PGN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Rechazo de deducción por pérdidas no susceptibles de compe

PROCURADURÍA SEXTA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO

Concepto N° 098 Bogotá D.C., 30 de abril de 2004

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente Dra. MARÍA INÉS ORTÍZ BARBOSA Referencia: 250002327000200200279 01

Radicado: 14260

Asunto: Impuesto de Renta

Actor: SKANDIA SEGUROS GENERALES S.A.

(Hoy, LIBERTY SEGUROS S.A.).

De conformidad con lo establecido en los artículos 277 numeral 7 de la Constitución Política, 127, 210 y 212 del Código Contencioso Administrativo, en el Decreto 262 de 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 204 de julio de 2001, obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, está Delegada del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES La apoderada judicial de la sociedad demandante Skandia Seguros Generales S.A., (hoy, Liberty Seguros S.A.), apela la sentencia del 14 de agosto de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo de

Cra. 10 N° 16-82 Oficina 803 Tls: 3346076 – 2829266 Fax: 3423609 e-mail:6consejoestado@procuraduria.gov.co 2 Expediente 14260 Cundinamarca, por cuanto dicho pronunciamiento desestimó las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que

a nombre de la citada sociedad instauró para impugnar la Liquidación de Revisión 310642000000127 del 27 de septiembre de 2000 y la Resolución confirmatoria 310662001000083 del 24 de julio de 2001, expedidas respectivamente por las Divisiones de Liquidación y Jurídica de la Administración Especial de Impuestos Nacionales de Grandes Contribuyentes de Bogotá, en razón a la modificación que dichos actos introdujeron a la liquidación privada del Impuesto de Renta y Complementarios del año gravable de 1997, al rechazar la suma de Mil ciento noventa millones doscientos cuarenta y tres mil pesos ($1.190’243.000), declarada como deducción por pérdida líquida sufrida en 1993, sin que la sociedad demostrara que en las anualidades siguientes obtuvo rentas o utilidades que le permitiera compensar la totalidad de la pérdida generada, ajustada por inflación, como lo establecen los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario. El Tribunal adhirió a los razonamientos expuestos por la Administración, y señaló con fundamento en los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario y en la sentencia del 13 de junio de 2002, proferida por el Consejo de Estado con ponencia de la Magistrada María Inés Ortíz Barbosa, que las pérdidas fiscales de años anteriores son deducibles solo si existe una renta líquida o utilidad dentro de los cinco años siguientes, suficiente para disminuir el valor de la alícuota por las pérdidas fiscales a compensar. Anotó que la sociedad no obtuvo en 1997 utilidades que le permitieran compensar la totalidad de las pérdidas generadas en 1993, ajustadas

por inflación. 3 Expediente 14260 Adujo que el proceder de la demandante contradice lo dispuesto por el artículo 351 del Estatuto Tributario, pues de abrirse paso el criterio de reciclar las pérdidas, es decir de trasladarlas de año en año hasta la obtención de las utilidades que permitan enjugarlas, se impondría igualmente el desconocimiento del término máximo de cinco (5) años, previsto por el legislador para diferir los saldos y permitir que durante ellos obre plenamente la deducción. La Sala expuso en relación con el planteamiento subsidiario de la actora de que las pérdidas generadas en 1993 deben deducirse del monto de la renta presuntiva, que según el artículo 189 del E. T., la depuración del patrimonio líquido del año anterior, que es la base de cálculo de dicha renta, se realiza detrayendo únicamente los factores que esa disposición señala, los cuales no incluyen las pérdidas de vigencias anteriores y, que, por ser esa renta especial, un mínimo presunto, no es posible afectarla con conceptos distintos a la renta exenta, como lo definió el Consejo de Estado en sentencia proferida el 15 de mayo de 1998, con ponencia del Magistrado Daniel Manrique Guzmán La apelante insiste en acusar la actuación de la Administración y la sentencia de primera instancia de quebrantar los artículos 26, 147, 178, 351 del Estatuto Tributario y 18 del Decreto 2675 de 1992, y apartarse de las instrucciones contenidas en el formulario oficial diseñado para declarar el impuesto de renta. Alega, que todas estas orientaciones y parámetros, a los cuales se ajustó

su representada, indican la forma como debe depurarse la renta o utilidad bruta para efectos de deducir únicamente de ella el rubro de las pérdidas sufridas en años anteriores. 4 Expediente 14260 Afirma que antes de la expedición de la Ley 788 de 2002, vigente a partir del año 2003, no existía legalmente para los contribuyentes la posibilidad de efectuar deducciones de su renta líquida, pero que la citada normatividad no se puede aplicar para el año gravable de 1997, por cuanto en esa época aún no había sido expedida.

Agrega: “Pero aún más, la nueva ley, la 788 de 2002, por el parágrafo transitorio del mencionado artículo 24 ratifica la legislación anterior al permitir compensar con las rentas que obtuvieren dentro de los cinco periodos gravables siguientes al periodo en que se registraron, las pérdidas sufridas en años anteriores al 2003. En la disposición transitoria no quiso limitar al contribuyente a la renta líquida (ordinaria o presuntiva) sino permitir la situación existente con la ley anterior: tratar dichas pérdidas como deducción o sea restables de la renta bruta”.

Solicita al Consejo de Estado revocar la sentencia apelada y en consecuencia, acceder a las súplicas de la demanda.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Con el objeto de pronunciarse en el asunto de la referencia, esta agencia del Ministerio Público procede a efectuar las siguientes consideraciones: Para esta Procuraduría Delegada no están llamadas a prosperar las razones de la apelante, porque las explicaciones dadas por la

Administración y por el Tribunal para fundamentar el rechazo de la deducción por pérdidas en años anteriores, destacan la inobservancia por parte de la contribuyente de los presupuestos consagrados en los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, que regulan lo relacionado con la compensación de esas pérdidas. 5 Expediente 14260 En efecto, la sociedad declaró en 1997 la deducción de $1.190’243.000, por concepto de pérdida fiscal generada en 1993, la cual no admitió la Administración, en razón a que las pérdidas fiscales registradas al finalizar un ejercicio gravable, únicamente son suceptibles de compensación, previo ajuste por inflación, con las utilidades de los cinco (5) años siguientes. La actora contradijo esa decisión con el argumento de que el citado rubro es deducible totalmente de la renta bruta - y no de la renta líquida -, por inferirlo así del formulario oficialmente autorizado para el diligenciamiento de la declaración de renta y, que, el resultado de esa operación puede ser una renta líquida o una pérdida, como ciertamente ocurrió en 1977, en el que ésta última ascendió a Tres mil setecientos cincuenta y ocho millones doscientos setenta y tres mil pesos ($3.758’273.000). Al respecto la Procuraduría Delegada observa, que los artículos 147 y 351 del Estatuto Tributario, establecen de manera precisa el derecho a la deducción de las pérdidas registradas al finalizar un ejercicio gravable, por compensación con la renta o utilidad que las sociedades obtengan dentro de los cinco años siguientes a aquél en el cual se presentan y no

por detracción de la utilidad bruta, pues para que las pérdidas se puedan compensar a título de deducción, el contribuyente necesariamente debe obtener rentas en el periodo, es decir, contar con ingresos ordinarios o extraordinarios, “...susceptibles de producir un incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción...”. ( Art. 26 del Estatuto Tributario). 6 Expediente 14260 Las pérdidas operacionales se pueden enjugar dentro de los cinco años siguientes al ejercicio fiscal en el cual se presenten, siempre y cuando existan ingresos de los cuales sea posible detraerlas. La norma indica, que las pérdidas se difieren en el plazo máximo de cinco años y ello implica, que las que surgen en un determinado periodo gravable son independientes de otras y que, en todo caso, se deben demostrar e identificar para poder precisar las condiciones especiales por las cuales procede diferirlas durante cinco años, término éste improrrogable, que el artículo 147 del Estatuto Tributario señala para compensar la pérdida con las utilidades existentes, justamente para evitar la ocurrencia de efectos financieros negativos. En este caso, según ha quedado expuesto, se trata de pérdidas fiscales sufridas en 1993, que solo son deducibles por compensación con las rentas o utilidades obtenidas dentro de los cinco periodos gravables siguientes, contados a partir de 1994. Por las anteriores razones este Despacho solicita respetuosamente a la

H. Sala, se sirva confirmar la sentencia apelada.

Señores Consejeros, con toda atención,

LIDA BEATRIZ SALAZAR MORENO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado 7 Expediente 14260

N. G. de G./L.B.S.M.