PGN - INDAGACION PRELIMINAR - Ministerio público conceptúa se profiera decisión de archivo

Bogotá, D.C. Noviembre 18 de 2010 Concepto No. 035 -1IJP Doctora

MARIA ISABEL URRUTIA OCORO

Representante Investigadora Comisión de Investigación y Acusaciones Cámara de Representantes Ciudad REFERENCIA: No. 2702 adelantado contra los doctores AUGUSTO JOSE IBÁÑEZ, SIGIFREDO ESPINOSA y ALFREDO GOMEZ QUINTERO, Magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Muy Distinguida Representante: En mi condición de Procurador Delegado, y en ejercicio de la facultad consagrada en el Artículo 122 del Código de Procedimiento Penal, por medio del presente rindo concepto en el asunto de la referencia:

1. H E C H O S: Están relacionados con el trámite en primera instancia de la acción de tutela, radicada bajo el No. 35.021, decidida en febrero 21 de 2008 y adelantada por las actuaciones del doctor CARLOS AUGUSTO BENAVIDES HOYOS, Fiscal 1º. Delegado ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán y de la señora ALEYDA GOMEZ, Asistente de Fiscalía según MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO (Fs. 36-8).

2. A C T U A C I O N E S: 2.1. Mediante la Resolución 091 de marzo 16 de 2010, se efectúa el reparto de este diligenciamiento en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes (F. 43). 2.2. A través de proveído de abril 19 de 2010, se avoca el conocimiento de

estas diligencias, ordenando indagar por el domicilio de la denunciante en la provincia de Alberta (Canadá) con fundamento en su correo electrónico (Fs. 46-7). 2.3. En oficio 1 10-000 39597/AUV 13200 de abril 29 de 2010 firmado por el doctor EDMUNDO DEL CASTILLO RESTREPO, Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, se allega en duplicado las actas de posesión Nos. 1587, 581 y 409 de agosto 21 de 2007, junio 30 de 2004 y septiembre 30 de 2003 de los doctores AUGUSTO JOSE IBAÑEZ GUZMAN, SIGIFREDO DE JESUS ESPINOSA PEREZ y ALFREDO GOMEZ QUINTERO (Fs. 48-54). 2.4. En comunicación 188 de abril 28 de 2010, suscrita por el doctor GIOVANNI BOLAÑOS MARTINEZ, Fiscal 001 Delegado ante el Tribunal Superior de Popayán informa sobre el proceso sustanciado contra MOISES SAMBONI y OTROS, apareciendo como denunciante MARCELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO, el cual se recibe para resolver el recurso de apelación contra la resolución de diciembre 10 de 2008 que niega nulidad, correspondiéndole a la FISCALIA 4ª ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR, la que se abstiene de resolverlo con resolución de enero 29 de 2010, por falta de legitimación procesal. Siendo devuelta la investigación a la oficina de origen: FISCALIA LOCAL DE CAJIBIO CAUCA, cuyo radicado es 152481, en donde se

corre traslado del oficio antes mencionado (F. 55). 2.5. En escrito 1819 de mayo 5 de 2010, firmado por la doctora MARIA CRISTINA DUQUE GOMEZ, Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia son remitidas las hojas de vida de los magistrados anotados (Fs. 56-65). 2.6. Mediante Informe 13 de mayo 20 de este año, OLGA MARIA SIERRA, Investigadora Criminal VII de la Fiscalía General de la Nación avisa que en respuesta al correo electrónico, la denunciante especifica la existencia de las Leyes 527 de 1999 y 962 de 2002 acerca de la equivalencia funcional y antitrámites para cualquier notificación que le quieran hacer, allegando un video institucional colombiano (Fs. 66-74). 2.7. Con oficio 00483 de mayo 25 de 2010 rubricado por la doctora MARTHA ISABEL CASTAÑEDA CURVELO, Procuradora General de la Nación ( E ), se comunica que ha designado al titular de este Despacho, en calidad de Agente del Ministerio Público, por medio de auto de esa fecha (Fs. 75-6).

3. C O N S I D E R A C I O N E S: 3.1. Este Despacho es competente para conocer de estas diligencias, de acuerdo con lo normado en el numeral 7º. del artículo 277 de la Constitución Política, en las cuales aparecen como presuntos implicados

los doctores AUGUSTO JOSE IBÁÑEZ, SIGIFREDO ESPINOSA y ALFREDO GOMEZ QUINTERO, Magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

3.2. Por ello, esta Procuraduría Delegada estima pertinente presentar los aspectos esenciales de la providencia cuestionada de la Sala de Decisión de Tutelas No. 1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: 3.2.1. La ciudadana MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO aun cuando reside en la provincia de Alberta (Canadá) presenta acción de tutela al sentir vulnerados sus derechos de petición y debido proceso porque solicita el reconocimiento del amparo de pobreza para constituirse en parte civil e intenta comunicarse por teléfono con el FISCAL 1º. DELEGADO, pero en diciembre 13 de 2007, la asistente ALEYDA GOMEZ finge no escucharla; razón por la cual, se cansa de los irrespetos que le impiden acceder a la justicia. De ahí que en agosto 13 de 2007 haya presentado denuncia en contra de ellos por PREVARICATO POR OMISION. 3.2.2. Los accionados explican que la noticia criminal es recibida en agosto 22 de 2007 y la investigación preliminar es decretada en septiembre 7 de ese año, pero como la peticionaria instaura múltiples acciones de tutela, se practican las correspondientes inspecciones, siendo enviada para revisión a ese Despacho en enero 14 de 2008, donde se decreta la versión de la funcionaria implicada en febrero 13 de dicha anualidad. A su turno, el Fiscal asevera frente al amparo de pobreza que es un instituto propio del derecho civil y que adoptará la decisión correspondiente cuando le sean aportados los datos sobre la situación económica de la actora. También precisa que su

empleada no solo es responsable, sino que se caracteriza por la forma especial de atender al público, sin que nadie le haya podido hacer un llamado de atención. Asimismo, ella manifiesta que recuerda una ocasión, en la cual contesta el teléfono y cuelga el aparato al no escuchar a su interlocutor. 3.2.3. Finalmente, la Corporación estima que el titular del Despacho judicial ha sido diligente y respetuoso de las formalidades del Código de Procedimiento Penal; si no ha resuelto el pedimento de amparo de pobreza elevado con la denuncia es porque está a la espera de los resultados sobre la situación económica de la quejosa, a fin de resolver al respecto, aun cuando verse en estricto sentido sobre un tema de derecho civil. Entonces, si está pendiente la llegada de la información indispensable para definir el reconocimiento o no de un derecho, ésta situación no origina vulneración alguna, máxime cuando se ha verificado que los demandados no han incurrido en desatención o negligencia por lo que niega la tutela a la accionante, quien si aprecia la estructuración de una falta disciplinaria puede quejarse ante el superior funcional de los supuestos infractores. 3.3. Si bien es cierto, la acción de tutela es el derecho que toda persona tiene de acudir ante los jueces por sí misma o mediante otra que actúe en su nombre, en cualquier momento y lugar, a través de un procedimiento preferente y sumario, con el propósito de lograr la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y particulares que presten servicios públicos o cuyo comportamiento incida en forma directa y grave en el interés colectivo o de quienes el

solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. También puede afirmarse que su objetivo es proteger en seguida a las personas: naturales, jurídicas, de derecho público y privado, menores y mayores de edad, nacionales y extranjeras en los derechos fundamentales entendidos en sentido amplio, debido a la legitimidad que disfrutan en su actuar. Por ello, el Defensor del Pueblo puede solicitar la acción de tutela, posibilidad que se extiende a los Personeros Municipales y a los apoderados. No obstante, la acción de tutela es de naturaleza subsidiaria, o sea, que supone que el individuo no dispone de otro mecanismo para su defensa. De ahí que no proceda ante los derechos colectivos previstos en el Artículo 88 de la Constitución Política, ni ante otras opciones favorables de la jurisdicción, el habeas corpus o al tratar actos abstractos o generales. Pero existe la salvedad cuando es un medio transitorio, tendiente a evitar el perjuicio irremediable, es decir, que sólo puede ser reparado en su integridad con una indemnización. 3.4. De lo anterior puede colegirse que: 3.4.1. Los servidores públicos AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN, SIGIFREDO ESPINOSA PEREZ y ALFREDO GOMEZ QUINTERO señalados por la denunciante MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO no han emitido un acto ilegal, ya que la expedición de la providencia de febrero 21 de 2008 por ellos, no solo ha sido ejecutada en ejercicio de las funciones oficiales encomendadas, sino que hay correspondencia entre aquella y las normas jurídicas que regulan su producción. Por tanto, no se ha

torcido el derecho conocido con el aplicado. 3.4.2. Cierto es que los presuntos imputados en mención están vinculados a la Rama Judicial, en calidad de MAGISTRADOS DE LA SALA DE CASACION PENAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, pero no han deformado institución jurídica alguna que haya causado daño social por capricho subjetivo al punto de afectar dicho orden, la integridad ética y la Administración Pública, en nombre de la cual se actúa. Tampoco se han sustraído de los mandatos de la Constitución Política, con el propósito de darle trascendencia al interés particular, en lugar del servicio a la comunidad y al orden justo. Situación que no permite indicar la presencia del elemento normativo del tipo penal: “Manifiestamente contrario a la ley”, ni mucho menos la modalidad dolosa. 3.4.3. Dicha Sala de Decisión, a través de argumentaciones de fondo ha negado la tutela elevada por MARIELA LEONOR CHAVARRIAGA CAMPO y dispuesto que de no haber impugnación ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia sea enviada a la Corte Constitucional para la eventual revisión porque el funcionario jurisdiccional ha cumplido con los mandatos del Código de Procedimiento Penal al estar esperando la adjunción de la prueba atinente a la situación económica de la accionante, para resolver el amparo de pobreza de índole civil y por eso no ha podido resolver lo pertinente. En consecuencia, no se le puede endilgar a los doctores AUGUSTO JOSE IBÁÑEZ, SIGIFREDO ESPINOSA y ALFREDO GOMEZ QUINTERO, integrantes de esa Corporación que están

incursos en el delito de PREVARICATO, motivo por el cual a juicio del Ministerio Público, no es posible iniciar actuación penal alguna, dado que los comportamientos acusados no han existido.

4. S O L I C I T U D: En consecuencia, esta Agencia del Ministerio Público respetuosamente pide a la señora Representante Investigadora, al no existir mérito para investigar en éste asunto, que presente proyecto para abstenerse de dar apertura investigación penal en éste diligenciamiento No. 2702 adelantado contra los doctores AUGUSTO JOSE IBÁÑEZ, SIGIFREDO ESPINOSA y ALFREDO GOMEZ QUINTERO, Magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dictando la respectiva decisión de archivo.

No sobra agregar que dicha determinación deberá comunicarse al Presidente de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el señor Representante Investigador, conforme a lo previsto en el artículo 331 de la Ley 5ª de 1992 y notificarse a esta Oficina según lo ordenado en el artículo 5º. de la Ley 273 de 1996 que modificó el Reglamento del Congreso de la República en cuanto al juzgamiento de los Altos Funcionarios del Estado que a la letra reza: “En todos los procesos que se adelanten ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es obligatoria la presencia del Ministerio Público”. Atentamente,

JORGE ALBERTO GONZALEZ VASQUEZ

Procurador Primero Delegado para la Investigación y el Juzgamiento Penal JAGV/mpr.