PGN - HECHO DE UN TERCERO - Se presentó el fenómeno de las concausas

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA-Por privación injusta de la libertad RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-Por los daños antijurídicos causados por acción u omisión de las autoridades públicas/ RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO-elementos estructurales/RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADOJurisprudencia del Consejo de Estado El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado

ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. DERECHOS FUNDAMENTALES-Libertad personal y presunción de inocencia Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal y la presunción de inocencia, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD-Jurisprudencia sobre cuándo se torna en injusta

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Carrera 5ª No. 15-80 Piso 20 Bogotá D.C. Pbx. 5878750 Exts.12076-12080 190012331000200800262 01(41773)

5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125 Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. RESPONSABILIDAD OBJETIVA DEL ESTADO-Por privación injusta de la libertad La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. HECHO DE UN TERCERO-Se presentó el fenómeno de las concausas Aunque en el recurso de apelación no se reitera el argumento defensivo del hecho de un tercero que se presentó en la contestación de la demanda, el Ministerio Público considera que debe retomarse dicha exculpación de la Fiscalía General de la Nación, pues si bien es cierto que la entidad adoptó la medida restrictiva de la libertad, también lo es que el informe de policía judicial daba cuenta de una captura en flagrancia, y la

declaración de un reinsertado de las F.A.R.C., señalaba que los capturados eran integrantes de dicho grupo y que planeaban cometer actos delictivos. Pese a que las pruebas de cargo fueron el sustento de la medida de aseguramiento que se dictó en contra de los actores, no pueden considerarse como la causa exclusiva y determinante de la detención, pues ello sería desconocer las facultades probatorias y valorativas con las que contaba la Fiscalía General de la Nación, para confrontarlos con las exculpaciones de los implicados y las circunstancias en las que se habrían presentado los hechos. Si bien es cierto los investigados se beneficiaron del principio del IN DUBIO PRO REO, conforme al contenido de las resoluciones que dieron con la revocatoria de la medida restrictiva de la libertad y la preclusión de la investigación, se concluyó que los señalado por los policiales y el reinsertado quedaban sin sustento, y quedó en el aire la impresión de que pudo tratarse de montaje que debió investigarse, o comprenderse en la demanda por haber motivado el inicio de la acción penal y la emisión de la medida de aseguramiento Por lo anterior esta Agencia del Ministerio Público considera que se presentó el fenómeno de las concausas, pues no solo la actuación de la Fiscalía General de la Nación fue la que generó el perjuicio a los actores, sino que en el mismo intervinieron de manera muy significativa las versiones de integrantes de la fuerza pública y de un reinsertado de las F.A.R.C. Por lo anterior se solicita la confirmación parcial de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el entendido que deberá reducirse la condena emitida en

contra de la Fiscalía General de la Nación, pues existiendo concausas atribuibles a la Policía Nacional de Colombia y un ciudadano reinsertado, no puede declarase la responsabilidad exclusiva a la entidad, por el simple hecho de que la parte actora omitiera incluirlos en la demanda. 2 190012331000200800262 01(41773) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125

PROCURADURÍA QUINTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO Bogotá, 19 de enero de 2012

Doctora

RUTH STELLA CORREA PALACIO

Consejera Ponente – Sección Tercera – Subsección “B”

CONSEJO DE ESTADO

E. S. D.

Referencia: Concepto 12–11

Acción: Reparación Directa Radicado: 190012331000200800262 01(41773)

Actor: IVAN ALBERTO ALVARADO BEDOYA y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA

NACIÓN Honorable Señora Consejera: Estando dentro término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, mediante el cual se solicita la revocatoria del fallo de primera instancia, con base en las argumentaciones que a continuación se exponen:

I. ANTECEDENTES Demanda En ejercicio de la acción de reparación directa por intermedio de apoderado judicial, los señores IVAN ALBERTO BEDOYA, HERMELINA ORTEGA,

EMILSEN ALVARADO ORTEGA, ALVEIMAR ALVARADO ORTEGA, ARIEL

ALVARADO ORTEGA, JAVIER ALVARADO ORTEGA, FANNY ALVARADO BEDOYA, LEIDY VIVIANA ALVARADO ALVARADO, MILTON EDUARDO ALVARADO ALVARADO y ABIMAEL ALVARADO ALVARADO, al igual que los señores LUIS ALFONSO PEÑAFIEL CABRERA, MARGOTH ELIZA VARGAS 3 190012331000200800262 01(41773) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125 ROMERO, KEVIN FERNANDO PEÑAFIEL VARGAS, CRISTIAN ARLEY ARTEAGA VARGAS, ELIGIA CABRERA, ORSCAR EDUARDO PEÑAFIEL CABRERA y ROSA ELENA PEÑAFIEL CABRERA, solicitaron al Tribunal Administrativo del Cauca declarar administrativamente responsables a las entidades demandadas, de los perjuicios materiales, morales y de daño a la vida de relaciona que se ocasionaron con la privación de la libertad de la que fueron objeto los señores IVAN ALBERTO ALVARADO BEDOYA y LUÍS ALFONSO PEÑAFIEL CABRERA y, en consecuencia, se las condenara a su pago. Contestación La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones, y manifestó atenerse a los hechos que resultaren probados y que no correspondieran a meras apreciaciones subjetivas de la parte demandante. Agregó que no se presentaban los requisitos necesarios para la declaratoria de responsabilidad, pues bajo los presupuestos de la ley 600 de 2000 la privación

de la libertad era necesaria previo el cumplimiento de los requisitos de ley para su decreto, los cuales se reunían para dictar medida de aseguramiento en contra del encartado, por existir pruebas suficientes para adoptar dicha determinación. También señaló que se configuraba el hecho de un tercero, por cuanto fueron las declaraciones de otros las que llevaron a que la Fiscalía General de la Nación impusiera la privación de la libertad al encartado. Sentencia Mediante sentencia del 24 de febrero de 2011 el Tribunal Administrativo del Cauca declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios ocasionados con la privación de la libertad de la fueron objeto los señores IVAN ALBERTO ALVARADO BODOYA 4 190012331000200800262 01(41773) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125 y ALFONSO PEÑAFIEL CABRERA, y condenó al pago de daños morales, materiales y a la vida de relación. Partiendo de la premisa de que fue la misma Fiscalía General de la Nación la que al evaluar pruebas practicadas con posterioridad a la definición de situación jurídica, revocó la medida de aseguramiento, dispuso la libertada de los sindicados, y ordenó la preclusión de la investigación en favor de los investigados por duda, consideró que se derivaba la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, ya que la entidad no encontró certeza alguna en la comisión real de los graves delitos que en principio les fueron imputados. La apelación La Fiscalía General de la Nación circunscribió su inconformidad en el hecho de

que el A quo no tuvo en cuenta que sus actuaciones se surtieron de conformidad con los lineamientos fijados en la Constitución Política y en las disposiciones sustanciales y procesales vigentes para la época de los hechos, actuación de la cual no era ajustado a derecho predicar responsabilidad de la entidad por el despliegue de una actividad legítima y permitida por el ordenamiento jurídico. Agregó que el proceder la entidad se cimentó en el recaudo y valoración del material probatorio que en su momento sirvió de base a la instrucción, sin que fuese posible estimar una irregular prestación del servicio por el simple hecho de precluirse la instrucción en aplicación del fenómeno racional de la duda.

I. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. Problema Jurídico  ¿El cumplimiento de los presupuestos normativos que autorizan la privación de la libertad a las personas involucradas en la comisión de una conducta punible, exonera al Estado de la responsabilidad señalada en el artículo 90 de la Constitución Política? 5 190012331000200800262 01(41773)

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2. Análisis jurídico El constituyente de 1.991 estableció en el artículo 90 de la Constitución Política que el Estado respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Como consecuencia de ello, la responsabilidad en general descansa en dos elementos: el daño antijurídico y la imputación. Frente al primero, incorporando a nuestra legislación la jurisprudencia y la

doctrina española, se dijo que daño antijurídico era aquel que la víctima no estaba obligada a soportarlo, presentándose un desplazamiento de la culpa que era el elemento tradicional de la responsabilidad para radicarlo en el daño mismo, es decir, que éste resultaba jurídico si constituía una carga pública o antijurídico si era consecuencia del desconocimiento por parte del mismo Estado del derecho legalmente protegido, de donde surgía la conclusión que no tenía el deber legal de soportarlo. Finalmente, en cuanto a la imputación no era más que el señalamiento de la autoridad que por acción u omisión había causado el daño. A pesar de la claridad de la existencia de estos dos únicos elementos estructuradores de la responsabilidad patrimonial del Estado, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha persistido en la tendencia de aplicar a los casos en estudio una de las dos teorías que tradicionalmente se venían aplicando hasta antes de la Constitución del 91: la teoría de la responsabilidad subjetiva que ha descansado en la culpa (elemento no aplicado en España por radicarlo en el daño mismo) y la teoría de la responsabilidad objetiva, que descansa en el riesgo creado. Todo ello para efectos probatorios, de las cuales se han construido distintos títulos de imputación que el Juez, en ejercicio del principio Iura Novit Curia, aplica en cada caso en concreto. 6 190012331000200800262 01(41773) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125 La parte demandada indicó que su actuación se surtió de conformidad con las disposiciones sustanciales y procedimentales vigentes para la época de los

hechos. Es de tener en cuenta que los derechos fundamentales a la libertad personal1 y la presunción de inocencia2, se encuentran consagrados tanto en nuestra Constitución Política como en las normas internacionales ratificadas mediante leyes aprobatorias, entre ellas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos3 que señala que "1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta…"; y la Convención Americana de Derechos Humanos4 que en su artículo 7º establece: "1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las constituciones políticas de los Estados o por las leyes dictadas conforme a ella. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.”5 . Concordante con lo expuesto, la jurisprudencia nacional e internacional ha señalado que la privación de la libertad se torna en injusta cuando no cumple con los principios de proporcionalidad y razonabilidad que impone el legislador, al considerar que el derecho a la libertad aun cuando no es absoluto si es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado. 1 "Artículo 28. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado sino en virtud de mandamiento escrito de

autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles”. 2 Constitución Política, artículo 29, inciso 4, “(…) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”. 3 Ratificado mediante la ley 74 de 1968 4 Ratificada por medio de la ley 16 de 1972 5 Este tema fue ampliamente estudiado por la Sección Tercera en las sentencias de 27 de noviembre de 2003, expediente 76001233100019950106801-14698 Saulo Emilio Mosquera, Consejera Ponente Dra. Maria Elena Giraldo y de 13 de noviembre de 2008, expediente 76001233100019950106401-16013 Nestor Aizneider Tovar Rivera con ponencia de la Consejera Myriam Guerrero de Escobar. 7 190012331000200800262 01(41773) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125 La Corte Constitucional expuso el criterio antes mencionado en la sentencia C037 de 5 de febrero de 1996, al revisar la constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, cuando en relación con la privación injusta de la libertad, señaló el alcance del término “injusto” referido a dicha medida indicando que “se refiere a una actuación abiertamente

desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”. Con el objeto, de que en cada caso en particular se realice un “análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención”. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su vez, en sentencia de 21 de noviembre de 2007, (Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), en el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, en relación con el artículo 7 de la Convención Americana de Derechos, reiteró: “El artículo 7 de la Convención tiene dos tipos de regulaciones bien diferenciadas entre sí: una general y otra específica. La general se encuentra en el primer numeral: “[t]oda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales”. Mientras que la específica está compuesta por una serie de garantías que protegen el derecho a no ser privado de la libertad ilegalmente (art. 7.2) o arbitrariamente (art. 7.3), a conocer las razones de la detención y los cargos formulados en contra del detenido (art. 7.4), al control judicial de la privación de la libertad y la razonabilidad del plazo de la prisión preventiva (art. 7.5), a impugnar la legalidad de la detención (art. 7.6) y a no ser detenido por deudas (art. 7.7). (…) En suma, no es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley, sino que es

necesario que esa ley y su aplicación respeten los requisitos que a continuación se detallan, a efectos de que dicha medida no sea arbitraria: i) que la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención. Valga señalar que este Tribunal ha reconocido como fines legítimos el asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia6; ii) que las medidas adoptadas sean las idóneas 6 Cfr. Caso Servellón García y otros, supra nota 17, párr. 90, y Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C No. 129, párr. 111. 8 190012331000200800262 01(41773) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125 para cumplir con el fin perseguido; iii) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto. Por esta razón el Tribunal ha señalado que el derecho a la libertad personal supone que toda limitación a éste deba ser excepcional7, y iv) que sean medidas que resulten estrictamente proporcionales8, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Cualquier restricción a la libertad que no contenga una

motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3 de la Convención9”. De esta manera, el hecho que las actuaciones de las entidades demandadas se haya realizado en virtud del ejercicio de una facultad constitucional y cumpliendo las ritualidades que señala la ley penal, no exime de la responsabilidad acarrean sus actuaciones, si éstas ocasionan daños antijurídicos a los ciudadanos. La Constitución Política artículo 90, ha consagrado a cargo del Estado la responsabilidad de manera objetiva por los daños antijurídicos que ocasione con el actuar o las omisiones de las autoridades públicas, entre ellas, las autoridades judiciales y adicionalmente, la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, (ley 270 de 1996), contempla la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad, convirtiéndose estas normas en los pilares de la responsabilidad del Estado cuando estamos frente a actos u omisiones de las autoridades públicas relacionados con el actuar de la administración de justicia. También se expuso que el derecho a la libertad es un derecho fundamental, que si bien, no es absoluto porque puede ser limitado en su ejercicio cuando las circunstancias lo ameriten, también es cierto que las medidas restrictivas no pueden ser arbitrarias o desproporcionadas al punto de desconocer la 7 Cfr. Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de

2005. Serie C No. 135, párr. 197, y Caso García Asto y Ramírez Rojas Vs. Perú. Excepción Preliminar,

Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. Serie C No. 137, párr. 106. 8 Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112, párr. 228. 9 Cfr. Caso García Asto y Ramírez Rojas, supra nota 48, párr. 128. 9 190012331000200800262 01(41773) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125 importancia de dicho derecho, y que en consecuencia se tornen en una privación injusta de la libertad.

3. Caso concreto Con ocasión de información suministrada por un reinsertado de las F.A.R.C., integrantes de la estación de policía del municipio del Tambo (Cauca) realizaron una requisa a los ocupantes del vehículo de placas QUP 549 que se encontraba frente a las instalaciones de Banco Agrario del citado municipio, encontrando 3 cilindros de gas cargados con ANFO, 2 granadas de 60 mm para fusil AP 65, y 57 detonadores eléctricos, hallazgo que motivó la captura de sus ocupantes, entre los cuales se encontraban los señores LUIS ALFONSO PEÑAFIEL

CABRERA, e IVAN ALBERTO ALVARADO BEDOYA.

Escuchados en diligencia de indagatoria, dichas personas se mostraron ajenas a los señalamientos y evidencia presentada por los uniformados, manifestando que en el vehículo no fue hallado ninguno de los materiales que se les endilgaban y que en el momento de su retención se encontraban escuchando

música y consumiendo bebidas embriagantes. Mediante providencia del 4 de agosto de 2006 la Fiscalía Segunda Especializada de Popayán definió la situación jurídica de los encartados, dictando medida de aseguramiento de detención preventiva como presuntos autores del delito de rebelión (folios 253 a 26 – cuaderno 3). Dicha providencia se sustentó en el contenido en el informe de policía judicial de captura e incautación, a igual que en la declaración del desmovilizado JOSE FRANCISCO SALAZAR que habían informado de los planes criminales de cinco integrantes de la guerrilla que se movilizaban en un motero de color gris, pruebas de las que se construyeron los indicios de rastros materiales del delito y el de mala justificación o de mentira, ya que en el vehículo ocupado por ellos se encontraron los elementos incautados, y porque las explicaciones suministradas en sus indagatorias reñían con lo que enseñaban las reglas de la experiencia. 10 190012331000200800262 01(41773) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125 Sustentado en la práctica de nuevas pruebas, con resolución del 21 de marzo de 2007 la Fiscalía 002 Especializada de Popayán revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva que pesaba en contra de los señores LUÍS ALFONSO PEÑAFIEL CABRERA e IVAN ALBERTO ALVARADO BEDOYA, como presuntos autores del delito de rebelión (folios 249 a 250 – cuaderno 5). En dicha determinación la Fiscalía General de la Nación señaló que debía

contrastarse la imputación del testigo de cargo que señalaba a los implicados como subversivos del VIII frente de las F.A.R.C., con la prueba documental aportada por la defensa que hablaba del buen comportamiento individual, social y familiar de dichas personas. Agregó que se recibieron los testimonios de la señora CLARIDAD TRUJILLO SUÁREZ, y el del agente WILLIAN ERNESTO MARTÍNEZ, conforme a los cuales podía centrar su decisión final, ya que introducían un elemento tan importante como la duda probatoria. Del testimonio de la señora CLARIDAD TRUJILLO SUÁREZ, se indicó que sacaba avante los dichos de los investigados, en el sentido de expresar que ellos llegaron y abrieron de par en par las puertas en el vehículo para escuchar música mientras tomaba licor, sin que fuese entendible que unas personas que planeaban cometer un acto terrorista actuaran de dicha manera, si tenían consigo tres cilindros de gas cargados con ANFO y otros elementos explosivos y bélicos. Respecto del agente WILLIAN ERNESTO MARTÍNEZ CORAL, se expresó que dejó sin piso la imputación del informe policial de captura e incautación, pues no era cierto que el vehículo automotor fuera interceptado cuando se encontraba estacionado en el Banco Agrario de Colombia del Tambo (Cauca), sino como lo refieren los implicados y lo certifica el mismo uniformado, se encontraba en marcha. 11 190012331000200800262 01(41773) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125 También recalcó que el uniformado no hubiese referido el hallazgo de elemento

alguno al interior del automotor al momento de la requisa, lo cual ponía a dudar sobre la existencia que de dichos elementos se había consignado en el informe de incautación y captura, razón por la cual, no podía sostenerse la medida de aseguramiento por un delito de rebelión frente a unas personas que se encontraban amparadas bajo el principio de la presunción de inocencia. Finalmente tuvo en cuenta que al proceso se arrimaron informes de la Regional de Inteligencia militar No. 3, y de la Coordinación de Inteligencia del D.A.S. Seccional Cauca, en los que se señalaba que los señores LUIS ALFONSO PEÑAFIEL CABRERA e IVAN ALBERTO ALVARADO BEDOYA, no registraban anotaciones de inteligencia que los relacionara con grupos subversivos. Con resolución del 23 de julio de 2007 la Fiscalía 003 de Popayán declaró la preclusión de la investigación que por el delito de rebelión se adelantaba en contra de los señores LUIS ALFONSO PEÑAFIEL CABRERA e IVAN ALBERTO ALVARADO BOLAÑOS, retomando los argumentos con los cuales en meses anteriores se había revocado la medida de aseguramiento. Los señores LUIS ALFONSO PEÑAFIEL CABRERA e IVAN ALBERTO ALVARADO BOLAÑOS permanecieron privados de la libertad desde el 21 de julio de 2006 hasta el 21 de marzo de 2007, quedando definida su situación jurídica de manera definitiva el 23 de julio del mismo año, cuando la Fiscalía General de la Nación emitió la resolución de preclusión en su favor. De los argumentos expuestos en las resoluciones por medio de las cuales se

revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva y se precluyó la investigación que por el delito de rebelión se adelantaba en contra de los implicados, esta Agencia del Ministerio Público considera que la detención preventiva que tuvieron que padecer dichas personas no era una carga que estuvieran obligados a soportar. Pese a que al momento definir la situación jurídica se contaba con la declaración de un reinsertado que los señalaba como pertenecientes a las 12 190012331000200800262 01(41773) 5aCdeE/IJJ/Llms IUS-2012-16125 F.A.R.C, y con el informe de policía judicial que relataba que en el vehículo en el que se encontraban los implicados habían hallado material explosivo, dichas personas negaron tales hechos y solicitaron prueba testimonial y pericial que permitiera demostrar que no era cierto que ellos llevaban dichos elementos el día de su captura. La practica de pruebas con posterioridad a la definición de situación jurídica, permitió reforzar las exculpaciones de los investigados y restar credibilidad o dejar sin piso los señalamientos de los uniformados que participaron en la incautación que dio con la captura de los encartados. La Fiscalía General de la Nación no realizó una valoración minuciosa de los elementos de prueba con los que contaba para decretar y mantener la privación de la libertad, pues de manera tajante se desestimaron los argumentos defensivos, y solo con testimonios practicados tiempo después, llegó a la conclusión de que las pruebas de cargo no permitían sostener la medida de aseguramiento, por tal razón, la detención de la que fueron objeto se tornó en

injusta, y pasible de ser reparada con cargo al erario. Sobre el tema ha de traerse el siguiente pronunciamiento jurisprudencial: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de junio de 2009, radicación No. 73001-23-31-000-199806680(16692), Consejero Ponente Ramiro Saavedra Becerra: “(…) En síntesis, en los eventos en que se demuestre que la privación de libertad fue injusta, -que lo será siempre que el proceso no termine con una sentencia condenatoria – se está ante un daño imputable al Estado, que debe ser indemnizado con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política, así las razones de la absolución o de preclusión de la investigación no obedezcan a ninguna de las causales previstas en el artículo 414 del antiguo C.P.P. como causales de responsabilidad objetiva, o al in dubio pro reo. Lo anterior cobra mayor sustento si se tienen en cuenta que los sindicados y los acusados a quienes se los priva de su libertad, no