PGN - HUELGA - Necesidad de calificar su ilegalidad por órgano independiente y no por la a

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PROCURADURÍA SEGUNDA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Alegato 237 Bogotá D.C., 26 de octubre de 2007 Doctor

GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN

CONSEJERO PONENTE

SECCIÓN SEGUNDA. SUBESECCIÓN “A”

H. CONSEJO DE ESTADO

E S. D.

REF: 11001032500020030022901

No. Interno 1502-2003

ACTOR:-UNIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA-USTCDEMANDADO: MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL

ACCIÓN: SIMPLE NULIDAD Y SUSPENSIÓN PROVISIONAL ____________________________________ Procede esta agencia del Ministerio Público a emitir concepto, en el proceso que conoce el H. Consejo de Estado, en virtud de la demanda instaurada por la

UNIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS

TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA -USTC-.

I. ANTECEDENTES

1. DEMANDA

2 1.1 PRETENSIONES El apoderado de la UNIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA -USTC-, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 84 del C. C. A., solicitó se declare la nulidad de la Resolución 000841 del 15 de abril de 2003, mediante la cual se decidió una solicitud de declaratoria de ilegalidad de unos ceses de actividades, proferida por el Ministro de la Protección Social, por haberse expedido irregularmente, con falsa motivación, desvío de poder y desconocimiento de la Constitución y las

leyes, violando el derecho al debido proceso y derecho de audiencias de los trabajadores afiliados al Sindicato de Industria y primer grado, denominado UNIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA -USTC-, Subdirectiva de Bucaramanga, a la cual están afiliados la mayoría absoluta de los trabajadores de la Empresa de Telecomunicaciones de Colombia de Bucaramanga S. A. E. S.P. El libelo sustentó las pretensiones en los siguientes hechos: 1.- Durante el espacio de 40 minutos, en horas de la tarde, del día 24 de enero de 2003, frente a las instalaciones de la empresa TELEBUCARAMANGA, el Sindicato Unión Sindical de las Comunicaciones USTC, Subdirectiva de Bucaramanga, realizó previo aviso a la empresa y a las autoridades policivas, dos asambleas informativas sobre violaciones a la convención colectiva de trabajo, suscrita entre las mencionadas partes. 2.- La empresa TELEBUCARAMANGA S. A. E. S. P., por conducto de su Gerente, solicitó la presencia del Inspector de Trabajo de Bucaramanga para que constatara la realización de las asambleas informativas, como ceses parciales de actividades, efectuadas en horas de la tarde, los días 22 y 24 de enero de 2003. 3 3.- Señala el apoderado que los inspectores de trabajo adscritos a la División de Trabajo y Empleo Territorial de Santander del Ministerio de Trabajo, levantaron actas de constatación de unos presuntos ceses de actividades parciales, considerando como tal el tiempo en que se desarrollaron las citadas asambleas,

sin relacionar las circunstancias de hecho y los trabajadores presuntamente ausentes de los sitios de trabajo, pretermitiendo para ello el trámite previsto para la constatación de ceses de actividades señalado en la Circular 019 del 30 de mayo de 1991 de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 4.- El Ministro de la Protección Social, con base en las actas de constatación antes aludidas, expidió la Resolución 000841 del 14 de abril de 2003, por la cual se decide una solicitud de declaratoria de ilegalidad de ceses de actividades. Contra dicho acto administrativo, la UNIÓN SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE LAS TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA -USTCinterpuso recurso de reposición contra la resolución demandada, el cual fue rechazado por improcedente, por ser la resolución acusada un acto de ejecución de cumplimiento inmediato, según lo dispone el artículo 451 del C. S. T.. 5.- La empleadora TELEBUCARAMANGA, sin haber acudido al trámite previsto en el Decreto 2164 de 1959 y las Resoluciones 1064/69, 1091/59 y 0342/77 para establecer la presunta responsabilidad y participación individual en cada caso, procedió a dar por terminado los contratos individuales de trabajo de todos los miembros de la junta directiva del sindicato demandante. 6.- Aduce el jurista que el Gobierno Nacional venía preparando la supresión y liquidación de TELECOM y de las empresas de telecomunicaciones regionales Tele asociadas, en las cuales TELECOM sin hacer previa evaluación de la gestión administrativa o utilizando indicadores de gestión y de eficiencia de estas

empresas de servicios públicos, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, proceso que culminó con la expedición de los Decretos 1615 de 2003, mediante el cual se suprimió TELECOM, entidad cuya liquidación fue 4 autorizada por el Decreto 1616 del 23 de junio de 2003, norma mediante la cual se creó la empresa de servicios públicos domiciliarios COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A., la cual absorberá en un futuro inmediato las empresas de telecomunicaciones regionales “Tele asociadas, como es el caso de TELEBUCARAMANGA S. A.”. 7°- TELECOM es el accionista mayoritario de la sociedad de economía mixta TELEBUCARAMANGA S.A.; toda vez que posee el 52% de las acciones de dicha entidad; para lograr el objetivo de la liquidación y la reestructuración de los costos laborales de ésta última empresa, era necesario liquidar la asociación sindical, por ello utilizó el argumento fútil de que su junta directiva había participado activamente en ceses de actividades ilegales, para así, sin acudir a juicios para el levantamiento del respectivo fuero sindical, y poder eliminar, por vía de liquidación y cambio de régimen administrativo, las prerrogativas extralegales consagradas en las convenciones colectivas de trabajo suscritas

por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S. A. E.

S. P., antes EMPRESAS PÚBLICAS DE BUCARAMANGA, y su sindicato que agrupa a la mayoría de los trabajadores de TELEBUCARAMNGA S. A. E. S. P.. 8°- Señaló el apoderado que el móvil oculto, para la expedición de la resolución

demandada, lo constituye la necesidad de la administración de liquidar y reestructurar la empresa de servicios públicos domiciliarios TELEBUCARAMANGA S. A. E.S.P. que pasa por el debilitamiento y decapitación del sindicato de industria USTC en esta empresa y el establecimiento de nuevas condiciones de empleo con desmejora de las actuales, mediante el desmonte de las convenciones colectivas de trabajo y la suscripción de nuevos contratos de trabajo con sus trabajadores sin sustitución patronal regidos para ser regidos por la Ley 789 de 2002.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

5 El apoderado expuso como concepto de violación el desconocimiento del preámbulo y los artículos 2, 25, 39,209 de la Carta Política. Así como los artículos 451 del C. S. T., 52 de la Ley 489 de 1998, el Decreto 2164/59, la Resolución 1064 de 1959 y la Circular 019 de 1991 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Indica que el acto administrativo acusado es manifiestamente violatorio de las garantías constitucionales y legales de toda persona natural o jurídica al derecho de defensa y debido proceso, pues no se dio cumplimiento al trámite para la constatación del presunto cese de actividades por parte de los trabajadores del sindicato TELEBUCARAMANGA, quienes tienen derecho a ser oídos en el trámite adelantado por el inspector del trabajo comisionado para verificar la inejecución de las actividades laborales al interior de la mencionada entidad, como lo ordena la circular 019/91 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la cual regula el procedimiento a seguir en esta clase de actuaciones

administrativas, que no son discrecionales sino regladas, con las cuales culmina un procedimiento administrativo en función de policía administrativa laboral, cuya conculcación constituye una violación del artículo 29 constitucional, norma que señala que es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso. Señala que en el caso sub judice las actas de fecha 22 y 24 de febrero de 2003 adolecen del vicio mencionado, toda vez que no se dio la oportunidad a los representantes de los trabajadores de TELEBUCARAMANGA de ser escuchados en el trámite de levantamiento de los citados documentos, para determinar la participación efectiva en las asambleas informativas, por lo que la expedición de la Resolución 000841 demandada, además de ser extemporánea (3 meses después de ocurrido el presunto cese de actividades), fue irregularmente expedida, con desvío de poder y falsa motivación, y la vulneración de otros derechos también de estirpe constitucional como son, entre otros, el de libre asociación sindical y el de la negociación colectiva. 6 Aduce que la motivación es necesaria para el control de los actos administrativos, ya que facilita el control de los mismos, y su omisión o deficiencia se convierte en un obstáculo para el efectivo acceso a la justicia. Según el apoderado, la calificación del cese de actividades sin contar con la audiencia del sindicato afectado, lo ubica en un estado de indefensión constitucional, toda vez que la garantía del artículo 29 superior, precisamente, radica en el principio de contradicción, de modo tal que los contendientes en posición de igualdad, dispongan de las mismas oportunidades para alegar y

probar cuanto estimaren conveniente con miras al reconocimiento judicial de su tesis. Advirtió que el acto administrativo impugnado no tiene características de publicidad, además de que atenta contra el derecho al trabajo en condiciones justas y dignas, a la libertad sindical y el derecho de negociación de los trabajadores de TELEBUCARAMANGA, quienes estaban comprometidos en un conflicto laboral por violación sistemática de la convención colectiva de trabajo, por el reiterado incumplimiento de las obligaciones laborales convencionales por parte de la empresa. Reiteró que el derecho de huelga imputable al empleador por el incumplimiento de las obligaciones laborales convencionales contractuales de los trabajadores sindicalizados, amparado tanto el artículo 56 constitucional como en el 429 del

C. S. T., no sólo constituye un mecanismo de presión legítima para obtener mejores condiciones, sino para exigir al empleador incumplido el acatamiento de sus obligaciones.

Frente a los procesos de privatización, transformación y reestructuración de entidades públicas y las consecuentes sustituciones patronales, señaló que sólo pueden adelantarse sobre la base constante y prevalente del respeto a la dignidad de los trabajadores y sus derechos irrenunciables, los cuales deben permanecer incólumes en el curso de un proceso de transformación empresarial como el antes indicado, en el que el respeto a los derechos humanos y el 7 acatamiento a los principios rectores del Estado de derecho son de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades abocadas a dicho proceso. En este orden de ideas, no es admisible que una entidad transformada o privatizada utilice como excusa dicho trámite para ignorar o atropellar los

derechos básicos, la dignidad y la estabilidad de sus servidores. Respecto a la desviación de poder y la expedición irregular de la resolución acusada, indicó que la primera figura es una modalidad de ilegalidad que se predica del elemento teleológico del acto administrativo, que en los actos discrecionales gira en torno a lograr la mejor prestación del servicio público y la buena marcha de la administración, como en los actos reglados que requieren una motivación concomitante con la expedición del acto, seria, fundada en las pruebas regularmente recaudadas, lo cual constituye la esencia de su ser. Así las cosas, es claro que en dicha causal de anulación, el accionante está en la obligación de demostrar en forma irrefutable y fidedigna que el acto acusado se expidió con un fin y por motivos no admitidos por la moral administrativa, circunstancias que caracterizan a la Resolución 000841/03, pues, con su expedición se desconoció la obligación pública de protección al trabajo, porque la administración abusó de su competencia para declarar como ilegal un cese de actividades que a la postre fue en realidad una asamblea informativa sindical de USTC en Bucaramanga, por las violaciones sistemáticas a las cláusulas de la convención colectiva de trabajo, y si bien es cierto, en virtud del artículo 451 del

C. S.T. está facultada para calificar como ilegal el cese de actividades en las empresas prestadoras de servicios públicos esenciales, tal potestad no puede ser utilizada como excusa para eliminar la resistencia sindical contra las medidas de adelantar retiros de personal, so pretexto de la reestructuración o racionalización de los costos laborales de la empresa, la empresa lo hizo en

forma selectiva, con el único objeto de retirar a los más connotados dirigentes y activistas sindicales, violando de contera el derecho de asociación sindical en su más amplia acepción definida por los Convenios de la OIT, como garantía del orden constitucional, consagrado, entre otros tratados, en los Convenios 87/48 y 151/78, los cuales prevalecen en el orden interno, en virtud del mandato 8 contenido en los artículos 53, 93 y 94 constitucional. Así, es evidente la falsa motivación, la desviación de poder y la expedición irregular de la resolución demandada, expedida con total desconocimiento del procedimiento establecido para dichos efectos en la circular 019/91, con un marcado fin antisindicalista, oculto y orientado a prescindir de la concertación laboral, totalmente ajenos al buen servicio, con el evidente propósito de debilitar, diezmar y desmantelar la organización sindical demandante, la cual agrupa a la mayoría de los trabajadores de TELEBUCARAMANGA, con quien logró suscribir una sustanciosa convención colectiva de trabajo, con un régimen prestacional superior al legal, que no compromete la viabilidad empresarial de la entidad. Por último, solicitó la suspensión provisional del acto administrativo acusado, al considerar que contraría ostensiblemente los artículos de la Carta Política enunciados, toda vez que vistió violación del derecho al debido proceso, para decidir objetiva e imparcialmente el trámite administrativo para establecer si había lugar o no la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades alegado por

TELEBUCARAMANGA.

3. CONSIDERACIONES DEL CONSEJO DE ESTADO SOBRE LA

SUSPENSIÓN PROVISIONAL Al admitir la demanda, el H. Consejo de Estado consideró que al efectuar la comparación normativa, no se observa a primera vista que el acto administrativo impugnado desconozca o infrinja de manera manifiesta las disposiciones constitucionales invocadas en la solicitud de suspensión provisional. Según el alto tribunal Contencioso Administrativo, ni por confrontación directa, ni mediante documentos públicos que debieron ser allegados con la solicitud de la medida cautelar, aparece la infracción que deber ser manifiesta, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 152 del C. C. A., la que constituye un requisito sine qua nom para la viabilidad de la suspensión provisional, razón por la cual dicha medida fue denegada (fls.178-183). 9

4. CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL La apoderada de la Nación-Ministerio de Protección Social se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que el acto administrativo impugnado se ajusta al mandato legal, pues fue expedido en el ejercicio de la función de policía radicada en la administración, decisión que para preservar el derecho de defensa se encuentra sujeta al control jurisdiccional.

Señaló que el artículo 451 del C. S. T. prevé la declaratoria de ilegalidad por suspensión o paro colectiva como una de las funciones del Ministerio del Trabajo, organismo que debe seguir el procedimiento estipulado en el Decreto 1469 de 1978 para tales efectos, el cual se siguió ante la solicitud de TELEBUCARAMANGA S. A. ESP que hizo mediante oficio 003088 de 28 de

febrero de 2003, quien requirió del ministerio demandado la declaratoria de ilegalidad de los ceses de actividades realizados los días 22 y 24 de enero del citado año, por parte de sus trabajadores, el cual fue constatado por los funcionarios de la Dirección Territorial de Santander del ministerio demandado. Aclaró que en virtud del artículo 430 del C. S. T. está prohibida la huelga en los servicios públicos domiciliarios, entre los que está contemplada la telefonía fija básica conmutada. Sostuvo que no es cierto la afirmación del apoderado de la organización sindical demandante, en el sentido de que se les violó el debido proceso, pues el cese de actividades sí se constató de conformidad con las normas mencionadas, por parte de la autoridad competente, quien le otorgó la oportunidad a un miembro del sindicato para atender la diligencia, distinto es que la hubiera rechazado, argumentando que se encontraba en una reunión. 10 Aduce la jurista que el demandante, en el concepto de violación, hizo alusión a situaciones ajenas al objeto del litigio, tales como la necesidad de la empresa de liquidar y reestructurar la empresa de servicios públicos domiciliarios TELEBUCARAMANGA S.A. ESP, dejando prácticamente de lado el concepto de ilegalidad de la expedición del acto demandado, pues cuando argumenta el desvío de poder y la falsa motivación en la que incurrió presuntamente el Ministro de la Protección al proferir la resolución acusada, no logra probar los motivos de impugnación, especialmente el que tiene que ver con el desvío de poder, pues, frente al de falsa motivación, en el texto de la demanda, no se

encuentra ningún argumento sólido que permita señalar que el acto administrativo impugnado desconozca los motivos en que se fundó; pues de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, existen todos los elementos necesarios para su expedición, como son; la solicitud de declaratoria de ilegalidad por parte del apoderado de la empresa, por haberse promovido un cese de actividades por parte de la Unión Sindical de los Trabajadores de las Telecomunicaciones de Colombia –USTC-; las actas de constatación del citado evento; entonces, no es posible que el sindicato demandante sostenga que existe falsa motivación en el acto que decidió la declaratoria de ilegalidad de una suspensión colectiva. 4.1 CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S. A. ESP.

El apoderado de TELEBUCARAMANGA, al contestar la demanda, se opuso a sus pretensiones, pues en su concepto el acto administrativo impugnado no está incurso en las causales de anulación alegadas por el demandante, pues fue expedido con fundamento en el numeral 1° del artículo 451 del C.S.T., toda vez que se presentaron las circunstancias establecidas en el literal a) del numeral 1° del artículo 65 de la Ley 50 de 1990, lo que le permitió al Ministerio de Trabajo colegir que sí existió una suspensión colectiva de trabajo ilegal por parte de algunos trabajadores de TELEBUCARAMANGA, empresa que presta un servicio público esencial. 11 Indicó que no entiende cómo el demandante pretende afirmar que el acto

administrativo impugnado fue expedido en forma irregular, pretendiendo hacer creer que existió falsa motivación y desviación de poder, pues en su criterio dichas causales no se configuran, toda vez que el cese de actividades sí se presentó, y la inspectora de trabajo verificó quienes no estaban en su lugar de trabajo, según las previsiones de la circular 019 de 1991.

5. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO Para esta agencia del Ministerio Público, la controversia en el sub lite radica en determinar si el ministerio demandado, al declarar la ilegalidad del cese de actividades, desconoció el debido proceso a los miembros de la Unión Sindical de los trabajadores de las Telecomunicaciones –USTC-, por incurrir en falsa motivación, desvío de poder y expedición irregular del acto acusado.

Para resolver la controversia planteada es necesario revisar los artículos 450 y 451 del C. S. T, así como el artículo 1° de la Ley 142 de 1994, normas que rezan: Artículo 450.- Casos de ilegalidad y sanciones. Subrogado. L. 50/90, art. 65. 1. La suspensión colectiva del trabajo es ilegal en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando se trate de un servicio público; b) (…)

2. Declarada la ilegalidad de una suspensión o paro del trabajo, el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieran intervenido o participado en él, y 12 respecto a los trabajadores amparados por el fueron, el despido no requerirá calificación judicial. (….) Art. 451.- Declaratoria de ilegalidad.

La ilegalidad de una suspensión o paro colectivo del trabajo será declarada administrativamente por el Ministerio de Trabajo. La providencia respectiva deberá cumplirse inmediatamente, y contra ella sólo proceden las acciones pertinentes ante el Consejo de Estado. Por su parte la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, estableció: ARTÍCULO 1o. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY. Esta Ley se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía pública [fija] básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos de que trata el artículo 15 de la presente Ley, y a las actividades complementarias definidas en el Capítulo II del presente título y a los otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley. (Negrillas y subrayas extra texto). (…)

ARTÍCULO 4o. SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES.

Para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, 13 todos los servicios públicos, de que trata la presente ley, se considerarán servicios públicos esenciales. Precisado lo anterior, al revisar las actas levantadas por los funcionarios del ministerio demandado de la constatación del cese de actividades, correspondientes a los días 22 y 23 de enero de 2003, en las instalaciones de TELEBUCARAMANGA (fls. 279-280), tenemos que éstos sólo se limitaron a

revisar qué funcionarios se encontraban en las diversas dependencias de la mencionada entidad; el acta del día 24 de enero fue un poco más detallada que aquella que se levantó el día 22, pues por lo menos contiene el nombre de los trabajadores que estaban al interior de la empresa. Sin embargo, observa este despacho que el ministerio acusado no verificó, quiénes estaban participando en el cese de actividades; tampoco identificó cuáles centros de trabajo de la empresa estaban en paro, pues tan sólo dejó constancia de que el cese de actividades era parcial, pero sin identificar que área y quiénes pertenecían a la misma, lo que contraria la circular 019 de 1991, acto administrativo que sobre el particular dispone: (…) En consecuencia, en toda diligencia de verificación de un cese colectivo de actividades el funcionario debe proceder de la siguiente forma:

1. Solicitar la presencia de las partes o voceros de las mismas, identificándolos plenamente. En caso de negativa a participar en la diligencia o de aquellas que no se encuentran en el lugar, se dejará constancia en el acta.

2. Procederá a hacer un recorrido por la empresa, acompañado por las partes y sus voceros, cuando ello fuere posible, dejando constancia de todas las circunstancias que observe.

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3. El funcionario se encuentra en la obligación de dejar claramente establecido si se verificó o no el ceses de actividades, total o parcialmente, pudiendo levantar el acta en otro lugar, cuando por cualquier circunstancia no fuere posible realizarla en la empresa.

En opinión de esta delegada, el debido proceso no fue garantizado de forma

adecuada, pues no se cumplió la verificación, con el rigor que exige la mencionada circular, pues, a pesar de que se solicitó la presencia de algún miembro de la asociación sindical, no se señaló quién o quiénes manifestaron que no podían acudir al recorrido, es decir, no se identificó plenamente a las partes presuntamente infractoras para dejar tal constancia en el acta correspondiente, ya que no se debe pasar por alto que las medidas que se adopten con base en la verificación del cese de actividades pueden comportar la terminación de los contratos de trabajo, por lo que según la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia es necesario verificar el grado de participación de los presuntos trabajadores cesantes, lo que en el sub lite no ocurrió.1 Para esta agencia del Ministerio Público, en el caso sub examine, si bien es necesario tener en cuenta que el servicio público prestado por TELEBUCARAMANGA S. A. es de aquellos considerado por el legislador como esencial, no se debe pasar inadvertido que la constatación de la suspensión de actividades está enmarcada dentro de un procedimiento administrativo, que se caracteriza por garantizar el debido proceso con audiencia de las partes que intervienen en la correspondiente suspensión de actividades, es decir, con la participación de representantes o voceros de empleadores y trabajadores. 1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 3 de octubre de 1986, reiterada en sentencia de marzo de 1998. 15 Esta agencia fiscal quiere aprovechar esta oportunidad para resaltar que nuevamente el gobierno nacional está incumpliendo las recomendaciones de la

OIT respecto a que la calificación de la ilegalidad de la huelga la efectúe un tercero imparcial, pues como está contemplada la competencia en nuestra legislación, se está privando a los trabajadores de la garantía de tener acceso a que alguien que no tenga un interés directo en tal declaratoria, sea el que verifique el conflicto entre éstos y su empleador, y decida sobre la conformidad de la huelga con su regulación legal; pues no hay certeza de la imparcialidad del calificador, máxime, si se trata de un caso como el que nos ocupa, donde el Estado (es dueño de una de las empresas en conflicto), toda vez, que sería juez y parte. La Corte Constitucional en la sentencia T-568 de 19992, en un caso similar al que nos ocupa, respecto a este tema, precisó: (…) Por todo lo anterior, los demandantes en esta tutela interpusieron una queja ante la Oficina Internacional del Trabajo, invocando la protección que a su juicio les asiste, ya que Colombia ratificó varios Convenios de trabajo y sindicalización en donde ella fue consagrada. Pidieron entonces el amparo de su derecho a la libertad sindical, y denunciaron la injerencia indebida del Estado en las actividades de su organización, así como la violación del debido proceso. Como resultado de esta actuación, el Comité de Libertad Sindical de la OIT, en su Informe No. 309, lamentó que el Gobierno colombiano hubiera hecho caso omiso de la solicitud que se le había elevado de informar sobre el caso 2 Corte Constitucional. Sentencia T-568 del 10 de agosto de 1999. M. P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. 16

y,3 habiendo evaluado los hechos, consignó la siguiente recomendación: “Recomendaciones del Comité "En vista de las conclusiones que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: el Comité urge al Gobierno a que tome todas las medidas necesarias para que se reintegre en sus puestos de trabajo a los dirigentes sindicales, sindicalistas y trabajadores que fueron despedidos por haber participado en una huelga en la empresa denominada Empresas Varias Municipales de Medellín y si ello no es posible, que se les indemnice de manera completa. Asimismo, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para que en el futuro, la calificación de las huelgas sea realizada por un órgano independiente y no por la autoridad administrativa. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado de las medidas adoptadas en este sentido, y el Comité, al igual que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, pide al Gobierno que tome medidas para modificar las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo que prohíben la huelga en una amplia gama de servicios que no pueden ser considerados esenciales en el sentido estricto del término (en particular artículos 430 y 450).” (Subrayas extra texto). 3 "El Comité lamenta observar que en su respuesta el Gobierno no se refiere específicamente a los despidos ocurridos como consecuencia de la declaración de ilegalidad de la huelga, sino que se refiere a otros problemas (violaciones a ciertas disposiciones de la convención colectiva por parte del empleador, inculsive anteriores a los hechos alegados en el presente caso) que no han sido objeto de los alegatos. El Comité

observa que el 10 de julio de 1997 la Oficina solicitó informaciones precisas al Gobierno sobre las cuestiones planteadas por la organización querellante, y que pese a ello, aún no se han recibido." 309 Informe del Comité de Libertad Sindical, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, marzo de 1998, párr. 99. 17 (…) NADA autoriza al ente administrador o a funcionario judicial alguno a interpretar el ordenamiento jurídico de forma que haga nugatoria la garantía constitucional que existe para toda persona, de participar en la producción de las decisiones que la afectan (C.P. art. 2); el Ministerio y las demás autoridades, fueron instituidas para realizar un fin esencial del Estado, completamente opuesto a las actuaciones unilaterales excluyentes, constitutivas de una auténtica vía de hecho en la que incurrieron. En el caso bajo examen, tal actuación es violatoria del derecho de participación de los trabajadores afiliados al sindicato - tanto de los que participaron del cese como de los que no lo hicieron -, y del Sindicato actor, así como los Convenios 87 y 98 de la OIT, que hacen parte del bloque de constitucionalidad. (…) ii. Declaración de ilegalidad de una huelga por parte de autoridad administrativa Si el Estado es el empleador, resulta contrario al principio de la buena fe en el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia al ratificar los Convenios 87 y 98 de