PGN - IMPEDIMENTO - Inaplicación por extensión o analogía

Bogotá, 27 de Mayo de 2009 PAD

C-087-2009

Doctor

LAUREANO HERNÁN LOZANO FERREIRA

Personero Municipal de Flandes Segundo piso de la Alcaldía Municipal Flandes (Tolima) Ref.: Su oficio fechado el 27 de abril de 2009 y radicado en esta oficina el 30 del mismo mes y año.

Respetado Doctor: En el escrito de la referencia, previa mención de que usted emitió un concepto relacionado con algunos hechos que son en la actualidad materia de un proceso administrativo de policía en el que interviene como Ministerio Público, pregunta:

1. El impedimento o recusación que trae el Código de Procedimiento Civil, es exclusivo para los jueces de la República y/o para aquellas autoridades que imparten justicia, o deciden en un asunto de fondo, en una litis o controversia jurídica; en este caso la Inspección de Policía. ¿Se aplica también para el Ministerio Público, en este caso el suscrito personero?

2. En el evento de considerar la posibilidad que exista impedimento por parte del suscrito personero, por haber emitido un concepto mediante el oficio … Por el contenido del concepto, son razones para un impedimento; o el hecho de reiterar en sendas ocasiones en ese concepto, que lo pronunciado no obliga, que es bajo los parámetros del artículo 25 del C.C.A.; que le recomiendo solicitar el concepto ante el Ministerio de Educación Nacional etc., ¿eximiría de alguna posibilidad de impedimento?

3. En el evento de existir impedimento de mi parte como personero, quién lo desata, resuelve, determina. Si cuando existe un impedimento o recusación, lo desata el

superior, porque por ejemplo, en un proceso en materia disciplinaria, la Ley 734 de 2002, en el artículo 87, fija el procedimiento a seguir […]

4. Si existiera impedimento, a quién le correspondería hacer de Ministerio Público en esa querella de policía […]

5. Cuando un funcionario que adelanta una investigación o un proceso, al declararse impedido, el proceso se suspende hasta que decida el superior; pero si se diere, si es viable o si se presenta el impedimento con un sujeto procesal, en este caso el personero municipal, y se solicita esta medida, mientras se decide, ¿quién haría de

Ministerio Público? […] Al respecto, me permito manifestar: Con relación al asunto planteado, es pertinente anotar, ante todo, que en materia consultiva, conforme al artículo 16 de la Resolución número 127 del 3 de abril de Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 1 Carrera 5.ª núm. 15 – 80. Piso 23 – www.procuraduria.gov.co 2008 del Procurador General de la Nación, no se admite la absolución de casos particulares y concretos, y, por ende, las respuestas sólo pueden contener pautas generales sobre el tema objeto de cuestionamiento. Una vez efectuada esta precisión, debe decirse lo siguiente: Por lo que se refiere a su primera inquietud, se debe recordar que el impedimento se ha entendido en la doctrina como el apartamiento o desprendimiento del asunto por parte del juez, en razón de algunas de las causales que consagra la ley como inhabilidad para conocerlo; esto es, que al juez en el impedimento, según el dicho de Eduardo J. Couture, lo aparta la ley,

mientras que en la recusación lo separa el litigante. Dichas causales son expresas y taxativas y, por ende, no admiten analogía. Como en la situación expuesta, el posible impedimento recae sobre el agente del Ministerio Público, se deberá acudir a las causales de impedimento y recusación a que remita el ordenamiento jurídico que regula el procedimiento en los juicios de policía (Decreto 1355 de 1970); por ejemplo, el actual Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) establece que, en su artículo 63, las causales de impedimento y las sanciones consagradas en dicho código se aplicarán «a los fiscales, agentes del Ministerio Público, miembros de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, y empleados de los despachos judiciales, quienes las pondrán en conocimiento de su inmediato superior tan pronto como adviertan su existencia, sin perjuicio de que los interesados puedan recusarlos. El superior decidirá de plano y, si hallare fundada la causal de recusación o impedimento, procederá a reemplazarlo». De tal manera que ha de entenderse que las causales de impedimento y recusación que deben aplicarse son las establecidas en el ordenamiento procesal de que trata la materia objeto de la litis y en la que interviene el agente del ministerio público. En cuanto a la segunda pregunta, tanto el Código de Procedimiento Penal (artículo 56, numeral 4.°) como el de Procedimiento Civil (artículo 150, numeral 2.°) prohíben que el funcionario judicial haya dado consejo u opinión sobre el asunto

materia del proceso; esto es, que no se exige que el concepto sea vinculante o no, a la luz del artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, sino lo que importa es la manifestación de lo que se piensa sobre algo o alguien. Respecto al tercer cuestionamiento, si bien es cierto que los estatutos procesales antes mencionados hacen alusión a que el impedimento del agente del ministerio público debe resolverlo el superior, no lo es menos que el personero carece de él; pero el Decreto Ley 262 de 2000, en el artículo 75, numeral 16, le otorga facultades para ello al procurador regional de la comprensión departamental del personero municipal, en los siguientes términos: «Conocer y resolver los impedimentos manifestados por los funcionarios de su dependencia, los personeros y los procuradores provinciales, así como las recusaciones que contra ellos se formulen y designar los servidores que deban reemplazarlos». Finalmente, en lo que hace a los dos últimos interrogantes, la actuación, como bien sabe, se suspende hasta que el superior o quien tenga la facultad para Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios 2 Carrera 5.ª núm. 15 – 80. Piso 23 – www.procuraduria.gov.co hacerlo, resuelva de plano el impedimento. Por lo tanto, no puede pensarse que en este interregno siga actuando el personero presuntamente impedido. La presente respuesta únicamente constituye un criterio auxiliar de interpretación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 230 de la Constitución Política, 5.º de la Ley 153 de 1887 y 25 del Decreto 01 de 1984. Con toda atención,

JAIME BURGOS MARTÍNEZ

Procurador Auxiliar para Asuntos Disciplinarios (e.)

C-087-2009

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