PGN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA - El anticipo no es parte de la liquidación oficial de revis

Concepto No. 017 Bogotá D.C., 9 de febrero de 2004

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejera Ponente Dra.: MARÍA INÉS ORTIZ BARBOSA Referencia: 0500123240001996162901

Radicado: 13013

Asunto: Impuesto de Renta

Actor: EDUARDO LONDOÑO E HIJOS

SUCESORES LIMITADA

-EDUARDOÑO LIMITADADemandado: MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / U.A.E DIAN De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numeral 7 de la Constitución Política; 127, 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo; en el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente Alegato de Conclusión.

I. ANTECEDENTES 1) El día 6 de abril de 1992, la Sociedad Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Limitada, presentó su declaración de renta por el año gravable 1991, determinándose un saldo a favor por la suma de

DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($16.047.000). Dicha

Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado Carrera 10 16-82 Oficina 803

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2 Expediente No. 13013 declaración fue corregida por la misma contribuyente, el día 29 de septiembre de 1993, manteniendo el saldo a favor antes mencionado. 2) La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales notifica a la sociedad demandante, el día 22 de junio de 1994, Requerimiento Especial identificado con el número 1-067-7-064. 3) El 22 de marzo del año 1995, le practicaron a la demandante Liquidación Oficial de Revisión número 034. 4) Contra el precitado acto administrativo, el día 18 de mayo de 1995, la sociedad interpone recurso de reconsideración, el cual fue decidido desfavorablemente el 15 de abril de 1996, por la División Jurídica de la DIAN, mediante Resolución número 0098; para la notificación de esta resolución se envió la citación correspondiente por correo, sin embargo ésta fue devuelta a la Administración -según radicado de 24 de mayo de 1996-, razón por la cual se procedió a su notificación por edicto. El contribuyente conoció de la decisión el día 31 de mayo de 1996, tiempo en el que, según él, el término del artículo 732 del Estatuto Tributario ya había vencido. 5) Previa la notificación de la Resolución que decidió el recurso de reconsideración, la sociedad demandante mediante escrito de fecha 30 de enero de 1996, expresó su intención de acogerse al beneficio de amnistía consagrado en el artículo 245 de la Ley 223 de 1995 y para el efecto, desistió del recurso de la vía gubernativa; sin embargo, la

respuesta al saneamiento propuesto no es resuelta por la Administración sino luego de haber decidido el recurso de reconsideración. 3 Expediente No. 13013 6) El 9 de septiembre de 1996, Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Limitada, interpuso ante el H. Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, exponiendo como fundamentos de la misma los siguientes: a) Pretensión Principa l. - Afirma la sociedad, que los artículos 245 y 247 de la Ley 223 de 1995 y los artículos 14 y 17 del Decreto 196 de 1998, fueron vulnerados por la Administración Tributaria debido a que ésta procedió a resolver el recurso de reconsideración sin decidir previa o bien simultáneamente la solicitud de saneamiento. Asevera que quien se ve afectado por una situación semejante tiene derecho a que se agote en debida forma la vía gubernativa y por ende la situación ha debido retrotraerse al momento en que se presentó la expedición de la Resolución 00098 de 1996, la cual se realizó de forma irregular y cuyo contenido adolece de falsa motivación parcial, toda vez que omitió pronunciarse acerca del saneamiento, rompiendo así la unidad del proceso. b) Pretensión Subsidiaria . - Plantea la sociedad demandante la vulneración de los artículos 742, 743 y 746 del Estatuto Tributario, 2º del Decreto 624 de 1988, 22 del Decreto 825 de 1978, 4 y 29 de la Constitución Política, puesto que la presunción de veracidad de que están investidas las declaraciones

de renta, las adiciones a las mismas y las respuestas a los requerimientos, puede ser desvirtuada por la Administración únicamente mediante la obtención de pruebas, que hayan sido practicadas conforme al debido proceso. La violación antedicha se manifiesta, según la sociedad demandante, al no haber sido 4 Expediente No. 13013 notificada la providencia que decretó en su momento la inspección tributaria, convirtiendo la prueba obtenida por la Administración en prueba ilegal. - Argumenta además la vulneración de los cánones de los artículos 564, 565, 568, 703, 704, 710, 711, 714 y 730 del Estatuto Tributario, en el sentido que no se notificó el requerimiento especial previo a la liquidación de revisión y, en consecuencia, el contribuyente estuvo en imposibilidad física y jurídica de responderlo o impugnarlo; así las cosas, asevera la sociedad que la liquidación de revisión se expidió con anterioridad al término establecido para ello, puesto que éste sólo podía contabilizarse a partir del vencimiento del término previsto para dar respuesta al requerimiento especial. - Reitera la violación del texto del artículo 245 de la Ley 233 de 1995 y de los artículos 14 y 17 del Decreto 196 de 1996, por considerar que a la Administración no le era dado guardar silencio respecto de la solicitud de saneamiento por ella elevada. - Manifiesta la flagrante violación de los artículos 730 y 744-4 del estatuto Tributario, 140-6 y 152-6 del Código de Procedimiento Civil, puesto que no fueron decretadas las pruebas solicitadas por la

sociedad contribuyente. - Expone también, la vulneración de los cánones de los artículos 564, 565 y 732 del Estatuto Tributario, 41 y 42 del Código de Procedimiento Civil, en el sentido que la notificación de la Resolución 00098 que resolvió el recurso de reconsideración, no fue realizada en la forma y término previstos en las normas en cita, dando lugar a la configuración del silencia administrativo positivo de conformidad con le texto del artículo 734 del Estatuto Tributario. 5 Expediente No. 13013 - Afirma que existe violación de los artículos 1º de la Ley 49 de 1990 y su Decreto Reglamentario 836 de 1991, 742, 743, 744, 745, y 746 del Estatuto Tributario, ya que se inaplicaron los procedimientos establecidos para las notificaciones, contabilidad y saneamiento de divisas. - Asevera la sociedad, que se configuró la violación de los artículos 48 a 58 del Código de Comercio y 772 a 774 del Estatuto Tributario, al no haber sido valorada la contabilidad de la empresa, la cual reunía todos y cada uno de los requisitos exigidos por las normas citadas. - Argumenta la violación de los artículos 647 y 807 del Estatuto Tributario, en el entendido que el anticipo no ha debido reliquidarse con ocasión de la liquidación de revisión. - Finalmente, expresa que existiendo una diferencia de criterios no es procedente la sanción por inexactitud propuesta por la Administración. 7) El día 3 de febrero de 2000, el H. Tribunal Administrativo de Antioquia, emite sentencia por virtud de la cual decide resolver

desfavorablemente todas las pretensiones de la demanda con excepción de la relacionada con la inclusión del anticipo en la liquidación de revisión. 8) Tanto la sociedad demandante como la Administración de Impuestos presentan recursos de apelación, oponiéndose a las decisiones que les resultaban desfavorables respectivamente.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

6 Expediente No. 13013 Con el objeto de pronunciarse en el proceso de la referencia, esta Agencia del Ministerio Público estima oportuno analizar cada una de las razones expuestas por los apelantes en aras de verificar si hay o no lugar a mantener la legalidad de los actos demandados que dieron lugar a la controversia: Razones aducidas por la sociedad Eduardo Londoño e Hijos Sucesores

Limitada: Pretensión Principal.

El saneamiento de impugnaciones era un beneficio autorizado por la Ley 223 de 1995, cuya solicitud por parte del contribuyente había de ser aceptada por la Administración Tributaria en el evento en que éste hubiese cumplido con todas las reglas, términos y procedimientos consagrados en el artículo 245 de la citada ley. El plazo establecido para que la Administración de Impuestos se pronunciara respecto de la petición presentada por el contribuyente para acogerse a tal beneficio estaba consagrado, a su vez, en el artículo 17 del Decreto 0196 de 1996. “ART. 17. “TÉRMINO PARA RESOLVER SOLICITUDES DE SANEAMIENTO. Las solicitudes para acogerse a los saneamientos previstos en los artículos 13, 14 y 15 del presente Decreto, deberán resolverse dentro de los treinta días

siguientes a su presentación en la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales correspondiente.” En el caso sub examine la sociedad Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Limitada, elevó la respectiva solicitud el día 30 de enero de 1996, aceptando los mayores impuestos determinados y desistiendo de la 7 Expediente No. 13013 impugnación de la operación administrativa de liquidación de revisión del impuesto sobre la renta del año gravable 1991 de que trataba la Liquidación identificada con le número 00034 como lo ordenaba la norma superior, razón por la cual a partir de éste día comenzó a correr el término que tenía la Administración para decidir; aquel lapso de treinta días venció el 12 de marzo de 1996, sin que la Administración hubiese notificado a la sociedad contribuyente decisión alguna. Conforme a las disposiciones generales consagradas en el Código Contencioso Administrativo que regulan el fenómeno del silencio administrativo, en el proceso de la referencia operó el silencio administrativo negativo, puesto que el legislador no estableció a favor del contribuyente norma especial que consagrara el silencio positivo en materia de saneamiento tributario. No obstante lo anterior, la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante Resolución número 013 de fecha 17 de abril de 1997 -momento posterior a la resolución del recurso de reconsideración y de la presentación de la demanda por parte de la sociedad contribuyente-, resuelve de manera morosa la solicitud de saneamiento en forma negativa, argumentando que la sociedad no había cumplido con el requisito formal de desistir de la acción frente a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa como lo exigía el artículo 246 de la ley 223 de 1995.

La aducida actuación administrativa es motivo de apelación por la parte actora, en el entendido que la Administración obró contrariando la ley al haber fallado prematuramente el recurso de reconsideración, sin antes haber decidido el solicitado saneamiento. Al respecto, esta Agencia del Ministerio Público, se adhiere a lo expuesto en su momento por el Procurador 31 Judicial y por el Honorable Tribunal 8 Expediente No. 13013 Administrativo de Antioquia, en el sentido que de conformidad con las disposiciones legales vigentes y la jurisprudencia del Consejo de Estado, después de vencido el plazo de que dispone la Administración para decidir una petición, le es aún dado pronunciarse, siempre y cuando el acto ficto no haya sido demandado ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, toda vez que la configuración del silencio administrativo negativo no deja sin competencia a la entidad para resolver la petición del particular, así sea en forma morosa como en el asunto bajo examen. En este sentido, el texto del inciso segundo del artículo 40 del Código Contencioso Administrativo es claro al expresar que “La ocurrencia del silencio administrativo negativo no eximirá de responsabilidad a las autoridades ni las excusará del deber de decidir sobre la petición inicial, salvo que el interesado haya hecho uso de los recursos de vía gubernativa con fundamento en él, contra el acto presunto.”(Se subraya). Así mismo, la Sección Primera del Honorable Consejo de Estado, en sentencia de fecha 26 de agosto de 1999, expediente número 5384, Consejera Ponente Dra. Olga Inés Navarrete Barrero, con ocasión del análisis suscitado luego de la declaración de inexequibilidad del artículo 7º

del Decreto 2304 de 1989, concluye que la operancia de la figura del silencio administrativo negativo no sustrae a la entidad la competencia para decidir los recursos, así: “…No concibo que el transcurso del tiempo, que da lugar a la ocurrencia del silencio administrativo procesal, haga perder a la autoridad administrativa su competencia para decidir sobre el recurso sometido a su consideración. Es cierto que el artículo 136 del C.C.A. establecía que: “Si se demanda un acto presunto, el término de caducidad será de cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquel en que se configure silencio negativo”. También lo es que la Corte Suprema de Justicia declaró exequible esta disposición. Sin embargo, esta norma no puede considerarse aislada sino dentro del contexto del ordenamiento que regula la institución del silencio de la Administración. 9 Expediente No. 13013 (...) Al efecto,... a) Al declarar la Corte Suprema de Justicia la inexequibilidad del artículo 7° del Decreto 2304 de 1989, que establecía que: “ El silencio negativo implica pérdida de la competencia de la administración para resolver los recursos “, la norma volvió a su concepción prístina inicial, conforme a la cual “ la ocurrencia del silencio administrativo negativo previsto en el inciso 1° no exime a la autoridad de responsabilidad, ni le impide resolver mientras no se haya acudido ante la jurisdicción contencioso administrativo”. b) La norma anterior, declarada inexequible por la Corte, era armónica y coherente con el artículo 136 en la parte atrás citada. De suerte que, habiendo

vuelto la normatividad sustancial al mantenimiento de la competencia administrativa, no es lógico ni jurídico que la disposición procedimental persistente mantenga su vigencia. Es ésta la que debiera acompasarse a la norma sustantiva subsistente, sin que se vea justificación para mantener un divorcio entre lo sustancial y lo procedimental, con una razón adicional y es la de que la norma de procedimiento significa una cortapisa al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, constitucionalmente consagrado. De lo anterior se concluye que le era dado a la Administración de Impuestos decidir la solicitud de saneamiento, aún vencido el término legal para hacerlo, puesto que la sociedad contribuyente no había acudido a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en aras de conseguir la nulidad el acto administrativo ficto, producto del silencio administrativo negativo; en efecto, la Sociedad demandante no incluyó dentro de sus pretensiones la nulidad del silencio negativo y al no desaparecer éste del mundo jurídico, el restablecimiento del derecho simplemente no resulta posible. Pretensión Subsidiaria. a) Violación al Debido Proceso: En escrito que sustenta el recurso de apelación, la Sociedad reitera que ni el Requerimiento Especial, ni la Liquidación de Revisión, ni aún la citación para notificar la Resolución que fallo el recurso, le fueron notificadas en debida forma, razón por la 10 Expediente No. 13013 cual pasados los dos años previstos en la ley para notificar, su liquidación privada es definitiva y se encuentra en firme.

Se desprende del análisis de los antecedentes administrativos que para efectos de notificación la sociedad contribuyente inicialmente informó a la Administración Tributaria que la dirección pertinente era la Carrera 48 # 14-68 de Medellín, sin embargo, el día 16 de junio de 1993, la sociedad otorga poder especial al Dr. Héctor Raúl Corchuelo Navarro, quien para efectos de las notificaciones suministra una nueva dirección en la zona rural del municipio de Chocontá. Ahora bien, recurre el apelante al argumento según el cual la Administración Postal no prestaba servicio a las zonas rurales, razón por la cual no resultaba posible notificar a la sociedad contribuyente a través de éste medio; sea lo primero afirmar que respecto de este asunto el Honorable Consejo de Estado se ha manifestado rechazando la conducta del contribuyente quien a sabiendas de la imposibilidad del correo de acceder a la zona rural informada para efectos de la notificación, aún así suministra tal dirección con el fin último de eludir esa obligación, así: “En efecto, si la misma accionante, no solamente admite, sino que afirma y pretende demostrar que no existe tal servicio de “correo rural”, como de hecho no se ha probado que exista o que hubiera existido alguna vez, es palmario que incurrió en grave omisión al no haber suministrado una dirección utilizable para efectos de las notificaciones por correo, en los términos del parágrafo 2º del artículo 1º del Decreto 88 de 1998, concordante con el 15 de la Ley 49 de 1990, o una “para efectos procesales”, de conformidad con el artículo 76, inciso 4º, del

Decreto 2503 de 1987, a la que tuviera acceso el servicio de correos nacionales, omisión que implica, por una parte, la flagrante obstrucción del proceso de determinación y discusión del tributo y, por otra, la ostensible carencia de legitimación en dicho proceso para desvirtuar la notificación postal, tanto de la liquidación oficial como del aviso de citación para notificación, practicada por la Administración por el principio universal de derecho, de que a nadie le es lícito alegar en su defensa su propio error o negligencia”1. 1 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 24 de noviembre de 1995, Magistrada Ponente Dra. CONSUELO SARRIA OLCOS, Actor: Rafael Espinosa Hermanos. 11 Expediente No. 13013 En consecuencia, es de aclarar que en el proceso de la referencia a la sociedad apelante no le es dado aducir su propio error para demostrar la imposibilidad del servicio Adpostal para llegar a la zona; habiendo provocado el interesado la situación que se examina no puede ahora so pretexto de no haber sido notificado pretender provocar la nulidad de los actos administrativos objeto de la demanda. b) Decreto de Pruebas: Argumenta la sociedad contribuyente que previa la resolución del recurso, la Administración de Impuestos no rechazó ni decretó las pruebas pertinentes, limitándose a hablar sobre ellas en el fallo y haciendo imposible la impugnación negativa. Respecto al hecho de no haber decretado la Administración las pruebas solicitadas oportunamente por el contribuyente, esta Procuraduría Delegada considera que si bien en el fallo del recurso no se hizo pronunciamiento expreso acerca de algunas de las pruebas

solicitadas, tal circunstancia no genera nulidad alguna, puesto que es evidente que los hechos que se pretendían probar, tales como la indebida notificación al contribuyente, se logró desvirtuar mediante otros medios probatorios. Tal omisión no afectó el derecho de defensa de la sociedad apelante en la medida en que ésta tuvo la oportunidad de controvertir las pruebas existentes, tanto en la vía gubernativa como ante la Jurisdicción Contenciosa. c) Contabilidad: Arguye la apelante que la contabilidad de la sociedad reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos por los artículos 48 a 58 del Código de Comercio y 772 a 774 del Estatuto Tributario, presentando razonablemente y en forma clara la actividad de la sociedad tanto como mercaderista como productora de tipo artesanal, mostrando de manera adecuada tanto sus ingresos, como sus costos y sus deducciones. 12 Expediente No. 13013 Se desprende del acervo probatorio que en diciembre de 1991 la Sociedad registra un incremento de capital en efectivo por el valor de UN MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.700.000.000); la totalidad de este dinero fue destinado al pago de pasivos con las personas naturales socias de las sociedades civiles que componen la sociedad

EDUARDOÑO.

Tras la inspección tributaria, la Administración de Impuestos logra comprobar que uno de los aquellos pasivos pagados a uno de los socios mayoritarios, por el valor de SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($650.099.577, no contaba con ningún documento idóneo que lo

1. soportara para dar efectivo cumplimiento al artículo 283 del Estatuto Tributario –valga decir que la Administración requirió a la sociedad solicitando los documentos soportes, sin obtener respuesta por parte de esta, razón por la cual la sociedad apelante ya fue sancionada

(Sentencia de 9 de octubre de 2003, H. Consejo de Estado)-. También encontró la Administración, luego de solicitar información a la Asociación Bancaria Colombiana Central de Información del sector Financiero (CIFIN) –ver folios 1476 a 1507-, que ninguna de las personas naturales socias, ni aún las sociedades civiles, poseían los recursos económicos suficientes para mover cifras tan altas; así por ejemplo se verificó que el dinero provenía de cuentas corrientes que mantenían saldos mínimos de quince mil y hasta seis mil trescientos pesos (ver folios 1210 a 1389). El dinero recibido por estas personas socias luego del supuesto pago de pasivos con ellas adquirido, no fue canalizado a través del sistema financiero, según se estableció del estudio de los extractos bancarios e 13 Expediente No. 13013 información suministrada por la CIFIN. Sin embargo a los pocos días éste dinero, en la misma cantidad recibida por cada socio, es devuelta en forma de préstamo a la Sociedad Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Limitada. Estos movimientos realizados por la Sociedad apelante son repetitivos, ya que lo descrito sucede durante el año 1991 y es repetido en 1992; lo que deja la sensación de una ficción en los pasivos adquiridos por la sociedad. Además, la Administración Tributaria comprueba que el promedio

normal de la cuenta “caja mayor general” durante los meses de 1991 a excepción del mes de diciembre donde se llevó a cabo la capitalización era de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) aproximadamente, lo que contrasta con el saldo a diciembre 31 del mismo año que era de MIL SESENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL VEINTIÚN PESOS ($1.062.037.021); valor este que pasa a ser el promedio normal de la caja hasta septiembre de 1992, situación ésta que escapa de los parámetros normales, no sólo teniendo en cuenta la situación de inseguridad que vive el país sino también considerando que, desde el punto de vista económico, no resulta justificable dejar tal cantidad de dinero sin producir ninguna rentabilidad. Aún más extraño resulta ser el hecho que aún cuando la sociedad contaba con este flujo de caja, los socios siguieran realizando préstamos a Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Ltda. Todos los hechos descritos, no desvirtuados por medio probatorio alguno por parte de la sociedad apelante, llevan a esta Agencia a concluir que la sociedad utilizó un mecanismo irregular para ingresar dineros provenientes de la omisión de ingresos, bajo el concepto de 14 Expediente No. 13013 pasivos, sin los soportes exigidos por la Ley, los cuales luego se cancelaron mediante una capitalización a la sociedad. Las irregularidades detectadas durante la inspección tributaria hacen que la contabilidad no refleje el verdadero movimiento de la misma; no encontrando soporte ni respaldo que justifique el ingreso no ha de prosperar el cargo aducido por el apelante. d) Saneamiento de Divisas: Afirma la apelante que en el memorial del

recurso de reconsideración se explica con claridad que quienes se acogieron al beneficio de saneamiento de divisas fueron las personas naturales y socias de las sociedades que a su vez eran socias de Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Limitada, de tal manera que mal podría la Administración de Impuestos buscar saneamientos de divisas en la declaración de renta de la sociedad apelante por el año gravable 1990, cuando ella no fue quien saneó tales dineros en moneda extranjera. El saneamiento fiscal de divisas de que trata el artículo 1º de la Ley 49 de 1990, en concordancia con lo establecido en el Decreto reglamentario 836 de 1991 y el artículo 4º del Decreto 1402 de 1991, resultaba ser un beneficio al cual los contribuyentes de impuesto a la renta podían acogerse en el entendido que éstos hubieren incurrido en omisión de activos representados en moneda extranjera o bienes poseídos en el exterior, incluyendo el valor de los mismos en la declaración de renta del año 1990, la cual habría de ser presentada a más tardar el día 3 de junio de 1992. El aumento patrimonial no generaría ni renta por comparación patrimonial, ni sanciones, ni sería objeto de requerimientos o liquidaciones de revisión por parte de la Administración por los períodos 1990 y anteriores siempre y cuando se cumplieran los requisitos establecidos para el efecto. 15 Expediente No. 13013 Ahora bien, la prueba del saneamiento de divisas que efectuaron los socios individualmente considerados no pueden ser tenidos en cuenta como prueba dentro del proceso, toda vez para efectos tributarios,

existe total independencia de los contribuyentes como personas naturales y de los contribuyentes como personas jurídicas, aún cuando estás personas resulten ser los socios capitalistas de la sociedad contribuyente investigada; de lo contrario se podría incurrir en una confusión de masas patrimoniales. Aunque como consecuencia lógica del saneamiento de las socios, pueda eventualmente reflejarse en una capitalización de la sociedad, la misma debe reunir lo requisitos del Código de Comercio y, en todo caso, debe soportarse contable y tributariamente, como analizaremos a continuación: Eduardo Londoño e Hijos Sucesores Ltda., ha debido acogerse al beneficio de saneamiento de divisas como persona jurídica que es, cumpliendo todos los requisitos consagrados en el artículo 1º de la Ley 49 de 1990, para que de manera independiente sus ingresos hubieren sido saneados; no por sanearse las divisas de los socios se sanean las divisas que dicen “haber capitalizado” la sociedad contribuyente. No existiendo prueba alguna que fundamente el saneamiento de divisas de la sociedad investigada fiscalmente, este cargo no habrá de prosperar. e) Sanción por inexactitud: expuesto como está que el contribuyente no facturó, declaró ni contabilizó la totalidad de los ingresos obtenidos y que además incluyó costos y pasivos inexistentes con el objeto de obtener una reducción en la base gravable, se estima oportuno 16 Expediente No. 13013 mantener la sanción por inexactitud, conforme al texto del artículo 647 del Estatuto Tributario. Finalmente, en cuanto a las razones aducidas por la Administración Tributaria, es pertinente precisar los siguientes aspectos:

• Anticipo: Manifiesta la Administración que al no encontrar la liquidación del anticipo en la liquidación privada y al no haber prueba del pago del mismo, válidamente ésta tuvo a bien incluirla en la liquidación oficial de revisión propuesta.

Respecto de este punto se considera que ha de estarse a lo expuesto en anteriores ocasiones por el Honorable Consejo de Estado, tal como lo reitera el H. Tribunal Administrativo de Antioquia en su sentencia, en el sentido que el anticipo no debe formar parte de la liquidación oficial de revisión, puesto que por el transcurso del tiempo pierde tal condición para convertirse en impuesto liquidado y cancelado, como quiera que ya se ha presentado o ha debido presentarse la declaración a la cual correspondía el pago anticipado; afirma la Corporación: “Sobre la determinación del anticipo por un período gravable distinto de aquel por el cual se practica la liquidación de revisión, en realidad no puede hacer parte la liquidación de revisión por cuanto cuando se efectúa esta última, la suma determinada como anticipo ha dejado de ser hipotética y ya se ha presentado o ha debido presentarse la declaración de renta correspondiente al período al cual correspondió el anticipo y por tanto perdió la razón de ser de su existencia como “anticipo”...”2 2 ? Consejo de Estado, Sentencia de 27 de septiembre de 1993, Magistrado Ponente Dr. Jaime Abella Zárate. 17 Expediente No. 13013 En virtud de lo expuesto esta Agencia del Ministerio Público estima oportuno confirmar en todas sus partes la sentencia emitida por el H. Tribunal Administrativo de Antioquia. Señores Consejeros, con toda atención,

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado

C.G.H/L.B.S.M.

18 Expediente No. 13013