PGN - FUNCIONARIOS - Paridad funcional y laboral demostrada, de los fiscales en relación con lo

Procurador General AUSENCIA DE TRATO LEGAL-En lo referente a la interpretación y aplicación del 25% del salario de los jueces como exentos del impuesto de renta. Como en el presente proceso se plantea un problema de ausencia de trato legal igual en lo referente a la interpretación y aplicación del 25% del salario de los jueces como exentos del impuesto de renta y complementarios, al no incluir, la norma legal demandada, directamente ni tampoco mediante la interpretación que de la misma hizo la DIAN en el concepto 072400 de 2002, a los fiscales que actúan ante los jueces, se hace necesario analizar la situación a la luz de dicho principio y derecho fundamental haciendo el correspondiente análisis. En el presente caso, resulta procedente la aplicación del test de igualdad teniendo en cuenta que la exención prevista para los jueces de la República tiene una incidencia directa en sus ingresos laborales como expresión del derecho fundamental al trabajo y su complemento con los principios fundamentales laborales de igualdad de oportunidades para los trabajadores -en este caso en materia tributaria-, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, y de situación más favorable al trabajador en caso de duda en la interpretación y aplicación de las fuentes formales del derecho, al tenor de lo establecido en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia T-074 de 2010, refiriéndose justamente a unos problemas de inaplicación del artículo 206 del Estatuto Tributario en relación con unos funcionarios judiciales JUSTICIA PENAL-En Colombia es administrada por el binomio inescindible,

desde los puntos de vista sustancial y procesal, que se establece entre jueces y fiscales. Al respecto y teniendo en cuenta que así lo plantea el demandante a pesar de que utiliza como referente equivocado formal, pero no en su argumentación sustancial, el término “fiscal” del año de 1989 contenido en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, el criterio de comparación procedente en este caso es de tipo funcional, partiendo de la base que la justicia penal en Colombia es administrada por el binomio inescindible, desde los puntos de vista sustancial y procesal, que se establece entre jueces y fiscales. Los primeros, por estar a cargo de la dirección y control del proceso penal, y los segundos, porque tienen la responsabilidad del impulso procesal en lo que corresponde a las labores de investigación y acusación como lo describe el artículo 250 de la Constitución Política. De hecho, el artículo 116 ibídem establece que la Fiscalía General de la Nación administra justicia y forma parte de la Rama Judicial, y el 253 de la misma Carta indica que la ley debe determinar lo correspondiente al régimen funcional, laboral y de responsabilidades de sus funcionarios. Ahora bien, ese binomio inescindible hace pares funcionales a los fiscales en relación con los jueces ante quienes actúan, al empezar por el mismo Fiscal General de la Nación quien debe reunir las mismas calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y debe investigar y acusar ante esa misma corporación judicial a los altos servidores que gocen de fuero constitucional; lo mismo sucede con los fiscales delegados, comenzando por los delegados de la Unidad de Fiscalía ante la Corte

Suprema de Justicia, tal como expresamente se establece en los artículos 249 y 251 ibídem. En ese sentido de la paridad funcional entre los jueces y los fiscales en relación con los jueces ante los cuales los fiscales ejercen sus funciones judiciales, la Ley 270 de 1996, estatutaria de administración de justicia, con lo que esto significa para el presente caso en Procurador General Concepto No. 5524 lo que respecta al bloque de constitucionalidad aplicable, en sus artículos 127, 128, 130 y 159, establece que los requisitos generales y adicionales para el desempeño de cargos de funcionarios en la rama judicial son exactamente los mismos en lo que compete a los fiscales frente a los funcionarios ante los cuales actúan, ya sean magistrados de Tribunal o jueces de la República, lo que implica tener el mismo régimen de carrera, razón por la cual sus cargos deben estar homologados con los restantes de la rama judicial, hasta el punto de tener que observarse la nomenclatura y grados previstos para estos últimos en tal homologación. De igual manera, la paridad funcional aludida abarca el marco de responsabilidad disciplinaria, tal como se observa en el artículo 112 de la misma ley estatutaria en concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 de la Constitución Política. FUNCIONARIOS-Paridad funcional y laboral demostrada, de los fiscales en relación con los funcionarios judiciales ante los que actúan. Frente a la paridad funcional y laboral demostrada, de los fiscales en relación con los funcionarios judiciales ante los que actúan, se percibe que no existe ningún tipo de

justificación desde los puntos de vista de la razonabilidad y proporcionalidad, especialmente porque sus derechos laborales se ven comprometidos negativamente, en lo que a ingresos percibidos se refiere provenientes de la vía oblicua de la justicia y equidad tributarias, ya que realmente reciben menos que sus pares judiciales como consecuencia de la no aplicación de la exención tributaria que cobija a estos últimos, máxime cuando los agentes del Ministerio Público y los magistrados auxiliares de las altas cortes -estos últimos dentro del contexto y vigencia de la Constitución de 1991 por decisión judicial de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-748 de 2009-, sí son acreedores de tal exención tributaria sobre un porcentaje de sus ingresos sin que tengan el mismo grado de paridad funcional en relación con los jueces y magistrados de tribunal, como sí la tienen los fiscales. Si se graficara la situación analizada en expresión circular para hacer ver que lo incluido dentro de su superficie perimetral comprende el derecho a rentas de trabajo exentas para los funcionarios judiciales, podría decirse que el centro del mismo lo constituye el beneficio tributario concedido a jueces y magistrados de tribunal, y el extremo periférico, perímetro o circunferencia lo representa la exención concedida a los fiscales, en su significado de agentes del Ministerio Público, extremo fronterizo que se amplía más si se incluyen a los magistrados auxiliares de las altas cortes, y, como consecuencia del trato legal del cual son acreedores, dentro de esa superficie y en forma más cercana al centro que a la periferia, debe encontrarse la situación de los fiscales que actúan ante los jueces

y magistrados de tribunal, tanto por su condición de funcionarios judiciales que hacen parte inescindible y obligatoria de la administración de justicia en materia penal, como porque actúan ante el juez pertinente en igualdad de jerarquía funcional. 2 Procurador General Concepto No. 5524 Bogotá, D.C., 14 de febrero de 2013 Señores

MAGISTRADOS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

E. S. D.

Ref.: Demanda de inconstitucionalidad parcialmente contra el artículo 206 del Estatuto Tributario.

Actor: JORGE ENRIQUE FIGUEROA MORANTES

Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB

Expediente No. D-9318 Concepto No. 5524 De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2o., y 278, numeral 5o., de la Constitución Política, rindo concepto en relación con la demanda que presentó en ejercicio de su ciudadanía JORGE ENRIQUE FIGUEROA MORANTES contra el artículo 206 del Estatuto Tributario, el cual se cita con los apartes demandados subrayados, así: “DECRETO 624 DE 1989 (30 de marzo de 1989) Diario Oficial número 38.756 de 30 de marzo de 1989 "Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales" (…) ARTÍCULO 206. RENTAS DE TRABAJO EXENTAS. Están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios la totalidad de los pagos o abonos en cuenta provenientes de la relación laboral o legal y reglamentaria, con excepción de

los siguientes: (…)

7. En el caso de los Magistrados de los Tribunales y de sus Fiscales, se considerará como gastos de representación exentos un porcentaje equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su salario. Para los Jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario.

En el caso de los rectores y profesores de universidades oficiales, los gastos de representación no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) de su salario. (…)”. 3 Procurador General Concepto No. 5524

1. Planteamiento de la demanda El ciudadano FIGUEROA afirma que considerar rentas de trabajo exentas el 25% del salario de los jueces de la República, vulnera el derecho al trato legal igual porque no incluye en esa categoría a los fiscales que actúan ante los mismos, como sí ocurre con los fiscales que actúan ante los magistrados de Tribunal, sin que exista ninguna justificación porque estos fiscales también son funcionarios judiciales. En sus palabras: “No desconocemos que, en la fecha en que entra a regir la norma demandada, el término “fiscales” se refiere a los Agentes del Ministerio Público, pues, regia (sic.) – y aun (sic.) rigela Ley 25 de 1974 y también sabemos que para aquel entonces la Fiscalía General de la Nación era una institución que aun (sic.) no existía lo que no significa que partamos de un supuesto equivocado al predicar que la norma es fuente de una suerte de diferenciación injustificada por parte de la entidad encargada legalmente de hacer los recaudos de impuestos, y consecuentemente, de

hacer también las exenciones tributarias pertinentes. (…) Como se puede observar del concepto 072400 de 2002, del cual aportamos una versión impresa de la que aparece en la página web de la DIAN, se basa la autoridad tributaria en que ya no existen los jueces de instrucción criminal por haber sido incorporados a la planta de la Fiscalía General de la Nación y que el primer Estatuto orgánico de la Fiscalía le otorga autonomía presupuestal y de administración de personal, obviando el hecho de que, cuando se trata de funcionarios judiciales –llámense jueces o fiscalesla Ley Estatutaria de la Administración de Justicia es el referente obligado, pues, de acuerdo al artículo 152 de la Carta Política se trata de un asunto fundamental, de orden constitucional y, por lo tanto, su desconocimiento implica una transgresión de la Constitución, por vía indirecta. Es así que la Fiscalía está prevista como una institución perteneciente a la Rama Judicial en el artículo 11 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, aun después de su reciente reforma en la Ley 1285 de 2009, atribuida a la llamada jurisdicción ordinaria. El propio concepto hace una cita parcial de la sentencia C-1060 de 2001 y refiere que una exención particular requiere de un nuevo examen de constitucionalidad – mismo que hoy se propone nuevamente a ese alto tribunal-. Traído a colación este referente histórico cabe precisar que, aunque no se puede colegir necesariamente que la expresión fiscales a que alude la norma demandada sean equivalentes a los funcionarios judiciales que hoy ejercen la investigación en el proceso penal, se puede demostrar que

1. la autoridad tributaria en Colombia es la DIAN y que, por vía interpretativa -evidencia de ello es el concepto número 072400 de 2002-,

4 Procurador General Concepto No. 5524 está imponiendo una limitación que desconoce la lógica misma de la evolución del sistema judicial en Colombia y los derechos a la igualdad de trato y equidad tributaria respecto de los fiscales que ejercen ante los jueces; y ii) que hoy por hoy las tareas de investigación punitiva, acusación y juzgamientos son cargas distribuidas entre funcionarios de la misma categoría jurídica (judicial), aunque no tengan el mismo nombre –unos se llaman fiscales y otros jueces - y a pesar de estar frente a un sistema penal con características acusatorias -a partir del Acto Legislativo 03 de 2002todos están regulados bajo los mismos supuestos básicos, especialmente desde la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996, su sentencia complementaria C-037 de 1996 (Magistrado Ponente: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa) y la que la modifica: Ley 1285 de 2009, su sentencia complementaria C-713 de 2008 (Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández) y la Ley 4ª de 1992 (marco del régimen salarial y prestacional), especialmente en cuanto a régimen disciplinario, régimen penal (ej. el denominado prevaricato) y régimen salarial y prestacional”.

2. Problema jurídico Corresponde establecer si considerar rentas de trabajo exentas el 25% del salario de los jueces de la República, vulnera el derecho al trato legal igual

porque no incluye en esa categoría a los fiscales que actúan ante los mismos, como sí ocurre con los fiscales que actúan ante los magistrados de Tribunal, sin que exista ninguna justificación por ser también estos fiscales funcionarios judiciales.

3. Aclaración previa De una parte, se observa que, si bien el libelista demanda los apartes “y de sus Fiscales” y “Para los Jueces de la República el porcentaje exento será del veinticinco por ciento (25%) sobre su salario.”, contenidos en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, su cuestionamiento sólo se circunscribe al último, utilizando el primero como referente de comparación para estructurar el cargo de violación del derecho a la

5 Procurador General Concepto No. 5524 igualdad de trato legal, razón por la cual la presente intervención fiscal de constitucionalidad se referirá sólo al último de los apartes indicados. De igual manera, debe advertirse que, no obstante el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario ha sido objeto de cuatro demandas por violarse el derecho a la igualdad, no se percibe el fenómeno de cosa juzgada porque tres de tales se han presentado por aspectos diferentes al asunto del presente proceso, partiendo de la base que el derecho a la igualdad es de carácter relacional, circunstancia que puede conducir a diferentes manifestaciones jurídicas que se observen sobre la misma norma (Sentencia C-1146 de 2004) y la cuarta, presentada por el mismo demandante y por las mismas razones que motivan la presente acción, fue

objeto de inhibición mediante la sentencia C-647 de 2010 porque el entendimiento de la palabra “fiscal” dado por el actor resultaba de una lectura errada de tal disposición. En la primera de ellas, la sentencia C-250 de 2003, lo que se cuestionó fue la diferencia de la exención tributaria entre Magistrados de Tribunal (50% del salario) y Jueces (25% del salario) por ser discriminatoria al no tenerse en cuenta que unos y otros son servidores públicos de la rama jurisdiccional. La norma fue declarada exequible debido a que la situación de jueces y magistrados obedece a realidades laborales diversas. La segunda, la sentencia C-461 de 2004, se refirió a cargos similares a los tratados en la sentencia C-250 de 2003, por lo que la Corte Constitucional ordenó estarse a lo decidido en la misma. Y en la tercera, la sentencia C748 de 2009, lo criticado fue un trato discriminatorio en materia de exención tributaria por concederse esta únicamente a favor de los Magistrados de Tribunal, sin incluir a servidores que cumplen funciones de naturaleza similar tales como los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura y los magistrados auxiliares de las Altas Cortes. 6 Procurador General Concepto No. 5524 De otro lado, debe tenerse en cuenta que parte del problema jurídico que presenta el actor se apoya en una interpretación de autoridad que hizo la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en el concepto 072400 de 2002, lo cual sirve de referente doctrinario para abordar el conocimiento de fondo de la demanda (Sentencias C-987 de 2005; C-442 de 2011),

razón por la que se cita tal concepto así:

“DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Concepto: 072400

Bogotá D.C. noviembre 07 del 2002

TEMA: Retención en la fuente DESCRIPTORES Retención en la fuente por gastos de

Representación. FUENTES FORMALES Num 7 Artículo 206 E.T.

PROBLEMA JURIDICO: Los gastos de representación que perciben los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación, están exentos del impuesto sobre la renta y complementarios?

TESIS JURIDICA: Los gastos de representación están gravados con el impuesto sobre la renta y complementarios salvo los que perciban los Jueces de la República y Profesores de Universidades Oficiales, en los porcentajes fijados como exentos por la Ley. Para los demás funcionarios los gastos de representación se encuentran sometidos al impuesto sobre la renta y complementarios y en consecuencia a retención en la fuente. (…) En este contexto no puede legalmente afirmarse que los fiscales de la Fiscalía General de la Nación puedan gozar de la exención de los gastos de representación en lo términos y porcentajes establecidos en el artículo 206 del Estatuto Tributario, para los Jueces de la República; pues como se ha señalado anteriormente por este Despacho las disposiciones que consagran tratamientos exceptivos son de aplicación restrictiva siendo inválido hacerlas extensivas por interpretación a los sujetos y situaciones no contempladas expresamente por el legislador ; por lo cual la exención es aplicable únicamente a las personas o funcionarios que desempeñen las labores de los cargos taxativamente enumerados, sin

que sea posible ampliarla a otros funcionarios por similares que sean sus funciones. (…)”. Finalmente y en virtud del principio “pro actione”, debe aclararse que, si bien el actor solicita que se profiera una sentencia interpretativa y no una decisión de inexequibilidad, la demanda es procedente debido a que el libelista plantea una situación de inconstitucionalidad que ameritaría 7 Procurador General Concepto No. 5524 declarar inexequible la norma demandada, pero, de igual manera, presenta las razones por las cuales resulta mucho más justa una decisión condicionada, lo que se aviene a los antecedentes jurisprudenciales ya indicados, especialmente la sentencia C-748 de 2009.

Al respecto aduce el actor: “Que la Honorable Corte Constitucional, a través de la respectiva Sala, dicte una sentencia aditiva y, en consecuencia, declare exequible la norma demandada de manera condicionada, pero solo en el entendido de que la exención allí prevista para los jueces de la república se extiende también a los fiscales que ante ellos actúan, en la misma proporción.

La pretensión se hace en estos términos, pues, en el evento hipotético de declararse la inexequibilidad del aparte acusado se extinguiría la norma que sirve de base para dar un tratamiento tributario equitativo a los jueces de la república, mientras que con la sentencia interpretativa –que se solicitase busca conciliar la necesidad de reparar la violación de los principios de igualdad y equidad tributaria, que comporta la aplicación que se viene haciendo por parte de la DIAN de la norma demandada,

con los principios de efectividad y conservación del derecho, y se podría adoptar una decisión que incluya las categorías de sujetos jurídicos inicialmente no contemplados por la disposición acusada”. En el sentido de petición formulada por el libelista, la Corte Constitucional, en la providencia C-748 de 2009, indicó: “Sin embargo, la Corte encuentra que para reparar la vulneración de los principios de igualdad y de equidad no es pertinente declarar la inexequibilidad de la expresión “de los tribunales”, contenida en el inciso 3 del numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, como solicita el actor, pues el enunciado normativo perdería su sentido inicial y podrían generarse confusiones interpretativas en torno al alcance de la disposición objeto de examen, amén de que la norma por sí misma no es contraria a la Carta Política, sino que lo es en relación con la exclusión que comporta de sujetos que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica que los beneficiarios directos de la exención tributaria, pero que no han sido cobijados por dicho instrumento de política fiscal”.

3. Análisis Jurídico

8 Procurador General Concepto No. 5524 Como en el presente proceso se plantea un problema de ausencia de trato legal igual en lo referente a la interpretación y aplicación del 25% del salario de los jueces como exentos del impuesto de renta y complementarios, al no incluir, la norma legal demandada, directamente ni tampoco mediante la interpretación que de la misma hizo la DIAN en el concepto 072400 de 2002, a los fiscales que actúan ante los jueces, se hace necesario analizar la situación a la luz de dicho principio y derecho

fundamental haciendo el correspondiente análisis. En el presente caso, resulta procedente la aplicación del test de igualdad teniendo en cuenta que la exención prevista para los jueces de la República tiene una incidencia directa en sus ingresos laborales como expresión del derecho fundamental al trabajo y su complemento con los principios fundamentales laborales de igualdad de oportunidades para los trabajadores -en este caso en materia tributaria-, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, y de situación más favorable al trabajador en caso de duda en la interpretación y aplicación de las fuentes formales del derecho, al tenor de lo establecido en los artículos 25 y 53 de la Constitución Política, como lo expresó la Corte Constitucional en la sentencia T-074 de 2010, refiriéndose justamente a unos problemas de inaplicación del artículo 206 del Estatuto Tributario en relación con unos funcionarios judiciales, en los siguientes términos: “Otros intervinientes arguyen que el trato diferenciado encuentra justificación en el hecho de que el beneficio tributario que consagra la norma censurada fue creado en el marco de una situación fiscal determinada que difiere de aquélla que imperaba al momento de la creación de los cargos de magistrados de los consejos seccionales de la judicatura, por lo que no se trata de situaciones equiparables. Sin embargo, este argumento desconoce que según la jurisprudencia constitucional la exención tributaria objeto de análisis supera su naturaleza fiscal para hacer parte integral del régimen salarial de sus beneficiarios, en atención al interés del Estado de mejorar la remuneración de los funcionarios de la Rama Judicial bien por la vía directa del incremento salarial o por la denominada vía oblicua de

9 Procurador General Concepto No. 5524 desgravar sus ingresos remuneratorios, en atención a las funciones que desempeñan y a la responsabilidad y dignidad inherentes a sus cargos”. Al respecto y teniendo en cuenta que así lo plantea el demandante a pesar de que utiliza como referente equivocado formal, pero no en su argumentación sustancial, el término “fiscal” del año de 1989 contenido en el numeral 7 del artículo 206 del Estatuto Tributario, el criterio de comparación procedente en este caso es de tipo funcional, partiendo de la base que la justicia penal en Colombia es administrada por el binomio inescindible, desde los puntos de vista sustancial y procesal, que se establece entre jueces y fiscales. Los primeros, por estar a cargo de la dirección y control del proceso penal, y los segundos, porque tienen la responsabilidad del impulso procesal en lo que corresponde a las labores de investigación y acusación como lo describe el artículo 250 de la Constitución Política. De hecho, el artículo 116 ibídem establece que la Fiscalía General de la Nación administra justicia y forma parte de la Rama Judicial, y el 253 de la misma Carta indica que la ley debe determinar lo correspondiente al régimen funcional, laboral y de responsabilidades de sus funcionarios. Ahora bien, ese binomio inescindible hace pares funcionales a los fiscales en relación con los jueces ante quienes actúan, al empezar por el mismo Fiscal General de la Nación quien debe reunir las mismas calidades para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y debe investigar y acusar ante esa misma corporación judicial a los altos servidores que gocen de fuero constitucional; lo mismo sucede con los fiscales delegados,

comenzando por los delegados de la Unidad de Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, tal como expresamente se establece en los artículos 249 y 251 ibídem. En ese sentido de la paridad funcional entre los jueces y los fiscales en relación con los jueces ante los cuales los fiscales ejercen sus funciones 10 Procurador General Concepto No. 5524 judiciales, la Ley 270 de 1996, estatutaria de administración de justicia, con lo que esto significa para el presente caso en lo que respecta al bloque de constitucionalidad aplicable, en sus artículos 127, 128, 130 y 159, establece que los requisitos generales y adicionales para el desempeño de cargos de funcionarios en la rama judicial son exactamente los mismos en lo que compete a los fiscales frente a los funcionarios ante los cuales actúan, ya sean magistrados de Tribunal o jueces de la República, lo que implica tener el mismo régimen de carrera, razón por la cual sus cargos deben estar homologados con los restantes de la rama judicial, hasta el punto de tener que observarse la nomenclatura y grados previstos para estos últimos en tal homologación. De igual manera, la paridad funcional aludida abarca el marco de responsabilidad disciplinaria, tal como se observa en el artículo 112 de la misma ley estatutaria en concordancia con lo establecido en el numeral 3 del artículo 256 de la Constitución Política. Frente a la paridad funcional y laboral demostrada, de los fiscales en relación con los funcionarios judiciales ante los que actúan, se percibe que no existe ningún tipo de justificación desde los puntos de vista de la razonabilidad y proporcionalidad, especialmente porque sus derechos

laborales se ven comprometidos negativamente, en lo que a ingresos percibidos se refiere provenientes de la vía oblicua de la justicia y equidad tributarias, ya que realmente reciben menos que sus pares judiciales como consecuencia de la no aplicación de la exención tributaria que cobija a estos últimos, máxime cuando los agentes del Ministerio Público y los magistrados auxiliares de las altas cortes -estos últimos dentro del contexto y vigencia de la Constitución de 1991 por decisión judicial de la Corte Constitucional mediante la sentencia C-748 de 2009-, sí son acreedores de tal exención tributaria sobre un porcentaje de sus ingresos sin que tengan el mismo grado de paridad funcional en relación con los jueces y magistrados de tribunal, como sí la tienen los fiscales. 11 Procurador General Concepto No. 5524 Si se graficara la situación analizada en expresión circular para hacer ver que lo incluido dentro de su superficie perimetral comprende el derecho a rentas de trabajo exentas para los funcionarios judiciales, podría decirse que el centro del mismo lo constituye el beneficio tributario concedido a jueces y magistrados de tribunal, y el extremo periférico, perímetro o circunferencia lo representa la exención concedida a los fiscales, en su significado de agentes del Ministerio Público, extremo fronterizo que se amplía más si se incluyen a los magistrados auxiliares de las altas cortes, y, como consecuencia del trato legal del cual son acreedores, dentro de esa superficie y en forma más cercana al centro que a la periferia, debe encontrarse la situación de los fiscales que actúan ante los jueces y magistrados de tribunal, tanto por su condición de funcionarios judiciales

que hacen parte inescindible y obligatoria de la administración de justicia en materia penal, como porque actúan ante el juez pertinente en igualdad de jerarquía funcional. Por tanto, se solicitará a la Corporación Judicial que se pronuncie, únicamente en relación con el cargo analizado en este proceso, declarando la constitucionalidad de la exención del impuesto sobre la renta y complementarios del 25% de los salarios de los Jueces de la República, bajo el entendido que también cobija a los Fiscales Delegados que actúan ante estos, tal como en su momento lo solicitó el Supremo Director del Ministerio Público en su concepto número 4953, proferido dentro del proceso D-8018, y que estaba relacionado con una demanda contra los mismos apartes normativos aquí analizados, por cargos similares, y presentada por el mismo actor que dio inicio a la presente acción, razón por la cual se transcribe el citado proveído fiscal, en los siguientes términos: “3.1. Para resolver el presente problema jurídico de inequidad tributaria por omisión legislativa, se deben analizar las situaciones de hecho a la luz del derecho a la igualdad, teniendo en cuenta que el mismo, en su carácter de fundamental reconocido así 12 Procurador General Concepto No. 5524 constitucionalmente, comporta un mandato de trato igual frente a supuestos de hecho equivalentes, siempre y cuando no existan razones suficientes para darles un trato diferente (Sentencia C-748 de 2009). 3.2. Lo primero que se debe establecer es si los supuestos de hecho, el legalmente consagrado y el supuestamente omitido por el

legislador, son iguales o diferentes entre sí. Para ello se necesita definir un “tertium comparationis”, teniendo en cuenta que el derecho a la igualdad es de carácter relacional. A diferencia de lo resuelto en la sentencia C-748 de 2009, donde el referente de comparación se basó en el régimen salarial y prestacional para considerar que los magistrados auxiliares de las Altas Cortes y los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura tenían derecho a recibir el mismo tratamiento en materia de exención tributaria sobre el 50% del salario dispensado por la ley a los magistrados de Tribunal, en el presente caso el criterio de comparación es funcional desde el punto de vista laboral debido a que la Fiscalía General de la Nación, si bien forma parte de la Rama Judicial, tiene autonomía administrativa y presupuestal po