PGN - ILICITO DISCIPLINARIO - Fundamento en el vínculo del servidor con el estado que le p

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicado: 065-2844-2005

Disciplinado: JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA

Cargo y Entidad: Diputado Asamblea Departamental de Arauca Quejoso: De oficio Fecha de la Queja: 14 de julio de 2005

Fecha de los Hechos: 9 de septiembre de 2005

Asunto: Fallo de segunda instancia.

Bogotá, D.C., 2 de Octubre de 2007 Se encuentra al Despacho el radicado 065-2844-05 para decidir en Segunda Instancia el recurso de apelación interpuesto contra el fallo proferido por la Procuraduría Regional de Arauca, por Resolución del 31 de mayo del presente año, mediante la cual se sancionó al señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, en su condición de Diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, con suspensión del cargo por el término de seis (6) meses (fls. 184 a 200). CARGOS Por auto del 18 de julio de 2006, la Procuraduría Regional de Arauca, formuló pliego de cargos en contra del señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, en su condición de Diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, por: “Cargo Primero: (…) el día 9 de julio de 2.005, en la localidad de Cravo Norte –Arauca, al parecer, agredió verbalmente lanzándole insultos con malas palabras a los agentes policiales que adelantaban un procedimiento respecto a la incautación de dos (2) armas de fuego e intentó golpear al capitán Miguel Ángel Moreno Castellanos, quien

como Comandante de la Estación de Policía de la localidad, también participó en el procedimiento”. “Cargo Segundo: (…) el día 9 de julio de 2.005, en la localidad de Cravo NorteArauca, le fue incautado el revolver calibre 38 largo, marca Smith & Wesson, serial No. AD10275 de propiedad de la Gobernación de Arauca, por infringir al parecer el literal b) del artículo 87 del Decreto 2535 de 1.993, al incurrir en una prohibición”. 1 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA La Procuraduría Regional de Arauca, a través de la Resolución del 31 de mayo del presente año, profirió fallo de primera instancia en contra del señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, en su calidad de Diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, sancionándolo con suspensión del cargo por el término de seis (6) meses, al encontrarlo responsable disciplinariamente de la conducta descrita en el cargo segundo. Respecto del primer cargo, el Ente de Control Disciplinario Regional, en el numeral segundo de la misma providencia, absolvió al señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA. El A-quo, para emitir el fallo sancionatorio, tuvo en cuenta que el Decreto 2535 de 1993, estipula: “Causal de Multa y decomiso de armas, municiones y sus accesorios: “b) Consumir licores o usar sustancias psicotrópicas portando armas, municiones, explosivos y sus accesorios en lugar público” Igualmente el disciplinado conocía sobre la existencia del Decálogo de seguridad con

armas de fuego, pues el mismo le fue expuesto en el momento de la entrega del arma, el cual estipula en el numeral 5º: “No mezcle las bebidas alcohólicas con el manejo de las armas de fuego.” El sentir de la norma señalada, es que las personas encargadas del manejo de armas, se abstengan totalmente del consumo de licor mientras lleven consigo algún tipo de armamento, sin considerar siquiera la cantidad de bebidas alcohólicas que sería permitido consumir, lo que tiene como razón de ser, el cuidado que debe guardar cuando se ha entregado a alguien tal responsabilidad, pues es evidente el riesgo que un particular manipule y porte armamento, sin embargo el Estado hace la excepción correspondiente en procura de las circunstancias especiales que dicho particular este viviendo con relación a su seguridad, a cambio, de guardar el respeto a las normas impuestas para su manejo. Entonces, mucho más gravoso es que un funcionario público, responsable del manejo de una arma, incurra en desobediencia de dichas reglas, cuando él es el llamado a brindar ejemplo al conglomerado de un actuar correcto y responsable. 2 Es así, que de conformidad con la versión rendida por el disciplinado y ratificada por los declarantes CALOX AMERICO MARTÍNEZ PINZÓN e IVÁN YESID HIDALGO MARTÍNEZ, el señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, había consumido bebidas alcohólicas durante el trayecto del municipio de Arauca a Cravo Norte, portando en ese momento el arma decomisada con posterioridad, y no conforme con esa actitud irresponsable, abandonó el arma en el vehículo que conducían, en el que

posteriormente, mientras dormía en una casa de la localidad, siguieron consumiendo licor sus acompañantes con el arma en la guantera. Por su parte, obra a folio 6 el examen de alcoholemia, en el que se establece que el implicado se encontraba en grado 1 de alcohol, evidenciándose el consumo de licor, y configurándose la expresa prohibición estimada en las normas precitadas, por lo que le fue decomisada el arma, siendo multado por ese hecho. Por Acta No. 0051 del 12 de agosto de 2005, la Secretaria de Gobierno y Seguridad Ciudadana Departamental, le entregó al señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, el arma mencionada, junto con el catálogo del manejo de armas, por eso desde el momento en que le fue trasladada dicha responsabilidad, la misma se constituyó en un deber mas del disciplinado como servidor público, quien debía ser prudente y respetuoso del reglamento inherente al cuidado de artefactos que por su letal daño le imponía su estricta observancia, más aún, tratándose de uno con características tan especiales, como es el tener la naturaleza de bien estatal, que le exigía por demás, la observancia plena, disciplinada y estricta de cada una de las instrucciones relacionadas con su manejo. Por eso, consideró el fallador de primera instancia, que la actitud del encartado fue irresponsable al beber licor en posesión de la pluricitada arma de fuego, aún cuando la misma no estuviese cargada, y mucho más, al haberla dejado en el vehículo, quedando bajo la custodia de personas que continuaron bebiendo alcohol dentro del mismo, por

lo que la justificación de encontrarse durmiendo al momento de la aprehensión del automotor y del arma, no lo exime del hecho de que todo el tiempo que antecedió a esa circunstancia, estuvo consumiendo licor portando el arma y dejó la misma bajo custodia de personas que estaban haciendo lo mismo, situación por la que el señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, incurrió en la prohibición contemplada en el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con el Decreto 2535 del 17 de diciembre de 1993 y el Decálogo del manejo de armas No. 5, conforme lo señalado en el pliego de cargos. Proceder que realizó a título de culpa, ya que no fue factible endilgarle dolo en su actuar, para lo cual hay que precisar que de obvia manera el inculpado vulneró manifiestamente reglas y principios naturales de obligatorio cumplimiento frente al 3 manejo de arma de fuego que le fue entregada para su seguridad y protección, sin medir de ninguna forma, las circunstancias lamentables que por su actuar podría ocasionar en determinado momento. Aplicación que no podía considerarse ajena a la conciencia del servidor público obligado a conocer y cumplir sus deberes funcionales, los que están consagrados en normas de conocimiento fundamentales en razón de su cargo, como fue la norma transgredida. RECURSO DE APELACIÓN El apoderado del señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, mediante escrito radicado el día 21 de junio del presente año, interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada por la Procuraduría Regional de Arauca, el cual sustentó, en los siguientes

hechos: (fls. 204 a 209). El disciplinado no manejó el arma durante el viaje de Arauca a Cravo Norte, puesto que no la manipuló, ya que estaba sin municiones y cuando fue incautada estaba guardada bajo llave en la guantera del automotor. El arma no se encontraba en un lugar público, porque nunca salió del vehículo el cual es de uso privado, por lo que su conducta no se adecuó a la conducta prevista en el literal b) del artículo 87 del decreto 2535 de 1993, como tampoco al numeral 5º del Decálogo de seguridad con las armas de fuego. El arma nunca salió del cuidado del encartado, puesto que no salio de la esfera de dominio y posesión, ya que siempre permaneció bajo llave en la guantera del vehículo de su propiedad, por lo que no se aprecia que hubiera existido la actitud irresponsable de abandono del arma en el vehículo, como lo reprocho el A-quo. Por otra parte, adujo la defensa que de las pruebas arrimadas al expediente se demostró que el señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, el día y en el lugar de los hechos, no estaba desarrollando alguna función inherente a su condición de Diputado, pues la Asamblea Departamental de Arauca no realiza sesiones en Cravo Norte, no se encontraba en comisión, ni él esgrimió su investidura. En cuanto a la incautación del revolver, cuando el disciplinado llegó al lugar donde estaba el automotor requisado ya había sido encontrado el arma, tal como se plasmó en el acta de incautación obrante a folios 8 y 41, lo que demuestra que el señor JOSÉ

4 JOAQUÍN MARCHENA, no estaba en el vehículo al momento de la requisa, luego no se puede predicar que él portaba arma alguna, como tampoco su manejo. Respecto a la ilicitud sustancial, se afirmó que el fallador no racionalizó sobre su significado, siendo genérico su señalamiento, al referirse al “…cumplimiento de los fines del Estado…”, al igual que “…el respeto a la legislación que nos rige y más en su condición”, citando la Sentencia de la Corte Constitucional C-252 de 2003, cuando expreso: “Como se advirtió, el fundamento de la imputación disciplinaria está determinado por la infracción de los deberes funcionales del servidor público o del particular que desempeña funciones públicas, pues sólo tal concepción del ilícito disciplinario resulta consecuente con los límites que el constituyente configuró para la cláusula general de libertad consagrada en el artículo 16 de la Carta y con las particularidades que la facultad sancionadora del Estado asume en el Derecho Disciplinario. Tal concepción torna comprensibles los motivos por los cuales son disciplinariamente irrelevantes aquellos comportamientos que no trascienden a la órbita funcional del servidor o particular que cumple funciones públicas”. No hay lugar en consecuencia a calificar una falta inexistente, y menos, de señalar a título de culpa gravísima, puesto que el disciplinado ni portaba el arma en lugar público o abierto al público, ni la manejaba como erróneamente se le atribuyó. Con sustento en la Sentencia de la Corte Constitucional C-285 de 1997, se tiene, que el fallador no partió de un análisis ponderado de todas las circunstancias de tiempo,

modo y lugar, ni del elemento subjetivo para sancionar al implicado, pues ni el dolo, ni la culpa se pueden presumir. Además de esto, esgrimió la defensa, que el A-quo se apartó del principio rector previsto en el artículo 20 del la Ley 734 de 2002, por lo que mal podía sancionar al encartado por una falta en la que no incurrió, como tampoco se tuvieron en cuenta los presupuestos a que hace relación el principio rector de la culpabilidad que expresa que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa. Entonces concluyó, que no habiendo tipicidad, mal podía el fallador de primera instancia calificar la conducta y decidir sobre la autoría y responsabilidad del señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, cuando no infringió deber alguno. 5 CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA De conformidad con el pliego de cargos formulado al señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, como Diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, se tiene que a él se le incautó el revolver calibre 38 largo, marca Smith & Wesson, serial No. AD10275 de propiedad de la Gobernación de Arauca, por infringir el literal b) del artículo 87 del Decreto 2535 de 1.993. Hechos acaecidos el día 9 de julio de 2.005, en la localidad de Cravo Norte. Del análisis del material probatorio obrante dentro del diligenciamiento, para poder establecer la veracidad de la ocurrencia de los hechos endilgados, se pudo determinar que efectivamente, aproximadamente a las 14:00 horas del día 9 de julio de 2005, la

Policía de la Estación de Cravo Norte, llevó a cabo una requisa al automotor Toyota, modelo Station Wagon, color rojo de placas YBG 163 de Venezuela, conducido por el señor IVÁN DARIO ZAPATA NEGRETE, se encontraron dos (2) armas de fuego, una perteneciente al conductor, y la otra, a nombre de la Gobernación de Arauca, correspondiendo a un revolver calibre 38 largo, marca Smith & Wesson, serial No. AD10275, hallado sin cartuchos, situación por la que se condujo al señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, al hospital para realizar la prueba de alcoholemia (fls. 41, 45 y 46). Prueba de alcoholemia que se concluyó como Embriaguez Grado 1 (fl. 40 vuelto). Por estos hechos, el Departamento de Policía de Arauca, Regional No. 5 Oriente, mediante Resolución No. 000023 del 13 de agosto de 2005, le impuso al señor IVÁN DARIO ZAPATA NEGRETE, una multa por valor de $381.500 (fl. 42). Sin embargo, no se encontró que igualmente se le hubiera impuesto alguna sanción al Diputado de la Asamblea de Arauca, tal como lo afirmó el A-quo en el fallo impugnado. Ahora bien, de la declaración rendida por el señor IVÁN YESID HIDALGO MARTÍNEZ, se determinó que él y el encartado el día 9 de julio de 2005 salieron de viaje desde la ciudad de Arauca hacía Cravo Norte, y que durante el camino consumieron licor, y que una vez llegaron a su destino, el señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, se fue a dormir

a la casa de un amigo, aclarando que el revolver nunca lo portó el disciplinado, pues por el contrario, lo dejó bajo llave en la guantera del vehículo. Circunstancias que no solo coinciden plenamente con las manifestaciones que en la versión libre expuso el disciplinado, sino con la declaración del señor CALOX AMERICO MARTÍNEZ PINZÓN (fls. 171 y 172). 6 De todo lo señalado, queda absolutamente claro para este Despacho, cuáles fueron los motivos y circunstancias que rodearon lo acontecimientos del día 9 de julio de 2005, debiéndose establecer si efectivamente la conducta desplegada por el Diputado a la Asamblea de Arauca, vulneró efectivamente el Estatuto Disciplinario, para así determinar la responsabilidad que le asiste al encartado, bajo los preceptos de la típicidad y antijuridicidad de la conducta. Sobre el particular, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, emitió el Concepto PAD-No. 3975 del 9 de julio de 2002, en el que sostuvo: “Ante todo debe recordarse que el derecho disciplinario gira en torno a la conducta del servidor público y de quien ejerce funciones públicas o maneja recursos públicos, en orden a lograr que su actuar se adecue a los parámetros constitucionales, legales y reglamentarios, que preestablecidos circunscriben el ejercicio del cargo o funciones respectivas y obligan al individuo a observarlos, generándose así un vínculo con el Estado, que le permite a éste exigir de sus colaboradores un comportamiento determinado, regido por preceptos

específicos. De acuerdo con lo expuesto, el ilícito disciplinario tiene que ver siempre con la noción del deber que está comprometido a observar el servidor público por la relación de sujeción que tiene con la administración, que se genera al tomar posesión del respectivo cargo y cuyo desconocimiento afecta incluso el deber ser del Estado de derecho. En ese sentido, la tipicidad, como la descripción o definición de un hecho que se consagra como irregular, en materia disciplinaria está referida a la omisión de un deber sustancial, concepto que tiene que ver con el ejercicio mismo de la función pública y la manera como debe desempeñarla quien esté a cargo de la misma, supeditado siempre a un catálogo de deberes, obligaciones, etc. que el servidor se compromete a cumplir cuando ingresa al servicio público, las cuales están íntimamente relacionadas con los fines del Estado, de donde su desconocimiento afecta necesariamente el ejercicio diligente y eficiente de la función pública, entendida como la gestión que dentro del engranaje de la organización estatal, corresponde a las entidades que la conforman. En ese orden de ideas, la antijuridicidad que determina el nuevo código tiene relación directa con la ilicitud sustancial que es precisamente cuando el comportamiento afecte el deber funcional sin justificación (artículo 5). Todo lo cual, conforme a lo expuesto, se relaciona exclusivamente con las funciones del servidor y a la manera como debe comportarse para cumplir los distintos cometidos públicos, destinados a satisfacer intereses de la comunidad, razón que implica que la actividad de los funcionarios debe adecuarse a los principios de eficacia, eficiencia y moralidad administrativa y los cuales

son puestos en peligro cuando se actúa por fuera de la normatividad vigente. 7 Para entender el concepto “típicamente antijurídico” debe entenderse que la falta genéricamente implica la infracción de deberes funcionales, por lo que al constatarse la violación del deber se establece la tipicidad y simultáneamente se determina la ilicitud sustancial, es decir, que se infringió el deber sustancialmente, por lo tanto el operador jurídico al adecuar la conducta como típica también estará estableciendo la antijuridicidad. Así las cosas se precisa hablar de la conducta como típicamente antijurídica. La “ilicitud sustancial” tal como lo define el Código Disciplinario consiste en la infracción de un deber, pero no es la simple contradicción del comportamiento con la norma de determinación vulnerada, sino que tal desconocimiento tenga trascendencia o sea relevante para el derecho disciplinario. Por ejemplo, en el caso del incumplimiento del horario de trabajo, la llegada tarde por pocos minutos puede no tener relevancia en el caso de un servidor público que no atienda público, pero en el caso del médico que atiende urgencias puede sustancialmente ser tan grave que ese simple retardo conlleve la falta de atención de un paciente que por tal circunstancia fallece”. Con sustento en lo anterior, debe necesariamente acudirse al texto de las normas que le fueron citadas en el pliego de cargos como infringidas, como son, el numeral 1º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, el literal b) del articulo 87 del Decreto 2535 de 1993 y el numeral 5º del Decálogo de Seguridad con Armas de Fuego.

En cuanto al numeral 1º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, la misma señala de manera general, la prohibición de todo servidor público de incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitarse en el ejercicio de las funciones, es decir que se trata de una disposición que debe complementarse con las normas que específicamente establecen . A su vez, el Decreto 2535 de 1993, por el cual se expidieron normas sobre armas, municiones y explosivos, fijó los requisitos para la tenencia y porte de armas, municiones, explosivos, etc., y definió las circunstancias en las que procede la incautación de armas, imposición de multas y decomiso de las mismas y establecer el régimen para el registro y devolución de armas. Es así, como en el artículo 86 ibídem, señaló a las autoridades competentes para imponer multas en los eventos descritos en el artículo 87, que para el caso subexamine, fue el especificado en el literal b), por “Consumir licores o usar sustancias psicotrópicas portando armas, municiones, explosivos y sus accesorios en lugar público”. 8 Pero, a pesar que la policía establecida en el municipio de Cravo Norte, el día 9 de julio de 2005, incautó el revolver que le había sido asignado al señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, en su calidad de Diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, para su protección personal, no fue sancionado por el Comandante Departamental de Policía de Arauca, lo cual si aconteció en el caso del señor IVAN YESID HIDALGO

MARÍNEZ, a quien en los mismo hechos se le decomiso un arma de fuego (fl. 42). Sanción que a la luz del literal b) del artículo 87 del Decreto 2435 de 1993, no procedía en contra del aquí disciplinado, puesto que no obstante que había ingerido bebidas alcohólicas, él no portaba el arma de fuego, ya que la misma la encontró la policía dentro del automotor, guardada en la guantera bajo llave. En cuanto al numeral 5º del Decálogo de Seguridad con Armas de Fuego, es cierto que al momento en que se le entregó el Secretario del Gobierno Departamental de Arauca al señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, el arma de fuego, el día 15 de septiembre de 2004 (fl. 87), también le dieron el Decálogo de Seguridad de Armas de Fuego, en cuyo numeral 5 dispone: “No mezcle las bebidas alcohólicas con el manejo de las armas de fuego” (fl. 88). Por eso, como lo esgrime la defensa, no es evidente que con la conducta desarrollada por el disciplinado, se pueda aseverar que existió manejo del arma de fuego al mismo momento en que ingería licor, puesto que quedó establecido que el Diputado a la Asamblea de Arauca guardó el revolver en la guantera del automotor donde se trasportaba, tomando las precauciones del caso y que para el momento eran las mas aconsejables y procedentes, como fue el descargarlo o quitarle la munición y dejarlo bajo llave, de tal modo que no fuera fácil acceder al mismo, menos aún, de accionarlo o manejarlo.

Por todo esto considera la Delegada que no es factible atribuírsele responsabilidad disciplinaria al señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, ya que no se encuentra que hubiera infringido las normas que le fueron enrostradas. Aunado a lo anterior, no puede el Despacho pasar por alto una situación que como piedra angular del derecho disciplinario debe siempre ser objeto de análisis para determinar si el servidor público o particular que ejerce funciones públicas incurrió en falta disciplinaria, y es el referente a la ilicitud sustancial de que trata el artículo 5º del Estatuto Disciplinario, el cual, de manera diáfana preceptúa que la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional, sin justificación alguna. En este orden de ideas, acudiremos al concepto de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinario citado anteriormente, en el que se desprende que al servidor 9 público se le exige un comportamiento adecuado generado por el vínculo especial de sujeción que tiene con el Estado, considerándose la tipicidad, como la descripción o definición de un hecho que se consagra como irregular, pero referida a un deber sustancial, es decir, que tenga que ver con el ejercicio mismo de la función pública. Es decir, que para que estemos en presencia de la denominada tipicidad, se debe entender que el hecho atribuido debe estar descrito en una norma jurídica, o como lo dijo LUIS JIMÉNEZ DE ASÚA, la tipicidad “...es la exigida correspondencia entre el hecho real y la imagen rectora expresada en la ley”. Esto nos lleva a concluir, que la antijuridicidad es el desconocimiento de una norma y

que la misma debe tener una relación directa con la ilicitud sustancial, la que se presenta cuando la conducta afecta o menoscaba el deber funcional sin justificación alguna. De este modo, entre el comportamiento desplegado por el disciplinado y las funciones que a él le son encomendadas constitucional y legalmente, tiene indefectiblemente que haber una estrecha relación. Quiere ello decir, que no todas las conductas desarrolladas por un servidor público se refieren a la función pública, y por ende, de efectuarse no afectan el deber funcional, puesto que lo que se reprocha disciplinariamente, es precisamente aquellos comportamientos con los que se incumplen los deberes, se abusa de los derechos o se extralimitan en las funciones, o sea, lo que se busca es disciplinar las conductas. Así las cosas, la conducta endilgada al señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, no infringió el deber funcional, pues dentro del catalogó de funciones descritas en la Constitución Política y en el artículo 8º de la Ordenanza No. 05 del 1998, obrante a folios 21 a 23, no se encuentra, la de portar y manejar armas de fuego para los Diputados de las Asambleas Departamentales, por lo que mal puede hablarse de ilicitud sustancial, máxime cuando el Decreto 2535 de1993, es una norma que rige para todos los ciudadanos, sin tenerse como uno de sus factores, el que sea infringida por los servidores públicos, motivo por el cual, esta Delegada debe revocar la providencia de primera instancia impugnada. En mérito de lo expuesto, El PROCURADOR DELEGADO PRIMERO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, en ejercicio de sus atribuciones jurídicas,

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RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Resolución del 31 de mayo de 2007, mediante la cual, la Procuraduría Regional de Arauca profirió fallo de primera instancia en contra señor JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 17.585.607, en su condición de Diputado de la Asamblea Departamental de Arauca, sancionándolo con suspensión del cargo por el término de seis (6) meses, y en su lugar absolverlo, de acuerdo con lo señalado en los considerandos.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión al disciplinado JOSÉ JOAQUÍN MARCHENA y/o su apoderado, haciéndole saber que contra la misma no procede recurso alguno y que de esta forma queda agotada la vía gubernativa.

TERCERO: Remitir el expediente a la Procuraduría Regional de Arauca, para lo de su competencia.

CUARTO: Diligenciar el formulario de Registro de Sanciones SIRI.

CÚMPLASE

JESUALDO VILLERO PALLARES

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa

JVP/ CAGM

EXP. 0065-2844-05 11