PGN - FUERO SINDICAL - Prescripción de las acciones que emanan de este beneficio

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 05-2006

20-01-06

HONORABLES CONSEJEROS DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE. JAIME MORENO GARCIA

E. S. D.

REFERENCIA : EXPEDIENTE No. 110010325000020040020501

No. INTERNO 4132-04

ACTOR : DORA PRIETO ROJAS

DEMANDADO: GOBIERNO NACIONAL ASUNTO : SIMPLE NULIDAD Procede esta Agencia del Ministerio Público a rendir su concepto en el proceso que la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, conoce en virtud de la acción de nulidad instaurada de conformidad con el artículo

84 del Código Contencioso Administrativo.

1. ANTECEDENTES El accionante formuló demanda de nulidad contra el artículo 17 del Decreto 1615 del 12 de junio de 2003, mediante el cual el Gobierno Nacional le asignó la competencia al liquidador para levantar el fuero sindical del personal que gozaba de este beneficio. 1.HECHOS: 1.El Presidente de la República en uso de las facultades constitucionales y legales y en especial, con fundamento en las previstas en los artículos 189 numeral 15 de la Constitución Política, 52 de la Ley 489 de 1998 y el Decreto 254 de 2000, expidió el Decreto 1615 de 2003, por medio del cual suprimió y liquidó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones TELECOM.

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2. En el artículo 17 del mencionado Decreto, se estableció un término de

prescripción para que el liquidador iniciara la acción de solicitud del permiso para despedir trabajadores con fuero sindical, contrariando la voluntad clara y expresa del legislador, toda vez que el artículo 118 literal a) del CPT establece el término prescriptivo de dos meses y para el empleador empieza a contabilizarse a partir del momento en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente.

3. La garantía del fuero sindical se encuentra consagrada a nivel constitucional en el artículo 39, señalando en su inciso 4º que se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.

4. El artículo 405 del C.S.T. define el fuero sindical como la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el juez de trabajo.

5. Ningún trabajador que goce de fuero sindical, ya sea público o privado puede ser despedido, desmejorado o trasladado sin que previamente se haya levantado el fuero sindical, mediante la solicitud que debe elevar el empleador ante el Juez de Trabajo.

5. La Corte Constitucional en varias oportunidades, entre otras, en la sentencia C-0381 del 2000, manifestó que la prescripción extintiva vulnera el orden constitucional, ya que esta cumple funciones sociales y jurídicas invaluables, por cuanto, contribuyen a la seguridad jurídica y a la paz social,

al fijar limites temporales para adelantar controversias y ejercer acciones judiciales. Así mismo, ha considerado que las reclamaciones concretas que surjan del ejercicio de un derecho constitucional pueden estar sujetas a prescripción o caducidad, sin que por ello, se vulnere la imprescriptibilidad del derecho constitucional. Así, puede la ley señalar que si el trabajador no 3 reclama en un plazo prudencial el dinero que se le debe como producto de haber realizado una determinada labor, pierde el derecho a reclamarlo, sin embargo, el derecho al trabajo si sigue siendo imprescriptible.

6. Argumentó, señalando que no constituye desconocimiento de la norma constitucional, el hecho de que se establezca un término de prescripción para que el trabajador o el sindicato adelanten la acción de reintegro o de restitución, pues la disposición no está señalando que si un representante legal no ejerce su fuero sindical en un período pierda esa garantía constitucional, lo que la norma establece es que si ocurre un hecho específico que pueda ser considerado violatorio del fuero sindical, pero el sindicato o el trabajador aforado no utilizan la acción de reintegro en un término determinado, entonces prescribe la posibilidad de utilizar la acción.

Es obvio que esa prescripción opera específicamente en relación con ese hecho concreto. En ese sentido, la norma impugnada no está consagrando la prescriptibilidad del fuero sindical, lo cual sería contrario a la Constitución, sino la prescripción de reclamaciones concretas que puedan surgir de ese derecho constitucional, lo cual es legítimo y razonable.

6. Indicó, que la Corte Constitucional en la sentencia C-0381 del 2000

concluyó que la existencia de un término de prescripción no vulnera el fuero sindical y si bien, podría considerarse el término de los dos meses excesivamente breve, la figura del fuero protege el derecho de asociación, por lo tanto, debe resolverse en el menor tiempo posible, pues si se espera mucho tiempo, el daño ocasionado al sindicato puede ser irreversible. Así, consideró que este término prescriptivo es ajustado a la carta política. El demandante agregó que como para el levantamiento del fuero, el estatuto procesal laboral no señaló un término expreso, se han expuesto a nivel doctrinal dos planteamientos, por una parte, que el término debe ser el de los tres años acorde con el artículo 151 del C.P.T y otra posición que afirma que a pesar de lo indicado por el artículo 151, el empleador debe iniciar la acción respectiva en un tiempo razonable. 4 Mencionó, que la Corte Constitucional en la sentencia C-0381 del 2000 reconoció que patrono, trabajador aforado y sindicato son los distintos extremos de la relación generada por la figura del fuero sindical, que en si misma contiene una identidad estructural, independiente de la órbita desde la cual la figura pueda ser valorada. Por ende, frente a la posibilidad de recurrir a los jueces por controversias relacionadas con el fuero sindical, estos sujetos se encuentran en extremos distintos, pero frente a un mismo tipo de asunto, por lo cual deberían estar sometidos a una regulación procesal acorde con esa situación, salvo que existan razones objetivas y claras que justifiquen tratamientos legales diversos. En esas condiciones para la Corte no existe ninguna razón que explique el por qué, mientras el

trabajador esta obligado a accionar en sólo dos meses, por el contrario el empleador cuenta con un término mucho más amplio. Argumentó, atendiendo el análisis de la Corte que conforme con el artículo 1º del Convenio 98 de la IOT, relativo a la aplicación de los principios de indicación, se reconoce que los trabajadores deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con el empleo y proteger a los trabajadores aforados. Así, se colige que toda protección del fuero debe ser la más acorde con la naturaleza de la figura y la más cercana a una protección efectiva del fuero sindical. Señaló, que la Corte concluyó que se debía establecer una igualdad automática con la norma que establece la prescripción en materia de reintegro del trabajador aforado, en atención a los criterios de igualdad formal, aplicando el término de los dos meses en uno y otro caso, para garantizar la figura. 1.2. CONCEPTO DE VIOLACIÓN Citó como normas infringidas los artículos 113 Y 118 del C.P.T, 410 del C.S.T; 1º, 2º, 4º, 25, 39, 93, 150 numeral 2ª, 189 numeral 11 y 237 numeral 2º de la Constitución Política; 1º y 2º del Convenio 98 de la OIT. 5 Fundamentó, su petición señalando que el ejecutivo modificó las justas causas para despedir a los funcionarios aforados de TELECOM, pues estableció que el liquidador puede solicitar después de la supresión de cargos, el permiso al juez laboral para retirar a los trabajadores aforados,

pues la supresión de cargos en ningún momento es una justa causa para solicitar el permiso, pues estas son taxativas y no pueden ser modificadas como se hizo en el decreto demandado. La norma contenida en el Decreto 1615 de 2003 y que es objeto de la demanda, sobre la actuación procesal modificó el término de prescripción de la acción para despedir trabajadores aforados sin tener en cuenta las reglas de trámite procedimental, reformando de manera significativa la estructura del C.P.L, por cuanto, alteran el propósito plasmado en el artículo 118 y por tanto, se encuentra afectado de inconstitucionalidad.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA El Ministerio de Protección Social contestó la demanda señalando que la actora confunde las figuras de reintegro con la de levantamiento de fuero sindical. Esto por cuanto, no tuvo en cuenta que el levantamiento del fuero sindical de que trata la disposición demandada se produce con ocasión de la liquidación de una entidad pública y precisamente, la finalidad del Decreto 1615 de 2003 es la de suprimir la empresa Nacional de Telecomunicaciones para ordenar su liquidación.

Consideró, que la norma que se estimó violada enmarca justamente la tipología descrita que establece como justa causa “la liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento” Por lo tanto, ni siquiera se trata de una aplicación analógica o de una interpretación forzada de la norma, que busca cobijar con el amparo de una justa causa las peticiones de levantamiento del fuero sindical. Se trata de la aplicación de lo legalmente prescrito como justa causa para tramitar el levantamiento del fuero.

Estimó, que la norma demanda bien pudo haber señalado otro término, sin que con ello se estuviera vulnerando el tiempo razonable estimado para realizar la 6 liquidación de TELECOM, porque esta actividad corresponde al ejercicio de otra facultad, en este caso la reglamentaria, consagrada a nivel constitucional contenida en el numeral 11 del artículo 189, la cual no está sujeta más que al propósito que allí se prevé, esto es, lograr la cumplida ejecución de las leyes. Argumentó, señalando que no existe nexo causal entre la norma acusada y el desarrollo de los argumentos de la demanda, porque se afirma que el artículo 1º infringe las normas que la accionante cita, sin embrago, no tuvo en cuenta que el artículo que demanda es el 17 que es la que contiene lo referente al fuero sindical. Así mismo, porque no se vulneran los artículo 410 del C.S.T, 113 y 151 del CPL, ya que la norma acusada regula estrictamente el caso especifico de una entidad en etapa de liquidación y tampoco se viola el Convenio 98 de OIT porque allí no se fija un término específico que la norma cuestionada haya desconocido. 2.2. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifestó no estar de acuerdo con las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional dictó la disposición acusada atendiendo el poder reglamentario que es genérica y que se ejerce con base en decretos para darle sentido y aplicación a la ley, bajo los parámetros que ella misma o la Constitución consagra. El Decreto 1615 de 2000 se expidió para reglamentar el artículo 8º del Decreto

Ley 254 de 2000 y si esta norma regula la forma como el liquidador puede suprimir los cargos que ocupaban los trabajadores de las entidades publicas del orden nacional que se encuentran en liquidación, el Decreto demandado en aras de otorgar mayores garantías a las personas que trabajan en TELECOM regulan la forma como se debe suprimir los cargos, incluyendo los que ocupaban los servidores amparados por fuero sindical. Así, la norma acusada no viola el numeral 2º del artículo 150 de la Constitución Política, toda vez que no reforma ningún código, en especial el sustantivo procesal del trabajo. Tampoco desconoce el artículo 410 del CST porque el artículo 17 del Decreto 1615 de 2003 tiene como fundamento y se contrae a lo establecido en el artículo 8º del Decreto Ley 254 de 2000, el cual es una norma 7 especifica y prevalente para el caso de las liquidaciones de entidades del orden nacional y con base en ella, el Gobierno Nacional realiza las liquidaciones de las entidades del orden nacional. Adujo, que el término de los 6 meses previstos en el artículo 17 fue concebido teniendo en cuenta la magnitud de la empresa de Telecomunicaciones, el programa de supresión de cargos (determinado por la naturaleza de las funciones), para poder iniciar los procesos de levantamiento de fuero sindical. Consideró, que no existe contradicción entre el término previsto en el artículo 118 del CPL para iniciar las acciones relativas al fuero sindical, porque la disposición demanda establece que los cargos se van suprimiendo de acuerdo con el programa de supresión de cargos realizado por el liquidador. Así, la medida que se realiza la supresión de un cargo en particular de acuerdo con el programa, se

cumple el procedimiento reglamentario correspondiente para ese caso especifico.

3. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA El problema jurídico en el presente caso, se circunscribe en determinar si el término de los 6 meses que consagra el artículo 17 del Decreto 1615 de 2003 es contrario al previsto en el artículo 118 del C.PL que fija dos meses para iniciar las acciones previstas para el fuero sindical o si por el contrario se amplia el término a favor del empleador para solicitar la autorización del despedido de los trabajadores aforados.

Así mismo, si el ejecutivo al expedir la disposición demandada modificó las justas causas para despedir a los funcionarios aforados de TELECOM, ya que la supresión de cargos en ningún momento constituye justa causa, pues estas son taxativas y no pueden ser cambiadas como lo hizo el Gobierno Nacional. Se advierte que efectivamente, la norma demanda establece un término de seis meses para que el liquidador de la empresa de TelecomunicacionesTELECOM8 adelante el trámite del levantamiento del fuero sindical de los trabajadores sindicales, consagrando lo siguiente: ARTÍCULO 17.- LEVANTAMIENTO DE FUERO SINDICAL.- Para efectos de la desvinculación del personal que goza de la garantía de fuero sindical, el Liquidador adelantará los procesos de levantamiento del fuero sindical, el Liquidador iniciará dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de este Decreto los respectivos procesos de levantamiento del fuero sindical. Una vez obtenidos los pronunciamientos correspondientes en los mencionados procesos, se terminará la relación laboral.” El artículo 118 del CPL establecen un término de dos meses para poder

ejercer las acciones correspondientes al fuero sindical: “ARTÍCULO 118-A. PRESCRIPCIÓN. Artículo adicionado por el artículo 49 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: Las acciones que emanan del fuero sindical prescriben en dos (2) meses. Para el trabajador este término se contará desde la fecha de despido, traslado o desmejora. Para el empleador desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que se invoca como justa causa o desde que se haya agotado el procedimiento convencional o reglamentario correspondiente, según el caso. Durante el trámite de la reclamación administrativa de los empleados públicos y trabajadores oficiales, se suspende el término prescriptivo. Culminado este trámite, o presentada la reclamación escrita en el caso de los trabajadores particulares, comenzará a contarse nuevamente el término de los dos meses. Esta Agencia Fiscal advierte que efectivamente el artículo 118 del Código de Procedimiento Laboral consagra un término perentorio de dos meses para que el trabajador y el empleador hagan uso de las acciones correspondientes al fuero sindical. Término que se debe contar a partir de la fecha del despido, traslado o desmejora o desde el momento en que el patrono tuvo conocimiento de la justa causa para efectos de levantar el fuero sindical. 9 Ahora bien, cabe preguntarse si esta regulación se le puede aplicar a los servidores públicos, teniendo en cuenta que para el presente caso, TELECOM era una Empresa Industrial y Comercial del Estado, es decir, que sus servidores se encontraban clasificados como trabajadores oficiales y empleados públicos. Los primeros vinculados por contrato de trabajo y los

segundos mediante una relación legal y reglamentaria. Siendo evidente que su régimen tanto laboral, salarial y prestacional difiere de los trabajadores particulares que están regulados por el código Sustantivo del Trabajo y el Código Procesal Laboral. La Delegada advierte que sobre la materia especifica del fuero sindical, antes de 1994 no era posible aplicarle a los servidores públicos la regulación contenida en los códigos Sustantivo del Trabajo y Procedimiento Laboral teniendo en cuenta que la relación de los empleados públicos no deriva directamente de un contrato de trabajo. Sólo en desarrollo del artículo 39 de la Constitución Política de 1991 se empezó a regular lo concerniente al fuero sindical respecto de los empelados públicos. Así, lo consideró la Corte Constitucional en la sentencia C-593 con ponencia del Magistrado Carlos Gaviria, donde dilucido el tema en los siguientes términos: Sentencia C-593-93: “La ampliación que hizo el Constituyente de 1991 de la figura del fuero sindical para los representantes de los sindicatos de empleados públicos señala inmediatamente la necesidad de un desarrollo legislativo del artículo 39 de la Carta, pues al menos los artículos 2, 113 y 118 del Código de Procedimiento Laboral son inaplicables a los servidores públicos. El artículo 2º del Código de Procedimiento Laboral enumera los asuntos de los cuales conocerá la jurisdicción Laboral y entre ellos enumera “los asuntos sobre fuero sindical”. Pero, los asuntos sobre fuero sindical de los empleados públicos, no se derivan, directa o indirectamente,

del contrato de trabajo, sino de una relación legal o reglamentaria, propia del campo administrativo. Precisamente esa relación (legal o reglamentaria) del empleado público con el Estado, hace que sean inaplicables los artículos 113 y 118 del Código de 10 Procedimiento Laboral que regulan la solicitud del patrono para despedir, desmejorar las condiciones de trabajo o trasladar a un trabajador amparado por el fuero sindical y la acción de reintegro del trabajador amparado por el fuero sindical que hubiere sido despedido sin permiso del Juez” (fl.102, cdno. ppal.). Ahora bien, en desarrollo del artículo 39 de la Constitución Política, el artículo 1º de la Ley 362 de 1997 le asignó competencia a la jurisdicción laboral ordinaria, estableciendo que los asuntos provenientes de la relación laboral sobre fuero sindical tanto de los trabajadores particulares como oficiales y públicos le correspondería al juez laboral: “El artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo quedará así: "Artículo 2o. Asuntos de que conoce esta jurisdicción. La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. También conocerá de la ejecución de las obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fuero sindical de los trabajadores particulares y oficiales y del que corresponde a los empleados públicos; de las sanciones de suspensión temporal y de las cancelaciones de personerías, disolución y liquidación de las asociaciones sindicales; de los recursos de homologación en contra de

los laudos arbitrales; de las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuya la legislación sobre el Instituto de Seguro Social; y de las diferencias que surjan entre las entidades públicas y privadas, del régimen de Seguridad Social Integral y sus afiliados. (…) PARÁGRAFO SEGUNDO. El trámite de los procesos de Fuero Sindical para los empleados públicos será el señalado en el Título 11 Capítulo XVI del Código Procesal del Trabajo.” Por otra parte, si bien, la anterior disposición fue modificada por el artículo 2o de de la Ley 712 de 2001, esta disposición también le asignó la 11 competencia para conocer de las acciones de fuero sindical cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral a la jurisdicción ordinaria, de donde se desprende que comprende también a los empleados públicos: “ARTÍCULO 2o. El artículo 2º . del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social quedará así: Artículo 2o. Competencia General. La Jurisdicción Ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:

1. Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo.

2. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera sea la naturaleza de la relación laboral. (negrilla fuera de texto).

3. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical.

4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la

naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. “ Igualmente, el Despacho observa que el artículo 113 del CPL le exige al empleador señalar la justa causa, sin consagrar un término especifico, siendo necesario resaltar que la acción de reintegro la ejerce el trabajador para garantizar no sólo su situación particular sino principalmente para amparar los derechos de la organización sindical, atendiendo que el empleador pudo desvincular sin cumplir con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico para el efecto. “ARTÍCULO 113. DEMANDA DEL EMPLEADOR. Artículo modificado por el artículo 44 de la Ley 712 de 2001. El nuevo texto es el siguiente: La demanda del empleador tendiente a obtener permiso para despedir a un trabajador amparado por fuero sindical, para desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, o para trasladarlo a otro establecimiento de la misma empresa o a un municipio distinto, deberá expresar la justa causa invocada. 12 Con la certificación de inscripción en el registro sindical o la comunicación al empleador de la inscripción se presume la existencia del fuero sindical.” Sobre el término para ejercer la acción el levantamiento del fuero sindical, la Corte Constitucional en la sentencia C-381 del 2000, además del estudio que hizo sobre la constitucionalidad del término de los dos meses que consagra el artículo 118 del CPL, establecido para ejercer la acciones que derivan del fuero sindical, realizó el análisis concerniente al término que debía ser tenido en cuenta para ejercer el levantamiento del fuero sindical

por parte del empleador, atendiendo que el legislador no lo estableció en forma expresa. Así, consideró pertinente en aras de garantizar el principio de igualdad, que se debía tomar el mismo término tanto para el trabajador como para el empleador, así consideró lo siguiente: “Principio de igualdad y diferencia de término de prescripción para la acción de reintegro y la acción de levantamiento del fuero sindical. 21Entra por último la Corte a examinar, si el plazo establecido por la disposición acusada desconoce o no el principio de igualdad, - como lo pretende el actor -, al comparar el término de prescripción de la acción de reintegro o restitución, con aquel correspondiente a la solicitud de levantamiento del fuero. Para la Corte, una respuesta al interrogante anterior, exige necesariamente una reflexión sobre la disposición acusada y su relación o diferencia con el procedimiento especial de levantamiento del fuero sindical, contenida en el artículo 113 del C de PT, modificado por el Decreto 204 de 1957, artículo 2º. En efecto, la apreciación del actor y su queja, parte precisamente del enfrentamiento entre ambos contenidos normativos en razón de la aparente desigualdad en el término de prescripción que se exige en uno y otro caso. Así, conforme a la reiterada jurisprudencia de esta Corporación y a fin de despachar de manera efectiva el cargo del actor, resulta pertinente aplicar respecto del artículo 113 del C de PT, la figura de la unidad normativa, teniendo en cuenta que esa figura es procedente cuando no es posible pronunciarse de fondo sobre un contenido que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano,

sin estudiar otros aspectos que si bien no fueron acusados directamente, si le están íntimamente ligados al pronunciamiento que debe hacer esta Corporación. En este 13 caso es evidente, que si se parte de la comparación entre dos normas, es necesario un análisis de ambas disposiciones en lo concerniente a la aparente desigualdad acusada. Así, si bien la figura de la unidad normativa "debe ser excepcional"1, ya que a la Corte no le corresponde revisar oficiosamente las leyes sino que debe pronunciarse sobre aquellas que resulten demandadas por los ciudadanos, ello no es óbice para que proceda la figura "cuando ella es absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre el contenido normativo acusado por un ciudadano." En el caso que nos ocupa la vinculación entre unas normas y otras, es producto inescindible de la queja del ciudadano que radica en la violación al derecho a la igualdad entre ambas disposiciones, en relación con el término de prescripción aplicable a una y otra norma. 22Partiendo de los anteriores supuestos y haciendo un análisis de las preocupaciones del actor respecto del tema de la prescripción, es claro, que la acción de reintegro o de restitución adelantada por el trabajador aforado, prescribe en dos meses. Sin embargo, en lo concerniente al procedimiento de levantamiento de fuero, el estatuto procesal laboral no señala explícitamente un término de prescripción, circunstancia que ha generado, - a pesar de la apreciación definitiva del actor -, diversas interpretaciones. En efecto, si bien es cierto que a partir de la regulación preconstitucional, la doctrina ha entendido que ante la

ausencia de señalamiento expreso se deben aplicar las normas generales del código en la materia que establecen que la prescripción es de tres años acorde con el artículo 151 del C de PT, otros afirman que el entendimiento común, a pesar de lo indicado por el artículo 151 del C de PT, es que el empleador debe iniciar la acción respectiva, en un tiempo razonable2. Independientemente de la evidente desigualdad del término de prescripción aplicable entre una y otra norma, y del alcance que se le pueda dar a las diversas posiciones doctrinales respecto del levantamiento del fuero, es posible que se piense que lo que allí existe es un debate eminentemente legal y que en consecuencia, no debe darse pronunciamiento alguno de carácter constitucional, ante la indefinición misma del legislador. 1 Sentencia C-221 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Ver además la sentencia C298 de 1998 y C-320/97. 2 Al respecto ver comentario contenido en el Régimen Laboral Colombiano. LEGIS. No 4998. Año 2000. 14 Es importante tener en cuenta, sin embargo, que también para el proceso de levantamiento, - como ha ocurrido con la figura misma del fuero -, existen dos momentos que deben ser evaluados para entender el querer legislativo y la óptica constitucional actual. En efecto, en un primer momento que podemos llamar preconstitucional, este proceso se concretaba en la exigencia de una autorización rápida por parte de funcionarios, inicialmente judiciales, posteriormente administrativos pertenecientes al Ministerio del Trabajo y luego nuevamente judiciales, quienes en un término perentorio definían la procedencia de la

autorización o su negativa de levantamiento, de ser probada o no la justa causa. Así mismo, y acorde con las normas que reglamentaron el fuero sindical en sus orígenes, - Decreto Ley 2350 de 1944, Ley 6ª de 1945, Decreto reglamentario 2313 de 1946 -, tal levantamiento en la primera mitad del siglo veinte, otorgaba al empleador una potestad de suspender al trabajador aforado de sus funciones, siempre y cuando en el término de la distancia y 48 horas más, a partir del día de la suspensión, se interpusiera la solicitud de autorización para el despido definitivo. En ese momento histórico, sin embargo, las discusiones sobre fuero sindical y en especial, sus alcances y protección fueron eminentemente de naturaleza legal. De ahí que la razonabilidad de su aplicación, utilización y ejecución, dependiera de criterios básicamente legislativos. Al expedirse la Constitución del 91, el artículo 113 del C de PT y por consiguiente la figura del fuero sindical, exigen una nueva valoración que debe responder a un real "reconocimiento de los representantes sindicales al fuero y de las demás garantías para cumplir su función", desde la preeminente perspectiva constitucional consagrada en el artículo 39 de la Carta. En efecto, la figura del fuero sindical y en consecuencia las acciones procesales de regulación y ejercicio, pasan de ser categorías sencillamente legales a enunciados con protección constitucional. Lo anterior, indica que un debate aparentemente limitado a una esfera legal en la materia, como podría pensarse, cobra indiscutiblemente interés constitucional por expresa

disposición de la Carta, cuando alguna de las interpretaciones que se le pueda dar a las normas, impida o coarte las garantías de los trabajadores aforados. Así, la valoración que haga el juez constitucional al comparar unas normas con otras, y desentrañar el sentido integrador que se requiere para responder el interrogante de la valoración en términos de igualdad, debe estar necesariamente subordinada o fundamentada en la búsqueda de la efectividad manifiesta de los criterios 15 constitucionales anteriormente enunciados, a fin de que la desigualdad que existe en términos de prescripción se ajuste a la naturaleza de cada una de las normas. 23Para la Corte, en consecuencia, la respuesta al interrogante del actor sobre el aparente desequilibrio entre una y otra acción en materia de prescripción, es claramente positiva, así en el caso del levantamiento del fuero se trate de una valoración doctrinal derivada de la aplicación de las normas, pues reconoce la Corte que patrono, trabajador aforado y sindicato son los distintos extremos de la relación generada por la figura del fuero sindical, qu