PGN - HECHO SUPERADO - Se debe demostrar que entre la iniciación de la acción popular y el

DERECHOS COLECTIVOS-El municipio de Ibagué debe responder por el desvío del cauce del río Chipalo ACCIONES POPULARES-Su objeto principal es proteger derechos colectivos Ahora bien, los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplados en los literales a), b), c), d), g) y l) de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante el ejercicio de la acción popular.

Derechos referentes al: El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; La moralidad administrativa; La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; La seguridad y salubridad públicas; y El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.

HECHO SUPERADO-No existe certeza sobre la cesación de la causa/HECHO SUPERADO-Se debe demostrar que entre la iniciación de la acción popular y el fallo de instancia se cesó la amenaza o peligro Sea lo primero señalar que efectivamente ésta apelante no se opone a las razones de la sentencia que señalaron su responsabilidad en la afectación de los derechos colectivos

considerados como vulnerados por parte del A Quo, su argumentación se dirige a recalcar que ella cumplió con sus obligaciones durante el desarrollo de la acción, por lo cual solicita se declare la operancia del hecho superado. En el caso de marras no habría lugar a declarar la ocurrencia del hecho superado a favor de ésta apelante, toda vez que en el plenario no existe certeza sobre la cesación de la causa que motivaba la vulneración de los derechos indicados como conculcados. …Así pues, en materia del hecho superado la entidad accionada debe demostrar que entre la iniciación de la acción popular y el fallo de instancia se cesó la amenaza o peligro, circunstancia que no impide que el Juez declare que ellos existieron. En el sub lite, ésta demandada pretende probar mediante la aportación de unos documentos con la presentación de los alegatos de conclusión en primera instancia, que cesó el peligro o la amenaza generada por ella, cuando dentro del plenario obran testimonios, dictámenes periciales e informes, todos allegados en debida forma al proceso y demuestran todo lo contrario. …Conforme lo anterior, si la demandada, tal como lo señala, ya ejecutó las labores tendientes a detener el vertimiento de aguas, debe dar informe al Tribunal de Instancia y al comité verificador para efectos de que se constate el cumplimiento de la orden dada en el fallo, se repite, todo por cuanto del plenario no fue demostrada la cesación del peligro causado objeto de la acción. CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL-La responsabilidad en el manejo y cuidado de los ríos es compartida con los entes territoriales

Ahora bien, ésta Agencia del Ministerio Público comparte las consideraciones del Tribunal de Instancia en el sentido de denegar la excepción de Falta de Legitimación en la causa

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co por pasiva propuesta por el Municipio de Ibagué-Tolima, pues no obstante a que las Corporaciones Autónomas Regionales sean las encargadas del manejo y cuidado integral de los cauces de los ríos, también lo es que dicha responsabilidad es compartida con el ente territorial, quien a su vez cumple funciones de promoción, cofinanciación o ejecución en relación con la regulación de cauces y corrientes de agua. Conforme lo anterior, no existe razón para considerar la configuración del medio exceptivo propuesto por el Municipio de Ibagué-Tolima “falta de legitimación en la causa por pasiva”, pues, se repite, este ente territorial tiene una responsabilidad compartida en la afectación a los derechos colectivos invocados en la demanda que así ha quedado demostrada. Por otra parte, señala el apelante que no tiene en cuenta el A Quo las manifestaciones escritas y respaldadas por el Municipio de Ibagué-Tolima, en donde se evidencia que es CORTOLIMA quien debe cumplir el mandato legal del cual lo exonera el Tribunal. Esta argumentación tampoco es de recibo porque tal como se indicó por parte del Fallador de Instancia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, en especial

en lo dispuesto en los artículos 31 y 65, tanto las Corporaciones Autónomas Regionales como los entes territoriales, tienen deberes y responsabilidades en la ejecución de labores encaminadas a la conservación y mantenimiento del cauce de los ríos. Lo anterior, porque el desvío del cauce del río Chipalo ponía o pone en riesgo la seguridad de la comunidad Ibaguereña que habita los conjuntos residenciales como el Bosque Nativo, riesgo que conduce a implementar medidas de mitigación o prevención de desastres por parte de la municipalidad, prevención que no se realizó, pues no obstante los requerimientos para que interviniera, se dedicó a señalar que las acciones para la mitigación del daño eran competencia de CORTOLIMA y no de ellos.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Bogotá D.C. Agosto 01de 2014 Concepto No. 31 Doctora

MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

H. Consejera Ponente

Sección Primera Consejo de Estado

E. S. D.

Referencia: Proceso número: 73001-23-31-000-2011-00465-01

Radicado interno número: 2011-00465

Actor: Conjunto Residencial Bosque Nativo.

Accionado: Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA y otros.

Asunto: Impugnación de la providencia del 12 de junio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual se accedió

parcialmente a las pretensiones de la demanda incoada por el Conjunto Residencial Bosque Nativo.

Respetada Señora Consejera: De la manera más atenta, procedo a descorrer el traslado para alegar de conclusión, ordenado mediante auto del 24 de junio de 2014.

IAntecedentes

1. La demanda El Conjunto Residencial Bosque Nativo por conducto de apoderada judicial y en ejercicio de la acción popular, demandó a la Corporación Autónoma Regional del Tolima, en busca de la protección de los derechos e intereses colectivos de que tratan los literales a), c), d), g), e) y l) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.  Pretensiones Las pretensiones fueron precisadas como a continuación se transcribe:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co «1) se declare que la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA” con su conducta omisiva está vulnerando y amenazando los derechos e intereses colectivos de la comunidad consagrados en el artículo 4, literales a, b, c, d, g, y l, de la Ley 472 de 1998 y los artículos 11, 51, 79, 81 y 82 de la Constitución Política de Colombia, al no adoptar las medidas preventivas para la recuperación del cauce del río Chipalo y la mitigación del riesgo que esto ha provocado, como fenómenos de remoción en masa, posibles

inundaciones y daños estructurales. 2) Se ordene a la demandada CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA” realizar a costa propia todas las actividades necesarias para la recuperación ambiental de la ronda hidráulica del Río Chipalo, colindantes al Conjunto Cerrado Bosque Nativo y los sectores aledaños; obras que comprendan la prevención de fenómenos de remoción de masa, el control de la erosión, la prevención de inundaciones y el control de las avenidas torrenciales, tales como muros de contención o gaviones, construcción de diques, reforestación y protección de la cuenca. 3) Se ordene a CORTOLIMA a ejercer la vigilancia, control y presencia permanente en la zona de ronda técnica del Río Chipalo, más aún en las temporadas de invierno. 4) Se condene a la demandada CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA” a pagar las costas, los gastos procesales, periciales y agencias en derecho que ordena la Ley 472 de 1998 en su artículo 38. 5) Ordénese a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA 2CORTOLIMA” otorgar garantía bancaria o póliza de seguros a favor del CONJUNTO RESIDENCIAL BOSQUE NATIVO por la suma que considere el Despacho, con el fin de asegurar el cumplimiento del fallo conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 472 de 1998. 6) Adviértase a la demandada que en el evento de incumplimiento del fallo se dará cumplimiento al artículo 41 de la Ley 472 de 1998.»  Hechos de la demanda

Señala el conjunto accionante que mediante sendas resoluciones de la Curaduría Urbana del Municipio de Ibagué-Tolima, se autorizó o dio licencias para la construcción del Conjunto Cerrado Bosque Nativo, el cual fue construido conforme la normativa de la época.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Afirma que dicho Conjunto Residencial se ha venido afectando gravemente por el Río Chipalo, el cual hace bastante tiempo ha venido variando el curso de su cauce debido a la tala de árboles de la rivera de éste por causa de un residente de otro conjunto residencial, el cual también ha realizado labores de remoción de tierra del señalado río. Expresa que dichas conductas, así como el riesgo generado a los habitantes del Conjunto Residencial, fue puesto en conocimiento reiteradas veces de la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA-, autoridad competente para prevenir el deslizamiento y derrumbe de los ríos. Aseveró la actora que dicha entidad ha practicado un sin número de visitas al río referido y respondido sus solicitudes indicando que “el talud del conjunto residencial presenta socavación lateral debido al cambio brusco del cauce del río y la presencia de rocas de gran tamaño que causan una desviación del cauce (…)”. No obstante no se han realizado las labores propias para prevenir desastres que

se puedan ocasionar. Finaliza señalando que de lo anterior se evidencia que no se ha tomado ninguna acción por parte de la máxima autoridad ambiental para la intervención integral del río Chipalo, provocando con su negligencia que cada día haya más deslizamiento y socavamiento del terreno, afectando así los predios del conjunto demandante.  Derechos e intereses colectivos amenazados y concepto de la amenaza Señaló como derechos e intereses colectivos amenazados los siguientes:  El goce de un ambiente sano de conformidad con lo establecido en la Constitución, la Ley y las disposiciones reglamentarias.  La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente.  El goce del espacio público y la utilización y la defensa de los bienes de uso público.  La seguridad y salubridad públicas.  El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Como fundamento de derecho invocó los artículos 11, 51, 79, 81 y 82 de la

Constitución Política; así como los literales a, c, d, g, e, y l del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.  Admisión de la demanda Mediante auto del 21 de julio de 2011 el Tribunal Administrativo del Tolima admitió la acción popular instaurada por el Conjunto Cerrado Bosque Nativo y se dispuso las notificaciones de rigor (folios 89 al 91).  Sentencia de primera instancia El Tribunal Contencioso Administrativo del Tolima mediante providencia del 12 de junio de 2013, folios 481 al 523, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por el Conjunto Cerrado Bosque Nativo contra la Corporación Autónoma Regional del Tolima-CORTOLIMA-. Como argumentos de su decisión, indicó el Tribunal de Instancia que la Corporación Autónoma Regional del Tolima, El Municipio de Ibagué, la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. ESP OFICIAL y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué-INFIBAGUÉ-, ostentan serios compromisos y obligaciones en materia medio ambiental, y para ello, pueden

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co obrar en forma individual o conjunta en la implementación de múltiples actividades orientadas al manejo y conservación sostenible de los recursos naturales. Señaló que de conformidad al dictamen pericial practicado, así como del material

fotográfico recopilado en el proceso se observa la severa acción erosiva de las aguas que corren por el río Chipalo, las cuales están socavando la base del talud donde se levantan las viviendas de los conjuntos residenciales Bosque Nativo y La Riviera de Ibagué-Tolima; se indicó que es evidente que una de las causas de tal problemática es el desvío de dicha afluente, la cual amenaza y pone en riesgo a los residentes de los conjuntos señalados, máxime cuando las entidades demandadas no han hecho nada para mitigar el peligro. Precisó el Tribunal de Instancia que en una de las visitas técnicas de CORTOLIMA se recomendó enviar dicho informe a IBAL y a INFIBAGUÉ con el objeto de obtener la recuperación del sector, además se sugirió la construcción de muros flexibles para evitar la socavación lateral, observaciones que a la fecha no se han acogido, y que evidencia la inmutabilidad de la corporación accionada frente a la grave problemática que conocía tiempo atrás. Concluye la sentencia haciendo ver que es innegable que a las entidades accionadas les asiste funciones relevantes en materia ambiental, conexas a la protección de los recursos naturales renovables aspectos frente a los cuales se observa su ostensible e irresponsable inactividad.  Recurso de apelación. Por parte de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Esta entidad por intermedio de apoderada judicial interpuso recurso de apelación contra el fallo de instancia mediante escrito de folios 527 y 528, solicitando se

nieguen las pretensiones en contra de ella así como se deniegue la condena en costas toda vez que en el documento de alegatos de conclusión se demostraron

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co las acciones que IBAL realizó tendientes a mejorar los sistemas de conducción de alcantarillado en la zona objeto de la acción popular. Aseveró igualmente que la IBAL demostró que desplegó las acciones necesarias para detener los vertimientos de aguas residuales, por lo que no le asiste el deber legal diferente de prestar un servicio eficiente y oportuno a sus usuarios, pues reitera que cumplió con sus obligaciones durante el desarrollo de la acción motivo por el que ha de considerarse hecho superado. Por parte del Municipio de Ibagué-Tolima Éste ente territorial a través de su apoderado judicial, mediante escrito de folios 529 al 534 del expediente, interpuso recurso de apelación contra la decisión de instancia solicitando su revocatoria y dar trámite al escrito de excepciones propuesto en tiempo por dicha entidad, y en su lugar se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva. Se precisó que no tiene en cuenta el A Quo las manifestaciones escritas y respaldadas por el Municipio de Ibagué-Tolima, en donde se evidencia que es CORTOLIMA quien debe cumplir el mandato legal del cual lo exonera el Tribunal. Indicó el apelante que el Tribunal de Instancia hace una apreciación incompleta de la normativa correspondiente, pues de ella se establece la obligación de ejecución

de obras por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima. Finalizó señalando que la falta de legitimación por pasiva del municipio se establece en que la entidad encargada del cuidado y manejo integral de los cauces de los ríos es CORTOLIMA, más no el municipio del Tolima.  Admisión del recurso de apelación La Sección Primera del Consejo de Estado mediante auto de mayo 19 del año en curso, admitió los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL y el Municipio de Ibagué-Tolima contra la sentencia dictada el 12 de junio de 2013 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

II. Consideraciones de la Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de

Estado. Verificados los presupuestos procesales no se observa ningún vicio que afecte de nulidad la actuación que se ha surtido; se procede enseguida a rendir el concepto de rigor por parte de esta Delegada. El artículo 88 CP dispone: «Artículo 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definan en ella.

También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos». En desarrollo de este precepto constitucional se expidió la Ley 472 de 1998 cuyo artículo 2º define las acciones populares así: «Artículo 2. Las acciones populares son los medios procésales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible». Ahora bien, los derechos cuyo amparo se pretende son, ciertamente, derechos colectivos, contemplados en los literales a), b), c), d), g) y l) de la Ley 472 de 1998 y, en consecuencia, susceptibles de protección mediante el ejercicio de la acción popular. Derechos referentes al: El goce de un ambiente sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias; La moralidad administrativa; La existencia del equilibrio ecológico y el manejo y

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. La conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente; El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; La seguridad y salubridad públicas; y El derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Por su parte, esta Agencia del Ministerio Público para efectos de desarrollar los temas a dilucidar durante el presente concepto lo hará de manera específica respecto de los argumentos expuestos por los apelantes de la forma indicada en el acápite denominado “recurso de apelación” de que trata éste concepto. 1) Por parte de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL Esta entidad indicó que se demostraron las acciones que IBAL realizó tendientes a mejorar los sistemas de conducción de alcantarillado en la zona objeto de la acción popular, es decir, cumplió con sus obligaciones durante el desarrollo de la acción, motivo por el que ha de considerarse hecho superado. Sea lo primero señalar que efectivamente ésta apelante no se opone a las razones de la sentencia que señalaron su responsabilidad en la afectación de los derechos colectivos considerados como vulnerados por parte del A Quo, su argumentación se dirige a recalcar que ella cumplió con sus obligaciones durante el desarrollo de la acción, por lo cual solicita se declare la operancia del hecho superado. En el caso de marras no habría lugar a declarar la ocurrencia del hecho superado

a favor de ésta apelante, toda vez que en el plenario no existe certeza sobre la cesación de la causa que motivaba la vulneración de los derechos indicados como conculcados.

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Respecto al hecho superado en las acciones populares se ha indicado jurisprudencialmente: «Ahora bien, consta en el plenario que el programa “Gran Casino T.V.” dejó de emitirse por el canal Caracol, desde el 28 de febrero de 2011, según lo certifica el representante legal de la sociedad CARACOL TELEVISION S.A. y la Jefe de innovación y planeación de la empresa, (folios 684 y 911). Por esta razón, coincide la Sala con la decisión del Tribunal de declarar que el hecho vulnerador de los derechos colectivos cesó durante la actuación judicial y de ahí que no haya lugar a decretar orden de amparo alguna. Frente a esta situación, el recurrente alega que el programa “Gran Casino T.V.” salió del aire por una decisión del concesionario que nada tuvo que ver con la presentación de la acción popular, porque se tomó, incluso, antes de la notificación de la demanda y que, en esa medida, no hay lugar a declarar que existió vulneración de los derechos colectivos, por cuanto la pretensión del actor se encuentra satisfecha. Al respecto, conviene precisar que la carencia de objeto por haberse superado el hecho vulnerador que originó la acción, se da cuando se comprueba que

entre la presentación de ésta y el momento de dictar el fallo cesó la amenaza o vulneración del derecho cuya protección se había solicitado. En tal circunstancia, ya no será necesaria la orden de protección, pero en todo caso, debe el juez declarar que la mencionada amenaza o vulneración existió pero desapareció. De modo que no son de recibo los argumentos de CARACOL TELEVISION S.A., en cuanto a que lo procedente es declarar que no se violaron los derechos, pues lo cierto es que para el momento en el que el actor instauró la presente acción, el programa censurado se transmitía por el concesionario CARACOL, bajo las condiciones ya anotadas.»1 Así pues, en materia del hecho superado la entidad accionada debe demostrar que entre la iniciación de la acción popular y el fallo de instancia se cesó la amenaza o peligro, circunstancia que no impide que el Juez declare que ellos existieron. En el sub lite, ésta demandada pretende probar mediante la aportación de unos documentos con la presentación de los alegatos de conclusión en primera instancia, que cesó el peligro o la amenaza generada por ella, cuando dentro del plenario obran testimonios, dictámenes periciales e informes, todos allegados en debida forma al proceso y demuestran todo lo contrario. 1 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCION PRIMERA.

Consejera ponente: MARIA ELIZABETH GARCIA GONZALEZ. Providencia del diez (10) de octubre de dos mil doce (2012). Radicación número: 25000-23-24-000-2010-00617-01(AP). Actor: LUIS CARLOS

DOMINGUEZ PRADA

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co Los documentos aportados en los alegatos de conclusión no tienen el valor probatorio requerido toda vez que no fueron aportados en debida forma al proceso, esto es, no fueron solicitados o aportados con la contestación de la demanda o en la audiencia de pacto de cumplimiento o por cualquier conducto idóneo al juez para su valoración y contradicción. Lo propio en el asunto bajo estudio es dar cumplimiento a la orden dada en el literal c) del numeral tercero del fallo impugnado, pues como bien se indica, comprende “ejecutar si no lo hubiere hecho, en un término no mayor a tres (3) meses, las labores tendientes a detener el vertimiento de aguas servidas provenientes de las cajas de inspección rotas a las que hizo referencia CORTOLIMA en el auto O.J No. 3857 del 19 de agosto de 2011”. Conforme lo anterior, si la demandada, tal como lo señala, ya ejecutó las labores tendientes a detener el vertimiento de aguas, debe dar informe al Tribunal de Instancia y al comité verificador para efectos de que se constate el cumplimiento de la orden dada en el fallo, se repite, todo por cuanto del plenario no fue demostrada la cesación del peligro causado objeto de la acción. Por lo expuesto, los argumentos de este recurso deben denegarse. 2) Por parte del Municipio de Ibagué-Tolima

En primera medida, este apelante solicitó dar trámite al escrito de excepciones propuesto en tiempo y, en su lugar, se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que la entidad encargada del cuidado y manejo integral de los cauces de los ríos es CORTOLIMA, y no el municipio de Ibagué-Tolima. Esta afirmación del apelante carece de veracidad, habida cuenta que el Tribunal de Instancia si le dio trámite a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva al señalar:

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co «En primer lugar, como quiera que las entidades accionadas formularon un medio de defensa común denominado: “Falta de Legitimación en la causa por pasiva”, es menester precisar que el mismo, será resuelto al abordar el fondo del asunto, tal como lo ha señalado el Consejo de Estado en copiosa jurisprudencia, que sobre el particular ha señalado: (…)». (folio 17 del fallo apelado). Así pues, con base en tal argumentación, dirigida a de dejar la estructuración o no del medio exceptivo propuesto al análisis que se realizare del fondo del asunto, cuyo resultado determinó que: «Con relación al Municipio de Ibagué, son evidentes sus obligaciones legales contempladas en el artículo 65 de la Ley 99 de 1993 para obrar de consuno y bajo la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales, las cuales también

fueron desconocidas por dicho ente territorial, pues al conocer de primera mano de dicho grave fenómeno, guardó silencio y se abstuvo de realizar acción alguna tendiente a conjurar tal problemática, atribuyendo la responsabilidad a la Corporación accionada tal como se evidencia en el oficio de fecha 30 de mayo de 2011. (…)» (folio 35 del fallo impugnado). Así tenemos que al habérsele determinado responsabilidad al municipio de Ibagué-Tolima en la afectación o conculcación de los derechos colectivos incoados en la demanda, no cabe duda que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva fue despachada desfavorablemente, ello, en atención a que se dispuso que tal medio sería abordado en los argumentos de fondo, argumentos que, se repite, se encaminaron a constatar su participación así fuere por omisión en la afectación reclamada. Ahora bien, ésta Agencia del Ministerio Público comparte las consideraciones del Tribunal de Instancia en el sentido de denegar la excepción de Falta de Legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Municipio de Ibagué-Tolima, pues no obstante a que las Corporaciones Autónomas Regionales sean las encargadas del manejo y cuidado integral de los cauces de los ríos, también lo es que dicha responsabilidad es compartida con el ente territorial, quien a su vez

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Carrera 5ª No. 15-80 piso 19º, Tel. 5878750 Ext. 11951 - 11955 Bogotá, D.C. www.procuraduria.gov.co cumple funciones de promoción, cofinanciación o ejecución en relación con la

regulación de cauces y corrientes de agua. Conforme lo anterior, no existe razón para considerar la configuración del medio exceptivo propuesto por el Municipio de Ibagué-Tolima “falta de legitimación en la causa por pasiva”, pues, se repite, este ente territorial tiene una responsabilidad compartida en la afectación a los derechos colectivos invocados en la demanda que así ha quedado demostrada. Por otra parte, señala el apelante que no tiene en cuenta el A Quo las manifestaciones escritas y respaldadas por el Municipio de Ibagué-Tolima, en donde se evidencia que es CORTOLIMA quien debe cumplir el mandato legal del cual lo exonera el Tribunal. Esta argumentación tampoco es de recibo porque tal como se indicó por parte del Fallador de Instancia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 99 de 1993, en especial en lo dispuesto en los artículos 31 y 65, tanto las Corporaciones Autónomas Regionales como los entes territoriales, tienen deberes y responsabilidades en la ejecución de labores encaminadas a la conservación y mantenimiento del cauce de los ríos. Lo anterior, porque el desvío del cauce del río Chipalo ponía o pone en riesgo la seguridad de la comunidad Ibaguereña que habita los conjuntos residenciale