PGN - HUELGA - Los trabajadores sindicalizados reunidos en asamblea son los únicos que pue

PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

CONCEPTO No. 441-2005

Bogotá D. C., noviembre 1º de 2005

Señores Magistrados:

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA. SUBSECCIÓN "A"

CONSEJERA PONENTE: Dra. ANA MARGARITA OLAYA FORERO

E.S.D.

No. REFERENCIA: 880012331000200100054 02

No. INTERNO: 5504-2003

ACTOR: HOTEL INTERNACIONAL SUNRISE BEACH DE SAN ANDRÉS S.A.

DEMANDADO: MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

ASUNTO : CONMINACIÓN A DISCUTIR PLIEGO DE PETICIONES

ACCIÓN : NULIDAD Y RESTABLEC. DEL DERECHO

I.ANTECEDENTES

1. DEMANDA 1.1. PRETENSIONES La sociedad HOTEL INTERNACIONAL SUNRISE BEACH DE SAN ANDRÉS S.A. en ejercicio de la acción de nulidad, mediante apoderado, formuló demanda ante el H.

Consejo de Estado, con el fin de obtener la nulidad de la Resolución No. 491 de marzo 26 de 2001 proferida por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, por la cual la conminó a discutir el pliego de peticiones presentado por el sindicato “HOCAR” Seccional San Andrés, Islas. 2 Solicitó como restablecimiento del derecho, declarar que la demandante no está obligada a discutir el pliego de peticiones presentado por el sindicato “HOCAR” Seccional San

Andrés, Islas y se condene en costas. 1.2. HECHOS Refiere el apoderado de la demandante, que el Sindicato HOCAR presentó el 10 de noviembre de 2000 un pliego de peticiones a la demandante, el que presuntamente fue adoptado en asamblea parcial el día anterior. Que el Hotel no fue legalmente notificado de esa adopción. Que conoció extraoficialmente que algunos trabajadores habían aprobado un pliego de peticiones y les informó a ellos y a la Dirección Territorial del Trabajo que ese pliego adolece de varios vicios e irregularidades, al no haberse adoptado y aprobado conforme con el C.S.T. Agregó que el 30 de noviembre de 2000, en audiencia pública, el sindicato pidió que la empresa diera inicio a las negociaciones del pliego de peticiones. Que la empresa no estaba obligada a discutir ese pliego porque nunca se le notificó. Que mediante la Resolución 590 de enero 9 de 2001 la Dirección Territorial del Trabajo conminó a la Sociedad a discutir el pliego de peticiones presentado por el sindicato “HOCAR” Seccional San Andrés, Islas. Que contra esa decisión interpuso los recursos de ley, la que fue confirmada por el acto acusado. Que se dio inicio a las conversaciones y la etapa de arreglo directo terminó el día 12 de mayo de 2001 y únicamente los trabajadores sindicalizados votaron la huelga, cuando tal determinación era del resorte de la totalidad 3 de los empleados de la empresa. Posteriormente se acordó someter el conflicto a un tribunal de arbitramento. Precisó que desde el 8 de enero de1998 todos los bienes y haberes de la sociedad fueron

ocupados e incautados por la Fiscalía General de la Nación. Que en los términos de la Ley 336 de 1996, el poderdante fue dejado en calidad de depositario provisional y administrador de los bienes. 1.3. NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN El accionante expuso el concepto de violación de los arts. 39 de la C.P.; art. 376 del C.S.T. modificado por el art. 16 de la Ley 11 de 1984 y art. 44 del C.S.T. subrogado por el art. 61 de la Ley 50 de 1990. (fls. 58 a 71 del c.p.). En la corrección de la demanda, el actor pidió también la nulidad de las resoluciones Nos. 590 de enero 9 de 2001, R. 26 de 2001 y 491 de marzo 26 del mismo año. (fls. 227 y 228 c.p.) 1.4. SUSPENSIÓN PROVISIONAL El apoderado de la demandante solicitó la suspensión provisional del acto demandado por ser violatorio de normas superiores. Esa solicitud fue negada en su oportunidad, porque la Subsección consideró que de conformidad con el art. 152 del C.C.A., para que proceda esa medida es menester que la trasgresión de las normas superiores invocadas surja de forma ostensible. Que de la simple comparación entre estas y el acto acusado, sin necesidad de profundos razonamientos y en el caso sub lite, tal quebranto no se aprecia 4 prima facie, pues los argumentos del demandante imponen el examen de fondo. (fls. 423 a 427 c.p.)

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La apoderada de la entidad demandada se opuso a las declaraciones solicitadas por la actora. Argumentó que los estatutos del sindicato fueron debidamente aprobados por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, de lo cual se infiere el cumplimiento de los requisitos para su correspondiente depósito y a partir de esa aprobación esos actos gozan de presunción de legalidad. Agregó que el art. 486 del C.S.T., en relación con las atribuciones de las autoridades administrativas del trabajo, señala que dichos funcionarios no tienen la facultad para declarar derecho individuales ni definir controversias cuya decisión está atribuida a los jueces. Que no existe la posibilidad de que los particulares o las autoridades administrativas, por fuera del contexto de un proceso judicial, invoquen la excepción de ilegalidad para sustraerse a la obligación de acatar los actos administrativos. Propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda. (Fls. 460 a 467 del c.p.).

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 1ª. La sociedad HOTEL INTERNACIONAL SUNRISE BEACH DE SAN ANDRÉS S.A. pretende la nulidad de las resoluciones proferidas por el Ministro de Trabajo y Seguridad

5 Social, que la conminaron a discutir el pliego de peticiones presentado por el sindicato “HOCAR” Seccional San Andrés, Islas. 2ª. La entidad demandada se opuso a las declaraciones solicitadas por la actora y argumentó que los estatutos del sindicato fueron debidamente aprobados por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, de lo cual se infiere el cumplimiento de los requisitos para su correspondiente depósito y a partir de esa aprobación esos actos gozan de presunción

de legalidad. 3ª. Primeramente, esta Agencia Fiscal considera pertinente transcribir las normas aplicables al caso así: 3.1. El Título II del C.S.T. sobre Conflictos Colectivos de Trabajo en el capítulo de Declaratoria y Desarrollo de la Huelga previsto en su artículo 444, subrogado por la Ley 50 de 1990 art. 61 estableció: “ Artículo 444. Decisión de los trabajadores. Concluida la etapa de arreglo directo sin que las partes hubieren logrado un acuerdo total sobre el diferendo laboral, los trabajadores podrán optar por la declaratoria de huelga o por someter sus diferencias a la decisión de un tribunal de arbitramento. La huelga o la solicitud de arbitramento serán decididas dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la terminación de la etapa de arreglo directo, mediante votación secreta, personal e indelegable, por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa, o de la asamblea general de los afiliados al sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de aquellos trabajadores. Para este efecto, si los afiliados al sindicato o sindicatos mayoritarios o los demás trabajadores de la empresa, laboran en más de un municipio, se celebrarán asambleas en cada uno de ellos, en las cuales se ejercerá la votación en la forma prevista en este artículo y, el resultado final de ésta lo constituirá la sumatoria de los votos emitidos en cada una de las asambleas. 6 Modificado Ley 584 de 2000 art. 17. Antes de celebrarse la asamblea o asambleas, las organizaciones sindicales interesadas o los trabajadores, podrán dar aviso a las autoridades del trabajo

sobre la celebración de las mismas, con el único fin de que puedan presenciar y comprobar la votación”. Subrayas extra texto. 3.2. El artículo 376 de esa codificación, modificado por el art. 16 de la Ley 11 de 1984, sobre las atribuciones exclusivas de la asamblea general de los sindicatos preceptuó: “ARTICULO 376. ATRIBUCIONES EXCLUSIVAS DE LA ASAMBLEA. <Artículo modificado por el artículo 16 de la Ley 11 de

1984. El nuevo texto es el siguiente:> Son de atribución exclusiva de la asamblea general los siguientes actos: La modificación de estatutos, la fusión con otros sindicatos; la afiliación a federaciones o confederaciones y el retiro de ellas; la sustitución en propiedad de los directores que llegaren a faltar y la destitución de cualquier director; la expulsión de cualquier afiliado; la fijación de cuotas extraordinarias; la aprobación del presupuesto general; la determinación de la cuantía de la caución del tesorero; la asignación de los sueldos; la aprobación de todo gasto mayor de un equivalente a diez (10) veces el salario mínimo mensual más alto; la adopción de pliegos de peticiones que deberán presentarse a los {empleadores} a más tardar dos (2) meses después; la designación de negociadores; la elección de conciliadores y de árbitros; la votación de la huelga en los casos de la ley y la disolución o liquidación del sindicato”. 3.3. El Decreto 1128 de 1999, por el cual se reestructura el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, normas que a su vez fueron reproducidas por el Decreto 205 de 2003,

en sus artículos 3º nums. 9º y 22 y art. 6º num. 12 dispuso: “ARTICULO 3o. FUNCIONES. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social tendrá, además de las funciones que determina el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes:

9. Promover y garantizar los derechos al trabajo, a la asociación y a la huelga, conforme a las disposiciones constitucionales y legales”.

22. Ejercer la prevención, inspección, control y vigilancia del cumplimiento de las normas sustantivas y procedimentales en materia de trabajo, empleo y seguridad social y aplicar las 7 sanciones pertinentes. “ARTICULO 6o. FUNCIONES DEL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Además de las que le señala la Constitución y las leyes, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social tendrá las

siguientes funciones:

12. Convocar e integrar los tribunales de arbitramento conforme a la ley”.

Subrayas extra texto. 3.4. La Unidad Especial de Inspección y Vigilancia de dicho Ministerio, entre sus funciones está la descrita en el num. 3° art. 17 del Decreto 1128 de 1999, derogado por el Decreto 205 de 2003, así: “ARTICULO 17. UNIDAD ESPECIAL DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DEL TRABAJO. <Artículo derogado por el artículo 48 del Decreto 205 de 2003. El texto original es el siguiente:> En los términos del literal j) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998 la Unidad Especial de Inspección, Vigilancia y Control del Trabajo, es una dependencia del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, con

autonomía administrativa, técnica y financiera, la cual tendrá las siguientes funciones:

3. Desarrollar mecanismos, procedimientos e instrumentos que faciliten y garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de los derechos individual y colectivo de trabajo y de seguridad social en los sectores público y privado”.

Subrayas extra texto. 4ª. La controversia de fondo gira en torno a establecer, si era procedente que la demandada conminara al Hotel Sunrise Beach a discutir el pliego de peticiones presentado por el sindicato y si éste podía presentarlo válidamente. 4.1. Está probado que la demandada, dentro de sus atribuciones, tiene el deber de desarrollar mecanismos, procedimientos e instrumentos que faciliten y garanticen el cumplimiento de las normas reguladoras de los derechos individuales y colectivos de trabajo en el sector público, tal como lo preceptúa el art. 17 del Decreto 1128 de 1999 8 arriba trascrito, luego, sí podía conminar a la sociedad demandante a discutir el pliego de peticiones presentado por el sindicato. 4.2. También está demostrado que el presidente y el secretario del sindicato presentaron personalmente el respectivo pliego de peticiones, (fls. 12 al 21 c.p.) que el representante de la empresa se abstuvo de discutir, por que según él, dicho pliego adolece de vicios e irregularidades al no haberse adoptado conforme al C.S.T. (fl. 32 c.p.). Extrañamente, el representante de la empresa aduce que conoció extraoficialmente el pliego de peticiones cuando está debidamente probado que el sindicato lo enteró y que fue recibido por la

empresa, como consta en el sello de recibido del 10 noviembre de 2000 a las 5:30 p.m. (fls. 171 y ss. C. No. 2.) 4.3. Aduce el demandante que la adopción del pliego de peticiones es de competencia exclusiva de la asamblea general del sindicato en Bogotá y que la seccional de San Andrés no podía hacerlo. Esa afirmación no es cierta ya que en el literal k) del art. 21 de los estatutos del sindicato HOCAR señaló como atribución expresa de las asambleas generales de las Seccionales la de adoptar el pliego de peticiones así: “Son atribuciones exclusivas de las Asambleas Generales de las Seccionales: k) La adopción de pliegos de peticiones y memorándums, conforme a lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 17 de estos Estatutos…” (Tomado de la resolución acusada y cuyo texto se observa en el fl. 72 del C. No. 1 de pruebas). 4.4. Esa atribución se hizo conforme con los lineamientos contenidos en el art. 376 del C.S.T. que señala que corresponde a las asambleas la adopción de pliegos de peticiones, luego, esa afirmación contenida en el libelo demandatorio carece de sustento legal. 9 4.5. Alega también el demandante que hubo ilegalidad en la votación de la huelga, porque la decisión debió ser tomada por la totalidad de los trabajadores del hotel y no por los sindicalizados. Dicha afirmación carece de sustento legal porque en esencia, el único que puede votar la huelga es la asamblea general del sindicato (art.376 del C.S.T.), que esta

compuesta naturalmente por los trabajadores sindicalizados. Sería un contrasentido, tomar decisiones de un organismo del cual no se es miembro. Por ende, los trabajadores sindicalizados, reunidos en la asamblea respectiva, son los únicos que pueden tomar válidamente la decisión de declarar la huelga.

5. La H. Corte Constitucional, mediante sentencia C-797 de junio 29 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonel, sobre el particular expresó: “La representación directa de los trabajadores en el conflicto económico que han planteado al empleador a través del pliego de peticiones corresponde exclusivamente a los sindicatos. Igualmente son los trabajadores sindicalizados, reunidos en asamblea, los que toman la decisión de declarar la huelga, cuando no es posible solucionar el conflicto por la vía directa. En tales circunstancias, se justifica constitucionalmente, que las federaciones y confederaciones estén excluidas de una decisión, como es la declaración de huelga, que es una cuestión que toca de manera directa y sustancial con los intereses de los trabajadores afiliados y aun con los no afiliados. Ello es así, si se tiene en cuenta que eventualmente podrían presentarse conflictos de intereses entre los trabajadores afiliados al sindicato o no afiliados y la federación o confederación correspondiente, en el evento de que aquéllos hayan decidido declarar la huelga o no declararla y ésta adopte una determinación contraria.

Otro argumento que se puede dar en beneficio de esta restricción, consiste en que la decisión de irse o no a la huelga, compete de manera privativa a los trabajadores que se encuentran vinculados a

la empresa, y son éstos y no las organizaciones de segundo y tercer nivel, quienes en su fuero interno pueden determinar en toda su dimensión los efectos económicos y jurídicos que se producen con la declaratoria de huelga y en relación con su contrato de trabajo, v. gr., cesación de pago de sueldos y prestaciones”…. 10

6. Es claro que la representación de los trabajadores en los conflictos de carácter económico que se presentan con el empleador y que se hace a través del pliego de peticiones, corresponde exclusivamente a los sindicatos. De ahí que sean los trabajadores sindicalizados los que toman la decisión de declarar la huelga, y no pueden ni deben hacerlo quienes no hacen parte de dicha asociación. Asunto diferente es que esa decisión tomada por el sindicato afecte a todos los trabajadores de la empresa, pues la huelga es la suspensión colectiva del trabajo que lleva generalmente a la parálisis de las actividades que desarrolla una entidad, pero como se vio, el único ente que puede tomar la decisión de votar la huelga es el sindicato legalmente constituido. 7ª. Esta Agencia Fiscal, en defensa del orden jurídico, estima que la empresa demandante no podía negarse válidamente a negociar el pliego de peticiones presentado legalmente por el sindicato, que su actitud podría considerarse como un atentado contra el derecho de asociación sindical, conforme con la preceptiva contenida en el lit. c) num. 2° del art. 354 del C.S.T. subrogado por el art. 39 de la Ley 50 DE 1990, lo cual conllevaría a la imposición de las sanciones correspondientes, así:

“ARTICULO 354. PROTECCION DEL DERECHO DE ASOCIACION. <Artículo modificado por el artículo 39 del Ley 50 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:>

1. En los términos del artículo 292 del Código Penal queda prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical.

2. Toda persona que atente en cualquier forma contra el derecho de asociación sindical será castigada cada vez con una multa equivalente al monto de cinco (5) a cien (100) veces el salario mínimo mensual más alto vigente, que le será impuesta por el respectivo funcionario administrativo del trabajo. Sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.

Considéranse como actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador: … 11 c). Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales”; Subrayas extra texto. CONCLUSIÓN Consecuencialmente, esta Agencia del Ministerio Público, solicita comedidamente de la Sección Segunda, Subsección “A” del Honorable Consejo de Estado, DENEGAR las súplicas de la demanda. Cordialmente,

FANNY ESTHER RAMÍREZ ARAQUE

Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado

FER.MÁM.