PGN - IMPUTACION FACTICA - Supuestos a pesar que el daño provenga de un tercero

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO-Falla del servicio por omisión en el deber de protección IMPUTACIÓN FÁCTICA-Se deriva de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna pudiendo evitar el resultado IMPUTACIÓN FÁCTICA-Supuestos a pesar que el daño provenga de un tercero Un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al Estado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado. HECHO DE UN TERCERO-No se configura como causal de exoneración cuando el Estado tenía la obligación de adoptar medidas de protección Si bien la acción material del asesinato no fue cometida por funcionarios de la entidad demandada, no se configura el hecho de un tercero como casual de exoneración, toda vez que el hecho dañoso si tuvo ocurrencia por la falta de medidas de protección que de manera imperativa debió adoptar la Fiscalía con su funcionario en razón de las labores a su cargo y habida consideración de la situación conocida de inseguridad para los administradores de justicia en esa zona del país. POSICIÓN DE GARANTE-Deber objetivo de cuidado por parte del Estado respecto de ciertas personas IMPUTACIÓN JURÍDICA-Supone el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio

PERJUICIOS MORALES-Se presumen sufridos por los parientes cercanos de la víctima INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS-Perjuicio de la vida en relación INDEMNIZACIÓN A FORFAIT-Situación de permanente exposición en el ejercicio de funciones, que implica un riesgo y peligrosidad relevantes: PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.142 (540012331000 2003 01301 01)

PROCURADURÍA PRIMERA DELEGADA

ANTE EL CONSEJO DE ESTADO CONCEPTO No. 037 / 2011

Bogotá, D.C., 8 de agosto de 2011.

SEÑORES

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente Doctor JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA

E. S. D.

EXPEDIENTE: 41.142 (540012331000 2003 01301 01)

Acción de Reparación Directa

ACTOR: ISABEL ZORAIDA JAIMES OLARTE y otros DEMANDADO: Nación – Fiscalía General de la Nación El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala su concepto en el proceso de la referencia.

I. ANTECEDENTES 1.1. Demanda.- El 4 de noviembre de 2003 (fls. 1 y 23 C. 1 Exp. 540012331000

2003 01301 00), y el 31 de octubre de 2003 (fls. 1 y 24 C. 2 Exp. 540012331000 2003 01303 00), en procesos acumulados1, en ejercicio de la acción de reparación directa, la señora Isabel Zoraida Jaimes Olarte, Katia Milena Pinto Jaimes y Carla Lorena Pinto Jaimes (en condición de compañera permanente e hijas Exp. 2003 01301) y Mario Alberto Pinto Calderón, Mónica del Pilar Pinto Nieto, Carmen Sofía Pinto Jiménez, Claudia Marcela Pinto Duarte, Leonardo Granados Duarte y Fanny Duarte Amaya (en condición de hijos biológicos y los dos últimos como hijo de crianza y compañera permanente Exp. 2003 01303), demandaron a la Nación – Fiscalía General de la Nación para que se le declarara responsable de los perjuicios sufridos con la muerte de Carlos Arturo Pinto Bohórquez, en hechos ocurridos en Cúcuta el 1° de noviembre en 2001, cuando se desempeñaba como Fiscal Delegado ante los Jueces Penales del Circuito Especializado ante el DAS y la SIJIN En el proceso 2003 – 1301 las demandantes solicitaron que se reconociera a su favor perjuicios morales, materiales y a la vida en relación; y en el 2003-1303 que se indemnizaran los perjuicios morales. Se adujo que la justicia regional o sin rostro dejó de funcionar el 30 de junio de 1999 y fue reemplazada por la justicia especializada que creó la ley 270 de 1996; 1 Por auto de 6 de agosto de 2009 fls. 424 a 425 C. 1

2 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.142 (540012331000 2003 01301 01) que el doctor Pinto Bohórquez ingresó a la justicia regional el 3 de octubre de 1994 y luego continuó como Fiscal Especializado delegado antes el DAS y la SIJIN. Que en el año 2001 operó un plan para asesinar a funcionarios de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo, del CTI, etc; el 28 de julio de 2001 asesinaron a la doctora María del Rosario Silva Ríos y al doctor Pinto lo designan en su reemplazo como Fiscal delegado ante la Policía Nacional y el Das, pero la Fiscalía olvidó prestarle seguridad, protección, escoltas, etc; era un hecho notorio el peligro que corría y por ello no era necesario que el funcionario solicitara protección. Igualmente se afirma que el periodista Plinio Apuleyo Mendoza, sin conocer las investigaciones de él y de otros Fiscales, puso en tela de juicio su rectitud diciendo que se dejaban libres a los militantes del ELN; desde entonces el doctor Pinto fue objeto de amenazas e intimidaciones anónimas que lo llevaron a solicitar el cambio de abonado telefónico, a pedir al Vice Fiscal su traslado a Bucaramanga y a tomar otras medidas de seguridad; en agosto de 2001 solicitó a la Dirección Seccional de Fiscalía un vehículo para desplazarse desde su

residencia al lugar de trabajo, lo cual se le negó. El 1 de noviembre de 2001, 3 meses después de su posesión, el doctor Pinto fue asesinado por sicarios a las 7.30 am., ante este hecho el poder judicial de Norte de Santander entró en paro y se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el que el Ministro del Interior señaló que se pondrían en marcha esquemas de seguridad para jueces y fiscales. 1.2. Contestación de la demanda. (fls. 60 a 65 C. 1 y 82 a 90 C. 2). La Fiscalía se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Sostuvo que el doctor Pinto Bohórquez no solicitó protección ni dio aviso de las amenazas; que la entidad no es un organismo de seguridad del Estado; que el cargo que ocupaba el doctor Pinto constituye una actividad peligrosa por las circunstancias de violencia que vive el país y el funcionario que acepta el cargo asume el riesgo que ello acarrea. Afirmó que no existió falla del servicio y que se presentó la causal de exoneración del hecho de un tercero. 1.3. Fallo de primera instancia.- El Tribunal Administrativo de Norte de Santander2 declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la muerte de Carlos Arturo Pinto Bohórquez y como consecuencia la condenó a pagar por perjuicios morales a favor de Isabel Zoraida Jaimes Olarte, en condición de compañera permanente, el equivalente a 60 smlm, y a favor de Mario Alberto Pinto Calderón, Claudia Marcela Pinto Duarte, Carmen Sofía Pinto Jiménez, Mónica del Pilar Pinto Nieto, Katia Milena Pinto Jaimes y Karla Lorena Pinto

Jaimes, hijos de la víctima, el equivalente a 80 smlm para cada uno. Y, por perjuicios materiales, a favor de Isabel Zoraida Jaimes Olarte, la suma de $554’476.836; para Katia Pinto Jaimes la suma de $127’803.637 y para Karla Pinto Jaimes $73’271.230. Negó las demás súplicas. Señaló que era evidente el riego que corría el doctor Carlos Pinto, pues era de conocimiento público que 4 meses antes había sido asesinada la doctora Rosario 2 Sentencia de 20 de enero de 2011 fls. 428 a 451 vto. C. Ppal. 3 3 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.142 (540012331000 2003 01301 01) Silva a quien reemplazó en el cargo. Que se había celebrado Consejo de Seguridad, en el que se advirtió de la grave situación de riesgo de algunas personas en razón del cargo, sin que se adoptaran las medidas necesarias para la protección; que la prensa también dio noticia de las amenazas y asesinatos de funcionarios judiciales en el año 2001; debido a la ola de asesinatos no se adoptaron medidas de seguridad; que es notorio que hubo omisión por parte de la entidad por cuanto el doctor Pinto ni siquiera contaba con vehículo oficial. De

haber tenido las medidas de seguridad muy probablemente el crimen no se habría llevado a cabo y solo después de su asesinato se prendieron las alarmas de emergencia 1.4. Apelación.- (fls. 455 a 467 C. 3 Ppal.) Las dos partes impugnaron el fallo. La Fiscalía General de la Nación pidió denegar las súplicas de la demanda. Afirmó que no se reconoció la falta de legitimación por pasiva de la entidad, que se trató de un hecho delictivo ejecutado por terceros y que la víctima no presentó solicitud formal de protección. De otro lado alegó que la condena impuesta fue excesiva y en lo que se refiere a los daños materiales reconoce daños no probados y situaciones hipotéticas. Se alega que la Fiscalía le canceló a los familiares las prestaciones y el seguro de vida, el seguro de muerte y el auxilio funerario; la naturaleza jurídica de la reparación directa busca el resarcimiento del daño y no el enriquecimiento de los actores, quienes en este caso (la compañera y la hija Katia Pinto) fueron beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Las señoras Isabel Zoraida Jaimes, Carla Lorena y Katia Milena Pinto Jaimes, apelaron para que se eleve el monto de la condena por perjuicios morales, pues dada la magnitud e intensidad del daño debe incrementarse por encima de los 100 smlm.; además piden que se reconozcan los perjuicios a la vida en relación.

II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problema Jurídico. Consiste en determinar si la Nación – Fiscalía General

de la Nación incurrió en una falla del servicio por omisión en el deber de protección y, de haber existido, si aquélla constituyó la causa eficiente del daño cuya reparación se reclama. Así mismo, si hay lugar a aumentar la indemnización por perjuicios morales y a reconocer perjuicios a la vida en relación a favor de las señoras Isabel Zoraida Jaimes Olarte, Katia Milena Pinto Jaimes y Carla Lorena Pinto Jaimes. La competencia en segunda instancia se limita a los argumentos de los apelantes. 2.2. Responsabilidad por omisión. Imputación fáctica y jurídica La SECCIÓN TERCERA, el 18 de febrero de 2010. Radicación número: 2000123-31-000-1997-03529-01(18274), en relación con la responsabilidad por omisión cuando el Estado actúa como garante, precisó: 4 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.142 (540012331000 2003 01301 01) “En el caso concreto, el análisis de imputación desborda el plano de lo material y fáctico para ubicarse en un escenario jurídico y normativo que se traduce, en sí mismo, en un ejercicio de imputación objetiva que permite determinar si el daño es o no atribuible en cabeza de la Policía Nacional, como quiera que los demandantes aducen que existió una omisión por parte de la mencionada institución que configuró una falla del servicio o,

eventualmente, un daño especial derivado del rompimiento de las cargas públicas. En otros términos, si bien la execrable muerte del personero municipal Jorge Enrique León fue perpetrada por un grupo de personas que le dispararon en multiplicidad de ocasiones, lo que prima facie, desde el plano material, configuraría una ausencia de imputación respecto del Estado por tratarse del hecho exclusivo de un tercero, lo cierto es que en el mundo del derecho, el estudio de la imputatio facti enseña que ésta no sólo puede ser fáctica, sino también normativa que para el caso, se estructura en la dimensión de la imputación objetiva y de la omisión. Sobre el particular, la Sección ha puntualizado3: “Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar de un sujeto. “En materia del llamado nexo causal, debe precisarse una vez más que este constituye un concepto estrictamente naturalístico que sirve de soporte o elemento necesario a la configuración del daño, otra cosa diferente es que cualquier tipo de análisis de imputación, supone, prima facie, un estudio en términos de atribuibilidad material (imputatio facti u objetiva), a partir del cual se determina el origen de un específico resultado que se adjudica a un obrar –acción u omisión-, que podría interpretarse como causalidad material, pero que no lo es jurídicamente hablando porque pertenece al concepto o posibilidad de referir un acto a

la conducta humana, que es lo que se conoce como imputación. “No obstante lo anterior, la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política4. “(…) 3 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de marzo de 2009, exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero. 4 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de julio 12 de 1993, expediente 7622, M.P. Carlos Betancur Jaramillo. 5 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.142 (540012331000 2003 01301 01) “En consecuencia, la imputación fáctica puede derivarse de la constatación en el plano material de la falta de intervención oportuna que hubiera podido evitar el resultado; en efecto, es en el plano de la omisión donde con mayor claridad se verifica la insuficiencia del dogma causal, motivo por el cual el juez recurre a ingredientes de tipo normativo para determinar cuándo una consecuencia tiene origen en algún tipo de

comportamiento y, concretamente, a quién resulta endilgable o reprochable la generación del daño. De lo contrario, la responsabilidad derivada de la omisión no tendría asidero, como quiera que a partir de la inactividad no se deriva nada, es decir, no se modifica el entorno físico; en ese orden de ideas, el derecho de daños ha evolucionado en la construcción de instrumentos normativos y jurídicos que permiten solucionar las insuficiencias del denominado nexo causal importado de las ciencias naturales, para brindar elementos que permitan establecer cuándo un determinado daño es atribuible a la acción u omisión de un determinado sujeto. “En ese orden de ideas, el hecho de analizar la (sic) un resultado bajo la perspectiva de ingredientes normativos (v.gr. como la posición de garante), fijados por la ley y la jurisprudencia es lo que permite, con mayor facilidad, establecer la imputación fáctica (atribución material), esto es, se itera, la asignación de un determinado daño en cabeza de un específico sujeto. “En relación con la posibilidad de emplear la posición de garante, como elemento normativo para la construcción de la imputación fáctica del resultado, la jurisprudencia de la Sala ha señalado: “Por posición de garante debe entenderse aquélla situación en que coloca el ordenamiento jurídico a un determinado sujeto de derecho, en relación con el cumplimiento de una específica obligación de intervención, de tal suerte que cualquier desconocimiento de ella acarrea las mismas y diferentes consecuencias, obligaciones y sanciones que repercuten para el autor material y directo del hecho5.

“Así las cosas, la posición de garante halla su fundamento en el deber objetivo de cuidado que la misma ley –en sentido material– atribuye, en específicos y concretos supuestos, a ciertas personas para que tras la configuración material de un daño, estas tengan que asumir las 5 (pie de página de la cita) “La posición de garante trata de dar una explicación y respuesta teórica y coherente a la cuestión de cuáles son las condiciones que deben darse para que el no impedir la entrada de un resultado sea equiparable a la causación positiva del mismo. Según la opinión que aquí será defendida, sólo se puede alcanzar una solución correcta si su búsqueda se encamina directamente en la sociedad, pero ésta entendida como un sistema constituido por normas, y no si la problemática toma como base conceptos enigmáticos basados en el naturalismo de otrora, pues la teoría de la posición de garante, como aquí entendida, busca solucionar solamente un problema normativo-social, que tiene su fundamento en el concepto de deber jurídico.” Cf. PERDOMO Torres, Jorge Fernando “La problemática de la posición de garante en los delitos de comisión por omisión”, Ed. Universidad Externado de Colombia, 2001, Pág. 17 a 20. Ver igualmente: LÓPEZ Díaz, Claudia “Introducción a la Imputación Objetiva”, Ed. Universidad Externado de Colombia; JAKOBS, Günther “Derecho Penal – Parte General”, Ed. Marcial Pons; ROXIN, Claus “Derecho Penal – Parte General “Fundamentos de la Estructura de la Teoría del Delito”, Ed. Civitas. 6 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co

Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.142 (540012331000 2003 01301 01) derivaciones de dicha conducta, siempre y cuando se compruebe fáctica y jurídicamente que la obligación de diligencia, cuidado y protección fue desconocida.6”7 “(…) (…) En consecuencia, el hecho de que el daño tenga su génesis directa, material y causal en la conducta de un tercero no quiere significar, en principio, que se haya configurado una causa extraña que exonere de responsabilidad a la administración pública, toda vez que aquél puede devenir imputable a esta última si su comportamiento fue relevante y determinante en el desencadenamiento del mismo, bien porque se contribuyó con una acción en la producción (v.gr. con un aumento del riesgo permitido o un desconocimiento del principio de confianza), o si pudiendo evitarlo se abstuvo de enervar su generación, esto último, siempre y cuando se constate en estos eventos que la entidad demandada se encontraba en posición de garante, es decir, que de conformidad con el ordenamiento jurídico estuviera compelida a evitar el resultado. Por consiguiente, si bien la imputación fáctica tiene un sustrato material o causal, lo cierto es que no se agota allí, ya que dada su vinculación con ingredientes normativos es posible que en sede de su configuración se establezca que un daño en el plano material sea producto de una acción u omisión de un tercero, pero resulte imputable al demandado siempre que se constate la ocurrencia de cualquiera de los siguientes aspectos: i) con

fundamento en el ordenamiento jurídico se tenía el deber de impedir la materialización del daño (posición de garante); ii) con su actividad se incrementó el riesgo permitido (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado); o iii) se estaba dentro del ámbito de protección de una norma de cuidado. (…) De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de 6 (pie de página de la cita) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de octubre de 2007, exp. 15567. 7 (pie de página de la cita) Ver igualmente: sentencias de 15 de octubre de 2008, exp. 18586, de 20 de febrero de 2008, exp. 16996, de 1º de octubre de 2008, exp. 27268. De igual manera, el Consejo de Estado ha sostenido que los eventos señalados en el Código Penal, como constitutivos de posición de garante, son igualmente extensivos a la responsabilidad extracontractual del Estado, motivo por el cual son aplicables para definir en qué casos un daño antijurídico es imputable a la organización estatal. Así las cosas, las causales de posición de garante, para efectos de imputar responsabilidad o daños causados, se encuentran contenidas en el artículo 25 del Código Penal (que regula la acción y omisión), y su análisis y aplicación puede ser trasladado a la

responsabilidad extracontractual del Estado, con precisas salvedades. Tales circunstancias son las siguientes: “Son constitutivas de posiciones de garantía las siguientes situaciones:

1. Cuando se asuma voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio.

2. Cuando exista una estrecha comunidad de vida entre personas.

3. Cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas.

4. Cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente.”

7 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.142 (540012331000 2003 01301 01) un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas.” (Negrillas con subrayas fuera del texto) En providencia del 31 de enero de 2011, Radicación número: 05001-23-26-0001990-006381-01(17842), se precisó sobre el deber de protección: “Al respecto la Sala tiene por establecido que cuando un funcionario público o cualquier persona, requiere de protección por considerar que su vida corre peligro en razón de su cargo o por el desarrollo de sus actividades, las

autoridades competentes que conozcan el estado en que se encuentra, tienen el deber de brindar la protección adecuada8.” 2.3. Caso concreto 2.3.1. Caducidad. Las dos demandas se interpusieron dentro del término legal de los dos años siguientes al hecho de la muerte, pues el deceso ocurrió el 1° de noviembre de 2001 y las acciones se incoaron el viernes 31 de octubre de 2003 y el martes 4 de noviembre de 2003 (el 1° sábado, 2° domingo y 3° festivo). 2.3.2. Legitimación en la causa por activa. Con los registros civiles de nacimiento se acreditó que Carlos Arturo Pinto Bohórquez era el padre de Carla Lorena Pinto Jaimes, Katia Milena Pinto Jaimes (fls. 24 y 25 C. 1) y Mónica del Pilar Pinto Nieto, Claudia Marcela Pinto Duarte, Mario Alberto Pinto Calderón y Carmen Sofía Pinto Jiménez (fls. 24 a 27, 29, 138, 147, 148 C. 2) Respeto de la señora Isabel Zoraida Jaimes Olarte, las declaraciones de Alix Magdalena Lara Chirinos, María Nelly Serrano de Rojas, Olga Mercedes Mantilla y Reinaldo de Jesús Serna Rosales (fls. 216 a 224 C. 1), demuestran la condición de compañera permanente de la víctima. En relación con Leonardo Granados Duarte y Fanny Duarte Amaya, en primera instancia se negaron las pretensiones frente a ellos, decisión que no fue recurrida por lo que no se hará pronunciamiento al respecto. 2.3.3. Legitimación en la causa por pasiva. La Nación – Fiscalía General de la

Nación está legitimada en razón a que se demanda la declaratoria de responsabilidad generada en la falta de protección de esa entidad al doctor Carlos 8 (pie de página de la cita) “Al Estado se le imputan los daños antijurídicos sufridos por los particulares cuando aquél, estando en capacidad de prever la ocurrencia de tales daños, omitió el cumplimiento de su deber de protección. Valga la pena subrayar este último elemento. El Consejo de Estado no hizo con esta decisión al Estado responsable de todos los daños antijurídicos sufridos por los particulares. De ser así, toda víctima de un delito podría demandar al Estado por omisión de su deber de protección. La alta corporación suscribió la posibilidad de imputar tales daños a la posibilidad de las autoridades de prever su ocurrencia…” Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, el nueve de mayo de 1996, expediente 10654. 8 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.142 (540012331000 2003 01301 01) Pinto, quien para la época de su fallecimiento se desempeñaba como Fiscal Especializado. 2.3.4. De la responsabilidad. Del análisis de los medios de prueba encuentra el Ministerio Público que se probó el daño antijurídico y la imputación a la demandada. 2.3.4.1. Daño.

Se acreditó con el registro de defunción de acuerdo con el cual el fallecimiento de Carlos Pinto Bohórquez ocurrió el 1 de noviembre de 2001 a las 7:15 am en Cúcuta (fls. 27 C. 1 y 30 C. 2). Se allegó -por duplicadoen fotocopia auténtica el proceso penal9 adelantado por el asesinato del doctor Pinto Bohórquez (fls. 215 C. 1 y 145, 154 C. 2 y anexos), el cual fue solicitado por las dos partes (fls. 22 C. 1 y 21 y 89 c. 2). Obra la Inspección de levantamiento del cadáver, el protocolo de necropsia según el cual “fallece súbitamente secundario a shock neurogénico secundario a causa de trauma craneoencefálico severo producido por proyectil de arma de fuego” (anexo 2) Se aportaron publicaciones del diario La Opinión que contienen las noticias 9 El Consejo de Estado -Sección Tercera, sentencia de 10 de agosto de 2000. Rad. 12648al estudiar el tema de la prueba practicada en proceso diferente, señaló, en relación con los testimonios: “El C.P.C, por su parte, enseña que la prueba trasladada a otro proceso podrá valorarse directamente, sin ninguna otra actuación judicial, siempre y cuando en el proceso primitivo se dé una de estas dos condiciones:  se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce, o  se hubieran practicado con su audiencia (art. 185). Igualmente enseña, que si la prueba trasladada es testimonial y no se da ninguna de aquellas otras dos condiciones, es

necesario para su valoración la ratificación de la misma (art. 229 numeral 1º).” Y, respecto de la prueba documental, en el mismo pronunciamiento se dijo: “Esa prueba a diferencia de la testimonial se apreciará y valorará, según el caso. La ley procesal civil enseña que como la prueba documental puede provenir de cualquiera de las partes o de un tercero, y puede ser pública o privada, habrá que tener en cuenta las exigencias legales, en cada caso, para valorarlas. Si la trasladada llena las condiciones de aportación, apreciación y valoración se tendrán en cuenta. En caso contrario no, porque el simple traslado no puede legitimar el estado precario de un medio probatorio. En el caso de aportación debida de prueba documental pública o privada en el proceso penal, y trasladada a éste contencioso administrativo, se apreciará en toda su extensión, porque no fueron tachados dentro de la oportunidad legal. Al respecto la ley procesal civil, artículo 289 C.P.C, indica que la parte contra quien se presente un documento público o privado, podrá tacharlo de falso en la contestación de la demanda, si se acompañó con ésta; y en los demás casos, dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto que ordene tenerlo como prueba, o al día siguiente al en que haya sido aportado en audiencia o diligencia” En sentencia de 21 de febrero de 2002, Rad. Radicación: 05001-23-31-000-1993-0621-01(12789), se dijo: “… esta Sección ha expresado, en otras ocasiones, que, en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso

contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión”. 9 PHM Primera Delegada ante el Consejo de Estado. consejodeestado1@procuraduria.gov.co Cra. 5 No. 15-80 Piso 20. PBX. 5878750 Ext. 12056 Fax. 12094. www.procuraduria.gov.co Expediente No. 41.142 (540012331000 2003 01301 01) relacionadas con el asesinato del doctor Pinto Bohórquez. Sobre los artículos de prensa, la Sección Tercera ha señalado que la Sala suele abstenerse de valorarlos10 “como quiera que en principio las informaciones difundidas en medios de comunicación no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos sino, simplemente, de la existencia de la noticia o de la información11.” Se les puede apreciar como prueba documental, pero no con fuerza para acreditar la veracidad de su contenido: “(…) unos periódicos que según la parte demandante corresponden a publicaciones realizadas en los periódicos El Tiempo y El Nuevo Día, respectivamente, con los cuales pretendió demostrar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el accidente y la responsabilidad de la entidad demandada. (…) Estos artículos pueden ser apreciados como prueba documental y por lo tanto, dan certeza de la existencia de las informaciones, pero no de la

veracidad de su contenido. Debe recordarse que el documento declarativo difiere de la prueba testimonial documentada. Por lo tanto, si bien el documento puede contener una declaración de tercero, el contenido del mismo no puede ser apre