PGN - HABEAS CORPUS - La falta de respuesta a la petición de libertad no configura aplicac

HABEAS CORPUS-Supuestos pretendidos por el accionante para que prospere frente a la privación de la libertad HABEAS CORPUS-Marco normativo y jurisprudencial HABEAS CORPUS-Competencia para resolver solicitudes/HABEAS CORPUSProvidencia que lo niega podrá impugnarse La Ley 1095 de 2006, por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política, establece la competencia para resolver las solicitudes de habeas corpus a los jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder Público y de conformidad con el artículo 7, la providencia que niegue el Hábeas Corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación. HABEAS CORPUS-Lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre presupuestos de la acción y oportunidad para interponerla Frente al caso concreto cabe traer a colación los lineamientos trazados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para establecer los presupuestos de la acción de habeas corpus, así como la oportunidad para interponerla: AUDIENCIA PREPARATORIA-Oportunidad procesal para debatir las pruebas y momento procesal en el que la autoridad competente se pronuncia sobre las mismas Conviene resaltar que, inicialmente, se señaló el 24 de enero de 2011 para que se llevara a cabo la audiencia preparatoria en la cual se decidirían las pruebas a practicar. Sin embargo, dicha diligencia fue aplazada ante petición de nulidad elevada por el Juez Penal Especializado de Cali, solicitud que a su vez fue remitida a los jueces penales del

circuito especializado de Bogotá, y una vez efectuado el reparto, el Juez Primero Penal Especializado de Bogotá, propuso colisión negativa de competencias. El trámite anterior fue el que impidió la respuesta inmediata a la solicitud elevada por el accionante. Téngase en cuenta, además, que la oportunidad procesal para debatir las pruebas es la audiencia preparatoria, momento procesal en el que la autoridad competente se pronunciará sobre las mismas. DETENCIÓN PREVENTIVA-Precisiones de la Corte Constitucional REVOCATORIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Precisiones de la Corte Suprema de Justicia HABEAS CORPUS-La falta de respuesta a la petición de libertad no configura aplicación de la acción En este orden de ideas, aunque está demostrada la falta de respuesta a la petición de libertad elevada por el accionante y que no existe pronunciamiento en torno a la valoración de las pruebas que sustentan dicho pedimento, lo cierto es que tal omisión no configura un supuesto que permita la aplicación del Habeas Corpus como garantía constitucional. Ello en la medida en que no se configura ninguno de los supuestos de que trata el artículo 365 y en tanto que la oportunidad para efectos de valorar la prueba 1 que permita establecer si debe mantenerse o no la medida preventiva, será la audiencia preparatoria.

PROCURADURIA PRIMERA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Bogotá D.C., abril 13 de 2011. Alegato No. 020/11 Doctor

JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

CONSEJERO DE ESTADO

Sección Tercera - Subsección “C”

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Expediente: 201100321 01

Acción: Habeas Corpus

Accionante: Tiberio Fernández Luna

Accionado: Juzgado Primero Penal del Circuito

Honorable Consejero: Roberto Augusto Serrato Valdés, Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado, en ejercicio de las facultades constitucionales, legales y reglamentarias, por medio del presente escrito me permito intervenir en la impugnación presentada por el señor Tiberio Fernández Luna dentro de la acción de HABEAS CORPUS, la cual fue resuelta negativamente en providencia de primera instancia, proferida por el doctor Juan Carlos Garzón Martínez, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 1.- Argumentos de la decisión objeto de la impugnación.

El Magistrado que resuelve la acción en primera instancia considera en primer término que: “el problema jurídico a resolver se centra en determinar si la no contestación de la solicitud de cesación del proceso penal y libertad, realizada por el accionante, torna en ilegal la privación de la libertad de la que es objeto el sindicado por el delito de lavado de activos”. 2 Previa relación de la situación fáctica y jurídica, estima que hay lugar a negar el amparo de Habeas Corpus solicitado, con fundamento en las siguientes consideraciones: “Precisa el Despacho que en los términos del artículo 28 de la Constitución Nacional, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo

previamente definido en la ley. De conformidad con el material probatorio allegado al expediente y conforme a los parámetros constitucionales, estima este Despacho que se cumplen en su integridad los requisitos contemplados para que el accionante haya sido privado de su libertad, toda vez que dicha detención se realizó con base en la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía Séptima Especializada, actuación que fue declarada legal mediante providencia de fecha 17 de noviembre de 2009 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cali.“ De igual manera debe tener en cuenta el accionante que la privación de su libertad se encuentra establecida desde la etapa de instrucción del proceso penal, y que desde el momento en que fue proferida la resolución de acusación (19 de febrero de 2010), el proceso penal se encuentra en la etapa de juzgamiento, en la cual se debe observar un procedimiento que debe surtirse con el fin de terminar con la sentencia que determine o no la responsabilidad penal del sindicado. En el presente caso la solicitud de cesación del proceso y consecuente libertad, realizada por el aquí accionante, se fundamenta en que el sindicado considera que su inocencia puede ser demostrada mediante los medios de prueba que allega con la solicitud. Situación que no resulta viable, en razón a que la valoración del material probatorio debe ser realizada con observancia de las normas de procedimiento penal que determinan, que los medios probatorios deben ser indicados en la audiencia preparatoria, y posteriormente valorados en la audiencia pública. Es por lo anterior que se debe establecer que la privación de la libertad no es ilegal –ante la captura y definición de su situación jurídica, el accionante no tiene reparos-,

ni tampoco se ha prolongado ilegalmente, toda vez que se encuentra en curso el procedimiento legal para llegar a definir la responsabilidad penal del sindicado. Lo que se quiere significar es que al haberse determinado la restricción de libertad del accionante con fundamento en decisiones judiciales que fueron adoptadas dentro del marco de la competencia de la jurisdicción ordinaria, la acción de habeas corpus deviene improcedente, más aún si se tiene en cuenta que la determinación de la responsabilidad penal se va a resolver dentro del marco jurisdiccional autónomo e independiente (sentencia penal) y que por tanto no debe ser determinada mediante esta vía excepcional de acción pública, la cual se consagra para la flagrante violación de las garantías constitucionales y legales de la persona. (subrayas del texto). Por lo tanto la no contestación de la solicitud presentada por el accionante en el proceso penal, en razón a que los jueces penales de Bogotá y Cali trabaron conflicto de competencias, no torna en ilegal la privación de la libertad del señor Tiberio Fernández, toda vez que la definición de su responsabilidad penal, sólo puede ser 3 determinada en sede del proceso penal, mediante la sentencia que proferirá el juzgado penal que se establezca como el competente para conocer del caso. De otra parte se comparte lo argumentado por el juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, en el sentido de determinar que si se llegare a pensar, que la solicitud realizada por el accionante debe entenderse como una solicitud de libertad provisional, no resultaría procedente la misma, en razón a que no se invocó (Ley 60 de 2004, artículo 365), ni se observa que su situación encuadre en alguna

de las causales consagradas en el artículo 365 de la norma procesal penal aplicable, y por tanto no resulta aplicable lo allí consagrado, ni la determinación legal establecida en el artículo 168 del referido código de procedimiento penal, referente a que la decisión de libertad del sindicado debe ser tomada en tres días”. 2.- Argumentos de la impugnación.- El señor Tiberio Fernández Luna, mediante memorial radicado el 11 de abril de 2011, interpuso recurso de “apelación” contra la decisión de primera instancia en providencia de fecha 8 de abril de 2011 dentro del proceso adelantado en ejercicio de la acción de Habeas Corpus. Manifiesta su inconformidad con la decisión en los siguientes términos: 1.- Falta de profundidad, entendimiento y análisis jurídico – probatorio de los hechos y del material allegado, incluyendo el desconocimiento de la sentencia C187 de 2006 que traza la línea jurisprudencial frente a la procedencia del Habeas Corpus, ya sea por privación ilegal de la libertad o por prolongación ilegal de la misma. 2.- Su situación particular comprende el supuesto establecido en la Constitución y la ley, la cual demostró pero que a su juicio, “por falta de conocimiento jurídico en materia penal no se supo entender por parte del fallador de primera instancia”. La providencia yerra en el sentido de algunas imprecisiones relacionadas con el juez que remite el informe y en el segundo apellido del accionante. 3.- La petición de fecha 9 de febrero de 2011 dirigida al juez 4 penal del circuito especializado de Cali Valle es petición de libertad y cesación de procedimiento, no cesación de procedimiento y por ende, la libertad, como lo ha querido hacer ver el

fallador de primera instancia, como sí entendió la Sala Penal de Tribunal de Bogotá, en auto de 17 de marzo de 2011. 4 4.- Concluye el impugnante que el objeto de la “apelación” se centra en que a la fecha no se ha respondido la petición de “libertad y cesación de procedimiento”, razón por la cual su privación de la libertad se ha venido prolongando de manera ilegal. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Pretende el impugnante, se revoque la decisión de instancia y en su lugar se conceda el amparo solicitado en ejercicio de la acción de Habeas Corpus por el señor Tiberio Fernández Luna y, en consecuencia, se conceda su libertad. El problema jurídico a resolver consiste en establecer si se dan los supuestos pretendidos por el accionante para que prospere el amparo de habeas corpus frente a la situación particular del señor Tiberio Fernández Luna, quien se encuentra privado de la libertad en razón del proceso penal que en su contra cursa en la Fiscalía Séptima Especializada por el delito de lavado de activos y en virtud del cual se dictó medida de detención preventiva en proveído de 30 de marzo de 2009, medida que fue objeto de control de legalidad en providencia de 17 de noviembre de 2009 proferida por el juzgado Penal del Circuito Especializado de Cali. Marco Normativo y Jurisprudencial 1.- La Ley 1095 de 2006, por la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política, establece la competencia para resolver las solicitudes de habeas corpus a los jueces y tribunales de la Rama Judicial del Poder

Público y de conformidad con el artículo 7, la providencia que niegue el Hábeas Corpus podrá ser impugnada, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación. 2.- La intervención del Ministerio Público encuentra fundamento en el artículo 277 de la C.P. numeral 7° y en el Decreto 262 de 2000, según las cuales los Agentes del Ministerio Público podrán intervenir en los procesos 5 judiciales, cuando lo considere necesario, y en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales. 3.- Frente al caso concreto cabe traer a colación los lineamientos trazados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para establecer los presupuestos de la acción de habeas corpus, así como la oportunidad para interponerla: La Corte Constitucional en sentencia C-620 de 2001, ha precisado: El Habeas corpus se convierte así en el instrumento máximo de garantía de la libertad individual cuando ésta ha sido limitada por cualquier autoridad, en forma arbitraria, ilegal o injusta, como también de otros derechos entre los que se destacan la vida y la integridad física. En sentencia C-187 de 2006, que revisó la constitucionalidad del proyecto de ley de Habeas Corpus, la Corte Constitucional precisó: Una interpretación acorde con la Constitución Política supone que, después de invocado el hábeas corpus, la autoridad judicial encargada de conocer, deberá verificar la existencia de las condiciones que conducen a ordenar que el peticionario sea puesto en libertad. Tales condiciones son: i) que la persona esté privada de la libertad, y ii) que la privación de la libertad o la prolongación de la misma se

haya dado con violación o quebrantamiento del orden constitucional y legal. i) Que la persona esté privada de la libertad. En el presente caso se tiene acreditado que el señor Tiberio Fernández Luna, se encuentra privado de su libertad y recluido en el Patio 3 de la Cárcel Modelo de Bogotá. ii) Que la privación de la libertad o la prolongación de la misma se haya dado con violación o quebrantamiento del orden constitucional y legal. El segundo supuesto exigido es que la privación de la libertad o la prolongación de la misma se haya dado con violación o quebrantamiento del orden constitucional y legal. 6 Sobre la libertad frente a la medida de aseguramiento de detención preventiva. Respecto de la detención preventiva la Corte Constitucional, en sentencia C774/01, precisó: (…), para que proceda la detención preventiva no sólo es necesario que se cumplan los requisitos formales y sustanciales que el ordenamiento impone, sino que se requiere, además, y con un ineludible alcance de garantía, que quien haya de decretarla sustente su decisión en la consideración de las finalidades constitucionalmente admisibles para la misma. El concepto de detención preventivo tiene en la Constitución, en principio, el carácter de indeterminado, en la medida en que, ni en la norma que la permite (Artículo 28 de la C.P.) ni en el resto de las disposiciones de la parte dogmática de la Carta, se definen su alcance o sus limitaciones. (…) Se tiene, entonces que la propia Constitución, el artículo 250 citado, establece una de las finalidades admisibles para la detención preventiva, cual es la de asegurar la

comparecencia al proceso de los presuntos infractores de la ley penal. Sin embargo esta norma no agota al ámbito de indeterminación del concepto, cuya alcance corresponderá fijar, dentro de los límites constitucionales, al legislador y a la jurisprudencia. Sobre este particular la Corte ha dicho que “....Dentro de las funciones que se le atribuyen a la Fiscalía General de la Nación en el artículo 250 de la Carta, aparece en primer lugar la de "Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento".... El propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio. Por ello, no son el resultado de sentencia condenatoria ni requieren de juicio previo; buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse. La detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción....” Por su parte, la Corte Suprema de Justicia1, al referirse a la revocatoria de la medida de aseguramiento, ha precisado: (…) debe precisarse que el artículo 363 de la ley 600 de 2000 permite la revocatoria de la medida de aseguramiento durante la instrucción, de oficio o a solicitud de los sujetos procesales, cuando pruebas sobrevinientes la desvirtúen o cuando se considera innecesaria ante la insubsistencia de los fines que llevaron a decretarla.

1 Proceso No 29285, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Magistrado

Ponente: ALFREDO GÓMEZ QUINTERO, Acta de Sala No. 255.

7 Frente a la primera opción, bajo la consideración de que el proceso penal se concibe como unidad dialéctica y progresiva, resulta improbable la revocatoria de la medida de aseguramiento en el juicio. En efecto, con la ejecutoria de la resolución de acusación inicia la etapa de juzgamiento, ciclo en el cual pueden acopiarse diversos elementos probatorios cuyo examen viene a surtirse, necesariamente, en la sentencia junto con los demás medios allegados durante la instrucción, para decidir en forma definitiva sobre la existencia o inexistencia de la conducta punible y la inocencia o culpabilidad del procesado. Entonces, la pretensión de revocatoria de la detención fundada en la existencia de prueba sobreviniente, impone realizar juicios en torno a la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, temas propios del fallo, resultando improcedente por esta causa, resolver este tipo de asuntos con anticipación a él. (…) En cuanto a la segunda alternativa, es posible que surjan nuevas razones por las cuales pueda considerarse que la medida es innecesaria respecto a sus fines, pues frente a este tema no es necesario realizar juicio alguno sobre la probable responsabilidad del sindicado2. De la lectura del expediente aparece establecido que: 1.- El señor Tiberio Fernández Luna se halla privado de la libertad por orden de autoridad judicial competente y en virtud de medida de aseguramiento proferida por el juez del conocimiento, que a su vez fue objeto de control de legalidad por el

juez de control de garantías, mediante proveído de 17 de noviembre de 2009 proferido por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cali. 2.- Cerrada la investigación penal, se procedió a calificar el mérito del sumario mediante resolución de 19 de febrero de 2010, proferida por la Fiscalía 32 de la Unidad Nacional para la Extinción de dominio, con resolución de acusación en contra de Tiberio Fernández Luna, como presunto coautor del delito de lavado de activos. 3.- Se inició la etapa de juzgamiento por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Cali, en los términos de la Ley 600 de 2000, en razón a que el delito se produjo con anterioridad al 1° de enero de 2005, esto es dando aplicación al artículo 400 y siguientes de la citada ley.3 2 En el mismo sentido confrontar auto de febrero 23 de 2006. Única instancia 29288 3 ARTICULO 400. APERTURA A JUICIO. Con la ejecutoria de la resolución de acusación comienza la etapa del juicio y adquieren competencia los jueces encargados del juzgamiento y el Fiscal General de la Nación o su delegado la calidad de sujeto procesal. Al día siguiente de recibido el proceso por secretaría se pasarán las copias del expediente al despacho y el original quedará a disposición común de los sujetos procesales por el término de quince (15) días hábiles, para preparar las audiencias preparatoria y pública, solicitar las nulidades 8 4.- Es un hecho cierto que el señor Fernández Luna elevó ante el juez de

conocimiento solicitud de libertad y de cesación de procedimiento en su favor, el 9 de febrero de 2011, petición que a la fecha no ha sido contestada. El referido escrito, además invocó la existencia de pruebas suficientes para efectos de apoyar la solicitud de libertad. 5.- Conviene resaltar que, inicialmente, se señaló el 24 de enero de 2011 para que se llevara a cabo la audiencia preparatoria en la cual se decidirían las pruebas a practicar. Sin embargo, dicha diligencia fue aplazada ante petición de nulidad elevada por el Juez Penal Especializado de Cali, solicitud que a su vez fue remitida a los jueces penales del circuito especializado de Bogotá, y una vez efectuado el reparto, el Juez Primero Penal Especializado de Bogotá, propuso colisión negativa de competencias. El trámite anterior fue el que impidió la respuesta inmediata a la solicitud elevada por el accionante. Téngase en cuenta, además, que la oportunidad procesal para debatir las pruebas es la audiencia preparatoria, momento procesal en el que la autoridad competente se pronunciará sobre las mismas. En este orden de ideas, aunque está demostrada la falta de respuesta a la petición de libertad elevada por el señor Fernández Luna y que no existe pronunciamiento en torno a la valoración de las pruebas que sustentan dicho pedimento, lo cierto es que tal omisión no configura un supuesto que permita la aplicación del Habeas Corpus como garantía constitucional. Ello en la medida en que no se configura ninguno de los supuestos de que trata el artículo 3654 y en

originadas en la etapa de la investigación y las pruebas que sean procedentes. ARTICULO 401. AUDIENCIA PREPARATORIA. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 5284.> Finalizado el término de traslado común, y una vez se haya constatado que la competencia no corresponde a una autoridad judicial de mayor jerarquía, el juez citará a los sujetos procesales para la realización de una audiencia dentro de los cinco (5) días siguientes, donde se resolverá sobre nulidades y pruebas a practicar en la audiencia pública, incluyendo la repetición de aquellas que los sujetos procesales no tuvieron posibilidad jurídica de controvertir. El juez podrá decretar pruebas de oficio. Allí mismo se resolverá sobre la práctica de pruebas que por su naturaleza, por requerir de estudios previos o por imposibilidad de las personas de asistir a la audiencia pública, fundada en razones de fuerza mayor o caso fortuito, deberán realizarse fuera de la sede del juzgado. Se practicarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Se fijará fecha y hora para la celebración de la audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. 9 tanto que la oportunidad para efectos de valorar la prueba que permita establecer si debe mantenerse o no la medida preventiva, será la audiencia preparatoria. De allí la importancia de la cita de la sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia, en la citada sentencia cuando al resolver una solicitud de revocatoria de

la medida de aseguramiento de detención preventiva; señaló: “resulta improbable la revocatoria de la medida de aseguramiento en el juicio”. 4 ARTICULO 365. CAUSALES. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos:

1. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados todos los requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la pena.

2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele.

Se considerará que ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla. La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción. La libertad provisional a que se refiere este numeral será concedida por la autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal aquí prevista.

3. Cuando se dicte en primera instancia, preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.

4. Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción.

Este término se ampliará a ciento ochenta (180) días, cuando sean tres (3) o más los sindicados

contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente. No habrá lugar a libertad provisional, cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al sindicado o a su defensor.

5. Cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública salvo que se hubieren decretado pruebas en el exterior o se esté a la espera de su traslado, caso en el cual, el término se entiende ampliado hasta en seis (6) meses. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> No habrá lugar a la libertad provisional cuando la audiencia se hubiere iniciado, y ésta se encuentre suspendida por causa justa o razonable o cuando habiéndose fijado fecha para la celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o a su defensor.

6. Cuando la infracción se hubiere realizado con exceso en cualquiera de las causales eximentes de responsabilidad.

7. En los delitos contra el patrimonio económico, cuando el sindicado, antes de dictarse sentencia, restituya el objeto material del delito, o su valor e indemnice integralmente los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.

8. En los procesos que se adelanten por el delito de peculado, siempre que la cesación del mal uso, la reparación del daño o el reintegro de lo apropiado, perdido o extraviado, o su valor, y la indemnización de los perjuicios causados, se haga antes de que se dicte sentencia de primera

instancia. Cuando la libertad provisional prevista en los numerales cuarto (4o.) y quinto (5o.) de este artículo se niegue por causas atribuibles al defensor, el funcionario judicial compulsará copias para que se investigue disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras dilatorias. 10 En estos términos, luego de establecerse que la petición del accionante será resuelta por la autoridad judicial competente, de conformidad con las pruebas que se hagan valer en la audiencia preparatoria, resulta claro que solo en esa oportunidad procesal la autoridad judicial podrá pronunciarse sobre la libertad del sindica Así las cosas, al no haberse acreditado los supuestos para otorgar la libertad en el presente caso, es dable confirmar la decisión adoptada por el funcionario judicial de primera instancia y, en consecuencia, negar el amparo solicitado. Atentamente,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado

RASV/CVB

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