PGN - IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO - Competencia

Concepto 029 2010 - 20240 Bogotá D.C., 11 de febrero de 2010 Honorables

MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO

Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Cuarta

E. S. D.

Consejera Ponente: Doctora MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Referencia: 47001233100020060087802

Radicado: 17771

Asunto: Impuesto de Alumbrado Público

Actor: ECOPETROL S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numerales 1°, 3° y 7° de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 30, 37 y 44 del Decreto 262 del 22 de febrero de 2000; y en la Resolución 371 del 6 de octubre de 2005 expedida por el Procurador General, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir concepto dentro del trámite del recurso de apelación en el asunto de la referencia.

ANTECEDENTES

1. La sociedad ECOPETROL S. A. acudió al Tribunal Administrativo del Magdalena y solicitó la nulidad de los Acuerdos 011 de 2003 -por el cual se estableció la tasa de alumbrado públicoy 005 de 2004 -que modificó el anterior-, expedidos por el Concejo Municipal de Zona Bananera (Magdalena).

En subsidio de esa pretensión solicitó la nulidad de los artículos 1, 2, 3, 4 y 6 del primero de los acuerdos mencionados, y 1 y 2 del segundo. Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado gbueno@procuraduria.gov.co

Carrera 5 15-80 Piso 19 Tel.:5 87 87 50 Ext. 11931 www.procuraduria.gov.co Expediente 17771 2 Citó como vulnerados los artículos 313 numeral 4, 338, 363 Constitucional; 1 literal a) de la ley 84 de 1915; 32 numeral 7 de la ley 136 de 1994; 16 del Decreto 1053 de1956; 1 del Decreto 850 de 1965 y 27 de la ley 141 de 1994. Como concepto de la violación adujo que la facultad de los municipios para crear tributos estaba sometida a los límites de la ley que los establecía y que por medio de los acuerdos demandados en el presente caso, el municipio había creado una ‘tasa’ sobre el servicio de alumbrado público respecto de actividades desarrolladas en su jurisdicción y había redefinido sus elementos, para lo cual carecía de autorización legal, pues la ley 97 de 1913 autorizó la creación del ‘impuesto’ sobre dicho servicio, concepto que era diferente al de la ‘tasa’. Indicó que mediante el Acuerdo 005 de 2004 el Municipio fijó como sujetos pasivos al usuario o suscriptor del servicio de energía, a los propietarios o poseedores de predios no incorporados al mismo y demás personas que desarrollen actividades en su jurisdicción, lo cual vulnera la prohibición de establecer impuestos municipales al petróleo y sus derivados.

2. El Tribunal accedió a las pretensiones mediante sentencia del 11 de marzo de 2009, por considerar que las facultades otorgadas a los municipios para el establecimiento de tributos estaba sujeta a la ley que los creaba y señalaba el

hecho generador y que, en el caso del alumbrado público, la indeterminación del objeto del tributo permitía su establecimiento al arbitrio de los municipios, lo cual vulneraba el principio de legalidad tributaria.1 Agregó que los acuerdos demandados no se habían ajustado a la norma superior porque habían tenido en cuenta diversas situaciones, tales como la actividad económica, lo cual violaba los principios tributarios, en especial resultaba desproporcionada la cuantía prevista para las empresas de petróleo si se tenía en cuenta la reciprocidad con el servicio de alumbrado público; por ello, y hasta que el legislador estableciera el hecho generador del mismo, los municipios no podían regularlo. 1 Citó las sentencias del 17 de julio de 2008 expediente 16170 y del 4 de septiembre de 2008. 3 Expediente 17771

3. El municipio interpuso el recurso de apelación con fundamento en que la sentencia vulneró el principio de congruencia y de justicia rogada, porque examinó la legalidad del hecho generador, sobre la cual no se le solicitó un pronunciamiento en la demanda.

Agrega que el fallo carece de motivación propia porque se limitó a comentar las sentencias sobre el tema, las cuales se sustentaron en una figura jurídica inexistente como es la inaplicación de la ley, procedente mediante la excepción de inconstitucionalidad, que no es el caso de la que creó el impuesto de alumbrado público en la medida que fue declarada exequible. Refiere la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la autonomía tributaria de los municipios conforme a la ley2, de donde esgrime la competencia de los

concejos municipales para regular los elementos del tributo a partir de la ley que lo crea junto con el hecho generador, elementos que están presentes en el caso del alumbrado público porque el impuesto se causa por la prestación de ese servicio. Dice que hay sustracción de materia en relación con las causales de nulidad aducidas en la demanda porque mediante el acuerdo 012 de 2006 se modificaron los acuerdos demandados en cuanto se cambió el término tasa por impuesto de alumbrado público. De otra parte, no se estableció impuesto alguno al petróleo, puesto que los acuerdos demandados sólo desarrollaron la ley 97 de 1913 que establecieron el impuesto sobre el alumbrado público respecto del cual no hay tratamiento preferencial. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO En los términos de la apelación interpuesta, se debe (i) examinar si el fallo es incongruente y carece de motivación; y, además, (ii) la competencia en cabeza de los municipios para establecer el impuesto de alumbrado público y si procede la sustracción de materia planteada.

1. Incongruencia y motivación. 2 C-035 de 2009.

Expediente 17771 4 El artículo 170 del C.C.A., acorde con los artículos 55 de la ley 270 de 1996 y 305 del C. de P. C., impone que la sentencia debe ser motivada, analizar los hechos, las pruebas, las normas jurídicas y los argumentos de las partes, todo con el fin de resolver todas las peticiones. Con fundamento en tales normas, la jurisprudencia3 ha definido la congruencia externa como la concordancia que debe existir entre las peticiones de las partes y

lo decidido en la sentencia. Concordante con lo anterior, el artículo 304 del C. de P. C.4 fija el alcance de la motivación de la sentencia al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios, necesarios, breves y precisos para fundamentar las conclusiones, y prevé que la parte resolutiva debe contener una decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones y demás asuntos que corresponda decidir. A partir de tal precepto, la jurisprudencia también ha señalado que la congruencia interna de la sentencia está referida a la armonía y concordancia que debe existir entre las conclusiones judiciales derivadas de las valoraciones fácticas, probatorias y jurídicas contenidas en la parte considerativa, con la decisión plasmada en la parte resolutiva del fallo. El artículo 230 constitucional prevé que el juez está sometido a la ley, y que la equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina, son criterios auxiliares. En el presente caso, la parte demandada apelante afirma que el Tribunal se pronunció sobre la legalidad del hecho generador, aspecto del cual la actora no solicitó un pronunciamiento, y que declaró la nulidad de los actos demandados sin pruebas ni motivación propia, pues se limitó a comentar la jurisprudencia sobre el tema. Se observa que la demandante solicitó expresamente la nulidad de los acuerdos 011 de 2003 y 005 de 2004, porque el municipio carecía de autorización legal para 3 Sentencia del 23 de marzo de 2006 del Consejo de Estado, expediente 14415. 4 Aplicable por remisión del artículo 267 del C.C.A.

5 Expediente 17771 crear una tasa de alumbrado público, ya que la ley había establecido por este concepto un impuesto. Frente a ello el Tribunal accedió a esa pretensión al destacar que la facultad del municipio para establecer impuestos está sujeta a la ley que los crea, y porque consideró que en la ley 97de 1913 no se había determinado el hecho generador del mencionado tributo y por ello no era inaplicable acorde con la jurisprudencia del Consejo de Estado. Concluyó que los actos demandados se habían expedido sin ajustarse a la norma superior porque tuvieron en cuenta situaciones diversas como elementos del mencionado tributo. De lo anterior se evidencia que la demanda se sustentó en la falta de autorización legal para crear la tasa a que se refieren los acuerdos demandados y que el Tribunal consideró inaplicable la norma que la creó, porque no contenía el hecho generador del tributo, según la jurisprudencia. Si bien la sentencia se refirió en mayor parte a la ausencia del hecho generador, en todo caso concluyó que por ello la ley 97 de 1913 era inaplicable5, lo cual equivale a considerar que el tributo carecía de fundamento legal, es decir sin autorización legal, que fue el concepto de violación de la nulidad solicitada en la demanda. Para efectos de la inconformidad del apelante que es objeto de examen, ese análisis efectuado por el Tribunal es propio de la acción de nulidad contenida en el artículo 84 del C.C.A., que fue la incoada y, por lo tanto, no requería el examen de determinada clase de pruebas. Es decir, que la sentencia de primera instancia fue congruente con las

pretensiones y debidamente motivada en cuanto que el Tribunal realizó el análisis normativo correspondiente y esgrimió el respaldo jurisprudencial de sus 5 Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que “De la condición jerárquica del sistema jurídico se desprende la necesidad de inaplicar aquellas disposiciones que por ser contrarias a aquellas otras de las cuales derivan su validez, dan lugar a la ruptura de la armonía normativa.” (Sentencia C-037 de 2000) Expediente 17771 6 conclusiones, independientemente de si le asiste o no razón en el aspecto de fondo, por lo cual carece de asidero el planteamiento de la apelante en este punto.

2. Competencia impositiva del municipio.

En relación con el principio de legalidad en materia de impuestos, por mandato del numeral 4° del artículo 313 Constitucional, los concejos municipales pueden establecer tributos, pero siempre de conformidad con la Constitución y la ley, es decir dentro del marco de la ley que crea el tributo. En concordancia con dicha norma, el artículo 338 de la Constitución Política autoriza, en tiempo de paz, a los concejos distritales y municipales para imponer contribuciones fiscales o parafiscales y dispone que los acuerdos fijen directamente los elementos del tributo. En tal sentido la Corte Constitucional precisó6 que tratándose de impuestos del orden territorial siempre debe mediar la intervención del legislador bajo una de dos hipótesis: en la primera, que la propia ley agote los elementos del tributo, caso en el cual las entidades territoriales tendrán la autonomía para decidir si adoptan o no el impuesto y, en la segunda, puede ser una ley de autorizaciones, donde

serán las correspondientes corporaciones de representación popular, en el ámbito territorial, las encargadas de desarrollar el tributo autorizado por la ley. En armonía con lo anterior, el Consejo de Estado, al modificar la jurisprudencia que desconocía la facultad de los Concejos Municipales para establecer los elementos de los tributos consagrados en la Ley 97 de 19137, indicó que no podía sostenerse válidamente, desde esa perspectiva constitucional, la "indefinición" de la Ley 97 de 1913 al no fijar los elementos o parámetros del impuesto en cuestión, pues los presupuestos del tributo también podían ser establecidos por los Acuerdos, en virtud de las facultades otorgadas por el artículo 338 de la Constitución Política y de los principios de autonomía y descentralización territorial previstos en la Carta. 6 Sentencia C-227 de 2002, entre otras. 7 Mediante sentencia del 9 de julio de 2009, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, expediente 16544, se determinó que los municipios si tenían facultades para establecer los elementos del impuesto sobre el alumbrado público, al modificar la jurisprudencia anterior (expediente 16170). 7 Expediente 17771 2.1. El tributo creado. En el presente caso se observa que el literal d) del artículo 1° de la ley 97 de 1913 autorizó al Concejo Municipal de Bogotá para crear el “impuesto sobre el servicio de alumbrado público” y el artículo 1° de la ley 84 de 1915 extendió esa autorización a los demás concejos municipales. Aunque tal norma preveía que las asambleas departamentales debían conferir a

los municipios esa facultad, esta prerrogativa se debe entender abolida, pues según lo indicado por la Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 338 de la actual Constitución Política en el aparte antes mencionado, los municipios están facultados para fijar los elementos del tributo cuando la ley que lo crea no los señala. Ahora bien, la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad del literal d) del artículo 1° de la ley 97 de 19138, precisó que el Legislador había autorizado al Concejo Municipal de Bogotá para crear el Impuesto de Alumbrado Público y que esa autorización tenía cabal correspondencia entre el artículo 1° de la ley 97 de 1913 y los artículos 313-4 y 338 Constitucionales, pues en relación con los tributos territoriales el Congreso de la República no podía reglamentar todo. Según la Corte, el literal d) del mencionado artículo 1°, relativo a dicho impuesto, exhibía las notas distintivas de la legalidad constitucional, toda vez que en conexidad con el inciso que lo precedía, le señalaban al Concejo de Bogotá un marco de acción impositiva sin hacerle concesiones a la indeterminación ni a la violación de la autonomía territorial que asistía al hoy Distrito Capital y a cuyo Concejo el legislador había dejado la determinación de los demás sujetos pasivos y de las tarifas, en armonía con los artículos 338 y 313-4 de la Constitución Política, que a las claras facultaban a los concejos para votar los tributos de su jurisdicción bajo la concurrencia del ordenamiento superior y de la ley. 8 Sentencia C-504 de 2002. Expediente 17771 8

En criterio del Ministerio Público, las consideraciones de la decisión de exequibilidad del literal d) del artículo 1° de la ley 97 de 1913, son suficientes para concluir que los municipios tienen la facultad para establecer los elementos del Impuesto de Alumbrado Público, en cuanto la Corte encontró conforme con el ordenamiento superior la norma que creó dicho impuesto, a partir de la cual procede tal facultad. Esa facultad no se puede controvertir o poner en duda por el carácter definitivo, incontrovertible e inmutable que el artículo 243 de la Constitución Política otorga, por fuerza de la cosa juzgada, a las sentencias de la Corte Constitucional, en cumplimiento de su misión de asegurar la supremacía de la Carta.9 Ahora bien, el supuesto de que la ley que crea el impuesto no necesariamente debe fijar sus elementos, caso en el cual los puede determinar la entidad territorial, coincide con la forma como el Impuesto de Alumbrado Público fue establecido en el artículo 1° de la ley 97 de 1913. En efecto, dicho precepto solamente creó el mencionado tributo sin señalar los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y la tarifa del impuesto, elementos éstos que el municipio podía establecer, de conformidad con lo hasta aquí expresado. En relación con el tributo sobre el servicio de alumbrado público, el Consejo de Estado10 determinó que era un impuesto, según la definición de servicio de alumbrado público contenida en el artículo 1° de la Resolución 043 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG, el sometimiento al mismo por

el beneficio a la comunidad en general, su cobro indiscriminado, la ausencia de una relación directa entre el tributo cobrado y el beneficio al que accede, su destino a las arcas generales y no a un servicio público específico y la fijación de tarifas según la capacidad de pago. 2.2. Elementos del tributo en los actos acusados. 9 Cuando la Corte Constitucional no señala expresamente en la parte motiva o resolutiva el alcance de la cosa juzgada, se debe entender que ésta tiene carácter absoluto. (Sentencia C-1316 de 2001) 10 Sentencia del 6 de agosto de 2009, expediente 16315. 9 Expediente 17771 El acuerdo 011 de 2003 estableció el tributo de alumbrado público creado en la ley 97 de 1913 como una tasa, debiendo entenderse que se refiere a dicho impuesto; señaló los sujetos activos y pasivos, fijó el monto a recuperar y la tarifa en valores mensuales por estratos para el sector (i) residencial, y regulado, no regulado y por niveles, para el (ii) industrial, (iii) comercial y (IV) oficial; para los predios no suscriptores fijó un porcentaje del impuesto predial y, en particular en SMMLV para determinadas empresas, entre otras, de servicios públicos, financieras, peajes y a las de explotación y comercialización de petróleos por la utilización del municipio para la conducción de sus productos. El Acuerdo 005 de 2004 modificó los sujetos pasivos en el sentido de adicionarlos con las personas que desarrollen actividades económicas en el municipio, la tarifa por porcentajes sobre el consumo de energía para cada sector de los

mencionados en el acuerdo anterior e incrementó los SMMLV para las empresas enunciadas, incluyendo, entre otras, a las empresas de energía según su capacidad nominal o líneas de transmisión. En el fallo que se comenta, el Consejo de Estado11 indicó que el servicio de alumbrado público se prestaba de manera general a todos los habitantes de un territorio en razón de sus particulares características, lo cual justificaba el cobro del impuesto con ese mismo criterio de generalidad y que la tarifa tenía en cuenta la capacidad de pago de cada contribuyente. En los actos demandados se fijaron las tarifas por estratos en el sector residencial y por porcentajes para los demás sectores, según los niveles previstos, regulado y no regulado, si era industrial, hotelero y oficial. El Ministerio Público considera que esa clasificación sirve de parámetro para medir la capacidad contributiva que en cada sector es diferente, teniendo en cuenta que el carácter de impuesto del gravamen por concepto de alumbrado público implica que todos los habitantes de un municipio están obligados a pagarlo, según su condición económica. 11 Expediente 16544. Expediente 17771 10 Sin embargo, observa que en el caso de la clasificación correspondiente a las tarifas según el impuesto predial y la de empresas según su actividad, no guarda relación con la clasificación anterior por sectores según su especialidad industrial, comercial hotelera u oficial, acorde con lo señalado en la demanda. De lo dispuesto en la ley 97 de 1913 -que creó el impuesto de alumbrado públicono se desprende que la voluntad del legislador para calcular la capacidad contributiva de los sujetos pasivos hubiera sido la de tener en cuenta el valor del

impuesto predial ni el desarrollo de determinadas actividades, pues ello riñe con la generalidad del impuesto por sectores de los mencionados dentro del cual se ubican. Aplicar la tarifa a esos hechos -predial y actividades desarrolladas en el municipio– representa un cobro adicional a los impuestos específicos, como el predial y de industria y comercio con los que se encuentran gravados12, los cuales son ajenos al ‘servicio de alumbrado público’ que, en principio, según la redacción de la ley 97 de 1913, es el hecho por el cual se grava. De tal manera que esos hechos no pueden servir de sustento para medir la capacidad contributiva de los sujetos pasivos como se hizo en los parágrafos 1 y 2 del artículo 6 del Acuerdo 011 de 2003 y parágrafo 2 del artículo 2 del acuerdo 005 de 2004 demandados, porque no corresponden a un criterio general como el que debe prevalecer cuando se trata de un impuesto, como en este caso, cuya característica es precisamente la generalidad. Puesto que de lo que se trata es de tomar esas entidades como personas jurídicas obligadas al pago del impuesto según cada sector de los que tuvieron en cuenta los actos demandados para distribuir el gravamen - industrial, comercial o de servicios - lo cual implica tener en cuenta que por pertenecer a uno de tales sectores, tienen una capacidad de pago distinta de aquél que no pertenezca a uno de estos, como es el caso del residencial. Esa es una circunstancia que guarda relación con el impuesto sobre el servicio de alumbrado, pues según el sector donde se encuentre un sujeto pasivo, el tributo 12 Ley 44 de 1990 y Artículo 32 de la ley 14 de 1983.

11 Expediente 17771 no grava ninguna actividad, sino el ‘hecho’ de recibir el servicio de alumbrado público. Si bien el hecho de que un sujeto pasivo pertenezca a uno de tales sectores para efectos de la tarifa, implica que realiza la actividad de ese respectivo sector, es un parámetro válido para aplicarla, que cumple con la ‘generalidad’ que caracteriza al impuesto, lo cual no ocurre cuando se discriminan sujetos pasivos y se les asigna un tarifa más alta por el hecho de realizar determinada actividad, como ocurre en el caso que se examina, y no por el hecho del servicio de alumbrado público como corresponde, consistente13 en la iluminación de los sitios públicos y demás espacios de libre circulación, que no se encuentren a cargo de ninguna persona natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio y que tiene por objeto proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto vehiculares como peatonales. Aceptar la forma en que los actos acusados establecen el tributo en mención, deja abierta la posibilidad para que los municipios graven de manera especial y en forma selectiva a ciertos sujetos pasivos, aún pertenecientes a un mismo sector y muy a pesar de la generalidad del impuesto que también implica un gravamen general. Si bien se debe medir la capacidad contributiva de los sujetos pasivos para efectos de imponer el tributo, y se sabe que esa medida la dan los ingresos del contribuyente, ello no necesariamente implica que por el hecho de realizar determinada actividad de la cual obtiene ingentes ingresos, se le deba discriminar del sector al que pertenece y que ha sido tomado como parámetro para efectos de la tarifa, pues se apartaría del criterio de generalidad que rige el impuesto y de la

relación con el hecho generador. Así lo reconoció el Consejo de Estado al indicar que el valor que se determine por el impuesto debe corresponder a una dimensión ínsita en el hecho imponible, que se derive o relacione con él, en que además consideró, en el caso de la capacidad de generación de energía eléctrica y de voltaje de las líneas de 13 Resolución 043 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG. Expediente 17771 12 transmisión que, pese a tener relación en general con la energía eléctrica, no la tenía en forma particular con el servicio público de alumbrado14. En esa misma condición se encuentra el hecho de tener en cuenta la actividad. Si bien en el servicio de alumbrado público no se cuenta con parámetros que resulten adecuados para determinar el valor del impuesto, ello no autoriza al municipio para tener en cuenta el impuesto predial o la actividad del contribuyente que obviamente conlleva determinados ingresos, y gravarla más por estos aspectos que por la relación con el servicio de alumbrado público, que es el hecho generador por el cual se debe cobrar, lo cual puede resultar discriminatorio y desmesurado entre contribuyentes de un mismo sector. Al desarrollar la facultad para crear los elementos de dicho tributo, los municipios también deben acatar los principios de equidad, eficiencia y progresividad que rigen el sistema tributario por mandato constitucional15, aunque no se encuentren inmersos en la ley que crea el tributo porque el legislador no los tuvo en cuenta como le correspondía. El hecho de que ello no ocurra como en este caso, en que de la ley 97 de 1913 no

se desprenden los parámetros para medir la capacidad contributiva del impuesto al servicio de alumbrado público, no autoriza a los municipios para desacatar tales principios. De ahí que en el presente caso, este Despacho no ve la razón por la cual, para cobrar el impuesto de alumbrado público, se deba discriminar con base en el predial, que es de carácter real y no admite aspectos ajenos a la existencia del predio y sus características por lo cual se cobra, o por la actividad de determinadas empresas. En particular, se advierte que sobre la actividad del transporte y almacenamiento de combustibles, se desataca que el artículo 16 del Decreto 1056 de 1956 prevé: “La exploración y explotación del petróleo, el petróleo que se obtenga, sus derivados y su transporte, las maquinarias y demás elementos que 14 Sentencia del 6 de agosto de 2009, expediente 16315. 15 Artículo 363 de la Constitución Política. 13 Expediente 17771 se necesitaren para su beneficio y para la construcción y conservación de refinerías y oleoductos, quedan exentos de toda clase de impuestos departamentales y municipales, directos o indirectos, lo mismo que del impuesto fluvial.” “(…)” Como el impuesto del servicio de alumbrado público, por disposición legal, acorde con lo expuesto anteriormente, es de carácter municipal, en la medida en que gravan el transporte y almacenaje de combustible, vulneran la anterior disposición. En el examen de exequibilidad de tal norma, la Corte Constitucional no estableció ninguna condición o limitación a la vigencia de dicha exención, conforme quedó plasmado al referirse a que la prohibición a los entes territoriales de gravar las

actividades señaladas en dicho precepto, correspondía a una atribución del legislador porque se trataba de uno de los recursos naturales de mayor impacto económico en el país y que por tanto, el mencionado precepto no era inconstitucional y llevaba implícita la posibilidad de ser modificado según las circunstancias de la política económica del país.16 Por tal razón, se considera que la sentencia se debe revocar parcialmente, en cuando se deben anular solamente las siguientes normas: Del acuerdo 011 de 2003: el artículo 2, que define el tributo como una tasa, carácter que no tiene conforme se expuso; el artículo 5, que en forma concordante establece un costo por recuperación del servicio de alumbrado público; los parágrafos 1 y 2 del artículo 6, por tener en cuenta el impuesto predial y las actividades de los sujetos pasivos allí relacionados; y el parágrafo 3, en cuanto prevé una diferencia por más de una categoría a la que pertenezca un usuario, discriminación que no procede. Del acuerdo 005 de 2004: el parágrafo 2 del artículo 2, que estableció la tarifa según las actividades de los sujetos pasivos allí indicados. 16 Sentencia C-537 de 1998. Expediente 17771 14 Por lo anterior, esta agencia del Ministerio Público solicita respetuosamente a la H. Sala, revocar parcialmente la sentencia apelada, en el sentido de anular solamente las normas mencionados y negar las demás pretensiones. Señores Consejeros, con toda atención,

GUILLERMO BUENO MIRANDA

Procurador Sexto Delegado ante el Consejo de Estado