PGN - IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - Oportunidad para allegar certificación para pedir exclus

Concepto 100 Bogotá D. C., 14 de mayo de 2007

H. CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

E.S.D.

Consejero Ponente: Dr. JUAN ANGEL PALACIO HINCAPIE Referencia: 5001233100020030226401

Radicado: 16269

Asunto: IMPUESTO VENTAS

Actor: ISAGÉN S.A. E.S.P. C/ DIAN.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 277 numerales 1, 3 y 7 de la Constitución Política; 127 y 210 del Código Contencioso Administrativo; 35 de la Ley 446 de 1998; 30, 37 y 44 del Decreto 262 de 22 de febrero de 2000 y en la Resolución 371 de 6 octubre de 2005; obrando dentro de la oportunidad legal en el proceso de la referencia, esta Agencia del Ministerio Público procede a emitir su correspondiente alegato de conclusión.

I. ANTECEDENTES

 FUNDAMENTOS DE HECHO:

1. El 11 de febrero de 2002, la sociedad demandante presentó solicitud para obtener la exclusión del impuesto sobre las ventas en la importación de un sistema contra incendio de las Centrales de San Carlos y las Jaguas, que utiliza el halon 1301 como agente extintor. Dicha sustancia es Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo de Estado 6consejoestado@procuraduria.gov.co

Carrera 10 N° 16-82 Oficina 803 Tel.: 3346076 – 2829266 Fax 3423609 www.procuraduria.gov.co Expediente 16237 2

controlada dentro del grupo Sustancia Potencial de Agotamiento del Ozono, sustituyéndose por el sistema con base en CO2 en las mencionadas centrales.

2. El 18 de junio de 2002, el Viceministro del Medio Ambiente, estableció que los equipos que conformaban el sistema contra incendios con base en CO2, quedaban excluidos del Impuesto al Valor Agregado IVA, conforme al precepto del artículo 424-5 de la ley 223 de 1995.

3. ISAGEN S.A. E.S.P, realizó la importación de los equipos del sistema de incendio con base en CO2, con las declaraciones de importación que se

relacionan a continuación: Número IVA Fecha 02231020740578 40.363.907 7 de junio de 2002 02231020740585 2.532.648 7 de junio de 2002 02231020740657 4.248.502 7 de junio de 2002 02231020740664 15.367.684 7 de junio de 2002 02231020740671 15.935.981 7 de junio de 2002 02231020740696 25.481.486 7 de junio de 2002 02231020740704 9.564.726 7 de junio de 2002 02231020740092 1.277.444 13 de junio de 2002 Total 114.773.380

4. La demandante presentó solicitud de liquidación para efecto de devolución del impuesto sobre las ventas, pagado con motivo de la importación antes mencionada.

5. Mediante Resolución 083 A 110643869 de 12 de noviembre de 2002, la DIAN negó la petición.

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6. La accionante presentó el recurso de reconsideración, por virtud del cual, la entidad accionada profirió la Resolución Recurso de Reconsideración 83 A 11 072 A 00384 de 20 de febrero de 2003, por medio de la cual se confirmó en todas sus partes el acto recurrido.  PRETENSIONES Que se declare la nulidad de la Resolución 11–064–03869 de 12 de noviembre de 2002, por medio de la cual se denegó la solicitud de Liquidación Oficial de Corrección, a efectos de que la Sociedad ISAGÉN S.A. E.S.P., obtuviese la devolución del IVA pagado, con motivo de la importación que ésta hizo de los equipos del sistema de incendios con base en CO2, de las centrales de San Carlos y Jaguas; así como, la Resolución 83 A 11072 A 000384, que confirmó la anterior; proferidas ambas, por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN,

Regional Noroccidente, Administración de Aduanas de Medellín. A título de restablecimiento del derecho, la mencionada Sociedad solicitó que se ordenase a la entidad demandada, efectuar la devolución por valor de CIENTO CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($114.772.380.00), correspondiente al pago del citado gravamen, así como los intereses corrientes causados a partir del 25 de octubre de 2002 - fecha del acto presunto negativo que negó la solicitud de devolución deprecada -, al igual que los intereses moratorios correspondientes.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO:

 NORMAS VIOLADAS: o Artículo 1530 del Código Civil ; o artículos 228 Y 338 de la Constitución Política; o artículos 548 y 553 del Estatuto Tributario; Expediente 16237 4 o artículo 89 del Decreto 2685 de 1999, y; o artículo 4 de la Ley 223 de 1995.  CONCEPTO DE VIOLACIÓN En síntesis consideró que las normas mencionadas fueron transgredidas, por inaplicar el principio de igualdad, toda vez que la DIAN al negarse a devolver los dineros pagados por concepto de IVA, con motivo de la importación de bienes que se encontraban exentos de dicho pago, le negó a la demandante un beneficio tributario consagrado expresamente en la ley tributaria, configurándose un enriquecimiento sin causa en favor del tesoro público. OPOSICIÓN POR PARTE DE LA DIAN La División Jurídica Aduanera de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Medellín, se opuso a las pretensiones de la demanda, indicando en primer lugar que se presentó un indebido agotamiento de la vía gubernativa, toda vez que las razones aludidas por la accionante en la demanda, no fueron alegadas en el recurso de reconsideración, privando a la Administración de la posibilidad de pronunciarse en relación con las objeciones planteadas por el libelista, habida cuenta de la presentación de nuevos argumentos que no fueron esgrimidos en sede administrativa. Respecto de los cargos, indicó que existen varias modalidades de importación, dentro de las cuales una se denomina "con franquicia". Señaló que en dicha modalidad se requiere obtener con anterioridad a la

presentación y aceptación de la declaración de importación, el concepto, certificación o visto bueno de alguna entidad gubernamental, conforme lo dispone el artículo 89 de la Resolución 4240 de 2000 y, presentarse con los demás documentos señalados en el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999. Expediente 16237 5 Argumentó que el importador en el caso que es materia de análisis, registró la operación como una importación ordinaria, sin que por lo demás, se hubiese señalado la descripción de la mercancía, que por virtud de la norma, se hacía acreedora al beneficio de la exención; lo cual se constituía en una obligación que debió cumplir la demandante, dado que no se trataba de un beneficio automático. Recordó que el procedimiento de importación y nacionalización de mercancías, constituye un procedimiento administrativo iniciado a solicitud de parte, al que se le da el impulso de un particular que se encuentra obligado a cumplir con los requisitos exigidos por la legislación aduanera, según se trate de cualesquiera de las modalidades de importación que pretenda hacer uso. Agregó que el Decreto 2685 de 1999 estableció la nacionalización de las mercancías importadas, a través de la presentación de la declaración con los pagos a que haya lugar, en la que el mismo importador autodeclara liquidando los tributos exigibles. Indicó además, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Decreto 2685 de 1999, no surtirán efecto aquellas declaraciones de corrección en las que se liquide un menor valor a pagar por concepto de tributos aduaneros. Añadió que el artículo 438 de la Resolución 4240 de 2000, dispuso que la

liquidación oficial procederá a solicitud de parte, en los dos casos específicamente señalados en la norma, cuando ésta sea presentada ante la División de Liquidación. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN Advirtió que el parágrafo 3° del artículo 428 del Estatuto Tributario, Expediente 16237 6 incorporado por la Ley 788 del 27 de diciembre de 2002, en el que se fundamentó la DIAN, fue expedido con posterioridad a la importación efectuada por ISAGEN, de tal suerte que no resultaba aplicable a la importación efectuada. En apoyo de lo expuesto, trajo a colación el fallo que sobre un tema de similares características, profirió la Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado, M.P., Juan Ángel Palacio Hincapié; sentencia 13533 de 25 de noviembre de 2004, cuyo descriptor tiene por titulo "IMPORTACIONES

EXCLUIDAS" CERTIFICACIONES ACREDITAN LA EXCLUSIÓN DEL IVA".

LA PROVIDENCIA La Sala Segunda de Decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia, mediante sentencia del 13 de marzo de 2006, declaró la nulidad de la Resolución Nº 11-064-03869 del 12 de noviembre de 2002, por medio de la cual, se negó la solicitud de liquidación oficial de corrección para efectos de obtener la devolución del impuesto sobre las ventas, y; la Resolución Recurso de Reconsideración Nº 83 A 11 – 072 A 000384, que confirmó la anterior. A título de restablecimiento del derecho se le ordenó a la Nación Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN – efectuar la devolución de CIENTO CATORCE MILLONES

SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($114.772.380.00), correspondientes a la devolución del impuesto sobre las ventas pagado en las declaraciones de importación relacionadas en la demanda, presentadas con motivo de la nacionalización de los equipos del sistema de incendio con base en CO2, de las centrales hidroeléctricas de San Carlos y Jaguas. Las demás pretensiones de la demanda fueron denegadas. Expediente 16237 7 LA APELACIÓN POR PARTE DE LA ACCIONADA: Señaló que el Decreto 2685 proferido el 28 de diciembre de 1999 - vigente a partir del 1 de julio de 2000, reglamentado por la resolución 4240 de junio 2 de 2000 -, consagró las disposiciones que regulan la introducción de mercancías al territorio aduanero nacional, normas especiales y de aplicación preferente en materia aduanera. Recordó que la legislación aduanera, teniendo en cuenta la naturaleza y condiciones de las importaciones, consagró varias modalidades de importación, dentro de las cuales, la importación con franquicia, la cual fue consagrada en el artículo 135 del Decreto 2685 de 1999, en los siguientes términos: «Es aquella, importación que en virtud de Tratado, Convenio o Ley, goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la norma que consagra el beneficio. En esta modalidad deberán conservarse los documentos previstos en el artículo 121 de este Decreto.

De otra parte, el literal f) del artículo 428 del Estatuto Tributario dispuso: “La importación de maquinaria o equipo, siempre y cuando dicha maquinaria o equipo no se produzca en el país, destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios (la maquinaria comprende lavado, separado., reciclado y extrusión), y los destinados a la depuración o tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. Cuando se trate de contratos ya celebrados, esta exención deberá reflejarse en un menor valor del contrato. Así mismo, los equipos para el control y monitoreo ambiental incluidos aquellos para cumplir con los compromisos del protocolo de Montreal." Precisó que de conformidad con el articulo 89 de la Resolución 4240 de 2000, "cuando el reconocimiento de la exención requiera concepto previo, certificación o visto bueno de alguna entidad gubernamental, éstos deberán obtenerse con anterioridad a la presentación y aceptación de la Expediente 16237 8 Declaración de Importación y conservarse junto con los demás documentos soporte establecidos en el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999.” (Cursiva y subrayado traídos por la parte demandada) Concluyó que la excepción en aquellas importaciones bajo la modalidad de franquicia, sólo puede operar en el momento de la nacionalización, tal y como lo previene el citado artículo 89 de la Resolución 4240 de 2000, con anterioridad a la presentación y aceptación de la declaración de

importación. Adujo que el declarante en está modalidad debe diligenciar todas las casillas de la declaración conforme al procedimiento indicado para una importación ordinaria, teniendo en cuenta que debe indicar la norma que establece la exención declarada en la casilla correspondiente. Precisó que el procedimiento de importación debe surtirse a través de los siguientes pasos: presentación de la declaración, aceptación de la declaración, pago de los tributos aduaneros, determinación de inspección o levante y retiro de la mercancía. Explicó que el trámite de la declaración bajo la modalidad de importación con franquicia, debe surtirse en el término señalado en el artículo 115 del Decreto 2685 de 1999, ante la Administración de Aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentra la mercancía, a través del sistema informático aduanero, o en la forma que determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para cuyo efecto, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la declaración de importación y a conservar por un período de cinco (5) años contados a partir de dicha fecha, el original de los documentos relacionados en el artículo 121 del Decreto 2685 de 1999. Acotó que una vez presentada la declaración, el sistema informático de la Aduana, validará la consistencia de los datos de la declaración a efectos de Expediente 16237 9 su aceptación, la cual se entenderá surtida, cuando la autoridad aduanera le asigne el número y la fecha correspondiente. Lo anterior con fundamento en el artículo 120 y 123 del Decreto 2685 de 1999, concordante con los artículos 80 y 81 de la Resolución 4240 de

2000. Indicó que en el presente caso, se observa que el importador registró en las declaraciones de importaciones presentadas, el código correspondiente a la modalidad de importación ordinaria C100 en la casilla 28 y 47 de la Declaración de Importación, conforme a la Cartilla de Instrucciones para el diligenciamiento de la Declaración de Importación, sin que en la descripción de la mercancía hubiese señalado la norma en virtud de la cual se sustentaba la exención. Infirió que la norma estableció, en qué oportunidad y de qué manera, el importador debía acreditar que tenía derecho a la exención del IVA. Explicó que si bien es cierto, el concepto 016221 de marzo 2 de 1999, emitido por la División de Normativa y Doctrina de la Oficina Jurídica de la DIAN, alusivo a las previsiones del Sistema Tributario Colombiano, en virtud de las cuales tratándose de beneficios fiscales, los mismos operan de pleno derecho, explicando que basta con el cumplimiento de los requisitos señalados para que el beneficio surja; y que en tratándose de la exclusión del IVA, si al momento de la operación no se ha expedido la certificación del Ministerio del Medio Ambiente que acredite la destinación de los bienes objeto de la exención, tal circunstancia no hace nugatorio del beneficio, pues ésta no constituye un condicionamiento para la procedencia del mismo, sino un elemento probatorio que se aportara en el momento en que la administración tributaría así lo requiera; no es menos cierto que el Estatuto Aduanero es norma especial y, por tanto, la

acreditación de la exención del lVA constituye materia aduanera, que debe surtirse al momento de la presentación de la Declaración de Importación, Expediente 16237 10 para que resulte procedente; de lo contrario no es posible por la vía de la solicitud de liquidación oficial, solicitar la exención acreditada con posterioridad a tal evento. Dedujo que el importador al no dar estricto cumplimiento a los requisitos establecidos por la norma para tener derecho al tratamiento preferencial, resulta claro que no se produjo el efecto o resultado jurídico previsto, máxime si se tiene en cuenta que conforme al artículo 89 de la Resolución 4240 de 2000, la mercancía importada no cumplía con los requisitos exigidos para tener derecho al tratamiento preferencial y en consecuencia causaba el impuesto sobre las ventas. Infirió que tal como puede apreciarse, para obtener la exclusión al impuesto sobre las ventas, la calificación favorable se debe obtener previamente a la importación, la que constituirá el sustento documental para que el interesado no se liquide el lVA en su declaración de Importación, pudiendo concluirse que no procede la devolución de dineros cancelados por concepto de tributos aduaneros, cuando los requisitos para la exención se obtuvieron con posterioridad a la presentación de la declaración y al levante de las mercancías. Indicó que tampoco puede pretenderse que la Administración practique liquidaciones oficiales de corrección, liquidándose un menor valor por concepto de tributos aduaneros pagados en la declaración de importación, de conformidad con el articulo 32 del Decreto 2685 de 1999, que dispone que no producirán efecto aquellas declaraciones de corrección en las que

se liquide un menor valor a pagar por concepto de tributos aduaneros. Añadió que por su parte, el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, en cuanto a la liquidación oficial de corrección, establece que la autoridad aduanera sólo podrá expedirla cuando se presenten en la declaración de importación, errores tales como la subpartida arancelaria, tarifas, tasa de cambio, sanciones, operaciones aritméticas, modalidad o tratamientos Expediente 16237 11 preferenciales, y cuando se presenten diferencias en el valor aduanero de la mercancía por averías reconocidas en la inspección aduanera. Recordó que la Resolución 4240 de 2000 en su artículo 438 estipula que la solicitud de Liquidación oficial de corrección procederá a solicitud de parte, presentada a la División de liquidación o a la dependencia que haga sus veces, en los siguientes eventos:

1. Se presenten diferencias en el valor aduanero de las mercancías, por averías reconocidas en la inspección aduanera, debiendo en este caso presentar copia de la Declaración de Importación y del Acta de Inspección, donde conste la observación efectuada por el funcionario competente sobre la avería o el faltante, reconocidos en la inspección, y;

2. Cuando se trate de establecer el monto real de los tributos aduaneros, en los casos en que se aduzca pago en exceso.

Concluyó que al tenor de las normas citadas, la División de Liquidación se encuentra facultada para expedir las liquidaciones oficiales en los casos mencionados, así como los actos administrativos que surjan de las investigaciones correspondientes. Dado que la demandante pagó el impuesto sobre las ventas, estando

obligado a ello en el momento de la presentación y aceptación de las declaraciones de importación, infirió que existía causa legal que generaba la obligación, advirtiendo que dicha situación no está contemplada en el articulo 438 de la Resolución 4240 de 2000, siendo improcedente la expedición de la liquidación oficial de corrección a petición de parte por este concepto. Citó el aparte de la sentencia del Honorable Consejo de Estado, expediente 12199 M.P., Juan Ángel Palacio Hincapié, según el cual: "Estima la Sala, que en el régimen de importación de mercancías previsto en Expediente 16237 12 el Decreto 1909 de 1992, se estableció la figura de la "liquidación oficial de corrección" (...) Como se evidencia, la situación de la actora encaminada a que se le reconozca una exención no declarada oportunamente, no está prevista en la ley como causal de liquidación oficial de corrección, pues esta se estableció exclusivamente para formular cuenta adicional cuando se ha ocurrido en los errores señalados y para subsanar errores en el diligenciamiento del formulario o cuando existe diferencia en el valor de la mercancía originada en averías reconocidas en la inspección aduanera, eventos que indiscutiblemente no comprende la situación de la actora. (…) Tampoco resulta válido el argumento o la tesis expuesta por el apelante en el sentido de que se habría configurado el pago de lo no debido y por ende el injustificado enriquecimiento del Estado al retener las sumas canceladas por concepto de los tributos arancelarios pues fue el mismo declarante el que incurrió en la omisión al no señalar el fundamento de la misma o el

tratamiento preferencial al que tenía derecho, evento en el cual si se causó un agravio, el mismo fue Justificado, pues no basta con tener un derecho, sino es necesario hacerla valer en la forma prevista por la ley, sin que la inactividad de la parte que pretende la titularidad del mismo conduzca, al enriquecimiento ilícito de la otra, para el caso de la Administración. Reseñó que la mercancía ingresó al país entre el 9 de abril y el 14 de mayo del 2002, conforme a la información que sobre el documento de transporte aparece en las casillas 6 y 7 de las Declaraciones de Importación Aportadas. Anotó que si la accionante, había solicitado la certificación correspondiente de parte del Ministerio del Medio Ambiente, el 11 de febrero de 2002 y ésta fue expedida tardíamente, bien pudo acogerse al artículo 115 del Decreto 2685 de 1999, que prescribe: "Permanencia de la mercancía en el depósito. Para efectos aduaneros, la mercancía podrá permanecer almacenada mientras se realizan los trámites para obtener su levante, hasta por el término de dos (2) meses, contados desde la fecha de su llegada al territorio aduanero nacional. Cuando la mercancía se haya sometido a la modalidad de tránsito, la duración de éste suspende el término aquí señalado hasta la cancelación de dicho régimen. El término establecido en este artículo podrá ser prorrogado hasta por dos (2) meses adicionales en los casos autorizados por la autoridad aduanera y se suspenderá en los eventos señalados en el presente Decreto". (Negrilla del demandado). Expediente 16237 13

Indicó que ante la tardanza del Ministerio, la actora pudo recurrir a la prórroga del término de permanencia en depósito, dado lo cual, la mercancía pudo haber permanecido en el depósito hasta el 9 de agosto de 2002. Aclaró que la Certificación 1705 fue proferida el 18 de junio de 2002 por parte del Ministerio, la que fue allegada a la sociedad solicitante el 21 de junio de 2002, transcurridos solo unos días después de la presentación en bancos de las declaraciones de importación, lo cual ocurre el 7 y 13 de junio de 2002. Solicitó condenar al demandante al pago de costas y agencias en derecho, en caso de proferirse fallo absolutorio en favor de la entidad demandada.

II. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Esta Delegada del Ministerio Público procede a emitir concepto en relación con la solicitud de declaratoria de nulidad de los actos administrativos contenidos en la Resolución 11–064–03869 de 12 de noviembre de 2002, por medio de la cual se denegó la solicitud de Liquidación Oficial de Corrección, a efectos de que la Sociedad ISAGÉN S.A. E.S.P., obtuviese la devolución del IVA pagado, con motivo de la importación de equipos del sistema de incendios con base en CO2, de las centrales de San Carlos y Jaguas; así como, la Resolución 83 A 11072 A 000384, que confirmó la anterior; proferidas ambas, por la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales DIAN, Regional Noroccidente, Administración de Aduanas de

Medellín. A los efectos anotados, habremos de recordar que la discusión planteada en el presente asunto, gravita en torno a si para efectos de la procedencia del reconocimiento del derecho a la exención del pago del impuesto sobre las ventas, previsto en el numeral 4° del artículo 424 – 4 y el literal f del Expediente 16237 14 artículo 428 del Estatuto Tributario, basta con la aportación de la certificación expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, conforme lo dispone el Decreto Reglamentario 2532 de 2001, sin importar que la misma, se haya hecho aún después de presentadas y aceptadas las declaraciones de importación de que se traten, como pretende el actor; o si como lo afirma la entidad accionada, dicho documento debió ser aportado con anterioridad a la presentación y aceptación de dichas declaraciones, conforme lo previene el artículo 89 de la Resolución 4240 de 2000. Resulta necesario precisar, que no corresponde a la verdad la afirmación de la apoderada, según la cual, la sociedad demandada pagó el impuesto sobre las ventas porque estaba obligada a ello, en el momento de la presentación y aceptación de las declaraciones, por existir causa legal. Con dicha afirmación, desconoce la presunción de legalidad bajo la cual fue expedida la certificación 1705 de 18 de junio de 2002, proferida por el Ministerio del Medio Ambiente, que se constituyó en la prueba con la que la sociedad actora, acreditó la causa legal para acceder al beneficio deprecado. Cosa muy distinta es que la certificación aludida, haya sido expedida con

posterioridad a la presentación de las declaraciones, llevadas a cabo el 7 y el 13 de junio de 2002 y, por lo mismo, no haya podido aportarla ni antes, ni de manera simultánea con aquellas, de lo cual cabe inferirse, que la demandante no hizo cosa distinta que declarar y pagar un tributo, del que si bien reconocía el derecho que le asistía a ser eximido de su pago, mal podía esgrimirlo sin disponer de la certificación que así lo acreditase. Ahora bien, del análisis de las actuaciones desplegadas por la sociedad actora, podemos advertir la diligencia con que ésta actuó en aras de obtener la certificación del Ministerio del Medio de Ambiente, a los efectos de que fuese acreditada por dicha entidad, la exclusión del pago del Expediente 16237 15 impuesto sobre las ventas, en relación con los bienes importados a que tenía derecho, como en efecto se observa del plenario de pruebas, en el que se puede corroborar que la solicitud de dicha certificación fue formulada con la debida antelación, si bien esta fue presentada el 11 de febrero de 2002, es decir, aproximadamente cuatro (4) meses antes de presentar sus declaraciones. En ese contexto resulta pertinente recordar, que el derecho a la exclusión tiene su origen en normas legales consagradas en el numeral 4° del artículo 424–4 y el literal f) del artículo 428 del Estatuto Tributario, los cuales fueron objeto de una reglamentación especial, a través del Decreto Reglamentario 2532 de 27 de noviembre de 2001, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De otra parte, la Resolución 0486 de 2002, expedida por el Ministerio del

Medio Ambiente, consagró el conjunto de procedimientos necesarios para obtener la certificación de exclusión del impuesto sobre las ventas IVA, de que tratan las normas atrás invocadas. En ese sentido, huelga mencionar la interpretación restrictiva de que son objeto las exclusiones en materia tributaria, siendo por ello que las disposiciones aplicables a dicha materia, deban obedecer de manera prevalente a la normatividad de la que derivan su origen, a contrario sensu, de la opinión que a este respecto sostiene la apoderada de la entidad accionada, en relación a la preponderancia que le confiere sobre dicho tópico, a la legislación aduanera. Desde esa perspectiva, habremos de recordar que el parágrafo 3° del literal i) del artículo 428 del Estatuto Tributario, consagró el deber de obtener la certificación requerida para acceder a la exclusión del impuesto sobre las ventas en la importación de los bienes de que se trate. Expediente 16237 16 Empero, resulta necesario precisar, que la exigencia de que la aportación de la certificación para acreditar el derecho a acceder a la exclusión fuese de manera previa a la presentación y aceptación de la declaración, fue consagrada a partir del 27 de diciembre de 2002, con la entrada en vigencia de la Ley 788 de 2002, lo cual nos permite inferir, que antes de la entrada en vigencia de esta disposición, no había una manifestación expresa en ese sentido por parte del legislador, que como hemos expuesto antes, es el órgano facultado para establecer tanto el beneficio, como la condición para acceder a él.

La Sección Cuarta del Honorable Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2004; M.P., Juan Ángel Palacio Hincapié; radicación 13533, que avocó el estudió de legalidad del Concepto 003, proferido por la Oficina Jurídica de la DIAN, el 12 de julio de 2002, en relación con el impuesto sobre las ventas, que interpretaba el artículo 89 del Decreto 2685 de 1999, que en lo pertinente prescribía lo siguiente: “ … el momento único y oportuno para allegar la certificación o documento que acredite el derecho a invocar la exclusión del impuesto cuando sea del caso, no siendo del caso en etapa posterior”, en su parte considerativa expuso: “Se tiene entonces que tanto de la normatividad tributaria como de la aduanera surge la condición específica para que se reconozca el beneficio de la exclusión del IVA en la importación de elementos y equipos destinados al desarrollo de programas del medio ambiente, consistente en la acreditación de su destinación mediante la certificación expedida por el Ministerio del Medio Ambiente en el momento de presentación y aceptación de la declaración de importación, tal como se indica en el inciso cuarto del aparte del concepto acusado. Pero lo que si no se infiere de norma alguna, es que la misma certificación no pueda ser "de recibo en una etapa posterior", cuando el importador que por cualquier circunstancia no la haya obtenido previamente y por la misma razón tampoco haya solicitado en la declaración de importancia el beneficio de la exclusión del IVA, decida reclamar con posterioridad al derecho que le otorgaba la ley vigente al momento de realizar la importación, acudiendo a los procedimientos

aduaneros establecidos para hacer viable tal reconocimiento. En efecto, tal restricción no surge del artículo 89 del Decreto 2586 de 1999, que según el concepto acusado es la norma interpretada, puesto que lo dispuesto en ella es que "Los tributos aduaneros que se deben liquidar por la importación, serán los vigentes en la fecha de presentación y aceptación de la respectiva declaración de importación", previsión de la que evidentemente no se desprende ninguna regulación probatoria acerca de la oportunidad en la que el importador debe acreditar el beneficio de la exclusión del IVA, como tampoco que la Expediente 16237 17 circunstancia de no haberse obtenido o solicitado la respectiva certificación antes d