PGN - FUNCION DE IMPARTIR JUSTICIA - Defectuoso funcionamiento según jurisprudencia del consejo

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia al prorrogar la privación de la libertad RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Objetiva por daños antijurídicos según regulación constitucional El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. RESPONSABILIDAD GENERAL DEL ESTADO-Elementos/DAÑO ANTIJURÍDICO-Culpa como elemento tradicional de la responsabilidad/IMPUTACIÓN-Definición Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Aplicación de los elementos estructuradores en que descansa la culpa A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos

estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar al caso en concreto una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. DAÑO ANTIJURÍDICO-El Estado responde patrimonialmente La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala en el artículo 65 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, pudiendo ser responsabilizado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 ERROR JURISDICCIONAL-Responsabilidad patrimonial del Estado según regulación legal

PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL-Regulación legal

PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD-Regulación legal ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-Defectuoso funcionamiento según regulación legal FUNCIÓN DE IMPARTIR JUSTICIA-Defectuoso funcionamiento según jurisprudencia del Consejo de Estado ERROR JURISDICCIONAL-Diferencia con defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia según jurisprudencia del Consejo de Estado DETENCIÓN PREVENTIVA-Término según regulación legal/DETENCIÓN PREVENTIVA-Se abona o descuenta como pena en proceso donde fue condenado De la norma se extrae, que solo a las personas que se hayan absuelto o lo que es lo mismo se le haya declarado inocentes (sic) de las imputaciones penales, o que en su favor se haya decretado cesación de procedimiento o preclusión de la investigación, tienen derecho a que el tiempo que hayan estado en detención preventiva en esos asuntos, se abonará o se tendrá como pena descontada, en los procesos en los que fueren condenadas. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Prolongación como defectuoso funcionamiento de la administración de justicia Y se trata de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y no de un error jurisdiccional, considerando que aunque tal prolongación de la privación de la libertad se ocasionó como consecuencia de dos decisiones del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, las mismas fueron proferidas en la ejecución de la pena impuesta al hoy demandante, lo que quiere decir que correspondieron a actuaciones adelantadas en la ejecución de una sentencia judicial en la que se había impuesto una pena privativa de la libertad. Además, del material probatorio analizado se observa que hubo una mora

injustificada en la solución del recurso de apelación interpuesto contra el auto del Juzgado de Ejecución de Penas que le había negado el beneficio de la libertad condicional al hoy demandante, pues pese a que el recurso de reposición presentado contra el mismo fue resuelto el 16 de junio de 2008, sólo hasta el 10 de septiembre siguiente pasó al despacho del Magistrado Ponente en el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que a su vez se demoró en decidir hasta el 12 Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 2 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 de diciembre de 2012, fecha en la que verificó que desde el día 9 de ese mismo mes y año se encontraba cumplida la totalidad de la pena. Mora que también evidencia el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, teniendo en cuenta que se trataba de un asunto que debía resolverse con la mayor celeridad, por afectar directamente el derecho fundamental de la libertad del condenado. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 3 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 Bogotá D.C., octubre 16 de 2012 Doctora

STELLA CONTO DIAZ DEL CASTILLO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección B

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Ref.: Concepto 12-174

Acción de Reparación Directa Radicado: 760012331000201001778 01 (44716)

Actor: Gonzalo de Jesús Toro Castaño y otros

Demandado: Nación - Rama Judicial Honorable Señora Consejera: En la oportunidad procesal correspondiente, esta Procuraduría Delegada emite concepto sobre el proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación presentado por la parte demandante contra la sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se expondrán.

ANTECEDENTES 1-. Demanda El señor GONZALO DE JESUS TORO CASTAÑO, en su nombre y en representación de sus hijos DANIEL TORO CASTAÑEDA e ISABELLA

TORO CASTAÑEDA; y los señores MÓNICA ALEJANDRA CASTAÑEDA

DE SOTO, ANA MARÍA CASTAÑO ALZATE, MARÍA CELINA TORO

CASTAÑO, EUMELIA TORO CASTAÑO, MELBA ROSA TORO CASTAÑO, MARÍA NOHEMI TORO CASTAÑO y JOSE URIEL TORO CASTAÑO, en ejercicio de la acción de reparación directa, por Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 4 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195

intermedio de apoderado judicial, solicitaron al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declarar a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL administrativamente responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que prolongó la privación de la libertad del señor GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO; y como consecuencia de la anterior declaración, solicitaron condenar a la parte demandada a pagar los perjuicios morales causados a los demandantes. 2-. Contestación de la demanda La NACION – RAMA JUDICIAL contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las pretensiones de la misma; respecto de los hechos, se atuvo a lo que resultara probado en el proceso; propuso como excepciones la innominada o genérica, la inexistencia de perjuicios y el cobro de lo no debido; y expuso los siguientes argumentos: “Por ello, la situación descrita por el actor, no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrante violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas – según los criterios que establezca la ley, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considero que el error judicial debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de

tutela, ha definido como una “vía de hecho”. (…) Aunque transcurrió un tiempo entre la providencia Proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali y la Sala de Decisión Penal la cual es del 12 de diciembre de 2008 (día viernes) y la libertad del señor TORO CASTAÑO, nótese que este es mínimo; por cuanto una vez emitido el auto interlocutorio por el Tribunal, este remite al Juzgado de Ejecución de Penas el proceso al día lunes 15 de diciembre, procediendo dicho Juzgado casi de manera inmediata a pronunciarse resolviendo entre otros a Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 5 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 declarar la libertad definitiva del señor TORO, emitiéndose así las respectivas comunicaciones; Actuaciones judiciales que aun considerando el volumen de trabajo que recae sobre estos despachos judiciales, se dieron prontamente en procura de salvaguardar los derechos del hoy actor, por lo que no es posible pretender endilgársele falta de cuidado o falla en el servicio.” 3-. Sentencia El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda con fundamento en las consideraciones que se transcriben a continuación: “Teniendo en cuenta lo anterior y del análisis de la Jurisprudencia referida en precedencia queda claro que en el

caso puesto a consideración de la Sala se impone un estudio de la responsabilidad de la Administración, bajo el régimen denominado defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, derivado de la prolongación de la libertad (sic) del señor Gonzalo de Jesús Toro. (…) En aplicación del precedente anterior, y teniendo en cuenta el acervo probatorio recaudado, se establece que no se le puede endilgar responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia a la Nación – Rama Judicial, pues dicho título de responsabilidad tiene origen en las acciones u omisiones de la administración para la ejecución de las providencias judiciales, que generen un daño antijurídico, y en este caso en concreto, la Rama Judicial, no ejecutó de forma defectuosa alguna providencia judicial. En efecto, pues si bien mediante Providencia del 12 de diciembre de 2008, el Tribunal Suprior del Distrito Judicial de Cali – Sala de Decisión Penal, revocó el auto interlocutorio No. 086 del 16 de abril de 2008, y en consecuencia ordenó la libertad al señor Gonzalo Toro Castaño por pena cumplida, no obstante dicho proceso fue remitido hasta el 15 de diciembre de 2008 al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali, como consta a folios 199 a 201 del cuaderno 2c, teniendo en cuenta que dicho despacho es quien se encarga de los trámites respectivos para la extinción de las penas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 468 del Código de Procedimiento Penal, ante lo cual el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, profirió

providencia del 16 de diciembre de 2008, declarando extinguida la pena impuesta al señor Toro Castaño y declarando su libertad definitiva, notificándose la misma al condenado y su defensor el 18 de diciembre de 2008, mismo día en que dicho despacho dictó boleta de libertad al señor Toro y fue dejado en libertad de conformidad con los testimonios obrantes en el expediente. Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 6 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 Por el aspecto anotado, las súplicas de la demanda no tendrían vocación de prosperidad. No obstante, puede anotarse que si lo que pretendía el actor era obtener el reconocimiento de los perjuicios que se le hubieran producido, por la prolongación de su libertad (sic), no demuestra en esta instancia, cual fue el daño antijurídico que se le causó, pues si bien como se anotó anteriormente la providencia del tribunal que ordenó la libertad del señor Toro Castaño por pena cumplida es de fecha 12 de diciembre de 2008, siendo este puesto en libertad hasta el 18 de diciembre de 2008, no se observa negligencia e irregularidades por parte de la entidad demandada, pues es de tener en cuenta que no se podía dejar en libertad al señor Toro el mismo día de proferida la providencia, toda vez que es necesario antes de ello realizar los trámites correspondientes para hacer efectiva la

misma.” 4-. Recursos La parte demandante presentó recurso de apelación, en el que solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y se acceda a las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos: “Nuestra discrepancia con la decisión adoptada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, básicamente parte del hecho de valorar inadecuadamente la actuación de las autoridades penales, calificándolas según se deduce, en regulares y normales, cuando la foliatura muestra la actuación tardía a pesar de estar de por medio el valioso derecho fundamental constitucional a la libertad. (…) El señor Gonzalo de Jesús fue capturado el día nueve (9) del mes de agosto del año dos mil seis (2006). El defensor de Gonzalo de Jesús Toro Castaño, solicitó la aplicación del beneficio de la libertad condicional para su representado el día doce (12) del mes de febrero del año dos mil ocho (2008), no obstante el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Santiago de Cali, mediante auto interlocutorio No. 086 de calendado dieciséis (16) del mes de abril del año dos mil ocho (2008), decidió no conceder el beneficio solicitado, porque según sus consideraciones Toro Castaño no había cumplido con los requisitos exigidos por la legislación del caso para su concesión. Sin embargo al desatarse la alzada ante el Tribunal Superior Del Distrito Judicial de Santiago de Cali – Sala de Decisión Penal, decidió concederle la libertad por pena cumplida a Gonzalo de Jesús Toro Castaño mediante proveído del día doce (12) del mes

de diciembre del año dos mil ocho (2008), de la que se confirmó Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 7 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 además que su pena había sido cumplida desde el día nueve (9) del mes de diciembre de ese mismo año. (…) Como insistí en el libelo demandatorio la negligencia y anormal funcionamiento de la estructura judicial, no sólo se muestra porque el señor Toro Castaño ya había cumplido su pena catorce (14) días antes de obtener su libertad física, es decir una prolongación indebida de su detención, sino además por no haberse cumplido con el mandato del artículo 188 del Código de Procedimiento Penal que estaba en rigor para su trámite, que le hubiere permitido obtener el beneficio desde el mismo día doce (12) del mes de diciembre del año dos mil ocho (2008). (…) Todos los comportamientos probados dentro de este proceso constituyen sin duda alguna un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, y surge de la confrontación de los plazos y términos que la ley prevé frente a lo que en la práctica ocurrió, en donde se evidenciaron periodos demasiados (sic) prolongados para ejecución (sic) del acto que ordenaba su libertad, además de haberse resuelto de manera tardía, ya que tomaron más de nueve (9) meses en adoptar la decisión. (…) A nuestro sentir no hay duda que la fuente de responsabilidad en

este evento la constituye la deficiente actuación de los funcionarios, actuación en la que no se involucró de manera alguna la interpretación de normas, más bien se presentó la inaplicación, en concreto de aquella consagrada en el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal, vigente para el trámite por el cual fue condenado, por un lado, y de la errada interpretación en el cómputo de la pena, por el otro.” CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO PROBLEMA JURÍDICO ¿Es responsable la NACIÓN – RAMA JUDICIAL por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la prolongación de la privación de la libertad del señor GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO en la ejecución de la condena impuesta el día 30 de septiembre de 2003 por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Santiago de Cali, confirmada el 6 de septiembre de 2005 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali por los delitos de estafa y falsedad en documento privado? Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 8 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 ANÁLISIS JURÍDICO El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la

acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportar, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar al caso en concreto una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 9 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750

760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. La Ley Estatutaria de la Administración de Justicia señala en el artículo 65 que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, pudiendo ser responsabilizado por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad. La descripción de cada uno de tales eventos fue establecida en los artículos 66 a 69 de la ley 270 de 1996, de la siguiente manera: “ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.” “ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.” “ARTÍCULO 68. PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al

Estado reparación de perjuicios.” “ARTÍCULO 69. DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. Fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68 de esta ley, quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación.” Respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, el Consejo de Estado ha dicho que “Dentro de este concepto están comprendidas todas las acciones u omisiones constitutivas de falla, que se presenten con ocasión del ejercicio de la función de impartir justicia”1, y que “Puede provenir no sólo de los funcionarios, 1 Sentencia proferida el 16 de febrero de 2006. Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA. Radicación: 25000-23-26-000-1993-09946-01(14307). Actor: MARIA DORIS GIL Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 10 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales”2. Y al referirse a la diferenciación entre el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y el error jurisdiccional, en sentencia del 22 de noviembre de 20023, dejó sentado:

“2. El error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. El error jurisdiccional se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, en tanto que la responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales.4 La doctrina española para diferenciar el error judicial del defectuoso funcionamiento explicó: “…nos encontramos en el dominio de la responsabilidad por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, siempre y cuando la lesión se haya producido en el ‘giro o tráfico jurisdiccional’, entendido éste como el conjunto de las actuaciones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (excluidas las actuaciones de interpretar y aplicar el Derecho plasmadas en una resolución judicial que, como se acaba de indicar, caerán en el ámbito del error judicial); a sensu contrario, no entrarían en este concepto aquéllas actividades que produjesen un daño -incluso si éste fuese identificado plenamente como achacable a la actuación de un Juez o Magistrado -si su actuación no se hubiese realizado en el mencionado ‘giro o tráfico jurisdiccional’, sino en otro tipo de actuaciones distintas. En definitiva, en el régimen establecido para la responsabilidad por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia habrán de incluirse las actuaciones que, no consistiendo en resoluciones judiciales erróneas, se efectúen en el ámbito propio de la actividad

necesaria para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado o para garantizar jurisdiccionalmente algún derecho”5. Así también lo previó el legislador colombiano cuando dispuso que, fuera de los casos de error jurisdiccional y privación injusta de la ARBOLEDA Demandado: NACION - MINISTERIO DE JUSTICIA - CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA. 2 Ídem. 3 CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION

TERCERA - Consejero ponente: RICARDO HOYOS DUQUE - Bogotá, D.C., veintidós (22) de noviembre dos mil uno (2001) - Radicación número: 25000-23-26-000-1992-8304-01(13164). 4 Así lo precisó la Sala en sentencia proferida el 10 de mayo de 2001, exp. 12719. 5 Cobreros Mendazona, Eduardo. La responsabilidad del Estado derivada del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Madrid. Cuadernos Civitas. 1998, pág. 25.

Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 11 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 libertad, “quien haya sufrido un daño antijurídico, a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación” (Art. 69 ley 270 de 1996).”

CASO CONCRETO Al proceso bajo análisis fue allegada la copia auténtica del proceso penal adelantado en contra del señor GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO por los delitos de falsedad en documento privado y estafa, en el que era denunciante la señora MIRYAM VALENCIA DE OSPINA, con la cual se encuentran acreditados los siguientes supuestos fácticos: - El 30 de septiembre de 2003, el Juzgado Quince Penal del Circuito de Santiago de Cali resolvió i) condenar al señor GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO a la pena principal de 28 meses de prisión, por haber sido hallado coautor responsable de los delitos de estafa y falsedad en documento privado; ii) negarle el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por no satisfacer las exigencias del artículo 63 del Código Penal; y iii) librar orden de captura en su contra una vez se encontrara en firme dicha decisión (C.3. Fls. 182 a 212). - Mediante escrito del 6 de octubre de 2003, el abogado defensor del señor GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO interpuso recurso de apelación contra la sentencia mencionada en el párrafo anterior (C.3. Fl. 222). - El 6 de septiembre de 2005, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali resolvió confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2003 por el Juzgado Quince Penal del Circuito antes

relacionada (C.3. Fls. 246 a 258). Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 12 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 - Por auto del 21 de octubre de 2005, el Juzgado Quince Penal del Circuito de Cali dispuso estarse a lo resuelto por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Suprior del Distrito Judicial de Cali en el fallo del 6 de septiembre del mismo año (C.3. Fl. 565). - El 18 de abril de 2006, el mismo Juzgado envió copia de la sentencia del 30 de septiembre de 2003 a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la ciudad de Cali para lo de su competencia (C.3. Fl. 271). - El 16 de enero de 2007, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali avocó el conocimiento y vigilancia de la mencionada sentencia del 30 de septiembre de 2003, en la que se le impuso la condena de 28 meses de prisión al señor GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO (C.4. Fl. 98). - Por medio del Oficio No. 1928 del 25 de enero de 2007, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali le informó al Director del Centro Carcelario Villahermosa que ese

Despacho vigilaba la pena impuesta por el Juzgado 15 Penal del Circuito de Cali al señor GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO por los delitos de estafa y falsedad en documento privado, y le solicitó ordenar a quien correspondiera remitir la cartilla biográfica del sentenciado (C.4. Fl. 106). - Mediante Oficio No. 011 del 17 de enero de 2008, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali le solicitó al Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le informara si el señor GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO, quien se encontraba detenido por cuenta de dicho Juzgado Tercero, era requerido por ese Despacho Judicial (C.4. Fl. 110). - Por medio del Oficio No. 217 del 18 de enero de 2008, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali le Procuraduría Quinta Delegada Ante el Consejo de Estado. exts. 12076 a 13 12080 Carrera 5 No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. PBX 5878750 760012331000201001778 01 (44716) 5aCdeE/IJJ/Jva IUS-2012-387195 informó al Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado lo siguiente (C.4. Fl. 111): “Por medio de la presente le informo que este Despacho vigila la pena impuesta por el Juzgado Quince Penal de Circuito del 30 de Septiembre de 2003 mediante sentencia No 0286 el cual condenó

al Señor GONZALO DE GUSTAVO TORO (sic) IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No 16.8890.516 de Florida a la pena de Veintiocho (28) meses de prisión y en la cual se libró orden de captura No 57 y la cual se encuentra vigente. Solicito dejar a disposición del despacho al señor GONZALO DE GUSTAVO TORO (sic) identificado con cédula de ciudadanía No 16.8890.516 de Florida – Valle, a fin de librar la correspondiente boleta de encarcelación para que purgue la pena impuesta.” - El 24 de enero de 2008, el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ordenó la encarcelación del señor GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO, una vez leído el informe según el cual dicho condenado fue dejado a disposición de ese Despacho por parte de la Cárcel de Villahermosa (C.4. Fls. 114 y 115). - Mediante escrito del 12 de febrero de 2008, el abogado defensor del señor GONZALO DE JESÚS TORO CASTAÑO solicitó al Juez Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le concediera el beneficio de libertad condicional, por llevar 18 meses de privación efectiva de la libertad en la Cárcel de varones de Villaherm