PGN - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO - Configuración

SALA DISCIPLINARIA

Bogotá D. C., marzo veintidós (22) de dos mil siete (2007). Aprobado en Acta de Sala No. 10.

Radicación: 161-3141 (030-99596/04)

Disciplinado: LUZ MILA PEÑA CLAROS Cargo : Oficinista Grado 6, División Financiera de la Procuraduría General de la

Nación

Quejoso: Luz Stella Romero Zamudio, José León Ruiz López Fecha queja: 5 de agosto de 2004

Fecha hechos: 2004

Asunto Apelación fallo de primera instancia

P. D. Ponente: Doctora DORA ANAÍS CIFUENTES RAMÍREZ Con fundamento en las atribuciones conferidas por el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000, y el recurso de apelación interpuesto y sustentado en legal forma por la señora Luz Mila Peña Claros, conoce la Sala Disciplinaria de la decisión proferida el 26 de mayo de 2006 por la Veeduría de la entidad, mediante la cual la declaró disciplinariamente responsable, en su condición de Oficinista Grado 6, adscrita a la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, y la sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad especial por el mismo lapso.

ANTECEDENTES PROCESALES

Radicación No. 161-3141 El presente proceso disciplinario se originó inicialmente de las copias que ordenó compulsar la Veeduría en auto de fecha 19 de febrero de 2004, contra la señora Luz Mila Peña Claros, de acuerdo a queja presentada por el señor Germán Giraldo

Pizarro, de “Prestar Ltda.”, donde denunció a algunos funcionarios de este Ente de Control, por incumplimiento de obligaciones civiles (fls. 2 a 4). Este escrito de queja dio lugar al expediente No. 030-99596/04, y el 28 de abril de 2004 La Veeduría decretó la apertura de indagación preliminar contra la señora Luz Mila Peña Claros (fls. 8 y 9), disponiendo mediante proveído de 19 de octubre de 2004 la apertura de investigación disciplinaria (fls. 19 a 21). Así mismo, el 5 de agosto de 2004 la señora Luz Stella Romero Zamudio presentó queja contra dicha servidora pública, por incumplimiento de una obligación civil, que suscitó un embargo decretado por el juzgado 30 Civil Municipal (fls. 26 y 27), la cual generó el radicado No. 030-107734/04, donde se ordenó apertura de investigación disciplinaria contra la señora Peña Claros y se dispuso anexar este radicado al No. 030-99596 (fls. 32 a 34). La implicada los días 11 de mayo de mayo y 29 de octubre de 2004 se notificó personalmente de los autos enunciados (fls. 36 y 38). Nuevamente y con copia de la misma queja suscrita por la señora Romero Zamudio, se abrió el radicado No. 030-108646/04, donde el 22 de febrero de 2005 se decretó apertura de investigación disciplinaria contra la señora Luz Mila Peña Claros (fls. 65 a 68), quien se notificó de dicha decisión el 1 de marzo de 2005 (fl. 77), y mediante

proveído de 3 de mayo de 2005 se dispuso la anexión de las diligencias al radicado bajo el No. No. 030-99596/04 (fls. 105 y 106). Según la queja vista a folios 113 a 116, presentada el 1 de abril de 2005 por el doctor José León Ruíz López, apoderado judicial del Fondo Nacional del Ahorro, denunció que la señora Peña Claros estaba adeudando varias cuotas mensuales relativas al 2 Radicación No. 161-3141 crédito hipotecario que le fue otorgado por el FNA, no obstante haberse puesto al día el año pasado, se encuentra en mora en el pago de varias cuotas de administración del Conjunto “Carlos Lleras Restrepo”. De dicha queja emergió el radicado No. 030119908/05, donde se ordenó apertura de investigación disciplinaria contra la denunciada Peña Claros y se dispuso anexar dichas diligencias al proceso radicado bajo el No. 030-99596/04 (fls. 118 a 120), de esta determinación se notificó personalmente a la disciplinada (fl. 150). En providencia de 14 de febrero de 2006, la Veeduría le formuló cargos a la señora Luz Mila Peña Claros, en su condición de Oficinista Grado 6, de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, por incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones civiles impuestas en decisiones judiciales (fls. 202 a 206). La acusada se notificó personalmente de esta decisión el 15 de febrero de 2006 (fl. 210), absteniéndose de rendir descargos, conforme constancia secretarial

de 27 de marzo de 2006 (fl. 211), El operador jurídico por auto de 17 de abril de 2006, corrió traslado para presentar alegatos de conclusión (fl. 212), a lo cual accedió la investigada (fls 218 a 223). La Veeduría de la Entidad mediante providencia calendada 26 de mayo de 2006 sancionó a la señora Luz Mila Peña Claros, Oficinista Grado 6, adscrita a la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad especial por el mismo lapso (fls. 230 a 239). De este proveído se notificó personalmente a la implicada el 26 de mayo de 2006 (fl. 242), quien procedió a designar apoderado (fl. 245). La disciplinada el 1 de junio de 2006 presentó escrito sustentando el recurso de apelación contra el fallo sancionatorio, el cual fue coadyuvado por el defensor (fls. 246 a 250). Recurso de apelación que fue concedido en el efecto suspensivo por auto de fecha 1 de junio del año de 2006 (fl. 265). 3 Radicación No. 161-3141 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA Conforme se registró en precedencia, en fallo de 26 de mayo de 2006 la Veeduría sancionó a la señora Luz Mila Peña Claros, Oficinista Grado 6, adscrita a la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, con suspensión en el ejercicio

del cargo por el término de un (1) mes e inhabilidad especial por el mismo lapso, con fundamento en que se había establecido su responsabilidad en el proceso por estar demostrada la existencia de sentencias judiciales declarando el incumplimiento de las obligaciones civiles (fls. 230 a 239). Puntualizó el operador disciplinario que está probado en autos, la existencia de deudas representadas en títulos ejecutivos, y declaradas como tales en sentencias de 18 de junio de 2004, 23 de septiembre de 2004 y 20 de abril de 2005, de los Juzgados 1, 26 y 39 Civiles Municipales de Bogotá (fls. 103, 126 y 142). Mencionó la primera instancia que para configurarse la reiteración de la conducta, según lo previsto en la sentencia de la Corte Constitucional C-728 de 2000, es indispensable que se haya declarado el incumplimiento de obligaciones civiles por parte de los juzgados al menos en dos sentencias emitidas; presupuesto que se reúne a cabalidad en el caso sub examine. Destacó el a quo que las decisiones emitidas por los Juzgados 1, 26 y 39 Civiles Municipales de Bogotá al declarar que la investigada no había dado cumplimiento oportuno a sus obligaciones civiles, es prueba suficiente para establecer la existencia objetiva de la falta disciplinaria. 4 Radicación No. 161-3141 Sobre los argumentos de la disciplinada que no había presentado descargos porque no era experta en la materia, refutó el operador jurídico tal afirmación al señalar que así como pidió asesoría al Sindicato para la presentación de los alegatos de

conclusión, debió haber procedido para elaborar el escrito de justificaciones. Que aunque no presentó memorial de descargos, se había notificado personalmente del pliego acusatorio, razón por la cual se prosiguió el trámite del proceso, conforme lo dispone el artículo 167 de la ley 734 de 2002, toda vez que en este evento no hay obligación por parte de la Veeduría de designarle defensor de oficio, sin que tal circunstancia comporte conculcación de su derecho a la defensa. También y para rebatir los planteamientos de la acusada en el sentido que se elaboró el pliego de cargos con fundamento únicamente en el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 734 de 202, sin que se hubieran citado los artículos 6 Constitucional y 23 de la Ley 734 de 2002; sostuvo la primera instancia que se avizora en dicho auto que ”su redacción, cumplió con todos los requisitos señalados en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002”. Sobre la no citación del Manual de Funciones previsto por este Organismo de Control, precisó el operador jurídico que la conducta imputada “no tiene nada que ver con su desempeño como funcionaria de su Despacho, aunque sí como servidora pública”. Así mismo, contraatacó la Veeduría la argumentación de la implicada, en el sentido que el incumplimiento de dos obligaciones civiles no lo contemplan las sentencias C728 de 2000 y C-949 de 2002, sino que refieren al incumplimiento reiterado e injustificado de las obligaciones a cargos del servidor público. Al respecto anotó el a quo, “que precisamente cuando se habla de reiteración, el vocablo simplemente

5 Radicación No. 161-3141 implica que un hecho se ha repetido, es decir, es hacer lo que ya se hizo, que es lo que reprocha la norma”. En lo que concierne a las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria aducidas por la implicada, relativas a la fuerza mayor y al encontrarse en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado, como el derecho a la alimentación y educación a su hijo y el ofrecer una vida digna en medio de la pobreza. Al respecto aludió el operador disciplinario, a la definición de fuerza mayor que trae el artículo 64 del código Civil, como imprevisto al que no es posible resistir; de donde se infiere que para que opere este fenómeno jurídico como causal excluyente de responsabilidad, es imprescindible “como requisito un hecho imprevisible, el cual se convierte en irresistible y por ende no querido y un hecho previsto o al menos previsible, el cual se califica de inevitable por su carácter de irresistible”. De igual forma, refirió el a quo a lo consignado por el autor Jaime Mejía Ossman, en su libro denominado Nuevo Código Disciplinario Único, pág. 124, Bogotá, 2003, “La fuerza externa a que nos referimos, es aquella que se convierte en inevitable e irresistible, aunque su resultado hubiese sido previsto o el mismo fuere previsible”. “Para el caso que nos ocupa al Despacho, el imprevisto que no es posible resistir nunca ha existido, ya que la exigencia a ella demandada no configuró en ningún momento una fuerza física”. En lo que atañe a la otra causal de exclusión de responsabilidad relativa a haber

obrado en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado, como el derecho a la alimentación y educación a su hijo; estimó el fallador de primera instancia que teniendo en cuenta las precarias 6 Radicación No. 161-3141 condiciones económicas de la disciplinada, “ha debido buscar instituciones educativas del Estado que permiten el acceso a una educación pública gratuita y digna así como en algunos de ellos la alimentación escolar”. Concluyó la Veeduría que la conducta enrostrada a la señora Peña Claros no fue desvirtuada, quedando comprobado el incumplimiento de las obligaciones civiles referidas en el pliego acusatorio. El a quo mantuvo la calificación de la falta como grave, al tenor de lo consagrado en el numeral 5 del artículo 43 del CDU, en atención al perjuicio ocasionado a los acreedores, circunstancia que trasciende a la sociedad. El operador jurídico mantuvo la imputación subjetiva a título de dolo, por cuanto a pesar de haber contraído obligaciones que debió cumplir, pagando oportunamente las mismas, no lo hizo, teniendo que acudir los acreedores a lograr su cancelación por la vía judicial, profiriéndose por parte de los despachos judiciales mencionados las sentencias, ordenando proseguir la ejecución, al quedar comprobado su no pago la cual atribuyó definitivamente a título de dolo, “por cuanto debiendo y pudiendo cumplir con lo pactado no lo hizo; mostrándose indiferente ante los perjuicios que le pudo causar a los que confiaron en su cumplimiento dado su vínculo laboral con el Estado”.

RECURSO DE APELACION

Conforme se indicó con antelación, la disciplinada actuando en su propio nombre presentó escrito el cual fue coadyuvado por su defensor, mediante el cual sustentó el recurso de apelación interpuesto contra el fallo sancionatorio de fecha 26 de mayo de 2006, proferido por la Veeduría de la Entidad, el cual fundamentó en los siguientes argumentos (fl. 246 a 250): 7 Radicación No. 161-3141 Señaló la recurrente que nuevamente destaca que no ejerció su derecho a la defensa, conforme lo establece el artículo 29 Constitucional y la Ley Disciplinaria, ignorándose que según el artículo 228 de la Constitución Política, debe prevalecer lo sustancial ante lo meramente formal. Se reafirma en los planteamientos esgrimidos en los alegatos de conclusión, los cuales según ella no fueron tenidos en cuenta por el fallador de primera instancia, desconociendo la aplicación de la justicia, pues se trastocó la ley y su cuerpo, con el filántropo concepto de justicia. Sostuvo la impugnante que el a quo determinó por el solo hecho de haber incumplido varias obligaciones civiles, que era responsable disciplinariamente, “dejando de lado el contenido subjetivo del tipo disciplinario, que en el presente caso es la JUSTIFICACION de la conducta desplegada, hecho que confunde al abogado proyectista, pues considera que basta la existencia de un titulo valor, en el que conste la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, situación que es abstracta, alejada del contenido humano vivificante de la norma, en la que no interesa más que la existencia del título valor, independiente de si se cuenta con el

patrimonio para el pago de la acreencia. Afortunadamente, se ha superado la etapa aquella en que las deudas se pagaban con cárcel, porque sino bastaría que se produjera el análisis, tal y como lo efectúa el tallador de primera instancia, para que de inmediato muchos ciudadanos de bien, estuviésemos pagando en el frío calabozo. La sentencia 728 de 2000 de la H. Corte Constitucional ha sido interpretada de manera provechosa para los intereses de sancionarme, ya que pueden existir hasta más de diez sentencias judiciales declarando el incumplimiento, pero basta que se 8 Radicación No. 161-3141 justifique plenamente la existencia del incumplimiento para aceptar que se está ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor (…)”. Sobre la cita del operador jurídico, acerca de la definición de fuerza mayor o caso fortuito que trae el Código Civil, puntualizó la recurrente que es una norma de finales del siglo XIX, totalmente anacrónica, casi imposible de aplicar, en razón a que rara vez se presentan situaciones de naufragio, a no ser que sean modestos pescadores, ni un terremoto, ni el apresamiento por enemigos; significado arcaico apartado de la realidad actual de nuestro país. Añadió también la apelante que para la época en que se redactó esta norma, que es réplica del Código Romano, ya era difícil que se presentaran estas circunstancias, que en todo caso, no servían de nada cuando de iniciar un proceso ejecutivo se trataba, pasando a ser ejecutados los herederos o

familiares del deudor, situación que no se da en el Derecho Disciplinario. Indicó la señora Peña Claros que quiere denotar, que si un padre o madre mueren dejando innumerables deudas. “La pregunta es, es responsable disciplinariamente el funcionario público que las hereda y le es imposible pagarlas? Considero que no, y no se acepta de recibo que fue que se presentó un hecho imprevisible como la muerte, debido a que no hay nada más seguro que la ocurrencia de esto”. Le extraña que se asegure en la providencia recurrida, “de manera tan rampante, que debo buscar un colegio oficial para educar a mi hijo, dejando de lado el hecho natural de todo ser humano que busca lo mejor para su descendencia?. Afirmación que considera ignominiosa y alejada de la realidad por la que atraviesa el país. Expuso la disciplinada que no se puede entrar a elegir entre los derechos y deberes que debían ceder ante la ocurrencia de la coyuntura en que se encontraba, es decir, “entre la alimentación de mi hijo, su educación, el pago de a vivienda y el 9 Radicación No. 161-3141 sostenimiento de mi señora madre, pues la ley natural impone que es deber de los hijos honrar a padre y madre y velar por su sostenimiento, así como de los padres procurar lo necesario para el sostenimiento y mantenimiento de los vástagos. La Ley natural, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, es la que debe imperar en el presente caso, pues es de todos conocidos que primero es lo primero y segundo es lo segundo”. Mencionó la investigada que hay suficiente justificación en cuanto al acaecimiento

del incumplimiento de las obligaciones civiles, clarificando que en autos se sacrificaron derechos de primacía constitucional, frente a otros de origen inferior. En cuanto a la aceptación por parte de la Veeduría que era suficiente señalar en el pliego acusatorio la norma infringida de prohibición contenida en el numeral 11 del artículo 35 de la Ley Disciplinaria, sin que sea imprescindible citar la norma superior y la preceptiva legal sustantiva en la que se consagra el deber, consideró que es un desatino que va en contravía de la decantación que ha venido desarrollando el Derecho Disciplinario, aunado a ello lo sostenido en el sentido que la conducta desplegada relativa a incumplimiento de obligaciones civiles nada tiene que ver con “el desempeño como funcionaria, aunque si como servidora pública”, lo que significa, palabras más o menos, que si se incurre en homicidio doloso por accidente de tránsito, entonces se está incurso en la falta determinada en el numeral primero del artículo 48 del Estatuto Disciplinario, situación alejada de la finalidad del derecho disciplinario”. Persistió la recurrente que por la falta de técnica en la elaboración de la imputación disciplinaria, se le resquebrajó el derecho a la defensa, de conformidad con lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 141 del CDU, a pesar de lo sostenido 10 Radicación No. 161-3141 al respecto en los alegatos de conclusión, y que el a quo le refutó tal planteamiento con el elemental argumento, que la providencia reunía las ritualidades consagradas en el artículo 163 del Estatuto Disciplinario, “posición simplista que demuestra que

efectivamente se presentó la situación planteada, lo que se puede corroborar con la simple lectura del auto de cargos”. La implicada estimó de tal magnitud la conculcación a su derecho a la defensa, que ni siquiera pudo abogar para que se le tuvieran en cuenta los descuentos que se le vienen haciendo así: en el año 2004 la suma de $600.000,oo; en el año 2005 el valor de $900.000,oo, y lo transcurrido de 2006 la suma de $314.288,oo, lo que indica que venía cumpliendo con los descuentos ordenados por el juzgado, situación sesgada por la primera instancia. Así mismo señaló que no pudo referir que en el proceso cursado en el Juzgado 26 Civil Municipal, no era deudora principal, sino codeudora de la señora Elizabeth Vega Rincón y que ésta, según la información que debe obrar en la Veeduría en el proceso que se le adelantó, canceló la deuda; “lo que significa que desapareció el fundamento de la endilgación disciplinaria que se me efectúo. Finalmente sostuvo la apelante que los derechos fundamentales de su hijo y su señora madre, “prevalecen frente a los derechos controvertidos de los demás”; razón por la cual se encuentra incursa en las causales excluyentes de responsabilidad disciplinaria contempladas en los 1, 2 y 4 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, conforme lo argumentado, esto es, que se presentó una situación de fuerza mayor, de la vida de hoy, y no de hace más de dos mil años; en estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal, en razón a que deben predominar o imperar los

derechos de las mujeres y los niños, en este caso la manutención de su señora madre y su hijo, tal como lo estipula el artículo 46 Constitucional, sobre el derecho a 11 Radicación No. 161-3141 las personas de la tercera edad, donde el Estado no ha acatado con la obligación prevista en el inciso final, toda vez que esa carga es de su exclusividad; el artículo 45 ídem, pues no ha podido inscribir a su hijo en un colegio oficial, y menos oportunidad del ingreso a la educación superior en alguna universidad pública; “así como lo que concierne a garantizar la prevalencia de los derechos de los niños tal y como aparece consagrado por el artículo 44 además de la especial protección que el estado debe brindarle a la mujer cabeza de familia de conformidad con el inciso final del artículo 43 de la Norma Superior”. Solicitó al ad quem la impugnante se tengan como pruebas los documentos que anexó al recurso, y requirió el traslado de la prueba sobre el pago de la deuda por parte de la señora Elizabeth Vega, según constancia que reposa en el expediente que le adelantó a dicha funcionaria la Veeduría. CONSIDERACIONES Esta Sala Disciplinaria es competente para conocer del presente asunto de acuerdo a lo previsto en el numeral 1 del artículo 22 del Decreto 262 de 2000 y tercer inciso del artículo 74 ídem, teniendo en cuenta que la señora Luz Mila Peña Claros, Oficinista Grado 6, adscrita a la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, es sujeto disciplinable por este Órgano de Control. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002, el fallo

sancionatorio procede cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado. Por certeza debe entenderse ese valor epistemológico que excluye toda duda razonable. A ella se llega mediante el proceso racional de valoración del material probatorio, teniendo en cuenta las reglas de la sana crítica, la lógica material y las pautas de la experiencia vivencial. Es necesario 12 Radicación No. 161-3141 verificar si en esta actuación obran esos presupuestos para arribar o no a la certeza procesal. La Calidad de Servidora Pública de la señora Luz Mila Peña Claros, se estableció con la certificación expedida por el Jefe de la Oficina de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, donde consta que ingresó a la entidad el 30 de enero de 1992 y en la actualidad desempeña el cargo de Oficinista Grado 6, adscrita a la División Financiera de la Entidad (fls. 39 a 46, 75, 79 a 86 y 129 a 141 ). Cargos formulados. En auto de fecha 14 de febrero de 2006, el objeto de enjuiciamiento contra la señora Luz Mila Peña Claros, Oficinista Grado 6, adscrita a la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación, fue del siguiente tenor (fls. 202 a 206): “(..) HABER incumplido, en forma reiterada obligaciones civiles contraídas con los señores Nelson Vargas; Oscar Luis Osorio y Jorge Chaparro Galvis, declaradas como tales judicialmente por los Juzgados 39, 1 y 26 Civiles Municipales de la ciudad

de Bogotá, en las sentencias de fecha abril 20 de 2005, Septiembre 23 de 2004 y la del 18 de junio de 2004 de juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá (folios 142, 103 y 122 respectivamente)”. Como norma presuntamente quebrantada se le citó la prohibición consagrada en el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002. La falta se calificó como grave y la imputación subjetiva se hizo a título de dolo. 13 Radicación No. 161-3141 Pruebas. 1). Proceso ejecutivo No. 2003-0047, radicado en el Juzgado 1 Civil Municipal de Bogotá, de Oscar Luis Osorio Vanegas contra Luz Mila Peña Claros y Victor Julio Guayara Triana. Por oficio No. 972 de 21 de mayo de 2003, el mencionado despacho judicial reportó al pagador de este Ente de Control, que a través del auto calendado 7 de mayo de 2003 se decretó el embargo del sueldo de los demandados (fl. 15). El Juzgado referido, el 23 de septiembre de 2004 emitió sentencia a través de la cual ordenó seguir adelante la ejecución, liquidación del crédito y condenar en costas a la parte demandada (fI. 104). También señaló dicho juzgado mediante oficios números 1038 de 3 de mayo y 2736 de 11 de noviembre de 2005, que la señora Luz Mila Peña Claros figura como deudora (fl. 148 y 201). 2). Proceso ejecutivo No. 03-1557, radicado en el Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá, de Jorge Chaparro Galvis contra Elizabeth Vega Rincón, Luz Mila Peña

Claros Y Carmen Elena Urbina. Por oficio No. 3144 de 19 de noviembre de 2003, el despacho judicial puso en conocimiento del pagador de la PGN, que por auto de 7 de noviembre de 2003 se decretó el embargo y retención del sueldo de las demandadas (fl. 16). El Juzgado también a través de No. 1146 de 29 de abril de 2005, informó que el 18 de junio de 2004 se dictó sentencia de seguir adelante la ejecución, y mediante 14 Radicación No. 161-3141 proveído de 13 de octubre de 2004 se aprobaron las liquidaciones del crédito y costas (fI. 124). También y a través de oficio No. 1310 de 18 de mayo de 2005, comunicó la Secretaria del juzgado referido, que las demandadas firmaron el título valor en forma solidaria (fl. 126). 3). Proceso ejecutivo No. 200-2188, radicado en el Juzgado 39 Civil Municipal de Bogotá, de Nelson Vargas Jiménez contra Luz Mila Peña Claros. Por oficio No. 668 de 28 de marzo de 2001, el citado despacho judicial reportó al pagador de la Entidad, que por auto de fecha 8 de marzo de 2001 se decretó el embargo del sueldo de la demandada (fl. 12). El Juzgado mencionado, por oficio No. 1089 de 2 de mayo de 2005 informó y allegó fotocopia de la sentencia de fecha 2 de noviembre de 2004, a través de la cual se ordenó seguir adelante la ejecución, se practicó la liquidación del crédito y se condenó en costas a la parte demandada (fI. 142 a 145).

Análisis y evaluación Probatoria. Primeramente conviene traer a colación algunos apartes de la sentencia C-949 de 2002, donde la Corte Constitucional se pronunció sobre la exequibilidad del numeral 11 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, e hizo referencia a la sentencia C-728 de 2000, precisando lo siguiente: “(...) El fin de la norma bajo examen es el de garantizar que los servidores públicos respondan al modelo del ciudadano cumplidor de sus obligaciones legales y que no 15 Radicación No. 161-3141 lesionen la imagen pública del Estado. Detrás de este objetivo pueden encontrarse varias razones: por un lado, que los funcionarios son la representación más visible del Estado y se espera que sus actuaciones concuerden con las visiones que se proponen acerca de la colectividad política y del papel de cada uno de los asociados dentro de ella; por otro lado, que los servidores públicos son los encargados de realizar las actividades estatales en beneficio de los ciudadanos y que, en consecuencia, deben brindar con su vida personal garantía de que en el desarrollo de sus labores responderán a los intereses generales de la comunidad; de otra parte, que, en la medida de lo posible, los servidores públicos estén liberados de los inconvenientes y los trastornos que generan las continuas reyertas y desavenencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones privadas, de manera que puedan dedicarse de lleno a sus labores y que no involucren a las entidades estatales en esos conflictos; y, finalmente, que los funcionarios no se amparen en su calidad de servidores del Estado para cometer desafueros, bajo el entendido de que su

condición infunde temor en los afectados por sus decisiones (...)". "(...) Si ello es así, el funcionario público que no honra sus compromisos bien puede ser condenado dentro de los procesos que se instauren ante las jurisdicciones civil, laboral, comercial o de familia. Sin embargo, esta objeción no responde al interés de la norma acusada, cual es el de velar por que los servidores del Estado respondan a un modelo de ciudadano que observa cumplidamente las normas jurídicas (...)". Finalmente consideró la Corporación, que “(…) es importante precisar que el objetivo de la prohibición es, en primera instancia, evitar el perjuicio que genera para las instituciones estatales el contar entre sus colaboradores con servidores incorregiblemente quebrantadores del ordenamiento jurídico. Por eso, no puede entenderse que sea contraproducente e irrazonable el que como consecuencia de una sanción por el incumplimiento de obligaciones resulten algunos intereses 16 Radicación No. 161-3141 particulares perjudicados, pues dentro del marco de su libertad de configuración normativa, el legislador puede, dentro de ciertos límites, anteponer el bien público – en este caso sancionar al servidor que perjudica la imagen de las entidades estatalesa los intereses particulares de distintas personas (...)". En relación con los argumentos materia de impugnación, es importante señalar que la Veeduría soportó probatoriamente la incriminación, en los tres (3) procesos ejecutivos adelantados ante los Juzgados 1, 26 y 39 Civiles Municipales, donde se emitieron sentencias los días 23 de septiembre de 2004, 18 de junio y 13 de octubre

de 2004, y 2 de noviembre de 2004, en su orden, conforme se reseñó en el acápite de pruebas. Aclarando el Despacho que en el Juzgado 39 C. M. se emitió sentencia el 2 de noviembre de 2004 y no el 2 de abril de 2005 como lo señaló la primera instancia en el pliego acusatorio. En lo que corresponde a la existencia misma de las obligaciones civiles, y la suscripción de los respectivos títulos valores, no hay censura alguna por parte de la disciplinada, su inconformidad radica en que si bien incumplió tales obligaciones la primera instancia no tuvo en cuenta si contaba con patrimonio para pagar las mismas, lo cual desde luego justifica el incumplimiento por hallarse ante un caso de fuerza mayor. Agregó además, que en el proceso cursado en el Juzgados 26 Civil Municipal aparecía ella como codeudora, y la señora Elizabeth Vega canceló la obligación, prueba que solicita se traslade a este proceso. En lo que toca con la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad disciplinaria alegada por la apelante, es importante traer a colación algunos apartes de la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte suprema de Justicia, el 26 de julio de 2005, en el expediente radicado bajo el No. 0500131030111998 6569-02, donde se precisó: 17 Radicación No. 161-3141 “(…) 7. 2. Fuerza mayor como eximente de responsabilidad En relaci