PGN - INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO DISCIPLINARIO - Concepto y duración

Dependencia: Procuraduría Primera Delegada Vigilancia Administrativa

Radicación: 113-1809

Disciplinado: Carlos Javier Zamudio Palacios Cargo y entidad: Alcalde Municipal de Sandoná (Nariño) Quejoso: Comité de Ciudadanos Interesados en combatir la corrupción administrativa en la Alcaldía Municipal de

Sandoná.

Fecha queja: Noviembre 14 de 2001.

Fecha hechos: Octubre 15 y diciembre 26 de 2001

Asunto: Presunta intervención indebida en política.

Bogotá DC, 19 de agosto de 2003 Procede el Despacho en ejercicio de la competencia asignada por el Señor Procurador General de la Nación (e), Doctor CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, mediante auto del 18 de julio del año en curso, visible a folio 475, a decretar la nulidad de lo actuado desde el auto de 6 de agosto de 2002 (fl. 120), por medio del cual, la comisión designada por el Doctor CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, avocó el conocimiento de las diligencias radicadas bajo el número 113-1809 y dispuso la práctica de pruebas “..Para el perfeccionamiento de la indagación preliminar ordenada por el Señor Procurador Provincial de Pasto, en auto de doce de diciembre de dos mil uno...”, dentro de las diligencias radicadas bajo el número 113-1809, adelantadas contra los señores CARLOS JAVIER ZAMUDIO PALACIOS y ALVARO IZQUIERDO VARGAS, en su condición de Alcalde del Municipio de Sandoná el primero y Director de la UMATA

del mismo municipio el segundo. HECHOS Presentan queja los miembros del Comité de ciudadanos interesados en combatir la corrupción administrativa en la Alcaldía de Sandoná, en la cual acusan a los señores CARLOS JAVIER ZAMUDIO PALACIOS y ÁLVARO IZQUIERDO VARGAS, Alcalde de Sandoná y Director de la UMATA de Sandoná respectivamente, de presunta intervención política previa a las elecciones del 10 de marzo de 2002, en favor de los aspirantes GERMÁN VARGAS LLERAS al Senado de la República y JAVIER TATO ÁLVAREZ MONTENEGRO a la Cámara de Representantes, expresa la queja que el 15 de octubre de 2001 en casa del señor BYRON ZAMBRANO ROSAS y el 26 de diciembre de 2001 en la residencia del señor JOSÉ LUIS ZAMBRANO en el municipio de Sandoná se efectuaron reuniones de carácter político en las que estuvo presente, en la primera el Señor JAVIER TATO ÁLVAREZ MONTENEGRO. Se afirma, que a las dos reuniones acudieron los señores

CARLOS JAVIER ZAMUDIO PALACIOS y ÁLVARO IZQUIERDO.

Se afirma igualmente que el Señor CARLOS JAVIER ZAMUDIO PALACIOS en forma pública y verbal solicitó apoyo político para las elecciones del 10 de marzo de 2002 a favor del Señor JAVIER TATO ÁLVAREZ MONTENEGRO, con el fin de pagarle el implicado favores personales al señor ÁLVAREZ, quien además le había ofrecido si salía electo, darle dos cargos de importancia, uno para él y otro para su

esposa. CONSIDERACIONES DE LA DELEGADA Se observa a folio 3 del expediente, auto de fecha 12 de diciembre de 2001, mediante el cual, el Procurador Provincial de Pasto ordena adelantar indagación preliminar. Posteriormente, una vez se tramitó dicha etapa procesal, se decretó por el funcionario el archivo de la actuación (fls. 56 y ss), que fue apelado por los quejosos, siendo revocado por el Procurador Regional de Nariño el 24 de abril de 2002 (fls. 77 y ss). Con auto visible a folio 106, el Doctor CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, en su condición de Presidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales crea una Comisión Especial Disciplinaria conformada por los doctores MYRIAM CANAL RICAURTE, Procuradora 143 Judicial Penal II de Pasto y LUIS ANUARIO ÁLVAREZ PANTOJA, Procurador 145 Judicial II Penal de Pasto para asumir el conocimiento de la investigación y continuar con ella, auto aclarado el 22 de julio de 2002 (fl. 117). El 6 de agosto de 2002, la comisión avoca el conocimiento de la investigación, profiriendo auto en el que se ordena la práctica de pruebas “...Para el perfeccionamiento de la indagación preliminar ordenada por el señor Procurador Provincial de Pasto, en auto de doce de diciembre de dos mil uno...”, (fl. 120), esto es, casi 8 meses después de haberse ordenado la indagación preliminar por el citado funcionario. Posteriormente, el 12 de agosto de 2002 (fl. 147), la misma comisión dispone: “...Con la finalidad de perfeccionar la presente investigación, se

decreta la práctica...”. El 22 de agosto (fl. 169) profiere auto “Para mejor proveer...”, ordenando otras pruebas. El 10 de octubre de 2002 abren investigación disciplinaria contra el Señor CARLOS JAVIER ZAMUDIO PALACIOS y archiva la actuación contra el Señor ÁLVARO IZQUIERDO VARGAS. No ordena práctica de pruebas. Sin mas actuación, el 6 de diciembre de 2002 le formula auto de cargos al Señor CARLOS JAVIER ZAMUDIO PALACIOS (fls. 284 y ss). Ahora bien, de acuerdo a la actuación anterior, aparece claro que la comisión designada para adelantar la investigación respectiva, optó por continuar con la indagación preliminar, a pesar de encontrarse vencido el término para ello, ya que ésta se inició, como antes se anotó, el 12 de diciembre de 2001 y el auto que ordenó su perfeccionamiento se profirió el 6 de agosto de 2002, lo cual nos lleva a concluir que la prueba arrimada al expediente por parte de los funcionarios comisionados no puede tenerse como válida por haberse realizado extemporáneamente. La Ley 734 de 2002, en su artículo 150 inciso cuarto establece que la indagación preliminar tendrá una duración de seis meses, culminando con la decisión de archivo o la apertura de investigación, que era la actuación que procedía y no el perfeccionamiento de la indagación preliminar como lo decidió la comisión. Al respecto se ha pronunciado en diversas oportunidades la Corte Constitucional que en Sentencia C-728 de 2000, expresó “...Evidentemente es posible que, como

lo señalan el actor y el Ministerio Público, se presenten situaciones en las que el lapso de seis meses no sea suficiente para determinar la ocurrencia de la falta disciplinaria o individualizar al servidor público que hubiere intervenido en ella. Sin 2 embargo, en estos casos habrá de respetarse la voluntad del legislador de darle prevalencia al derecho del encartado de no permanecer sub júdice y a su objetivo de que se resuelvan con rapidez las dudas disciplinarias que puedan surgir, incluso en desmedro de la aspiración de que se haga justicia en todas las ocasiones...” Igualmente, en sentencia C-039 de 2003 la Corte Constitucional expresó “...Agregase a lo anteriormente expuesto que la garantía constitucional del debido proceso exige que exista un término definido y preciso que ponga fin a la indagación preliminar y luego a la etapa de investigación disciplinaria, lo cual es claro que se cumple en el inciso cuarto del artículo 150 de la Ley 734 de 2002 al señalar para aquella un término de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se trate de investigaciones por violación a los derechos humanos o al derecho humanitario...”. Así las cosas, tenemos que las diligencias practicadas por la comisión designada para tal fin serían inexistentes y no pueden ser tenidas en cuenta para adoptar decisión alguna con fundamento en ellas, por lo cual y en cumplimiento a lo previsto por la Constitución Política en su artículo 29, respecto al debido proceso que debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, y art. 144 Ley 734 de 2002, y en garantía además del derecho de defensa del implicado, se

procederá a Declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de agosto seis de 2002, mediante el cual la Comisión ordenó el perfeccionamiento de la indagación Preliminar, teniendo en cuenta que las decisiones adoptadas con posterioridad a esta fecha se realizaron con fundamento en las pruebas irregularmente allegadas como antes se anotó y en atención además a lo normado por la Ley 734 de 2002, artículo 143 numeral 3, que consagra como causal de nulidad, “..La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso...” En virtud de lo expuesto, EL PROCURADOR DELEGADO PRIMERO PARA LA VIGILANCIA ADMINISTRATIVA, RESUELVE PRIMERO: Declarar la nulidad de lo actuado a partir del auto de agosto 6 de 2002, mediante el cual la Comisión Especial dispuso perfeccionar la indagación preliminar continuando con el recaudo de pruebas, de conformidad con lo anotado en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Notificar la presente decisión a los señores CARLOS JAVIER ZAMUDIO PALACIOS y/o a su apoderada y a ÁLVARO IZQUIERDO VARGAS haciéndoles saber que contra ella procede recurso de reposición en los términos del artículo 113 de la Ley 734 de 2002.

TERCERO: Devolver las diligencias a la oficina de origen a fin de que se proceda a rehacer la actuación declarada nula de acuerdo a lo señalado en el acápite anterior.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CÉSAR AUGUSTO AMAYA MEDINA

Procurador Delegado Primero Vigilancia Administrativa CAAM / mrdeb Exp: 113-1809 janeth 3