PGN - FUNCIONES PUBLICAS A CARGO DE PARTICULARES - El particular que preste un servicio público

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Contratación Estatal

Radicación No. 095-1385-02

Disciplinado: Roberto Daza Suárez y otros Cargo y entidad: Rector y funcionarios Universidad Popular del Cesar Quejoso: De oficio Fecha queja: 17 de septiembre del 2002

Fecha hechos: 17 de septiembre del 2002

Asunto: Fallo de Primera Instancia (Art. 170 Ley 734/02).

Bogotá, D.C., junio 12 de 2007 Conforme a lo dispuesto en el artículo 170 de la ley 734 de 2002, procede este Despacho a proferir fallo de primera instancia, en el proceso disciplinario adelantado contra los señores ROBERTO DAZA SUÁREZ, en su condición de Rector de la Universidad Popular del Cesar, DESIDERIO PADILLA GARCÍA, Vicerrector Administrativo; NANCY HERNÁNDEZ SALAS, Vicerrectora Académica; LEONOR CASTRILLO GUERRA, Vicerrectora de Investigaciones y Extensión; OMAR ALBERTO GONZÁLEZ MAESTRE, Secretario General; SORIS ORTEGA VALERA, Jefe de la Oficina Jurídica; ABDO ENRIQUE BARRERA, Jefe de Planeación; HERMEL DAZA TORRES, Arquitecto Asesor de Rectoría, Director de Proyectos, y EDITH CAROLINA PALMA BASTIDAS, secretaria adscrita a la Secretaría General de la UPC.

1. ANTECEDENTES Por auto del 17 de septiembre de 2002, la Procuraduría Regional del Cesar ordenó adelantar indagación preliminar contra indeterminados, funcionarios de la Universidad Popular del Cesar, con el objeto de establecer posibles irregularidades

en la contratación adelantada por dicha entidad, para la construcción y/o remodelación de la biblioteca (Folios 2-3 cuaderno 1). Para adelantar la actuación administrativa correspondiente, el Procurador Regional del Cesar comisionó a los asesores grado 24, adscritos a dicha Regional, Jackeline Muñoz Peñaloza y Alberto Zalabata Vega, quienes practicaron visita a las instalaciones de la Universidad Popular del Cesar, los días 19 de septiembre y 1 de octubre de 2002 y fueron atendidos por la Jefe de la Oficina Jurídica, Soris Ortega (Folios 5-8 cuaderno 1). Mediante auto del 28 de octubre de 2002, el Procurador General de la Nación creó una comisión especial disciplinaria integrada por los doctores Jesualdo Villeros Pallares, Procurador Regional del Cesar, quien la presidiría, Luis Augusto González Pimienta, Procurador Judicial Administrativo No. 47 de Valledupar y Edward Enrique Martínez Pérez, Procurador Judicial II Penal No. 42 de la misma ciudad, con el fin de que ésta continuara con toda la actuación procesal dentro del expediente disciplinario número 095-001385/02, en contra de funcionarios de la Universidad Popular del Cesar, por posibles irregularidades en la celebración de contratos para la construcción de la biblioteca de esa universidad. Dicha comisión tenía todas las facultades consagradas en el inciso 1°, numeral 19 del artículo 7 del decreto 262 de 2000, con la excepción del fallo, ante la eventualidad de un juicio, razón por la cual, EXPEDIENTE 095-1385 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 1

FALLO PRIMERA INSTANCIA una vez se encontrara el proceso para tal decisión debía remitirse al competente (Folio 177 cuaderno 4). Por auto del 5 de noviembre de 2002, la comisión especial ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de los siguientes funcionarios de la Universidad Popular del Cesar: ROBERTO DAZA SUÁREZ, en su condición de Rector; DESIDERIO PADILLA GARCÍA, Vicerrector Administrativo; NANCY HERNÁNDEZ SALAS, Vicerrectora Académica; LEONOR CASTRILLO GUERRA, Vicerrectora de Investigaciones y Extensión; OMAR ALBERTO GONZÁLEZ MAESTRE, Secretario General; SORIS ORTEGA VALERA, Jefe de la Oficina Jurídica; ABDO ENRIQUE BARRERA, Jefe de Planeación; HERMEL DAZA TORRES, Arquitecto Asesor de Rectoría, Director de Proyectos y Construcciones, por posibles irregularidades en el trámite de la etapa precontractual y actividad contractual en la construcción y/o remodelación de la biblioteca de la Universidad Popular del Cesar. También por la posible falsedad en que pudieron incurrir OMAR ALBERTO GONZÁLEZ MAESTRE, Secretario General y CAROLINA PALMA, Secretaria adscrita a la Secretaría General, por certificar como recibidas en término propuestas que no lo fueron. Finalmente incluía la apertura, la presunta omisión del señor ROBERTO DAZA SUÁREZ, Rector de la UPC, quien no dio respuesta oportuna a la solicitud realizada por la Procuraduría Regional del Cesar mediante circular No. 51 del 25 de junio de

2002. Mediante el mismo auto se ordenó la suspensión de la ejecución de los contratos para la construcción de la biblioteca de la Universidad Popular del Cesar distinguidos con los números 019, 020, 021, 022, 023, 024 y 025 del 19 de septiembre de 2002 (Folios 89-100 cuaderno 4). Por auto del 17 de enero de 2003, la comisión disciplinaria revocó las determinaciones tomadas mediante auto del 5 de noviembre de 2002, respecto de la suspensión de la ejecución de los contratos para la construcción de la biblioteca de la Universidad Popular del Cesar distinguidos con los números 019, 020, 021, 022, 023, 024 y 025 del 19 de septiembre de 2002; la prohibición de pagar los anticipos sobre los mencionados contratos y la prohibición de utilizar los recursos obtenidos para financiar dichos contratos, atendiendo a que conforme a la interpretación realizada por la Corte Constitucional en sentencia C-977 de 2002, la medida conferida en el artículo 160 de la ley 734 de 2002, no faculta a la Procuraduría para ordenar la suspensión de la ejecución de los contratos, sino que la disposición esta enderezada a solicitar a la autoridad respectiva que asuma tal medida. Solicitud que fue realizada por la comisión disciplinaria, ante el Vicerrector Administrativo y Financiero de la Universidad Popular del Cesar, en el artículo segundo del mismo auto, por considerar que los motivos para la misma estaban dados, conforme se dejó plasmado en las consideraciones de la revocatoria (Folios 255-262 cuaderno 4).

En respuesta a la solicitud realizada por la Procuraduría, a través de concepto emitido por William Mejía Muzza, Jefe de la Oficina Jurídica de la UPC, expuso que la Universidad no podía suspender unilateralmente la ejecución de los contratos 019, 020, 021, 022, 023, 024 y 025 del 19 de septiembre de 2002 (Folios 292-299 cuaderno 4). Por auto del 26 de mayo de 2003, la Procuraduría Regional del Cesar, incorporó las diligencias procedentes de la Procuraduría Auxiliar, radicadas con el No. 191717, iniciadas por queja interpuesta por los contratistas afectados por la suspensión EXPEDIENTE 095-1385 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 2 FALLO PRIMERA INSTANCIA decretada por dicha Procuraduría Regional, de los contratos celebrados para la construcción de la biblioteca de la Universidad Popular del Cesar, en la que solicitaban la revocatoria de dicha decisión (Folios 209-226 cuaderno 5) Mediante auto del 11 de junio de 2003, se acumularon las diligencias radicadas con el No. 021-84631, al presente proceso, atendiendo a que ambas se adelantaban en contra de Roberto Daza Suárez y otros funcionarios de la Universidad Popular del Cesar por posibles irregularidades en la contratación de obras para la construcción de la biblioteca (Folios 240-241 cuaderno 5).

2. LOS CARGOS Mediante auto del 21 de marzo de 2003, la Comisión Especial Disciplinaria formuló cargos en contra de ROBERTO DAZA SUÁREZ, identificado con cédula de

ciudadanía No.5.170.799 de Villanueva, Guajira; OMAR ALBERTO GONZÁLEZ MAESTRE, identificado con cédula de ciudadanía No.12.713.205 de Valledupar; DESIDERIO PADILLA GARCÍA, identificado con cédula de ciudadanía No. 5.556.149 de Bucaramanga; LEONOR CASTRILLO GUERRA, identificada con cédula de ciudadanía 20.047.483 de Bogotá; NANCY ESTHER HERNÁNDEZ SALAS, identificada con cédula de ciudadanía No.42.494.143 de Bogotá; ADDO ENRIQUE BARRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 77.006.725 de Valledupar; SORIS MARÍA ORTEGA VALERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 32.679.538 de Valledupar; EDITH CAROLINA PALMA BASTIDAS, identificada con cédula de ciudadanía No.37.937.712 de Barrancabermeja y HERMEL JOSÉ DAZA TORRES, identificado con cédula de ciudadanía No.7.471..508 de Barranquilla, en sus condiciones de Rector, Secretario General, Vicerrector Administrativo, Vicerrectora de Investigaciones, Vicerrectora Académica, Jefe de Planeación, Jefe de la Oficina Jurídica, Secretaria adscrita a la Secretaría General y Asesor de Rectoría de la Universidad Popular del Cesar, en los siguientes términos: (Folios 322 – 383 del cuaderno 4). 2.1 Roberto Daza Suárez 2.1.1 Primer cargo (Folios 344346 cuaderno 4)

Se le señala al doctor ROBERTO DAZA SUÁREZ, en su condición de Rector de la Universidad Popular del Cesar, no haber suministrado información a la Procuraduría Regional del Cesar, respecto la (sic) la invitación a presentar propuestas técnico económicas de obras, para la construcción de la Biblioteca de la Universidad Popular del Cesar, pese a que mediante circulares 051 y 052 del 25 de junio de 2002, el Procurador Regional del Cesar, les solicitó a todas las entidades, incluido el rector de la prenombrada universidad, pusiera en conocimiento de este organismo cada que se publicara la invitación a contratar ya por el proceso licitatorio o por contratación directa con el objeto de intervenir en defensa del patrimonio público; las citadas circulares fueron entregadas en el centro de educación superior el 27 de junio de 2002 y fue (sic) recibida por la señora CLAUDIA OSIO. El aviso de publicación de invitación a presentar las propuestas para la construcción de la Biblioteca de la Universidad Popular del Cesar, se fijó al parecer el 2 de septiembre de 2002, lo que implica que la comisión por omisión desarrollada por el doctor DAZA SUÁREZ se materializó en esa fecha. . El comportamiento omisivo del doctor DAZA SUAREZ es violatorio de los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad de que tratan el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 2 del Acuerdo 006 de 23 de febrero de 1999, mediante el cual se EXPEDIENTE 095-1385 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 3 FALLO PRIMERA INSTANCIA adoptó el Régimen Contractual de la Universidad Popular del Cesar, por cuanto

impidió el acompañamiento de la Procuraduría Regional, en la etapa precontractual de los contratos que se cuestionan. Se tipificó la conducta del disciplinado como una violación del numeral 8 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, que prohíbe a los servidores públicos: “Omitir, retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o a solicitudes de las autoridades (…)”, debido a que las circulares mencionadas en el cargo fueron recibidas en la Universidad Popular del Cesar por Claudia Osio, el 27 de junio de 2002 y el implicado sabía que debía suministrar la información solicitada, no obstante, no lo hizo, incurriendo en la prohibición. La conducta se le imputó al disciplinado a título de dolo, puesto que éste tuvo conciencia de su actuar pero no le interesaba que este organismo de control ejerciera sus funciones de prevención, interviniendo en la etapa precontractual para acompañar el proceso en defensa del orden jurídico y del patrimonio público, conforme lo establece el artículo 277 numeral 7 de la Constitución Política. Por otra parte, se calificó la falta como gravísima de las contempladas en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, que determina: “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la ley”, por cuanto el actuar negativo del disciplinado es contrario a los principios de moralidad, imparcialidad y

eficacia, por cuanto se negó la posibilidad a la Procuraduría que acompañara el proceso contractual desde las preliminares, que de haber ocurrido habría evitado las irregularidades por las cuales se vincularon a los investigados. 2.1.2 Segundo cargo (Folios 346348 cuaderno 4) Se le señala al doctor ROBERTO DAZA SUÁREZ, en su condición de Rector de la Universidad Popular del Cesar, como Presidente del Comité de Administración y Contratación, permitir que el doctor HERMEL DAZA TORRES, contratista de ese centro de educación superior, y adscrito a su despacho, concertara el presupuesto final de los contratos para la construcción de la Biblioteca de ese centro educativo y a su vez determinara con ello el orden de elegibilidad de las propuestas. Y esto es así, por cuanto en documento del 9 de septiembre de 2002 el doctor HERMEL DAZA TORRES, concertó con los señores OMAR PERALTA CARRILLO, un valor final de $980.018.240 (fl 99 C.O. No.1); con ALBERTO JOSÉ DAZA LEMUS, un valor final de $246.144.213 (fl. 33C.O. No.2); con ISMAEL GONZÁLEZ, un valor final de $188.103.589 (fl. 22 C.O. No. 3); con JORGE MAESTRE RAMÍREZ, un valor final de $57.435.000(Fl. 186 C.O. No. 3), y con ZEYN PROSPERO OÑATE SALINAS un valor de $243.306.275; estos documentos aparecen suscritos por el doctor HERMEL DAZA TORRES y los proponentes prenombrados, como quiera que el Comité de Administración y Contratación se reunió solo

hasta el 13 de septiembre de 2002, como consta en el acta No. 23 de esa fecha (cfr. Fls 56 y ss C.O. No. 1), implica ello que fue DAZA TORRES quien elaboró el orden de elegibilidad y no el comité como lo regía el estatuto de contratación de la Universidad Popular del Cesar, en su artículo 11 numeral 4° (Acuerdo No. 006 del 23 de febrero de 1999). Con esta conducta el disciplinado vulneró los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad de que tratan el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 2 del acuerdo 006 de 1999; de igual manera vulneró el artículo 11 numeral 4 de prenombrado acuerdo, toda vez que éste establece la competencia para determinar EXPEDIENTE 095-1385 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 4 FALLO PRIMERA INSTANCIA el orden de elegibilidad de las propuestas en cabeza del Comité de Administración y Contratación. Se tipificó la conducta del disciplinado como una violación del numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, porque desconoció la Constitución y el estatuto contractual de la Universidad Popular del Cesar. La conducta se le imputó al disciplinado a título de dolo, puesto que en su condición de rector de ese centro de educación superior, con tantos años de ejercicio en el cargo, se le impone el conocimiento a plenitud del Estatuto Contractual de la UPC y al permitir que un funcionario adscrito a su despacho se arrogara competencias propias del Comité de Administración y Contratación, con la anuencia de todos sus

integrantes, no puede significar cosa diferente de la aceptación positiva por parte del implicado. Por otra parte, se calificó la falta como gravísima de las contempladas en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, que determina: “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la ley”, por cuanto el actuar del disciplinado es contrario a los principios de moralidad, imparcialidad y eficacia de que tratan el artículo 209 de la Constitución y 2 del acuerdo 006 de 1999. 2.1.3 Tercer cargo (Folios 348351 Cuaderno 4) Se le señala al doctor ROBERTO DAZA SUÁREZ, en su condición de Rector de la Universidad Popular del Cesar, actuando como Presidente del Comité de Administración y Contratación de la prenombrada Universidad, haber otorgado el contrato para la “CONSTRUCCIÓN DE TRATAMIENTOS ARTÍSTICOS DEL EDIFICIO PARA LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, SEDE “LA VALLENATA” CRÉDITO FINDETER – CÓDIGO: 120-0009-00.”, al señor JORGE MAESTRE RAMÍREZ, mediante Acta No. 23 del 13 de septiembre de 2002, en abierta violación al estatuto de contratación de la Universidad Popular del Cesar. En efecto el artículo 11 numeral 3° del citado estatuto al establecer los requisitos previos a la contratación señaló que “Los contratos con cuantía superior a cincuenta (50) salarios

mínimos legales mensuales y menor o igual a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos legales mensuales: - requierenTres (3) cotizaciones, cuadro comparativo y evaluativo de las propuestas y concepto de la instancia técnica respectiva, según la naturaleza del bien o servicio a contratar “ La irregularidad consiste entonces, en que el doctor DAZA SUÁREZ, actuando en la calidad anotada, otorgó el contrato al señor JORGE MAESTRE RAMÍREZ, sin que existieran las tres cotizaciones de que trata la disposición señalada, violando abiertamente esta disposición, toda vez que el contrato finalmente se suscribe por la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS ($57.435.000.00), precio este que a la postre ya había concertado el doctor HERMEL DAZA TORRES con el contratista el 9 de septiembre de 2002. La falta se materializa toda vez que el salario mínimo legal mensual vigente para el año 2002, había sido fijado en la suma de TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS PESOS ($302.600) concluyendo que cincuenta salarios mínimos legales mensuales para la época ascendían a QUINCE MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($15.130.000.00); y como quiera que el valor del contrato con el señor JORGE MAESTRE RAMÍREZ se había concertado en CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EXPEDIENTE 095-1385 – MARTHA LUCÍA AGUILAR E. – 5 FALLO PRIMERA INSTANCIA MIL PESOS ($57.435.000.00) evidente resulta que fueron tres las propuestas que debieron

exigirse, como quiera que no se presentaron tres (3) propuestas, sino una, y aún así se otorgó el contrato, implica que incurrió en falta disciplinaria por cuanto, como se dijo, se apartó de la regla que en ese sentido señala el Acuerdo No. 006 del 23 de febrero de 1999. Con esta conducta el disciplinado vulneró los principios de igualdad, moralidad y eficacia de que tratan el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 2 del acuerdo 006 de 1999; por cuanto para la adjudicación del contrato cuestionado, sólo se tuvo en cuenta una propuesta, cuando se reclamaban por lo menos tres y con dicha elección se contrarió el interés general que debe orientar la función pública. Se tipificó la conducta del disciplinado como una violación del numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, porque desconoció la Constitución y el estatuto contractual de la Universidad Popular del Cesar. Se calificó la falta como gravísima de las contempladas en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, que determina: “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y la ley”, por cuanto el actuar del disciplinado es contrario a los principios de igualdad, moralidad y eficacia de que tratan el artículo 209 de la Constitución y 2 del acuerdo 006 de 1999. 2.2 Omar Alberto González Maestre 2.2.1 Primer cargo (Folios 326-331 cuaderno 4)

Al doctor OMAR ALBERTO GONZÁLEZ MAESTRE se le señala en su condición de Secretario General de la Universidad Popular del Cesar, haber falsificado el documento denominado CONSTANCIA DE RECIBO DE PROPUESTAS y que fuere diligenciado por la señora EDITH CAROLINA PALMA BASTIDAS en forma manuscrita, documentos este elaborado el 6 de septiembre de 2002; conducta esta que desarrolla en coautoría con la prenombrada PALMA BASTIDAS. En efecto, el mencionado documento es diligenciado por la señora EDITH CAROLINA PALMA BASTIDAS en el que se relacionaron las propuestas recibidas con ocasión de la convocatoria o el aviso público al ofertar para la construcción de la Biblioteca de la Universidad Popular del Cesar, señalando en su orden la relación de las personas que entregaron propuestas para la construcción de la prenombrada obra, documento donde en principio se relacionó a los señores JORGE MAESTRE, LAUREANO MENDOZA, JUAN FERNÁNDEZ y VICTOR ROJAS presentando sus propuestas el día 6 de septiembre de 2002, en su orden: a las 4:30, 4:50, 5:20 y 5:35; no obstante, más tarde aparece un nuevo documento en el que estas propuestas se mencionan como si hubiesen sido recibidas a las 3:25, 3:35, 3:45 y 3:55, respectivamente. Y se altera también la hora de recibo de las propuestas de los señores ALBERTO DAZA y LUIS F OVALLE, a quienes en el primer documento se les relacionó como si hubiesen entregado sus propuestas a las 10:35 y

11:45, para luego hacerlos figurar como si la entrega hubiera sido a las 11:45 y 11:50 del día 6 de septiembre de 2002. Con la conducta descrita el disciplinado violó los principios de moralidad, eficacia, e imparcialidad de que trata el artículo 209 de la Constitución Política, por cuanto consignó una falsedad en documento público, incurriendo además en el tipo penal descrito en el artículo 267 del Código Penal. De igual forma violó los principios de contratación establecidos en el artículo 2 del Acuerdo 006 de 23 de febrero de 1999, mediante el cual se adoptó el Régimen Contractual de la Universidad Popular del Cesar.

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FALLO PRIMERA INSTANCIA Se tipificó la conducta del disciplinado como una violación del numeral 1 del artículo 34 y del numeral 1 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, toda vez que con su actuación contrarió los principios de que tratan el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 2 del Acuerdo 006 de 1999. La conducta se le imputó al disciplinado a título de dolo, puesto que éste tuvo conciencia de su actuar y pese a que se le imponía el deber legal de actuar conforme a derecho, respetando el documento inicialmente diligenciado, no lo hizo y prefirió diligenciar otro, abiertamente contrario al primero, con el objeto de aparentar que las propuestas recibidas extemporáneamente habían sido recibidas en término. Configurándose de tal forma una falsedad descrita en el artículo 267 del Código

Penal. Se calificó como una falta gravísima de las contempladas en el numeral 1 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, que determina: “Realizar objetivamente una descripción típica consagrada como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo o abusando del mismo”, teniendo en cuenta que la conducta imputada al señor Omar Alberto González Maestre está descrita en el artículo 267 del Código Penal, como “Falsedad material en documento público” y de que está probado que la falsedad que se le endilga la cometió en el ejercicio de sus funciones como Secretario General de la Universidad Popular del Cesar. 2.2.2 Segundo cargo (Folios 331-333 cuaderno 4) Igualmente se le señala al doctor OMAR ALBERTO GONZÁLEZ MAESTRE, en su condición de Secretario General de la Universidad Popular del Cesar, en coautoría con la señora EDITH CAROLINA PALMA BASTIDAS, haber destruido y desaparecido el documento original denominado “CONSTANCIA DE RECIBO DE PROPUESTAS”, documento éste que hubiere diligenciado con su puño y letra, el día 6 de septiembre de 2002, la prenombrada PALLMA BASTIDAS, Secretaria de la Secretaría General y que estuviere avalado con la firma abreviada del acá implicado como constancia de que ese documento era real y había sido diligenciado allí, las letras de diligenciamiento y la firma abreviada que en él aparecen es reconocida en diligencia bajo la gravedad del juramento por la señora MARLENE CUETO MANOSALVA (ls 174 a 176 C.O. No. 4) secretaria de la Oficina Jurídica de la Universidad

Popular del Cesar y que fuere quien remitiera a esta procuraduría (sic), el documento original posteriormente destruido y desaparecido por el imputado. Se sostiene que el imputado destruyó y desapareció el documento original inicialmente diligenciado, por cuanto en diligencia de inspección que se practicara ante la Oficina Jurídica de la mencionada universidad (fls. 129 a 133 C.O No. 4), no se encontró el citado documento, por el que las propuestas de los señores JORGE MAESTRE, LAUREANO MENDOZA, JUAN FERNÁNDEZ y VICTOR ROJAS, figuran entregando las ofertas después de las cuatro de la tarde, encontrándose si el documento diligenciado posteriormente, en el que las anteriores propuestas ya figuran siendo recibidas antes de las cuatro de la tarde para ampararlas con la exigencia del pliego de condiciones que le permitiera validez a tiempo de su evaluación y conformación de grupos de oferentes (fls 389, 390 C.O. No. 2). No puede ser otra persona distinta al señor GONZÁLEZ MAESTRE quien en coautoría con la señora EDITH CAROLINA PALMA BASTIDAS, destruyen y desaparecen el documento denominado “CONSTANCIA DE RECIBO DE PROPUESTAS”, por cuanto es ésta quien elabora con su puño y letra ambos documentos y aquél lo (sic) avala con su firma abreviad, y nadie más que ellos podían ser los interesados en que el original inicialmente diligenciado desapareciera tanto cuanto más que el proceso de publicidad, entrega de pliegos y recibo de propuestas se realizó en la Secretaría General de la universidad, lugar en el que aquél regentaba y en el que ésta cumplía sus órdenes.

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FALLO PRIMERA INSTANCIA Se tipificó la conducta del disciplinado como una violación del numeral 13 del artículo 35 de la ley 734 de 2002, que recoge como prohibición ocasionar daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que hayan llegado a poder del servidor público por razón de sus funciones, dado que la pérdida del documento en cuestión impidió la inspección del mismo y efectuar el respectivo peritaje sobre el original. La conducta se le imputó al disciplinado a título de dolo, puesto que éste tuvo conciencia de su actuar y pese a que se le imponía el deber legal de actuar conforme a derecho, respetando el documento inicialmente diligenciado, no lo hizo. Se calificó como una falta gravísima de las contempladas en el numeral 1 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, teniendo en cuenta que la conducta imputada al señor Omar Alberto González Maestre desarrolló la hipótesis contenida en el artículo 292 del Código Penal, que trata de la destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, que determina: “El que destruya, suprima u oculte total o parcialmente documento público que pueda servir de prueba, incurre en prisión de (…)”. 2.3 Desiderio Padilla García 2.3.1 Primer cargo (Folios 351-353 Cuaderno 4) Se le señala al doctor DESIDERIO PADILLA GARCÍA, en su condición de Vicerrector Administrativo, actuando como miembro del Comité de Administración y Contratación,

permitir que el doctor HERMEL DAZA TORRES, contratista de ese centro de educación superior, y adscrito a su despacho, concertara el presupuesto final de los contratos para la construcción de la Biblioteca de ese centro educativo y a su vez determinara con ello el orden de elegibilidad de las propuestas. Y esto es así, por cuanto en documento del 9 de septiembre de 2002 el doctor HERMEL DAZA TORRES, concertó con l os señores OMAR PERALTA CARRILLO, un valor final de $980.018.240 (fl 99 C.O. No.1); con ALBERTO JOSÉ DAZA LEMUS, un valor final de $246.144.213 (fl. 33C.O. No.2); con ISMAEL GONZÁLEZ, un valor final de $188.103.589 (fl. 22 C.O. No. 3); con JORGE MAESTRE RAMÍREZ, un valor final de $57.435.000(Fl. 186 C.O. No. 3), y con ZEYN PROSPERO OÑATE SALINAS un valor de $243.306.275; estos documentos aparecen suscritos por el doctor HERMEL DAZA TORRES y los proponentes prenombrados, como quiera que el Comité de Administración y Contratación se reunió solo hasta el 13 de septiembre de 2002, como consta en el acta No. 23 de esa fecha (cfr. Fls 56 y ss C.O. No. 1), implica ello que fue DAZA TORRES quien elaboró el orden de elegibilidad y no el comité como lo regía el estatuto de contratación de la Universidad Popular del Cesar, en su artículo 11 numeral 4° (Acuerdo No. 006 del 23 de febrero de 1999).

Con esta conducta el disciplinado vulneró los principios de moralidad, eficacia e imparcialidad de que tratan el artículo 209 de la Constitución Política y el artículo 2 del acuerdo 006 de 1999; de igual manera vulneró el artículo 11 numeral 4 de prenombrado acuerdo, toda vez que éste establece la competencia para determinar el orden de elegibilidad de las propuestas en cabeza del Comité de Administración y Contratación. Se tipificó la conducta del disciplinado como una violación del numeral 1 del artículo 34 de la ley 734 de 2002, porque desconoció la Constitución y el estatuto contractual de la Universidad Popular del Cesar.

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FALLO PRIMERA INSTANCIA La conducta se le imputó al disciplinado a título de dolo, puesto que en su condición de Vicerrector Administrativo de ese centro de educación superior y miembro del prenombrado comité, se le impone el conocimiento a plenitud del Estatuto Contractual de la UPC y al permitir que un contratista de la universidad se arrogara competencias propias del Comité de Administración y Contratación, con la anuencia de todos sus integrantes, no puede significar cosa diferente que la aceptación positiva por parte del implicado de que las cosas así ocurrieran y por ello su proceder es doloso. Por otra parte, se calificó la falta como gravísima de las contempladas en el numeral 31 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, que determina: “Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función

administrativa contemplados en la Constitución y la ley”, por cuanto el actuar del disciplinado es contrario a los principios de moralidad, imparcialidad y eficacia de que tratan el artículo 209 de la Constitución y 2 del acuerdo 006 de 1999. 2.3.2 Segundo cargo (Folios 353-356 cuaderno 4) Se le señala al doctor DESIDERIO PADILLA GARCIA, en su condición de Vicerrector Administrativo de la Universidad Popular del Cesar, actu