagos Rico, César Alonso Ruiz Tolosa y Oswaldo Páez Mendoza a quienes impuso 60 meses de prisión, multa de 130 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por tres (3) años cada uno, como coautores de los delitos de fraude procesal y estafa en la modalidad de injustos tentados respecto del expediente 5269 del 13 de junio de 2002 en concurso con falsedad en documento privado de manera homogénea y sucesiva. El Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia del 8 de septiembre de 2008, confirmó el fallo apelado por los defensores de los acusados mediante la providencia que es ahora objeto de casación. DEMANDA Se acusa la sentencia de segundo grado con fundamento en la causal primera de casación, cuerpo segundo, y para ello el casacionista formula siete errores de hecho (existencia, suposición e identidad) que desarrolla en varios aspectos y uno de derecho por falso juicio de convicción. Primer Cargo. Considera la demandante que el Tribunal no tuvo en cuenta el dictamen pericial N° 271460 rendido por el C.T.I del 1° de febrero de 2006.

Aduce la casacionista que en tal dictamen “se establece la suplantación de que fue objeto Oswaldo Mendoza Páez en el acto de creación de la Sociedad Internacional Trading In Trading, ya que se determinó que las firmas, huellas (sic) que aparecen estampadas sobre la escritura pública 621 de la Notaría 21 de Bogotá por medio de la cual se hacen manifestaciones de constitución y creación de la sociedad International Trading In Trading el 3 de abril de 2002, así como también sobre la escritura pública 661 de 1 de abril de 2002, por medio de la cual 5 se hizo el intento de su creación, que hubo imitación de su habitual gesto gráfico, en ambos documentos escriturales”16. Sin embargo, el juzgador de segunda instancia declaró la responsabilidad penal de Páez Mendoza, desconociendo que éste no constituyó la empresa International Trading In Trading en compañía de César A. Tolosa Ruiz, pues las “muestras manuscriturales que le fueron tomadas a su prohijado para cotejarlas con las firmas de Oswaldo Páez Mendoza que se observan en las escrituras (...) relacionadas con la constitución de la sociedad (Internacional Trading se sometieron a examen de grafología y dactiloscopia tanto las firmas y huellas, números y letras que corresponden a nombre de Oswaldo Páez Mendoza y el método utilizado por la ciencias forense para llegar a su conclusión de suplantación personal de que fue objeto fue la observación, indicación y señalamiento de los caracteres distintivos, la comparación y juicio de identidad, utilizando lupas de diferentes aumento” (fl. 7 ibídem). Por consiguiente, en tal dictamen (DG-27460 de febrero 1 de 2006 del C.T.I) se

concluyó que “las firmas de duda que aparecen estampadas en esos documentos escriturales, tienen origen diferentes o mistificador con gestos disímiles, se aprecian características con desenvolvimientos escriturales que conllevan a dos estilos y estructuras disímiles, contrarias tanto morfológica como dinamográficamente” (fl. 8 demanda). Para la censora el dictamen pericial aludido sirve para desvirtuar las manifestaciones expuestas por Alonso Ruiz Tolosa, sobre la constitución de la sociedad International Trading In Trading el día 3 de abril de 2002, junto con el señor Oswaldo Páez Mendoza, para luego decidir liquidarla escasos dos meses después y para ello se dirigieron a las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde fueron abordados por Orlando Ramírez, un tramitador. Entonces, es claro para la demandante, que el referido dictamen desvirtúa la conclusión del Tribunal sobre la constitución de la sociedad comercial International 16 Fl. 7 de la Demanda. 6 Trading In Trading entre Oswaldo Páez Mendoza y Ruiz Tolosa, que en principio concurrieron “el 1 de abril de 2002 para intentar constituirla a través de la escritura pública 611, y nuevamente el día 3 de abril del 2002 a través de la escritura 621 para crearla y constituirla en forma definitiva y de no haber hecho manifestación alguna ante ese recinto notarial para tal fin y por lo tanto con esta prueba grafológica se establece que Oswaldo Páez Mendoza no realizó ningún acto encaminado a constituir esa sociedad, ni a realizar ninguna manifestación de crearla por la sencilla razón de que siempre fue objeto de suplantación personal, por la persona que realmente la constituyó junto con el Cesar Alonso Ruiz Tolosa”

(fl. 8 de la demanda). Segundo Cargo Considera la recurrente que el Tribunal no apreció la declaración de Marco Tulio Bareño Mateus y la ampliación de su testimonio (fls. 41 a 45 c.o 6 y 6 y 7 del c. del Juzgado 27 Penal del Circuito), prueba a la que debió otorgarle credibilidad, pues el declarante narró los hechos relacionados con la creación de la sociedad International Trading In Trading y luego la destinación que le dieron las personas que la constituyeron, porque el declarante (Bareño Mateus) participó en los hechos, desde la ideación de la creación de la sociedad International Trading In Trading y se involucró “con los verdaderos responsables de esos hechos y realizadores de la conducta penal”17. A juicio de la recurrente, Oswaldo Páez Mendoza no participó en la comisión de ningún delito realizado con dicha sociedad (International Trading Intrading) “de haberla ideado, de haberla constituido, ni de sostener reuniones con las personas que la crearon, y no utilizar a Trading Intrading para tentar devoluciones de impuestos ante la Dian el 13 de junio de 2002” (fl. 11 de la demanda). De no haberse pretermitido el referido testimonio, el juzgador de segunda instancia habría determinado la absolución de Oswaldo Páez Mendoza, pues dicha prueba desvirtúa la conclusión errónea de que su defendido conformó y 17 Fl. 11 de la demanda. 7 participó en la empresa criminal que ideó la constitución de la sociedad comercial Internacional Trading In Trading y que había concurrido a reuniones en compañía de William Páez Mendoza, Luis Muñoz Cueto, Cesar Alonso Ruíz y José Alfredo

Lagos Rico, con el objeto de presentar reclamaciones de devolución de impuestos, de manera ilegal ante la DIAN y que a la postre resultaron fallidas. Señala la recurrente que el testigo Bareño Mateus informó que los promotores de la constitución de la precitada sociedad, fueron William Páez Mendoza y Luis Muñoz Cueto, quienes para tal cometido le pidieron el favor de que les prestara la firma, a lo que accedió y para tal efecto participó tanto en la frustrada protocolización de la escritura constitutiva de la compañía International Trading Intrading (1 de abril de 2002), así como en el documento definitivo (3 de abril de 2002) de la configuración de tal sociedad, suplantando a Cesar Ruiz Tolosa. Es así que su firma y huella aparecen al lado del nombre de Oswaldo Páez Mendoza, diligencia en la que exhibió la cédula de la persona que suplantó (Ruiz Tolosa) y precisó que en estas dos (2) gestiones lo acompañó Luis Muñoz Cueto, el mismo que acompañaba a William Mendoza a almorzar en restaurantes cerca de las instalaciones de la Administración de grandes contribuyentes, establecimiento en que laboraban los dos y que incluso este en una oportunidad lo invitó a que compartiera con ellos. En estas condiciones, solicita la absolución de su defendido, toda vez que al estimar la prueba pretermitida y su alcance junto con el arsenal probatorio que integra la actuación, conlleva a la variación conclusiva del fallo impugnado. Tercer cargo Según la demandante el Tribunal incurrió en falso juicio de existencia por omisión al no considerar la prueba grafológica forense realizada sobre los documentos hallados en la residencia del acusado Luis Muñoz Cueto (Registro 18/09/2002fls.104 a 108, c.o 31), entre ellos, el poder especial otorgado por los hermanos Oswaldo y William Páez Mendoza a José Alfredo Lagos Rico para que les suscribiera y firmara escritura de compra-venta y demás documentos de una casa 8 ubicada en la carrera 56 Nº 125-19 de Bogotá, instrumentos de los cuales el juzgador infirió indicios graves contra Oswaldo Páez Mendoza, por el conocimiento y trato de Oswaldo con Lagos Rico Sostiene la casacionista que el juzgador de segunda instancia pretermitió considerar los dictámenes de grafología forense “números DG-209566 de enero 4 de 2005 (fls. 286 a 289 c.o 8) y DG-271460 de febrero 1 de 2006 (cuaderno de audiencias de Juzgado 27 Penal del Circuito) que se hicieron sobre ese poder especial de 12 de septiembre de 2002, derivado de experticios posteriores a la diligencia de inspección judicial de 1 de noviembre de 2004 a la Notaría 8 de Barranquilla donde se autenticó”18, que utiliza el fallador para constituirle indicio grave en su contra y de vínculo con el señor José Alfredo Lagos Rico y por ende con el señor Luis Muñoz Cueto al que le fue encontrado en su residencia, por medio de los cuales se estableció la verdad probatoria, de que ese poder no es atribuible a la autoría del señor Oswaldo Páez Mendoza, porque las firmas y huellas que aparecen estampadas en el mismo no son de él, “porque por medio de esos dictámenes grafológicos se determinó que hubo imitación del habitual gesto

gráfico del aportante, Oswaldo Páez Mendoza, de que no existe uniprocedencia manuscritural entre las grafías que conforman la firma dubitada a que hace alusión el fallador recurrido, vista en el documento PODER ESPECIAL de 11 de septiembre de 2002 obrante a folio 179 C.O Nº 3 y de los aportes patrones del señor Oswaldo Páez Mendoza” (fl. 14 de la demanda). De igual manera, afirma la demandante, resulta inadmisible que el fallador de segundo grado haya utilizado en su conclusión el documento hallado en la “inspección judicial practicada por la fiscalía a la Notaria 8ª de Barranquilla el día 1º de noviembre de 2008 para usar ese documento como prueba indiciaria grave de vínculo de conocimiento y trato personal con los señores José Alfredo Lagos Rico y Luis Muñoz Cueto en que se estableció la autenticidad de las firmas y huella notarial impuestas en dicho poder especial, pero no de que la firma estampada en ese poder especial correspondiera al de su prohijado, caso que se 18 Fl. 24. sent. 2ª Inst.). 9 desvirtuó de atribuírselo al señor Oswaldo Páez Mendoza utilizando la ciencia y su método científico”. 19 En criterio de la demandante, Oswaldo Páez Mendoza no compró ninguna casa el 12 de abril de 2002, ni utilizó los servicios de José Alfredo Lagos Rico ni de Luis Muñoz Cueto, para adquirirla, porque él “fue objeto del delito de falsedad personal, de falsedad ideológica y falsedad en documento privado, por parte de ese individuo (Luis Muñoz Cueto) al que se le encontraron (documentos entre ellos el

poder referido) en su residencia autenticado y con sello notarial de la Notaría 8ª de Barranquilla, donde se presentaron con una cédula falsificada de Oswaldo Páez Mendoza para hacerlo” (fl. 14 de la demanda). Reitera la censora que su defendido fue objeto de suplantación en la creación de la sociedad International Trading In Trading (cargo primero), así como de la elaboración y autenticación de documentos ante los notarios 8 y 41 de Barranquilla y Bogotá, respectivamente. Estas falsificaciones, suplantación y montaje de datos, sirvieron para luego de falsificar el referido poder proceder a autenticarlo y de esa forma vincularlo con las actividades delincuenciales desplegadas por Luis Muñoz Cueto y Lagos Rico, como la utilización de copia de la cédula de ciudadanía del acusado que previamente fuera falsificada y adulterada, documento que fue hallado en la diligencia de allanamiento. A juicio de la casacionista, la falsificación de la cédula de ciudadanía de su defendido, así como del supuesto poder otorgado por Oswaldo Páez Mendoza, se logró mediante la utilización “de los datos contenidos en la copia de la escritura pública número 01148 del 12 de abril de 2002 que fue solicitada de la Notaría 30 del Círculo de Bogotá, para proceder a extraerle su firma que figura en la hoja notarial a folio AA7641127, proceder a imitarla para poder estamparla en ese poder original ”20 junto con la huella. Por lo anterior, concluye la demandante que equivocadamente el Tribunal dedujo un indicio grave contra su defendido, por el supuesto conocimiento y trato personal

19 Fl. 15 de la demanda. 20 Fl. 16 de la demanda 10 con José Alfredo Lagos Rico y Luis Muñoz Cueto, cuando es a éste último a quien se le puede atribuir los actos ilícitos objeto de investigación y no a Oswaldo Páez Mendoza (fl. 17 de la demanda). Cuarto Cargo Según la recurrente, el Tribunal tampoco tuvo en cuenta los certificados laborales expedidos por el Defensor del Pueblo y el Jefe Personal de la Defensoría de la Regional Boyacá, relacionados con la labores desempeñadas por Oswaldo Páez Mendoza, para las fechas en que supuestamente el acusado concurría en la comisión de los hechos investigados, pretermisión que le permitió al juzgador determinar la responsabilidad de Oswaldo Páez Mendoza, como la persona que junto con Cesar Alonso Ruiz Tolosa, el 3 de abril de 2002 constituyó la sociedad International Trading Intrading y “colocarlo también, elaborando poderes especiales y autenticándolos en la notaria 8 de Barranquilla el día 12 de septiembre de 2002 para otorgárselo al señor José Alfredo Lagos Rico para constituirle indicios graves en su contra de vínculo de conocimiento personal y trato con dicho señor Lagos Ricos y con el señor Luis Muñoz Cueto al encontrárselo en su residencia en desarrollo de registro de su morada” ( fl. 18 de la demanda). Según se informa en los certificados expedidos por el Defensor del Pueblo de la Regional Boyacá de 22 de octubre del año 2004 y de la jefe de personal de la Defensoría del Pueblo de 28 de julio del año 2004, los días 22 de marzo, 1 y 3 de

abril, así como para el 11 y 12 de septiembre del año 2002, Oswaldo Páez Mendoza se encontraba laborando en la ciudad de Tunja desempeñando sus funciones en el cargo de profesional Especializado Grado 17, laborando en la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá21. Pruebas estas que aunadas a la pretermisión de los dictámenes de grafología forense, sirven para demostrar “que Oswaldo Páez Mendoza no constituyó ninguna sociedad el 3 de abril de 2002 en Notaria 41 del Círculo de Bogotá el 21 (Cfr. Fl. 18 de la demanda). 11 día(sic) y no laboró ningún poder el día 12 de septiembre del año 2002, por el simple hecho de que fue objeto de suplantación personal con un documento de identidad falsificado de su persona, y por que además se encontraba desarrollando sus actividades en su lugar de trabajo, alejado de los lugares donde sucedieron y se desarrollaron los hechos que utiliza el magistrado ponente en sus condiciones para ponerlo a realizar los actos, conductas que nunca llevó a cabo” (fls. 18 y 19 de la demanda). Ese cargo resulta trascendente en la decisión adoptada por el fallador porque las pruebas referenciadas “sirven para reforzar lo que reveló con las pruebas grafológicas y el testimonio de Marco Tulio Bareño Mateus, de que el señor Oswaldo Páez Mendoza no realizó actos de ninguna especie los días 22 de marzo de 2002 para radicar minutas de constitución de sociedades, 1 de abril para tentar constituir una sociedad, 3 de abril para concretar la constitución de una sociedad

llamada International Trading In Trading por la sencilla razón de que estaba realizando sus labores como funcionario de la Defensoría del Pueblo en el Departamento de Boyacá y no en ninguna Notaría 41 de la ciudad de Bogotá y no acudiendo, ni citándose con los señores Marco Tulio Bareño Mateus, William Páez Mendoza, Luis Muñoz Cueto, Cesar Alonso Ruiz Tolosa, para presentar minutas de constitución de esa sociedad el día 22 de marzo de 2002, para luego tentar constituirla el 1 de abril de 2002, y finalmente crearla el día 3 de abril de ese año en esa Notaria 41 de Bogotá y de utilizarla luego el día 13 de junio de 2002 para tentar solicitudes de devolución de impuestos con documentación falsa”22. Con lo anterior se demuestra que el acusado “jamás viajó a la ciudad de Barranquilla ni nunca estuvo en la Notaria 8 del círculo de Barranquilla autenticando ningún poder, ni otorgándolo a ninguna persona llamada José Alfredo Lagos Rico, de haberlo contactado para comprarle un bien inmueble y por ende también utilizarlo, como lo concluyó el señor juez en su fallo recurrido, para que le radicará solicitudes de devoluciones de impuestos ante la División de Devolución de la DIAN con la sociedad International Trading In Trading el día 13 22 Fl. 20 Demanda. 12 de junio de 2002 como lo concluye el fallador en su decisión final” (fl. 20 de la demanda). Quinto Cargo Señala la casacionista que tampoco se tuvo en cuenta el “dictamen pericial Nº 209566 de enero 5 de 2005 que obra en el proceso a folio 286 a 289 c. o. 8, y que

fue omitido por el fallador recurrido incurriendo en error de hecho por falso juicio de existencia por omisión probatoria, en que se determinó sobre esos títulos valores (cheques 327111, 32118, 327121, 32722, 32723 y 327126, que no se encontraron identidades gráficas de los trazos gráficos vistos en esos cheques, frente a los aportes patrones del señor Oswaldo Páez Mendoza”23. Aduce la casacionista que el juzgador de segundo grado sustentó las conclusiones de responsabilidad contra su defendido en el hecho de “haber participado en otros hechos punibles consumados por los cuales fue absuelto, e infiere su responsabilidad penal y por ende lo considera realizador de la conducta penal en el grado de tentativa, soportando su afirmación con los cheques 327111, 32118, 327121, 32722, 32723 y 327126 girados a nombre de Rafael Bonilla, Diego Ricardo Castillo, William Páez y Ángel Salgado por un valor de $130.000.000 los cuales fueron recibidos por la venta de dos vehículos automotores facturados a nombre de Oswaldo Páez Mendoza, Willian Páez Mendoza y Dora Amparo Castañeda García, sin que para el criterio del fallador recurrido, hubiese justificado de manera coherente el señor Oswaldo Páez Mendoza la forma en que habían llegado tales títulos valores a sus manos, y menos aún, que los hubiesen entregado por la compra de un automotor sin verificar su procedencia” (fl. 21 Demanda). Para la casacionista no le asiste razón a la Fiscalía ni al Tribunal, porque su

defendido no recibió tales títulos valores, ni los entregó en la concesionaria “La Floresta” para adquirir el supuesto automotor que figura a su nombre, porque se realizó dictamen grafológico sobre las firmas y huellas que aparecen plasmadas 23 Fl. 22 de la demanda. 13 en esos títulos valores por la persona que lo recibió, que los tenía y portaba y entregó en dicho concesionario, no corresponden a las de su defendido. De igual manera, en la fase del juicio la defensa allegó prueba documental que sustenta la adquisición lícita del automotor por parte de Páez Mendoza con recursos propios, precisa la demandante. Agrega la censora, que lo anterior demuestra que su defendido no endosó, no firmó, no entregó ningún título valor de su parte para adquirir vehículo automotor en dicho concesionario, porque las firmas que aparecen en tales instrumentos negociables no corresponden con los rasgos manuscriturales de Páez Mendoza “de acuerdo con el método científico utilizado por la ciencia forense” como es la observación, indicación y señalamiento de los caracteres distintivos, la comparación y juicio de identidad y los instrumentos que utilizó: lupas de diferente aumento, microscopio esteroscópico, comparador espectral de video, se demostró que las firmas, las huellas que figuran en esos cheques no corresponden a la autoría del señor Oswaldo Páez Mendoza” (fl. 23 Demanda). De otra parte, señala la demandante que por experiencia se sabe que en las transacciones con tales títulos valores el tenedor debe endosarlos estampando su firma y huella, lo que no ocurrió en la presente negociación como se dejara

demostrado en la prueba de grafología forense (fl. Ibídem). “Estas pruebas tienen trascendencia en la decisión adoptada porque sirven para demostrar que el señor Oswaldo Páez Mendoza no adquirió el vehículo automotor con cheques provenientes de las defraudaciones a que hace mención el fallador recurrido, porque el dinero que utilizó para su adquisición fue producto de su ahorro personal y de un préstamo que adquirió con el señor William Páez para cubrir parte del valor del citado vehículo automor”24. Pruebas omitidas por el fallador y con las cuales deduce responsabilidad en contra de Páez Mendoza, como si el mismo no hubiese justificado de manera coherente 24 Fl. 24 de la demanda. 14 la forma en que habían llegado tales títulos a sus manos y menos aún, que los hubiese entregado para comprar el citado vehículo automotor, por que sí lo justificó, lo soportó y lo explicó y lo comprobó con dichas pruebas y otra de grafología forense que se pretermitieron (fl. 24 de la demanda). Sexto Cargo Aduce la casacionista que en la sentencia impugnada no se apreció la prueba grafológica practicada sobre el título valor 328714, por lo cual el Tribunal derivó indicio grave en contra de su poderdante y César Alonso Ruiz Tolosa al afirmar que este último se beneficio de dicho título valor, cuando no fue así “porque no aparece endosándolo (el cheque), ni se comprobó que lo haya recibido y por lo tanto no sirve como prueba para ser utilizada como indicio grave en contra de Oswaldo Páez Mendoza en atención al vínculo familiar que tuvo con ese señor y

menos con su madre María Benilda Mendoza” (fls. 25 y 26 de la demanda). Además, como es sabido la responsabilidad penal es única y personal y no se transmite por vínculos de sangre o familiar, agrega la recurrente. No obstante tales circunstancias, el Tribunal configuró indicios graves contra su defendido, en atención al vínculo familiar con Cesar Ruiz Tolosa, yerno de María Benilda Mendoza, progenitora de Oswaldo Páez Mendoza y quienes supuestamente resultaron beneficiados “con dineros que de manera fraudulenta fueron gestionados por Compucintex Ltda ante la DIAN cancelados mediante resolución 1669 de 1 de abril de 2002 que ordenada a Corredores Asociados girar cheques a varias personas dentro de las cuales se encuentran Ruiz Tolosa con el título valor 328714 por la suma de $25.000.000 y María Benilda Mendoza” (fls. 24 y 25 de la demanda). La casacionista asevera que el Tribunal preter