PGN - IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Sanción de corrección improcedente porque el error de tran

Concepto 004 Bogotá D. C., 18 de enero de 2007

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E. S. D.

Consejero Ponente: Dr. JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIÉ Referencia: 25000232700020049098101

Radicado: 16147

Asunto: IMPUESTO DE RENTA

Actor: BBVA PARTICIPACIONES INTERNACIONAL SL C / U.A.E. DIAN De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 de 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 de 6 octubre de 2005; obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta Agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES

 FUNDAMENTOS DE HECHO:

1. La sociedad Argentaria Internacional S.I. - hoy BBVA PARTICIPACIONES INTERNACIONAL S.L.- presentó liquidación privada ante la División de Investigaciones Especiales de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales el 1° de agosto de 2000, como Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado 6consejoestado@procuraduria.gov.co

Carrera 10 N° 16-82 Oficina 803 Tel.: 3346076 – 2829266 Fax 3423609 www.procuraduria.gov.co Expediente 16147 2 consecuencia de la enajenación de la participación que tenía en la

sociedad COLFONDOS S.A., a favor de CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION COIC, de acuerdo con documento suscrito entre estas dos compañías el 31 de mayo de 2000. En cumplimiento de la Resolución 1521 de 1998 de la DIAN, dicha liquidación debía presentarse de manera previa a la declaración de renta (formulario oficial).

2. La liquidación privada arrojó como monto del impuesto la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($8.802.988.000.00), que fue cancelado mediante recibo oficial de pago en bancos 13493010502112 de 18 de julio de

2000.

3. El 10 de abril de 2001, la sociedad contribuyente presentó declaración de renta y complementarios por el año gravable 2000, en la que la única operación incorporada fue la enajenación consignada en el punto N° 1. En dicha declaración se incorporó como FU TOTAL IMPUESTO A

CARGO la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($8.802.988.000.00); como anticipo por el año gravable 2001, la suma de NOVECIENTOS

SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS

($978.524.000.00) y como HA TOTAL A PAGAR NOVECIENTOS

SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS

($978.524.000.00).

4. El anticipo fue cancelado oportunamente a través de la declaración privada de Sticker 13180090738892 del 10 de abril de 2001 y recibo

oficial de pago en banco 13180090747566 del 14 de junio de 2001.

5. Mediante oficio 003006139432 de 29 de octubre de 2001 remitido por la DIAN, se previno a la actora de la existencia de un error en el cálculo del renglón HA TOTAL SALDO A PAGAR de la declaración de renta, lo Expediente 16147 3 cual motivó la corrección correspondiente incluyendo como valor a pagar la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS ($9.781.512.000.00), y la advertencia de que no se procedía a liquidar ninguna sanción por tratarse de un error de transcripción.

6. El 21 de noviembre de 2002, la Administración profirió Pliego de Cargos sustentada en que la modificación del renglón HA TOTAL SALDO A PAGAR, debió contemplar la sanción de corrección, desestimando el argumento de la demandante en el sentido de que se trataba de un error de transcripción, procediendo a imponer la sanción de corrección consagrada en el artículo 644 del Estatuto Tributario y la corrección de sanciones del artículo 701 ibidem.

7. La Administración notificó la Resolución Sanción 310642003000015 de 10 de junio de 2003, con el argumento de que se había generado un error aritmético.

8. El recurso de reconsideración fue interpuesto el 11 de agosto de 2003, teniendo sustento en las siguientes razones:  Indebida expedición de la Resolución Sanción, toda vez que debió haberse notificado la Liquidación Oficial de Corrección o Liquidación

de Revisión.  Existencia de un error de transcripción.  Improcedencia de la sanción de corrección.

9. La División Jurídica confirmó la sanción impuesta, mediante acto administrativo notificado el 16 de diciembre de 2003.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO:  NORMAS VIOLADAS: Expediente 16147 4 o Artículos 588, 637, 644, 697, 698, 701, 702, 703, 742, 863 del Estatuto Tributario Nacional; o Artículo 264 de la Ley 223 de 1995; o Artículo 11 del Decreto 1265 de 1999; y, o Artículos 29 y 228 de la Constitución Política.  CONCEPTO DE VIOLACIÓN: 1.- Falta de Aplicación del artículo 698 del Estatuto Tributario; Falsa Motivación de la Resolución 310662003000043 de 9 de diciembre de 2003; Falta de aplicación de los artículos 702 y 703 del Estatuto Tributario y del artículo 29 de la Carta Política; de la Circular 075 de 2001 y del Artículo 11 del Decreto 1265 De 1999. 1.1.- Artículo 698 del Estatuto Tributario. Señaló que de la lectura del Pliego de Cargos y de la resolución sanción surge que la multa surgió como consecuencia de haberse corregido la declaración de renta incrementando el valor a pagar, sin haberse liquidado la sanción de corrección – que al parecer de la Administración resultaba procedente – toda vez que la declaración presentaba un error. Aclaró que de conformidad con el artículo 698 del Estatuto Tributario, el

mecanismo idóneo para corregir los errores aritméticos es “la liquidación de corrección”, que no la resolución independiente; procedimiento previsto en el artículo 637 ibidem de manera general, no aplicable a situaciones especiales como las que prevé el artículo 698 idibem. Trajo a colación el Concepto 067221 de 16 de octubre de 2002, publicado en el Diario Oficial 44973 de 23 de octubre de 2002, en el que se señaló: “La determinación de las sanciones no liquidadas o liquidadas de manera incorrecta, se realizará según el caso y de acuerdo con cada Expediente 16147 5 procedimiento, en Liquidación de Corrección Aritmética, en Liquidación de Revisión o a través de Resolución independiente.” 2.- Falsa Motivación de la resolución que decidió el recurso. Sostuvo que la Administración a través de la División Jurídica en la resolución del recurso modificó los supuestos de hecho de la actuación administrativa, al sostener que la sanción se derivó no del error aritmético, sino el hecho de haberse corregido la declaración inicial sin sanción, lo que daba lugar a la aplicación del artículo 701 del Estatuto Tributario. Añadió que si se revisa el Pliego de Cargos en la consideración 7 se encuentra que está soportada en las diferencias entre el error aritmético y el error de transcripción, citando expresamente el artículo 697 del Estatuto Tributario, que precisamente regula lo tocante con el error aritmético; y que la resolución sanción de la misma manera se fundamenta en la existencia de un error aritmético. Acotó que precisamente en la última se

advierte que “en la declaración de corrección presentada el 8 de noviembre de 2001,….se tiene que se tipifica o configura el error aritmético…” (Comillas y negrillas del autor) Con fundamento en lo expuesto, concluyó que se presentó falsa motivación de la resolución que decidió el recurso. 3.- Violación del artículo 29 de la Constitución Nacional Advirtió que el cambio de posición de la Administración derivó además en transgresión del artículo 29 del ordenamiento superior, toda vez que si toda la discusión administrativa se sustentó en el error aritmético tanto en el Pliego de Cargos como en la Resolución Sanción, no podía la Administración en el último acto procesal – decisión del recurso contra el cual no procede recurso – modificar la causal de la cual deriva la sanción impuesta – la simple corrección de la declaración sin liquidar la sanción y no el error aritmético – lo cual debió quedar claramente establecido desde Expediente 16147 6 el principio para que el contribuyente hubiese podido ejercer debidamente su derecho a la defensa. 4.- Violación por falta de aplicación de los artículos 702 y 703 del Estatuto Tributario. Dijo que este cargo se presenta de manera subsidiaria, frente a la violación del artículo 698 ibidem. Añadió que el Concepto 067221 citado en precedencia señala este otro criterio: (…) Si el contribuyente no se liquidó sanción alguna y los demás datos registrados en su declaración no ameritan ninguna modificación oficial, la determinación de la sanción por parte de la Administración, solamente procede mediante liquidación de Revisión, previo

requerimiento especial, por tratarse esa omisión de un aspecto de fondo como se ha entendido jurisprudencialmente” (Comillas, negrillas y subrayados del accionante). Infirió que al tenor del citado concepto, la imposición de sanciones bien se trate de un error aritmético como se indica tanto en el Pliego de Cargos como en la Resolución Sanción, o de casos como los expuestos en el texto transcrito, exige la liquidación de corrección o la liquidación de revisión, según el caso, sin que proceda la resolución sanción. Añadió que de no resultar finalmente viable la liquidación de corrección, hubiese procedido la de revisión, resultando violados los artículos 702 y 703 del Estatuto Tributario. 5.- Violación del artículo 11 del Decreto 1265 de 1999. Finalmente indicó que el hecho de haberse impuesto la sanción por resolución independiente, en contravía de lo dispuesto en el concepto Expediente 16147 7 067221 de 16/10/02, implica la violación del artículo 11 del Decreto 1265 de 1999, que dispone: “… los conceptos emitidos por esta oficina sobre la interpretación y aplicación de las leyes tributarias…, que sean publicados, constituyen interpretación oficial para los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales…” Interpretación errónea del artículo 644 del estatuto Tributario e indebida aplicación del artículo 697 lb. Falta la aplicación del artículo 863 lb., 264 de la Ley 223 de 1995 y del artículo 228 de la Constitución Nacional. 1) Artículo 644 del Estatuto Tributario La violación de la norma citada se produce cuando la Administración

interpreta que toda modificación en el renglón del valor a pagar de la declaración (HA) da lugar a la sanción de corrección. A igual conclusión arribó la Administración, cuando sustentó el Pliego de Cargos y la Resolución Sanción en la existencia de un error aritmético, para luego, cambiando su posición en la resolución que decidió el recurso, exponer que el motivo no era el error aritmético sino la simple corrección de la declaración inicial. Concluyó que, contrario a lo afirmado por la Administración de los Grandes Contribuyentes, la sanción de corrección no surge con la simple corrección de la declaración, sino que es posible que se presenten causales eximentes de la responsabilidad, puesto que como bien lo afirma la Corte Constitucional, la responsabilidad objetiva está proscrita, a efectos de la interpretación de la norma soporte de la sanción (art. 644 ET). 2) Artículo 697 del Estatuto Tributario Precisó que la presunta violación del artículo 697 lb., a criterio de la Administración se configuró por haberse presentado un error aritmético. Empero la sociedad reiteró que se trató de un error de trascripción, pese al cambio de posición observado por la Administración en el acto que Expediente 16147 8 resuelve el recurso, desconociendo las jurisprudencias y conceptos citados en el recurso de reconsideración con los que la actora sustentó su posición respecto de la improcedencia de la sanción de corrección. Arguyó que el error de trascripción quedó demostrado fáctica y jurídicamente, así: 1) La modificación del renglón HA en la declaración de corrección no derivó

del hecho de haberse omitido ninguna operación gravada ni el impuesto y anticipo que la ley obligan Lo anterior surge de la revisión de: i) la liquidación privada presentada ante la División de Investigaciones Especiales de la DIAN, el día 10 de agosto de 2000, producto de la venta de acciones de la actora en Colfondos S.A. ii) la declaración de renta inicial presentada el 10 de abril de 2001 y iii) la declaración de corrección, documentos de los cuales se evidencia que la única operación que ocasionó la presentación de la declaración de renta fue la de la venta indicada, la que dio lugar a liquidar el impuesto y anticipo que la ley ordena. Aclaró que si bien es cierto se presentó un error en el renglón HA en la declaración inicial, el mismo fue solo de trascripción puesto que tanto la declaración inicial como su corrección dan cuenta de idénticos valores que determinaron la renta líquida gravable (R. 56) y el impuesto al que la sociedad estaba obligada (R. 68), así como al cálculo del anticipo (R. 79). Acotó que ni la base gravable ni el impuesto liquidado fueron objetados por la División de Investigaciones Especiales o por la Administración de los Grandes Contribuyentes, produciéndose la firmeza de la declaración de renta desde el 10 de abril de 2003, resultando improcedentes las glosas respecto a los hechos consignados en las declaraciones, acogidas a la presunción de veracidad del artículo 742 idem. Expediente 16147 9 2) El monto total del valor a pagar derivado del impuesto liquidado y del anticipo ($9.781.512.000) fue cancelado antes de la

declaración de corrección. Señaló que el impuesto generado por la operación de venta de la que se da cuenta tanto en la liquidación privada como las declaraciones iniciales y de corrección por OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($8.802.988.000.00) fue cancelado el día 18 de julio de 2000, mediante recibo oficial de pago en bancos 13493010502112 y el monto del anticipo con la declaración privada (sticker 13180090738892 del 10 de abril de 2001) y el recibo oficial de pago en bancos 13180090747566 de fecha junio 14 del mismo año; agregando que si no se hubiese tratado de un error de trascripción, solamente se habría cubierto el valor del anticipo. Sin embargo está probado que los OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($8.802.988.000.00) fueron pagados ocho meses antes. 3) Violación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995 Teniendo en cuenta que el concepto 078742 de 29 de agosto de 2001, se aplicó a una situación similar, lo trajo a colación en los siguientes términos: "Si el agente de retención presenta la declaración correspondiente, sin totalizar o con valor cero, pero efectúa el pago por el valor resultante de la sumatoria de las cifras declaradas, es procedente concluir que si bien existe un error aritmético formal no es susceptible de ser sancionado, toda vez que en aplicación de la esencia sobre la formal o la verdad real sobre la formal, de este hecho no se deriva un menor valor a pagar." (Subrayas y texto

resaltado no forman parte de la trascripción). Destacó que apartarse de la tesis expuesta en este concepto implica la violación del artículo 264 de la Ley 223 de 1995, que establece: Expediente 16147 10 "Los contribuyentes que actúen con base en conceptos escritos de la Subdirección Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrán sustentar sus actuaciones en la vía gubernativa y en la jurisdiccional con base en los mismos. Durante el tiempo en que tales conceptos se encuentren vigentes, las actuaciones tributarias realizadas a su amparo no podrán ser objetadas por las autoridades tributarias. Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales cambie la posición asumida en un concepto previamente emitido por ella deberá publicarlo". (Resaltado fuera del texto) 4) Violación del artículo 228 de la Constitución Nacional y del artículo 683 del Estatuto Tributario Denotó que la violación del artículo 228 constitucional se configuró al hacer prevalecer en los actos demandados, la formalidad de un renglón de una declaración tributaría (que no constituye obligaciones, sino que simplemente las declara), cuando en el proceso administrativo quedó probado que la totalidad de los hechos gravados fue denunciada, así como los impuestos y anticipos legalmente aplicables, los cuales se cancelaron en las oportunidades de ley, asuntos que constituyen el aspecto material y no formal, con lo cual se vulnera el principio de justicia establecido en el artículo 683 del Estatuto Tributario. Citó la sentencia proferida por la Honorable Corte Constitucional T1021/02; M.P., Jaime Córdoba Triviño, que destaca la prevalencia del

derecho sustancial sobra las formalidades del mismo.

4. Indebida aplicación del artículo 701 del estatuto Tributario Insistió en las tesis anotadas respecto de la improcedencia de la sanción por corrección, derivada de un error aritmético o de la simple corrección de la declaración, agregando que la corrección de sanciones prevista en la norma citada también resulta improcedente.

Expediente 16147 11 OPOSICIÓN DE LA DIAN La DIAN insistió en la correcta aplicación de los artículos 588, 644 y 701 del Estatuto Tributario. Aclaró que en acatamiento de lo dispuesto en las normas aludidas, la sociedad ARGENTARIA INTERNACIONAL SL ha debido, con ocasión de la presentación de su declaración de corrección en la cual aumentó el saldo a pagar inicialmente consignado, liquidar la sanción prevista en el artículo 588 del Estatuto Tributario y determina el artículo 644 ibidem. Su omisión dio lugar a la actuación administrativa dirigida a la aplicación del procedimiento previsto en los artículos 637, 638 y 701 del ordenamiento fiscal. Advirtió que en la declaración inicial se consignó como total saldo a pagar la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($978.524.000.00) y en la declaración de corrección la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS ($9.781.512.000.00). Acotó que sobre la diferencia resultante ha debido determinarse la sanción por corrección de las declaraciones a que se refiere el artículo 644 ya trascrito. Estimó que si se tratase de un error de trascripción, las cifras antes

relacionadas serían exactamente iguales y la diferencia radicaría en la omisión de uno de sus dígitos; permaneciendo exactos los demás. Aclaró que no corresponde a la verdad que el pliego de cargos se haya soportado en el error aritmético como causal de la sanción, precisando que lo que se hizo fue proporcionar una explicación sobre la diferencia entre error aritmético y error de trascripción, concluyendo que la sociedad había incurrido en la irregularidad prevista en el articulo 701 de E. T., porque Expediente 16147 12 corrigió su declaración de renta aumentando el saldo a pagar y no liquidó la sanción por corrección correspondiente. De la misma forma se procedió en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración para concluir en el quinto inciso de la página 8 que, "En caso contrario si el error alteró como en el presente caso el valor total saldo a pagar, la corrección a la declaración implicaba la liquidación de la correspondiente sanción por corrección señalada en el artículo 644 del Estatuto Tributario”. Infirió que la exigencia del cumplimiento de las disposiciones procedimentales a los contribuyentes en lo atinente con la corrección de las declaraciones, no implica conferirle primacía a lo formal sobre lo real, toda vez que los procedimientos están señalados para obedecerlos habida cuenta que su desconocimiento conllevaría a una anarquía en la que la Administración debería aceptar cualquier actuación del contribuyente a pesar de que el procedimiento se encuentre regulado en la ley. Sostuvo que el cálculo y determinación de la sanción por reliquidación de sanciones, es consecuencia del hecho de no haber liquidado correctamente las sanciones correspondientes, según lo manda el artículo

701 del Estatuto Tributario citado. LA PROVIDENCIA La Subsección “A” de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 7 de junio de 2006, acogió las pretensiones de la demanda. LA APELACIÓN La accionada insistió en los argumentos propuestos en la contestación de la demanda. Expediente 16147 13

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Esta Delegada del Ministerio Público procede a emitir concepto en relación con la solicitud de declaratoria de nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución Sanción 310642003000015 de 10 de junio de 2003, proferida por la División de Liquidación de la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá, por medio de la cual le impuso a la sociedad actora las sanciones previstas en los artículos 644 y 701 del Estatuto Tributario; y la Resolución 310662003000043 de 9 de diciembre de 2003, proferida por la División Jurídica de la misma entidad mediante la cual fue resuelto el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto administrativo aludido en precedencia.

En primera instancia hemos de precisar, que la simple lectura de la Resolución Sanción 310642003000015 de 10 de junio de 2003, nos permite inferir sin lugar a dudas, que la decisión de la Administración de imponer las sanciones antes anotadas, tuvieron como basamento la tipificación del error aritmético contemplado en el artículo 697 del Estatuto Tributario, toda vez que según su parecer, si bien es cierto admitió que las bases declaradas son correctas, se presentó una equivocación en la

operación aritmética que detrajo como consecuencia un menor valor a pagar, descartando con ello el acaecimiento del error de transcripción alegado por la sociedad demandante, entendido éste como resultante de un yerro mecanográfico. Pues bien, a efectos de establecer la procedencia de la aplicación de las sanciones aludidas, habremos de retrotraernos a las actuaciones adelantadas por la sociedad contribuyente y las subsecuentes de la Administración. En primer término es preciso recordar que el 1° de agosto de 2000, la actora presentó ante la DIAN la liquidación privada a que estaba obligada, Expediente 16147 14 como consecuencia de la enajenación de la participación que tenía en COLFONDOS S.A., en favor de CITIBANK OVERSEAS INVESTMENT CORPORATION COIC., la que arrojó un impuesto por un monto de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($8.802.988.000.00); suma que fue cancelada el 18 de julio de de 2000. El 10 de abril de 2001, la sociedad presentó declaración de renta por el año gravable 2000, incorporando como única operación la enajenación referida. Dicha declaración previó como FU TOTAL IMPUESTO A CARGO la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($8.802.988.000.00); como anticipo por el año gravable de 2001, la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES

QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($978.524.000.00); y como HA

TOTAL SALDO A PAGAR, la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($978.524.000.00), cuando realmente debía ser la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS

OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS

($9.781.512.000.00). El mencionado anticipo por el año gravable de 2001, por la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($978.524.000.00), fue cancelado por parte de la sociedad actora de la siguiente manera:  El 10 de abril de 2001 - concomitante con la fecha de presentación de la declaración renta del año gravable 2000 -, el 50% de dicho anticipo por valor de CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS ($489.262.000.00), y; Expediente 16147 15  El 14 de junio de 2001, el restante 50% por valor de CUATROCIENTOS

OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL

PESOS ($489.262.000.00).

Resulta útil recordar, que la demandante a instancias de la administración tributaria corrigió la declaración el 8 de noviembre de 2001, aumentando el saldo a pagar en el renglón 81 HA a la suma de NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS ($9.781.512.000.00), sin que en la misma se liquidara sanción por corrección, toda vez que se trató de un error de transcripción, si bien las

obligaciones aludidas se encontraban canceladas con anterioridad, constituyéndose dicha corrección en la formalización de hechos cumplidos. De los hechos acontecidos, resulta fácil inferir que la sociedad contribuyente al consignar en el renglón HA de su declaración de renta, la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS ($978.524.000.00), actuó desprendida del animo de defraudar al fisco, toda vez que la obligación real de pagar la suma correspondiente - NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS DOCE MIL PESOS ($9.781.512.000.00), se había dado con anterioridad, según se colige del cumplimiento de dichas obligaciones en las fechas y por los montos relacionados anteriormente. En ese orden de ideas cabe señalar, que la Administración en ejercicio de la función fiscalizadora prevista en el artículo 684 del Estatuto Tributario, no puede perder de vista el mandamiento superior contenido en el artículo 228 de la Carta Política, que entre otros asuntos prescribe el acatamiento preminente del derecho sustancial sobre las formalidades, concordante con lo preceptuado en el artículo 683 del ordenamiento fiscal, que le señala a los funcionarios públicos encargados de la liquidación y recaudo de los impuestos nacionales los deberes que deben presidir el ejercicio de sus funciones, dentro de los cuales indica que el Estado no aspira que al Expediente 16147 16 contribuyente se le exija más de aquello con lo que la misma ley ha querido que coadyuve a las cargas de la Nación. De lo expuesto puede colegirse con claridad meridiana, que la

procedibilidad de aplicación de las sanciones previstas en los artículos 644 y 701 del Estatuto Tributario en el presente asunto, no puede darse de manera aislada del contexto normativo superior ni de las demás normas sustanciales del estatuto fiscal, habida cuenta que actuar con un criterio tan restringido podría traducirse en un desbordamiento del ámbito de las competencias otorgadas a la Administración; máxime si se tiene en cuenta que la aplicación de sanciones en materia tributaria es de carácter restrictivo. Para esta Agencia del Ministerio Publico, la demostración fehaciente de que la actuación desplegada por la sociedad actora en relación con la incorporación de una suma que no correspondía a la verdadera en el reglón “HA TOTAL SALDO A PAGAR”, obedeció a un simple error de transcripción se puede deducir de la cancelación anticipada de las sumas reales adeudas al fisco nacional, por virtud de lo cual, no procede aplicar ninguna de las sanciones impuestas por la Administración, conforme la interpretación de los alcances de la figura del error de transcripción frente al error aritmético dada por la Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado en sentencia proferida el 26 de agosto de 1994; M.P., Delio Gómez Leyva; expediente 5095, cuyo tenor literal expone: “Los errores de transcripción no constituyen error aritmético.- ‘Los errores de transcripción que se originan al copiar incorrectamente las cifras en el formulario, no pueden confundirse con los errores aritméticos, puesto que aquéllos no provienen de equivocaciones en las operaciones aritméticas, sino que por lo general, son errores

de orden mecanográfico que naturalmente no modifican los resultados, ni alteran el impuesto determinado, de manera real, aunque sí de manera ‘aparente’, por lo que, al efectuar la operación con las cifras reales, no surge error aritmético, por tanto establecida la existencia de ‘errores de transcripción’ en la declaración tributaria, resulta improcedente practicar liquidación de corrección aritmética, y por ende imponer sanción por corrección.”(Comillas y resaltado fuera del texto original) Expediente 16147 17 (…) Por las razones expuestas, esta agencia del Ministerio Público solicita respetuosamente a la Honorable Sala, confirmar la sentencia apelada. Señores Consejeros, con toda atención,

CLAUDIA MARIA RAMIREZ GALINDO

Procuradora Sexta Delegada ante el Consejo de Estado