PGN - FUERZA PUBLICA - El beneficio del cómputo del tiempo doble de servicios se consagró por u

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 054-07

23-02-07 Señores Magistrados

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: JAIME MORENO GARCÍA

E. S. D.

REFERENCIA : EXPEDIENTE No. 110010325000200500237 01

No. Interno 10024-2005

ACTOR : PEDRO ANTONIO HERRERA MIRANDA

DEMANDADO: NACIÓNMINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO ACCIÓN: SIMPLE NULIDAD Procede esta Agencia del Ministerio Público a rendir su concepto en el proceso que la Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado, conoce por la acción de simple nulidad instaurada contra los artículos 7 numeral 7.1º, 8º, 13, 15 parágrafo, 27 parágrafo del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, expedidos por el Gobierno Nacional, por medio del cual: “…se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública”

1. ANTECEDENTES La parte actora ejerciendo la acción de simple nulidad formuló demanda ante el H. Consejo de Estado contra el Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, en sus artículos 7º numeral 7.1, 8º, 13, 15 parágrafo y 27 parágrafo, por medio del cual el Gobierno Nacional fijó 2 el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la

Fuerza Pública, estableciendo lo siguiente: “ART. 7 Cómputo de tiempo de servicio. Para efectos de la asignación de retiro o pensión de sobrevivientes, el Ministerio de Defensa Nacional y la Dirección General de la Policía Nacional, liquidarán el tiempo de servicios, así: 7.1. Oficiales, suboficiales, nivel ejecutivo y Agentes, el tiempo de permanencia en la respectiva escuela de formación, sin que pueda sobrepasar de dos (2) años. (…) ART. 8º Cómputo de tiempo doble. A quienes hubieren adquirido derecho al cómputo de tiempo doble por servicios prestados antes de 1974, se le continuará teniendo en cuenta para efecto del cómputo del tiempo para la asignación de retiro o pensiones, conforme lo hubieren señalado las normas correspondientes. (…) Art. 13. partidas computables para el personal de las Fuerzas Militares. La asignación de retiro, pensión de invalidez, y de sobrevivencia, se liquidarán según corresponda a cada caso, sobre las siguientes partidas así: 13.1 Oficiales y suboficiales: 13.1.1. Sueldo básico. 13.1.2 Prima de actividad. 13.1.3 Prima de antigüedad. 13.1.4.Prima de estado mayor. 13.1.5.Prima de vuelo, en los términos establecidos en el artículo 6º del presente Decreto. 13.1.6. Gastos de representación para Oficiales Generales o de insignia. 13.1.7.Subsidio familiar en el porcentaje que se encuentre reconocido a la fecha de retiro. 13.1.8 .Duodécima parte de la prima de navidad

liquidada con los últimos haberes percibidos a la fecha fiscal de retiro. 3 13.2. Soldados Profesionales: 13.2.1. Salario mensual en los términos del inciso primero del artículo 1º del Decreto-Ley 1794 de 2000. 13.2.2. Prima de antigüedad en los porcentajes previstos en el artículo 18 del presente Decreto. Parágrafo. En adición a las partidas específicamente señaladas en este artículo, ninguna de las demás primas, subsidios, bonificaciones, auxilios y compensaciones, serán computables para efectos de asignación de retiro, pensiones y sustituciones pensionales. (…) Art. 15. Asignación de retiro para el personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Los oficiales de las Fuerzas Militares, que ingresen al escalafón a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto y que sean retirados después de veinte (20) años de servicio, por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional, según el caso, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinticinco (25) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que termine los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una asignación de retiro, así: 15.1. Setenta por ciento (70%) del monto de las partidas computables a que se refiere el artículo 13 del presente

Decreto, por los veinte (20) primeros años de servicio. 15.2.El porcentaje indicado en el numeral anterior se adicionará en un cuarto por ciento (4%) por cada año que exceda de los veinte (20) hasta los veinticuatro (24) años, sin sobrepasar el ochenta y cinco por ciento (85%). 15.3. A su vez. El ochenta y cinco por ciento (85%) de que trata el numeral anterior se adicionará en un dos (2%) por cada año, sin que el total sobrepase el noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables. Parágrafo. También tendrán derecho al pago de asignación mensual de retiro, en las condiciones previstas en este artículo, los oficiales y suboficiales de la Fuerzas Militares que se retiren por solicitud propia siempre y cuando tengan veinte (20) años o más de 4 servicio y hayan cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad los hombre y cincuenta (50) edad las mujeres. (…) Art. 27. Parágrafo. A la muerte de un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, en actos meritorios del servicio, en combate o como consecuencia de la acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el artículo 11º del presente decreto, tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección General de la Policía Nacional, liquidada de acuerdo con

el grado conferido póstumamente y equivalente al ciento por ciento (100%) de las partidas establecidas en el artículo 23 del presente decreto.”

1. ANTECEDENTES El accionante formuló demanda ante la Sección Segunda del H.

Consejo de Estado, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de los artículos 7º numeral 7.1, 8º, 13, 15 parágrafo, 27 parágrafo del Decreto 4433 del 31 de diciembre de 2004, expedido por el Gobierno Nacional. 1.1. HECHOS: Aduce el demandante que el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 4433 de 2004 reprodujo el Decreto 2070 de 2003, por medio del cual se reformó el régimen pensional propio de las Fuerzas Militares y la Policía. Normatividad que fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004, Exp. D-4882. M.P. Rodrigo Escobar Gil. 5 1.1. CONCEPTO DE VIOLACIÓN El actor señaló que el Decreto demandado es contrario a los artículos 1º, 13, 25, 53, 58, 150 numeral 9º literal e), 158 y 215 inciso 9º del Constitución Política ; 1º, 2º, numeral 2.1., 2.4., 2.7, 3º numeral 3.1 inciso 1º, 2º, 3º, numeral 3.3., 3.6, 3.7 y 3.9 de la Ley 923 de 2004; 40 literal a) de la Ley 48 de 1993. Argumentó su pretensión señalando que el decreto demandado es

contrario a los principios constitucionales que protegen el Estado Social de Derecho, la dignidad humana, la igualdad, los derechos y prestaciones sociales de los trabajadores y en especial de la Fuerza Pública y porque además contradice las normas, objetivos, criterios contenidos en la Ley 923 de 2004, al mismo tiempo que desconoce el régimen de los decretos de que trata el artículo 150 literal e) de la C.P. y porque interpreta erróneamente la ley marco con lo cual encuadra en uno de los vicios que señala el artículo 84 del C.C.A., para la anulación de todo acto administrativo. Indicó que cuando el Congreso expidió la Ley 48 de 1993 estipuló que todo Colombiano que haya prestado su servicio militar obligatorio tendrán en todas las entidades del Estado de cualquier orden el derecho a computar el tiempo de servicio militar obligatorio para efectos de cesantía, pensión de vejez y prima de antigüedad en los términos de la ley y cuando expidió la Ley 923 lo hizo para que el Gobierno cumpliera los objetivos y criterios señalados en ella. Señaló que el artículo 7.1. del Decreto 4433 de 2004 desconoce el principio de igualdad contenido en artículo 13 de la Constitución Política y el artículo 3.1. de la Ley 923, pues la asignación de retiro para la Fuerza Pública se debe fijar teniendo en cuenta exclusivamente el tiempo de formación, es decir: el tiempo de permanencia en las escuelas de formación que para los oficiales del Ejercito y Fuerza Aérea es de tres años y para la Armada es de 4 años, para los suboficiales6 agentes y personal del nivel ejecutivo en menos de 2 años, no obstante a los oficiales se limita el tiempo en 2 años cuando su permanencia es superior y la norma de la ley marco no limita el término. Así mismo, consideró que el artículo 8º estableció una limitante, pues señaló que sólo aquellos que hubieren adquirido derecho al cómputo de tiempo doble por servicios prestados antes de 1974, se les debía tener en cuenta para efecto de computar el tiempo de servicio para la asignación de retiro, desconociendo así, los derechos adquiridos que consagran las normas anteriores, ya que el artículo 53 de la Constitución Política parte final prohíbe menguar, disminuir o reducir los derechos o la remuneración de los miembros de la Fuerza Pública que consolidaron el derecho al tiempo doble de servicios por mandato expreso del artículo 181 del Decreto 2337 de 1971, 139 parágrafo del Decreto 612 de 1977; 170 parágrafo 1º del Decreto 1211 de 1990; 131 del Decreto 2337 de 1971. Por lo tanto, al Gobierno Nacional no le es dable desconocer unos derechos desde junio de 1975 hasta marzo de 1977, amén de la prevalencia de la condición más favorable para los trabajadores. Señaló que el artículo 3. numeral 3.9. de la Ley 923 de 2004 determinó un régimen de transición para garantizar las expectativas de quienes se encuentren próximos a acceder al derecho de pensión y/o asignación de retiro, sin embargo el Decreto 4433 de 2004 no

estableció este régimen de transición, violando esta norma y los criterios y objetivos señalados en la ley marco (Ley 923 de 2004). Así, manifestó que la Ley 923 del 12 de diciembre de 2004 en su artículo 3º numeral 3.10. consagró un régimen de transición que reconoce las expectativas legítimas de quienes se encuentran próximos a acceder al derecho de pensión y/o asignación de retiro, no obstante, el decreto demandado no observó esta disposición, pues no tuvo en cuenta los aspectos de calidad, los riesgos, la especialidad, la 7 naturaleza de las funciones, las responsabilidades para fijar las asignaciones de retiro y pensiones. Indicó que en el parágrafo del artículo 27 del Decreto demandado se fijó un trato discriminatorio al concederle al nivel ejecutivo una prerrogativa de liquidar con el 100% sus prestaciones en caso de muerte en actos especiales del servicio y en las partidas computables del artículo 13 no se incluyeron las primas para oficiales que se les paga al personal de las Fuerzas Militares en actividad como por ejemplo asignaciones mensuales y prima de bucería (art. 88), prima de calor (Art. 89), prima de comandos para los oficiales que devengaron (Art. 90), prima de especialidad (Art. 91), prima de gastos de representación (Art. 93 parágrafo), prima para oficiales del cuerpo administrativo (Art. 96), prima de oficiales técnicos (Art. 97), prima de salto (Art. 99), prima de servicio anual (Art. 100), prima de submarinista (Art. 101), prima para el escalafón complementario (Art.

157); la falta de incluir estas primas constituyen detrimento de las prestaciones sociales para estos miembros que la devenguen y devengaron en servicio activo, desconociendo el artículo 2º numeral 2.7 de la Ley 923 de 2004. Finalizó señalando que el artículo 25 de la Constitución Política establece que el Gobierno Nacional no puede desmejorar los derechos sociales de los individuos, es decir que ni siquiera mediante decreto que tenga fuerza de ley, expedidos en circunstancias de apremió económico y social por crisis creada o por hechos sobrevivientes, es posible reducir o desmejorar las prestaciones sociales de los trabajadores.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La entidad pública accionada manifestó que los artículos demandados del Decreto 4433 de 2004 se ajustan a la Ley 923 de 2004, por 8 sujeción plena de las normas, criterios y objetivos fijados en la ley, con pleno respeto a los derechos adquiridos, pues no se aplica con retroactividad a los miembros de la Fuerza Pública, que hubieren ingresado antes de su entrada en vigencia, esto es, la consideración a riesgos inherentes a esta actividad.

Indicó que el Decreto 4433 de 2004 es más beneficioso para los miembros de la Fuerza Pública, ya que pueden retirarse después de los 20 años de servicio por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional y tienen derecho a que se les pague una asignación mensual de retiro, sin importar la edad. Requisito que sí se exige para los demás servidores públicos incursos en el régimen general de

seguridad social. Mencionó que respecto al tiempo de servicios para efectos de adquirir el derecho a la asignación de retiro, el numeral 3.1. del artículo 3º de la Ley 923 de 2004 señala que el Gobierno Nacional deberá tener en cuenta que el tiempo de servicios para acceder a la asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años, por ende, el Decreto 4433 de 2004 cumplió ya que señaló como tiempo mínimo para acceder al derecho, 20 años y como máximo, 25 años. Señaló que el Decreto guarda total armonía con la prohibición de discriminar por razón de la categoría, jerarquía o cualquier otra condición de los miembros de la Fuerza Pública, es así como se aplica indistintamente a oficiales, suboficiales de las Fuerzas Militares, suboficiales, personal del nivel ejecutivo y agentes de la Policía Nacional, alumnos de las escuelas de formación de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así como a los soldados. Estimó que el tiempo de formación militar y policial es tenido en cuenta para efectos de tiempo para acceder al derecho de asignación de retiro, para ello el Gobierno Nacional no tuvo ninguna limitación para ponderar el tiempo de formación, como sí sucedió con el tiempo de servicio total prestado para adquirir el derecho a la asignación de 9 retiro (mínimo 18 años y máximo 25 años), razón por la cual no le asiste razón al demandante. Señaló que el demandante no tuvo en cuenta el marco general de la política macroeconómica y fiscal, determinada por la austeridad en el

gasto público, pues es de todos conocido que la carga presupuestal asumida por el Estado con el elevado número de pensiones y sus cuantías es inmanejable, razón por la cual es necesario ajustarse a la realidad social, teniendo en cuenta el índice de vida probable de conformidad con las tablas de supervivencia reales dictaminadas por los organismos encargados de esa competencia, pues no es concebible que un individuo de 38 años o menos de edad tenga automáticamente derecho a una pensión o asignación de retiro cuando todavía es productivo. Agregó que la pensión cumple una función social como es la de suplir las necesidades de aquellos que por su edad ya no se encuentran en condiciones de laborar y es en este momento, cuando el Estado debe acudir a proteger al individuo de conformidad con los postulados constitucionales en sus artículos 53 y 58, en concordancia con los tratados internacionales. Manifestó respecto a la declaratoria de inexequibilidad que declaró la Corte Constitucional del Decreto 2070 de 2003, que la decisión la tomó, porque todo régimen prestacional y de asignación de retiro, en este caso para los miembros de la fuerza pública, debe ser regulado por una ley marco, hecho que en ese caso no sucedió, pues se expidió contrariando la ley de facultades 797 de 2003, por ende vulneraba de manera evidente el orden constitucional, ya que la ley marco debe precisar el contenido especial o básico del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, para lo cual debe indicar elementos tales como los requisitos de edad, tiempo de servicios, montos, ingresos bases de liquidación, regímenes de

transición, indemnizaciones sustitutivas y demás condiciones y exigencias que aseguren el reconocimiento de dicha asignación y de otras prestaciones relacionadas. 10

3. CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA DELEGADA El problema jurídico se circunscribe en determinar si los artículos 7 numeral 7.1., 8º, 13, 15 parágrafo, 27 del Decreto 4433 de 31 de diciembre de 2004, a través del cual, el Gobierno fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública son contrarios a la Ley 923 de 2004, teniendo en cuenta que, según el demandante, su contenido desconoce las normas, objetivos, criterios y los principios fundamentales que contempla, como la dignidad humana, igualdad, los derechos adquiridos, ya que constituyen una desmejora a las prestaciones sociales de los trabajadores, en especial el atinente a la asignación de retiro y la pensión de vejez.

En primer término, es claro que el numeral 11 del artículo 189 de la Carta Política le asigna al Presidente de la República, como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, el ejercicio de la potestad reglamentaria con la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes; facultad que si bien en principio no puede ser limitada, debe estar sometida a la Constitución y a la ley, estableciendo a través de sus actos parámetros y lineamientos dentro de los cuales se logre debida ejecución. De suerte que el ámbito normativo de la Carta Política dentro de la

fijación de competencias relacionadas con la administración pública, establece las atribuciones del Presidente de la República, estando entre ellas el reconocimiento de una facultad administrativa, condicionada y sujeta a las definiciones normativas de la ley, que puede establecer no sólo principios y reglas generales para su definición, sino también, imponer elementos específicos que la orienten y la encausen. 11 Para efectos de este análisis, iniciaremos el estudio revisando en primer lugar, los objetivos y criterios que contempló el legislador, cuando expidió la Ley 923 de 2004, para que el Gobierno Nacional fijara el régimen pensional y la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública: “ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS Y CRITERIOS. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios: 2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de la misma. 2.2. La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal. 2.3. Los riesgos inherentes a la actividad especial de los miembros de la Fuerza Pública aplicando el principio de redistribución de acuerdo con la antigüedad, grados, cuerpo, arma y/o especialidad, la naturaleza de las

funciones, y sus responsabilidades. 2.4. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y de las pensiones legalmente reconocidas. 2.5. Los recursos que se recauden por aportes que se hagan para la asignación de retiro en la Fuerza Pública y sus rendimientos se destinarán en forma exclusiva al pago de asignaciones de retiro y sustituciones pensionales. 2.6. El manejo, inversión y control de los aportes estarán sometidos a las disposiciones que rigen para las entidades administradoras del régimen de prima media con prestación definida y a la inspección y vigilancia del Estado. 2.7. No podrá discriminarse por razón de categoría, jerarquía o cualquier otra condición a los miembros de la Fuerza Pública para efectos de adelantar el trámite administrativo del reconocimiento de una asignación de retiro o pensión o sustitución. 12 El tiempo de servicio exigido para tener derecho a la asignación de retiro será establecido en igualdad de condiciones para el personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Miembros del Nivel Ejecutivo que ingresen a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adquirido el derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud propia, o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal.” De la lectura de la disposición anterior se advierte que el Gobierno Nacional para reglamentar la Ley 923 de 2003 debe tener en cuenta, además de los principios generales, aquellos que refieren a los

derechos adquiridos, la sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal, los riesgos inherentes a la actividad especial de los miembros de la Fuerza Pública, aplicando el principio de redistribución de acuerdo con la antigüedad, grados, cuerpo, arma y/o especialidad, la naturaleza de las funciones y sus responsabilidades, el mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y de las pensiones legalmente reconocidas. La parte actora advierte que el artículo 7.1. del Decreto 4433 de 2004 limitó a dos años el tiempo de formación que debe ser tenido en cuenta para efectos de reconocer la asignación de retiro o pensión de sobrevivientes, a pesar de que este tiempo en las Escuelas de Formación de la Fuerza Área es de 3 años y para la Armada de 4 años. Al revisar lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 923 de 2004 se observa que en verdad el legislador no fijó ningún limite cuando señaló la posibilidad de computar para efectos de reconocer la asignación de retiro y la pensión de jubilación el tiempo de formación, es decir que en principio se podría concluir que el ejecutivo no podía regular un término inferior al que realmente cumplen los miembros de cada cuerpo, señalando un tope, pues con ello estaría desconociendo el derecho que tiene el servidor de acumular el tiempo de preparación como miembro de la Fuerza Pública. 13 De suyo, sobre la argumentación que hace el demandante de este cargo, refiere a que el artículo 7.1. vulnera la Ley 923 de 2004, por la equiparación que hace al señalar un término de dos años, sin tener en

cuenta que para cada cuerpo armado existe una variación en cuanto al tiempo de formación, sin embargo, no señaló la disposición legal que contempla los 3 y 4 años de formación que, según él, cumplen las distintas fuerzas. En cambio esta Delegada observa al revisar el Decreto Ley 1211 de 1990, normatividad que regula el régimen por el cual se reformó el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares ( Ejército, Armada y Fuerza Aérea), que el artículo 170 si estableció el límite de los dos años para efectos de contabilizar el tiempo de la asignación de retiro y demás prestaciones, es decir que fue el mismo legislador el que determinó el tiempo que comprende tanto a oficiales y suboficiales de los distintos cuerpos armados. “ARTICULO 170. COMPUTO DE TIEMPO. Para efectos de la asignación de retiro y demás prestaciones sociales, el Ministerio de Defensa liquidará el tiempo de servicio, así: a. Oficiales, el tiempo de permanencia en la respectiva Escuela de Formación de Oficiales, con un máximo de dos (2) años; b. Suboficiales, el tiempo de permanencia como Soldado o Alumno de una Escuela de Formación de Suboficiales, con un máximo de dos (2) años; c. El tiempo de servicio como Oficial o Suboficial.” (…)” Por lo tanto, no se evidencia una violación del artículo 3.1. de la Ley 923 de 2004 como lo manifiesta el actor, por el contrario se verifica es que la reglamentación que hizo el Gobierno Nacional sobre este punto esta conforme con el ordenamiento jurídico, pues una cosa es la obligación que el miembro del cuerpo armado debe cumplir para

efectos de su preparación militar y otra bien distinta el tiempo que se contabiliza para efectos de liquidar su asignación de retiro o pensión de jubilación, mucho más cuando para este organismo la ley estableció un 14 régimen especial y fijó unos topes entre máximos y mínimos para regular el tiempo de servicio, así se requiere 15 años, como mínimo, hasta 25 años, como máximo. Igualmente, es evidente que tampoco se requiere revisar el régimen de transición que consagra el numeral 3.9 de la Ley 932 de 2004, porque en este caso, no se trata de aplicar una normatividad que contemple una regulación nueva que desmejore los intereses del servidor público frente a normatividad anterior que le favorezca como lo quiere hacer ver el demandante, sino que por el contrario, desde el año de 1990 (Decreto Ley 1211), el legislador extraordinario consagró el término de los dos años para efectos de contabilizar en la asignación de retiro el tiempo de formación militar, es decir no se ha producido ninguna modificación en tal sentido. Por otra parte, un régimen de transición tiene por objeto principal el mantener la regulación anterior vigente para aquellos casos que cumplen determinados requisitos, teniendo en cuenta los cambios que se producen históricamente en la legislación, por lo tanto de ahí deriva precisamente esta especial normatividad, atendiendo las modificaciones que se producen, pues de lo contrario los regímenes serían inmodificables e inertes y completamente distantes a la realidad y las circunstancias que se presenten en el desarrollo institucional. Ahora bien, respecto al artículo 8º del Decreto 4433 de 2004, el actor aduce que esta disposición vulnera el artículo 170 de la Ley 1211 de

1990, pues le otorgó el derecho de computar el tiempo doble sólo aquellos que hayan adquirido el derecho con anterioridad a 1974, dejando por fuera el tiempo correspondiente a junio de 1975 hasta marzo de 1977, a pesar de la prevalencia de la condición más favorable para los trabajadores. Planteamiento que no comparte este Despacho porque el reconocimiento del tiempo doble no se ha presentado con posterioridad a la expedición del Decreto 1386 de 1974 que estableció unos periodos específicos para su reconocimiento. Así, el artículo 181 consagró lo siguiente: “Artículo 1º.Para efectos de prestaciones sociales el Ministerio de Defensa Nacional computará 15 tiempo doble de servicio a los Oficiales y Suboficiales de la Fuerzas Militares, oficiales, suboficiales y Agentes de la Policía Nacional durante el lapso comprendido entre el 26 de febrero de 1971 y el 29 de diciembre de 1973. Evidentemente, se advierte que la norma transcrita establece un periodo que va desde el 26 de febrero de 1971 al 29 de diciembre de 1973, es decir que el beneficio se consagró por un lapso de tiempo determinado y no en forma indefinida, por ende no se puede tener en cuenta para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro el tiempo que pretende el actor, esto es el del mes de junio de 1975 hasta marzo de 1977, pues con esta interpretación sí se estaría contrariando el término que estableció el legislador desde tiempo atrás. Regulación vigente que se ha venido aplicando para resolver el tema de los tiempos dobles para un grupo de servidores de las Fuerza

Pública, pero que de manera alguna se puede hacer extensivo a otros miembros, que si bien pudieron desempeñarse en estado de sitio, no están comprendidos para efectos de liquidarles la asignación de retiro por decisión expresa de la ley. Así mismo, es necesario aclarar que si el régimen prestacional de un grupo determinado no beneficia a la totalidad de los miembros de la Fuerza Pública, no significa que se esté vulnerando el principio de igualdad consagrado por el artículo 13 constitucional, ya que el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos está sometido a las variaciones y cambios requeridos, que derivan de las específicas circunstancias que se presentan, tanto por las necesidades del servicio, la situación de orden público y las expectativas de orden económico. Por lo tanto, no se puede asegurar que en este caso, se estén desconociendo los derechos adquiridos como lo asegura el actor, porque según él la administración no podía desmejorar las prestaciones de los miembros de la fuerza Pública, ya que mientras el concepto o beneficio salarial no ingrese al patrimonio del servidor no se puede entender en esos términos, sino simplemente que es titular de una 16 mera expectativa, pues de lo contrario no sería posible hacer ninguna variación al régimen salarial y prestacional de los funcionarios públicos; de ahí la importancia de que se establezcan los regímenes de transición para salvaguardar los derechos e intereses de las personas que cumplen con ciertos requisitos para que continúen rigiéndose con la regulación anterior. Por consiguiente, para esta Delegada el artículo 8º demandado es concordante con lo consagrado por el Decreto 1386 de 1974 como se

colige de su simple lectura: “ A quienes hubieren adquirido derecho al cómputo de tiempo doble por servicios prestados antes de 1974, se le continuará teniendo en cuenta para efecto del cómputo del tiempo para la asignación de retiro o pensiones, conforme lo hubieren señalado las normas correspondientes.” Por otra parte, en lo atinente al artículo 13, esta Delegada advierte que el demandante no es claro en cuanto al concepto de violación, ya que la vulneración que plantea: “ no se incluyó las primas para oficiales y suboficiales que se les paga al personal de las Fuerzas Militares en actividad….”, (folio 41) da a entender que lo que pretende al parecer es que los conceptos salariales y prestacionales que se le reconocen a los miembros en actividad se les cancelen también a los retirados para efectos de liquidar la asignación de retiro, por el cual considera que la disposición vulnera la Ley 923 de 2004. Razonam