PGN - HOMICIDIO - No aplica principio de ejecutoriedad o cosa juzgada

Dependencia Procuraduría Delegada Fuerzas Militares Radicación No. 076 – 003753 - 2009 Disciplinado Teniente OSCAR JULIAN AGREDO CORTES y otros Cargo y Entidad Comandante Compañía I/R “Esparta” del Batallón de Infantería No. 15 “General Francisco de Paula Santander” ubicado en Salazar de las Palmas – Norte de Santander Quejoso LUDDY TRINIDAD MOLINA JIMENEZ Fecha queja Abril 14 de 2009 Fecha hechos Abril 10 de 2008 Asunto Presuntas irregularidades en la muerte del soldado

JUAN CARLOS MOLINA.

Bogotá. D.C. 8 DE ABRIL DE 2010

I. MOTIVO DE DECISIÓN: Procede la Delegada a resolver el recurso de APELACIÓN interpuesto contra el auto de terminación y archivo definitivo dictado por la Procuraduría Regional de Norte de Santander el 4 de septiembre de

2009.

II. ACTUACION PROCESAL Y CONSIDERACIONES:

1. La situación fáctica fue reseñada por el a quo en el proveído atacado: “La presente investigación inició por queja que interpusiera LUDDY TRINIDAD MOLINA en la cual manifiesta que según comunicación vía celular que tuvo con su hijo el día de la muerte, él le manifestó que estaba recibiendo maltrato por el cabo pastuso de apellido BURBANO, y del Teniente AGREDO; sostiene asimismo, que un soldado de nombre JULIAN que vive en Cúcuta le comento a sus hermanos que a JUAN CARLOS lo había matado el Cabo SANCHEZ y que en el batallón había un soldado de apellido ORTEGA que sabía algo pero

que hablaba cuando saliera de prestar el servicio militar” (fls xxxxx)

2. Con fundamento en la información reseñada, por auto del 26 de mayo de 2009, la Procuraduría Regional de Norte de Santander adelantó indagación preliminar (fls. 34 y 35 c.o.) en contra del Teniente OSCAR JULIAN AGREDO CORTES, y de los Cabos BURBANO y SANCHEZ, adscritos para la época de los hechos al Centro de Instrucción y Entrenamiento de la Brigada Móvil No. 30 del Ejército Nacional con sede en Salazar de las Palmas – Norte de Santander, en los términos del artículo 150 de la Ley 734 de 2002.

3. Luego de culminada la fase probatoria en proveído del 4 de septiembre de 2009 (fls. 175 al 179 c.o.), de acuerdo con lo previsto en el artículo 164 de la Ley 734 de 2002, la citada Procuraduría decretó la terminación y archivo definitivo del proceso disciplinario en favor del Teniente OSCAR JULIAN AGREDO CORTES y de los Cabos BURBANO y SANCHEZ arguyendo que no podía proseguirse toda vez que por parte de la Trigésima Brigada ya había existido pronunciamiento definitivo en torno “al comportamiento de los militares presuntamente involucrados”, por lo que consideraron dar aplicación al principio de ejecutoriedad o cosa juzgada y a la citada disposición,

4. Decisión contra la cual la quejosa interpuso recurso de apelación

(fls 186 al189 c.o.), el cual fue concedido en el efecto suspensivo en auto del 2 de febrero de 2010 (fl. 190 c.o.), remitiendo el proceso a

esta Delegada para las Fuerzas Militares.

5. Revisada la actuación se observa que la indagación se adelantó contra personal militar bajo los parámetros de la Ley 734 de 2002, olvidando el A quo que tratándose del Régimen Disciplinario contra los miembros de las Fuerzas Militares, la Ley Sustantiva y Procedimental que reglamenta tales asuntos es la No. 836 de 2003, la que se encuentra vigente desde el 17 de julio de 2003, debiéndose desde esa fecha aplicarse en su integridad.

7. Soslayó así el A quo, la normatividad vigente toda vez que no tuvo en cuenta la normatividad sustancial y procesal prevista en la Ley 836 de 2003 que establece además en el artículo 183 que contra la decisión de archivo definitivo “no procede recurso alguno”. en armonía con lo dispuesto en el artículo 123, inciso 3º de la Ley 836 de 2003 que señala que “Ni el informante ni el quejoso son parte en el proceso disciplinario. Su actuación se limita a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, con el deber de aportar las pruebas que tenga en su poder…”

8. Por otra parte, se denota que el A quo igualmente no observó que la Ley 836 de 2003 en su artículo 172 prevé que “el auto que ordena el archivo de las diligencias en la indagación preliminar podrá ser revocado siempre que aparezcan nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para proferirlo. La revocatoria puede hacerse por quien profirió el auto de archivo o por el superior con atribuciones

disciplinarias”.

9. Situación ésta que en el caso bajo examen debe darse aplicación, toda vez que del estudio realizado a las pruebas documentales que obran a folios 152 al 173 c.o. se advierte el surgimiento de nuevos elementos de juicio que posiblemente determinen el cambio de apreciación de las razones jurídicas que tuvo la Trigésima Brigada para decretar el archivo de la actuación disciplinaria radicada bajo el número 021-08, la cual se adelantó en averiguación de responsables.

10. Ahora bien, dada la gravedad de los hechos considera esta Delegada que la Procuraduría Regional Norte de Santander debe ordenar el desarchivo de las diligencias y en uso del artículo 1º de la Ley 836 de 2003, ejercer el poder preferente sobre el proceso disciplinario.

11. Por lo antes expuesto, la DELEGADA dispone la inmediata DEVOLUCION de las diligencias de la referencia a la PROCURADURIA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, para que adopten las determinaciones a que haya lugar, advirtiendo que la actuación se deberá continuar bajo los parámetros de la Ley 836 de 2003 que es el Régimen aplicable para las Fuerzas Militares.

Por la Secretaría de esta Delegada efectúense las comunicaciones y anotaciones a que haya lugar e infórmese lo pertinente a la quejosa.

CÚMPLASE

(ORIGINAL FIRMADO)

EDUARDO CAMPO SOTO

Procurador Delegado

ECS/SAS