PGN - FUERZAS MILITARES - Requisitos para acceder a la asignación de retiro para el personal en

FUERZAS MILITARES-Requisitos para acceder a la asignación de retiro para el personal en servicio activo y para el que ingresara a las Fuerzas Militares. ASIGNACION DE RETIRO-Para el personal en servicio activo y para el que ingresara a las Fuerzas Militares. COMPETENCIA DEL GOBIERNO NACIONAL-Para expedir el decreto 991 de 2015. Por tanto, las disposiciones constitucionales le fijan competencia al Congreso, para definir la regulación atinente a los requisitos de acceso a la asignación de retiro de quienes se encuentran en servicio activo y de aquellos que ingresen a las Fuerzas Militares, de modo que con base en esta normatividad el Gobierno Nacional debe reglamentar los parámetros y lineamientos que establece el legislador, por ello el ejecutivo no podía modificar los requisitos de tiempo para efectos de conceder esta prestación, por cuanto es una función del Congreso, en la medida que es un tema de reserva de ley. Así las cosas, el Ejecutivo excedió la facultad reglamentaria otorgada por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, aspecto que se analizará con mayor profundidad, cuando se analice el segundo problema jurídico. El Congreso de la República, a través de la Ley 923 de 2004, fijó las normas, objetivos y criterios a los que debía sujetarse el Gobierno Nacional, para establecer el régimen pensional y de asignación de retiro, señalando: (…). En el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, consagró los principios y parámetros generales que debía tener en cuenta el Gobierno

Nacional, para regular el reconocimiento de la asignación de retiro y señaló dentro de los elementos mínimos, respecto del tiempo de servicio, que no se podían exigir menos de 18 años ni más de 25 años de servicio para su otorgamiento; la citada normativa dispuso; (…). No obstante, la disposición acusada señala que para otorgar la asignación de retiro, se requiere haber prestado un tiempo de servicios no inferior a 15 años “por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional según el caso, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional y los que se retiren a solicitud”, mientras que para la separación absoluta exige 20 años de servicio, presupuesto que no regula la Ley 923 de 2004, razón por la cual se considera que el Ejecutivo pudo sobrepasar el límite establecido por el legislador. En efecto, el legislador no distinguió entre la desvinculación por separación absoluta y las demás causales de retiro y, por ende, el Gobierno carecía de la facultad de diferenciarlas, como efectivamente lo hizo al expedir la expresión acusada en el decreto bajo estudio. FUERZAS MILITARES-El acto acusado hace una diferencia entre quienes se desvinculan en forma absoluta del servicio, de aquellos que lo hacen por otras causales. En el presente caso, se advierte que el acto acusado hace una diferencia entre quienes se desvinculan en forma absoluta del servicio, de aquellos que lo hacen por otras causales. Es así que los artículos 129 y 144 del Decreto Ley 1211 de 1990, y el artículo 121 del Decreto Ley

1212 de 1990, consagran dentro de las causales de desvinculación de la Fuerza Pública, la separación absoluta del servicio en las siguientes condiciones: (…).

Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 2 FUERZAS MILITARES-Asignación de retiro/ASIGNACION DE RETIRO-El ejecutivo carecía de la facultad de aumentar los requisitos del tiempo de servicio, como lo hizo con la expresión acusada contenida en el artículo 1º del Decreto 0991 DE 2015. Es decir, se advierte que el tiempo contemplado para las causales de retiro, difiere de las mencionadas en la expresión demandada, puesto que no es equivalente la desvinculación por un llamado a calificar servicio o por incapacidad profesional, o disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional o de manera voluntaria, respecto de aquel que ha sido, por ejemplo, condenado a una pena de prisión, de ahí que es evidente la diferencia entre las causales que dan lugar al reconocimiento de la asignación de retiro, más aun cuando el legislador no hizo distinción alguna en este asunto, razón por la cual el ejecutivo tampoco podía realizarla para incluir un tiempo de servicio diferente en la expresión acusada.

Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 3

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE

ESTADO

Concepto No. 056

IUS-E2020-145625

Bogotá, D.C, 02 de abril de 2020. Doctor Gabriel Valbuena Hernández Consejero ponente Sección Segunda - Subsección “A” Consejo de Estado

E. S. D.

Expedientes Nos. 11001032500020150105800 11001032500020160029400 Nos. Internos 4673-2015 y 1694-2016 (acumulados)

Demandantes: Jesús Celis Márquez y Luis E. Álvarez Vargas Demandados: NaciónMinisterio de Hacienda y Crédito Público y Ministerio de Defensa Medio de control: Nulidad Asunto: Alegato de conclusión. Ley 1437 de 2011.

Procede esta Agencia del Ministerio Público a emitir el concepto en el proceso de la referencia.

I. PRETENSIÓN Y ACTO ACUSADO La parte actora, en ejercicio del medio de control consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, demandó la nulidad de la expresión subrayada del artículo 1º del Decreto 0991 del 15 de mayo de 2015, a través del cual el Gobierno Nacional fijó el régimen de asignación de retiro al personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, por cuanto, en criterio de los

Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 4 accionantes, existió violación a los artículos 53, 58, 217 y 218 de la Constitución Política, disposición que textualmente consagra: “Artículo 1°. Asignación de Retiro para el personal de Oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares. Fíjese el régimen de asignación mensual de retiro para el personal de los oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares, escalafonados con anterioridad al 31 de diciembre de 2004, los cuales tendrán derecho cuando sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional según el caso, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional y los que se retiren a solicitud propia o sean retirados o separados en forma absoluta después de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, según corresponda, a que por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 13 del Decreto número 4433 de

2004, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) del mismo monto, incrementando en un dos por ciento (2%) por cada año adicional después de los veinticuatro (24) años de servicio, sin que el total sobrepase el noventa y cinco (95%) de las partidas computables. Parágrafo. Las condiciones previstas en este artículo para tener derecho a una asignación de retiro son aplicables al Oficial y Suboficial de las Fuerzas Militares que sea retirado del servicio activo después de quince (15) años de servicio, por voluntad del Gobierno o de los de Comandos de Fuerza, según el caso, o por inasistencia al servicio por más de cinco (5) días sin tener causa justificada, o por conducta deficiente.” 1.1. Hechos El Congreso de la República, con fundamento en el artículo 150, numeral 19, literal e), expidió la Ley 923 de 2004 en la que señaló las normas, criterios y objetivos que debía observar el Gobierno Nacional para fijar el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.

Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co

5 El artículo 2º de la Ley 923 de 2004, consagró que, para tal fin, además de los principios de universalidad, igualdad y equidad, debía tener en cuenta los derechos adquiridos y prohibiciones, la no discriminación por razones de categoría, jerarquía o cualquier otra condición, entre otros. Entre tanto, en el artículo 3º ibídem dispuso un régimen de transición que reconocía las expectativas legitimas de quienes se encontraban próximos a acceder al derecho de pensión y/o asignación de retiro. Por su parte, el Decreto 991 de 2015 excluyó “del régimen de asignación de retiro a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, retirados por incapacidad absoluta permanente, o por gran invalidez, o por muerte, y fijar para los oficiales y suboficiales retirados por solicitud propia o por separación absoluta, un tiempo superior a 20 años, diferente a los 15 años exigidos a todos los demás oficiales y suboficiales”1 1.2. Concepto de Violación La parte actora citó como normas infringidas los artículos 13, 48, 53, 58, 150 (numeral 19) y 209 de la Constitución Política; 1º, 2º, 3º, y 5º de la Ley 923 de 2004 y 26 del Código Civil. En criterio de los demandantes, el Gobierno Nacional excedió las facultades que le otorgaba la Ley 923 de 2004, al expedir el Decreto 991 de 2015, a través del cual fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, pues en la expresión acusada

contemplada en el artículo 1º de este último estableció los requisitos de tiempo de servicios para los oficiales y suboficiales en servicio activo para 1 Texto entre comillas tomado de la demanda de Luis Enrique Álvarez.

Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 6 acceder a la prestación, exigiendo un tiempo superior a los 20 años en relación de aquellos que se separaran de manera absoluta, a pesar de que la Ley 923 de 2004 señala un tiempo no superior a 15 años. La expresión acusada, en sentir de los accionantes, desconoce el principio de igualdad, por cuanto hace una diferencia de trato entre los miembros de la Fuerza Pública que se retiran atendiendo la causal de separación absoluta, en tanto que la regulación demandada los discrimina respecto de los demás que se desvinculan bajo cualquier otra causal. 1.3. Contestación de la demanda El Ministerio de Hacienda y Crédito Público contestó la demanda y señaló que el acto acusado se expidió con fundamento en la Ley 923 de 2004, normatividad que si bien no reguló en forma detallada el retiro por separación absoluta del servicio, no es menos cierto que el ejecutivo podía establecer la diferencia, teniendo cuenta las condiciones y parámetros generales que fija para efectos de establecer la asignación de retiro, razón

por la cual no se desvirtúa la legalidad del su contenido, como quiera que la causal de separación absoluta es una competencia del Gobierno Nacional, de forma tal que el servidor no puede regresar al servicio. El Ministerio de Defensa no allegó contestación de la demanda, según informe secretarial del 22 de noviembre de 2016 (fl. 44).

II. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 7 2.1. Fijación del litigio En la audiencia inicial efectuada el 9 de marzo de 2020, el Magistrado ponente determinó los siguientes problemas jurídicos: 1) “Determinar si el Gobierno Nacional tenía o no competencia para expedir el acto demandado y si con ello vulneró los artículos 217 y 218, inciso 3º y 2º de la Constitución Nacional, al fijar requisitos para acceder a la asignación de retiro para el personal en servicio activo y para el que ingresara a las Fuerzas Militares. 2) ¿El acto demandado fue expedido con infracción de las normas en que debía fundarse, esto es, la Ley 923 de 2004, que estableció los elementos mínimos para obtener la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública? 3) ¿El acto demandado es violatorio del artículo 13 de la Constitución

Política y del artículo 2º de la Ley 923 de 2004, en cuanto se presume que de manera discriminatoria fijó el tiempo de servicio exigido a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio activo, para tener derecho a la asignación de retiro, en 15 años para unos y en 20 años para otros?” 2.2. Competencia del Gobierno Nacional para expedir el Decreto 991 de 2015.

Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 8 El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, consagra sobre la facultad reglamentaria asignada al Presidente de la República, lo siguiente: “Artículo 189.- Corresponde al Presidente de la República como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa: (...) “11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”. Es evidente que la norma constitucional transcrita hace relación a la facultad que tiene el Gobierno de reglamentar las leyes, por ende, le asigna al Presidente de la República, como jefe de Estado y suprema autoridad administrativa, el ejercicio del desarrollo de la normatividad establecida por el legislador, autorización que le permite expedir los decretos, resoluciones

y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes, de modo que dicha facultad no puede ser desplegada en forma ilimitada, pues está circunscrita a los lineamientos y directrices previstas por la ley. Por tal virtud, la Carta Política determina las competencias relacionadas con la administración pública, estableciendo, entre otras, las atribuciones del Presidente de la República, a quien le reconoce una facultad administrativa, condicionada y sujeta a las definiciones establecidas en la ley, es decir, que está sometido no sólo a sus principios y reglas generales, sino también a los elementos específicos que la orientan y la encausan. La Corte Constitucional sobre el ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la República, en la sentencia C-1005 de 2008 consideró: Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 9 “La jurisprudencia constitucional ha insistido en que la potestad reglamentaria contenida en el artículo 189 numeral 11 ha de ejercerse, por mandato de la Norma Fundamental, de conformidad con los preceptos legales y constitucionales. Así, los actos administrativos emitidos como consecuencia del ejercicio de dicha potestad únicamente pueden desarrollar el contenido de la ley. Desde esta perspectiva, al Presidente de la República le está vedado ampliar o restringir el sentido

de la Ley. No puede tampoco suprimir o modificar las disposiciones previstas en la Legislación pues con ello estaría excediendo sus atribuciones. Es de desatacar aquí, que no todas las leyes ordinarias requieren ser reglamentadas. Existen leyes que han sido formuladas por el Legislador de manera tan detallada y los temas en ellas contenidos han sido desarrollados en forma tan minuciosa, que prima facie no habría espacio para una regulación ulterior. La facultad reglamentaria no es absoluta y debe ejercerse dentro de las fronteras que marcan la Constitución y la Ley, teniendo por objeto contribuir a la concreción de la ley, encontrándose, por consiguiente, subordinada a lo dispuesto por ella sin que sea factible alterar o suprimir su contenido ni tampoco reglamentar materias cuyo contenido esté reservado al Legislador.” Bajo estos presupuestos el poder reglamentario del ejecutivo no es absoluto, sino limitado en la medida en que debe someterse a la Constitución y a la Ley, de ahí que no puede contradecirlos, sobrepasarlos o cambiarlos, porque de ser así vician de nulidad el acto expedido en tales circunstancias al exceder dicha facultad, la que solo le permite desarrollar los mandatos legales para su cabal desarrollo. Por su parte, el artículo 150, numeral 19, de la Constitución Política, determinó que al Congreso le corresponde, entre otras funciones: “Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos (…)” y en el literal e) señaló: “Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del

Congreso Nacional y la Fuerza Pública. Ahora bien, los artículos 217 y 218 de la Constitución Nacional establecen: “ARTICULO 217. La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 10 Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La Ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio. ARTICULO 218. La ley organizará el cuerpo de Policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz. La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.” (Subrayas fuera de texto) Por tanto, las disposiciones constitucionales le fijan competencia al Congreso, para definir la regulación atinente a los requisitos de acceso a la

asignación de retiro de quienes se encuentran en servicio activo y de aquellos que ingresen a las Fuerzas Militares, de modo que con base en esta normatividad el Gobierno Nacional debe reglamentar los parámetros y lineamientos que establece el legislador, por ello el ejecutivo no podía modificar los requisitos de tiempo para efectos de conceder esta prestación, por cuanto es una función del Congreso, en la medida que es un tema de reserva de ley. Así las cosas, el Ejecutivo excedió la facultad reglamentaria otorgada por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, aspecto que se analizará con mayor profundidad, cuando se analice el segundo problema jurídico.

Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 11 2.3 ¿El Decreto 991 del 15 de mayo de 2015 desconoce la Ley 923 de 2004? El Congreso de la República, a través de la Ley 923 de 2004, fijó las normas, objetivos y criterios a los que debía sujetarse el Gobierno Nacional, para establecer el régimen pensional y de asignación de retiro, señalando: “ARTÍCULO 1o. ALCANCE. El Gobierno Nacional con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen de la asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la

pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública. ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS Y CRITERIOS. Para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta además de los principios de eficiencia, universalidad, igualdad, equidad, responsabilidad financiera, intangibilidad y solidaridad los siguientes objetivos y criterios: 2.1. El respeto de los derechos adquiridos. Se conservarán y respetarán todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos conforme a disposiciones anteriores a la fecha de entrada de las normas que se expidan en desarrollo de la misma. 2.2. La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal. 2.3. Los riesgos inherentes a la actividad especial de los miembros de la Fuerza Pública aplicando el principio de redistribución de acuerdo con la antigüedad, grados, cuerpo, arma y/o especialidad, la naturaleza de las funciones, y sus responsabilidades. 2.4. El mantenimiento del poder adquisitivo de las asignaciones de retiro y de las pensiones legalmente reconocidas. 2.5. Los recursos que se recauden por aportes que se hagan para la asignación de retiro en la Fuerza Pública y sus rendimientos se destinarán en forma exclusiva al pago de asignaciones de retiro y sustituciones pensionales. 2.6. El manejo, inversión y control de los aportes estarán sometidos a las disposiciones que rigen para las entidades administradoras del

Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas

Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 12 régimen de prima media con prestación definida y a la inspección y vigilancia del Estado. 2.7. No podrá discriminarse por razón de categoría, jerarquía o cualquier otra condición a los miembros de la Fuerza Pública para efectos de adelantar el trámite administrativo del reconocimiento de una asignación de retiro o pensión o sustitución. El tiempo de servicio exigido para tener derecho a la asignación de retiro será establecido en igualdad de condiciones para el personal de Oficiales, Suboficiales, Agentes y Miembros del Nivel Ejecutivo que ingresen a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. 2.8. No podrá en ningún caso desconocerse el reconocimiento y pago de la asignación de retiro al miembro de la Fuerza Pública que hubiere adquirido el derecho a su disfrute por llamamiento a calificar servicios, por retiro por solicitud propia, o por haber sido retirado del servicio por cualquier causal”. En el numeral 3.1 del artículo 3º de la Ley 923 de 2004, consagró los principios y parámetros generales que debía tener en cuenta el Gobierno Nacional, para regular el reconocimiento de la asignación de retiro y señaló dentro de los elementos mínimos, respecto del tiempo de servicio, que no se podían exigir menos de 18 años ni más de 25 años de servicio para su

otorgamiento; la citada normativa dispuso: “ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. El régimen de asignación de retiro, la pensión de invalidez y sus sustituciones, la pensión de sobrevivientes, y los reajustes de estas, correspondientes a los miembros de la Fuerza Pública, que sea fijado por el Gobierno Nacional, tendrá en cuenta como mínimo los siguientes elementos: 3.1. El derecho a la asignación de retiro para los miembros de la Fuerza Pública se fijará exclusivamente teniendo en cuenta el tiempo de formación, el de servicio y/o el aportado. El tiempo de servicio para acceder al derecho de asignación de retiro será mínimo de 18 años de servicio y en ningún caso se exigirá como requisito para reconocer el derecho un tiempo superior a 25 años. A los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, no se les exigirá como requisito para el reconocimiento del derecho un tiempo de servicio superior al regido por las disposiciones vigentes al momento de la expedición de esta Ley cuando el retiro se produzca por solicitud propia, ni inferior a Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 13 15 años cuando el retiro se produzca por cualquier otra causal. Subraya

fuera de texto. 3.2. El monto de la asignación de retiro será fijado teniendo en cuenta el tiempo de servicio del miembro de la Fuerza, el cual no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) por los primeros quince (15) años de servicio, ni superior al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas computables” (Subrayas fuera de texto). No obstante, la disposición acusada señala que para otorgar la asignación de retiro, se requiere haber prestado un tiempo de servicios no inferior a 15 años “por llamamiento a calificar servicios o por retiro discrecional según el caso, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional y los que se retiren a solicitud”, mientras que para la separación absoluta exige 20 años de servicio, presupuesto que no regula la Ley 923 de 2004, razón por la cual se considera que el Ejecutivo pudo sobrepasar el límite establecido por el legislador. En efecto, el legislador no distinguió entre la desvinculación por separación absoluta y las demás causales de retiro y, por ende, el Gobierno carecía de la facultad de diferenciarlas, como efectivamente lo hizo al expedir la expresión acusada en el decreto bajo estudio. 2.4. La expresión acusada es violatorio del artículo 13 de la Constitución Política y del artículo 2º de la Ley 923 de 2004? Para el demandante el Decreto 0991 de 2015 discrimina a los miembros de la Fuerza Pública, toda vez que exige para los que se vincularon antes del

31 de diciembre de 2004 y sean retirados del servicio activo, 15 años de servicio por llamamiento a calificar servicios o de forma discrecional, por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 14 la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional o lo hagan en forma voluntaria, entre tanto exige 20 años para quienes sean separados de forma absoluta. El artículo 13 de la Constitución Política consagra sobre el principio de igualdad: “ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. A su vez, el artículo 2º de la Ley 923 de 2004 establece los objetivos y

criterios para regular el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública, entre ellos, regula el deber de respetar los derechos adquiridos, el sometimiento al marco general de la política macro económica y el mantenimiento del poder adquisitivo de la prestación, así como la prohibición de discriminar por razón de la categoría, jerarquía o cualquier otra condición. A nivel jurisprudencial, la Corte Constitucional ha desarrollado e interpretado el principio de igualdad como aquel que define que todos los seres humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas que los hagan diferentes, y desarrolló el juicio integrado de igualdad en tres etapas, a saber: “El juicio integrado de igualdad tiene tres etapas de análisis: (i) establecer el criterio de comparación: patrón de igualdad o tertium Demandante: Jesús Celis Márquez y Luis Enrique Álvarez Vargas Demandado: Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público

IUS-E2020-145625

Procuraduría Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 5 Nº 15-80 piso 20 Tel. 5878750 Ext.: 12015/12016 www.procuraduria.gov.co 15 comparationis, valga decir, precisar si los supuestos de hecho son susceptibles de comp