PGN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA - El beneficio tributario de la ley paz consistente en la op

Concepto No. 201 Bogotá D.C., 25 de agosto de 2003

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente doctor: GERMAN AYALA MANTILLA Referencia: 25000232700020010230401

Radicado: 13869

Asunto: Impuesto de Renta - Beneficio Ley Páez

Actor: SURTIPLASTICOS LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277, numeral 7, de la Constitución Política; 127, 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo; en el Decreto 262 del 22 de febrero de 2000, y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES

1. La sociedad Surtiplásticos Ltda., presentó el 8 de mayo de 1998 su declaración del impuesto de renta correspondiente al año gravable de 1997, con un saldo a pagar por valor de TREINTA MILLONES CIENTO

TRECE MIL PESOS ($30’113.000) M/cte.

La Administración de Impuestos de Bogotá a través de requerimiento especial, propuso modificar la liquidación privada, por considerar que el beneficio contemplado en el artículo 5º de la ley 218 de 1995 -Ley Páezpor concepto de la inversión efectuada en la sociedad Aceros del Expediente 13869 2 Pacífico por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30’000.000) M/cte.,

debió declararlo como descuento en 1996, año de su realización, o como renta exenta en 1997. Además le desconoció ajustes por inflación. La Sociedad al contestar el citado requerimiento corrigió parcialmente su declaración privada de 1997, pero dejó como descuento tributario el valor de la inversión mencionada y la Administración profirió la Liquidación Oficial de Revisión 000108 del 1º de septiembre de 2000 rechazando dicho valor y determinándolo como renta exenta por virtud del beneficio de la ley Páez. Dicha liquidación fue confirmada mediante la Resolución 900014 de fecha 31 de mayo de 2001, en la cual se decidió el recurso de reconsideración presentado oportunamente.

2. La Sociedad acudió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del C.C.A., en cuya demanda solicitó la nulidad de la liquidación y resolución enunciadas, así como la declaración de firmeza de la liquidación privada de 1997, a título de restablecimiento del derecho.

El Tribunal, en sentencia de fecha 30 de enero de 2003, accedió a las pretensiones solicitadas, al encontrar que la deducción podía declararse en el período siguiente al de la realización de la inversión, conforme lo sostuvo la accionante, con fundamento en el artículo 9º del Decreto 2422 de 1996, reglamentario de la ley 218 de 1995, en virtud del cual obró. También se apoyó en la sentencia C-130 de 1998 de la Corte Constitucional, sobre la exequibilidad de este último precepto.

Expediente 13869 3 Destacó que de las opciones a las cuales puede acogerse el contribuyente -deducción, descuento y renta exentasolamente la relacionada con la deducción debe hacerse en el mismo período de la inversión y las dos restantes en el período siguiente.

3. La apoderada judicial de la Administración de Impuestos interpuso recurso de apelación, sosteniendo que la Corte Constitucional en la citada sentencia lo que hace es explicar que las opciones mencionadas no atentan contra los principios de equidad e igualdad. Afirma que dicha sentencia hace referencia a la relacionada con el descuento para indicar las opciones que tiene el contribuyente, respecto del cual debe entenderse que se haga en la forma normal y acostumbrada como es, llevarlo al mismo período gravable en que se cause, aún en caso de duda de las distintas modalidades, pues nada indica en la norma que no pueda ser así.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

1. El artículo 5 de la Ley 218 de 1995 dispone: “Cuando se efectúen nuevas inversiones por empresas domiciliadas en el país, el monto del desembolso será deducible de la renta del ente inversionista. “PARÁGRAFO: La utilidades líquidas o ganancias ocasionales obtenidas durante un período y las inversiones que una empresa nacional o extranjera realice en los municipios señalados en el artículo 1º de esta Ley durante los cinco (5) años siguientes a 1994, constituye renta exenta Expediente 13869 4 por igual monto al invertido, para el período gravable siguiente. “En caso de que las nuevas empresas establecidas generen pérdidas, la exención se podrá solicitar en los

períodos gravables siguientes hasta completar el cien por ciento (100%) del monto invertido. “El inversionista podrá optar por aplicar el valor invertido como un menor valor del impuesto por pagar o como renta exenta. En ningún caso podrá aplicarlo simultáneamente a ambos rubros”. La norma que se comenta no dice, como lo afirma la Administración, que la inversión puede ser tratada como descuento tributario o como deducción en el mismo período en que aquélla se efectuó, y como renta exenta en el período siguiente. El inciso 1º del Parágrafo de ese precepto manifiesta que la inversión constituye renta exenta “para el período gravable siguiente”, y el inciso 3º dispone que el inversionista “podrá optar por aplicar el valor invertido como un menor valor del impuesto por pagar o como renta exenta”. Se observa que el inciso 3º no expresa que esa opción debe tomarse en el año en que se realizó la inversión, sino en el siguiente. Los incisos 1º y 3º armonizan y se complementan entre sí, y regulan una misma situación. Si conforme al inciso 1º la exención puede solicitarse en el “período gravable siguiente”, es obvio que la opción que prevé el inciso 3º de escoger entre la misma exención o el descuento tributario, debe tomarse en ese mismo período. Expediente 13869 5 Esta conclusión, y no la contraria como lo pretenden los actos acusados, se deduce de la Sentencia C-130 de 1998 de la Corte Constitucional, en la que esta Corporación, al referirse a la exención, sostuvo que el Parágrafo de la norma “estipula, en otra modalidad del tratamiento

tributario autorizado, que las inversiones que realicen empresas nacionales o extranjeras en la zona establecida en el artículo 1º durante los cinco (5) años siguientes a 1994 constituye renta exenta por el 100% de lo invertido para el período gravable siguiente”, que aquí “radica justamente la opción que la ley contempla pues se trata de las mismas inversiones, solo que el inversionista debe escoger entre aplicar ‘el valor invertido como un valor del impuesto por pagar’ o aplicarlo como renta exenta, sin que sea posible por disposición expresa de la norma, aplicarlo simultáneamente a ambos rublos”, y que del texto “de la norma resulta, sin lugar a dudas, que la exención cobija el 100% de lo invertido y se aplica para el período gravable siguiente”. Además de estas observaciones, debe precisarse que la norma que se comenta, en lo que atañe a la facultad de optar por el descuento o la exención, fue reglamentada por el artículo 9 del Decreto 2422 de 1996, el cual, en su Parágrafo, confirmó la anterior conclusión, al disponer que “las nuevas inversiones que se realicen en activos fijos productores de renta, en las empresas ubicadas en los municipios de la zona afectada, podrán tratarse como renta exenta o como menor valor del impuesto por pagar, en el período gravable siguiente a aquél en el cual se realiza la inversión...” (Resaltamos) Debe aclararse que el Consejo de Estado se pronunció sobre la legalidad de la norma reglamentaria, en sentencia de fecha 11 de julio de 1997, Expediente No. 8228, en la que decidió no anular aquélla

porque no contradice el sentido del precepto superior. Expediente 13869 6 En ese fallo, el Consejo de Estado advirtió que el artículo 5 de la Ley 218 de 1995 “constituye una unidad normativa que debe interpretarse en forma sistemática, por lo que no resulta jurídico su fraccionamiento para deducir que los beneficios tributarios que allí se consagran, concretamente el descuento y la exención, operan en el período gravable diferente al de la inversión y que por ello la alternativa de tratarla como ‘menor valor del impuesto a pagar’ procede en el mismo año en el cual ésta se efectuó” (subrayas del texto). De todo lo anterior, se concluye que en el caso que se examina, la sociedad demandante podía escoger, en la declaración del año 1997, entre el descuento tributario o la exención, y que como optó por ese descuento, esa decisión, que se ajusta a la ley, no podía ser modificada por la Administración. Por lo expuesto, esta Agencia del Ministerio Público solicita a la H. Sala, que la sentencia recurrida sea confirmada. Señores Consejeros,

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado

P: B.U. / R: L.B.S.M.